STC8726-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8726-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03210-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Enrique Casta\u00f1o Otalvaro contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00aba una pronta justicia\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al accionado que \u00abdecida de forma inmediata la apelaci\u00f3n puesta a su consideraci\u00f3n desde el 22 de junio de 2.023\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Guillermo Enrique Casta\u00f1o Otalvaro promovi\u00f3 juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea contra el Conjunto Residencial Catalu\u00f1a PH, representado legalmente por su administrador Jos\u00e9 An\u00edbal Rivera Leal, Magnolia Mar\u00eda Figueroa, Adriana Mar\u00eda Cardona, Luz Astrid \u00c1lvarez Escobar, Jos\u00e9 Isa\u00edas Montoya Garc\u00eda, Dar\u00edo S\u00e1nchez \u00c1lzate, Sergio An\u00edbal S\u00e1nchez Salazar, Ubaldo Coss\u00edo Ochoa, Jairo Patarroyo Mora, Eugenia Mar\u00eda Higuita Garc\u00eda, Lauren Carolina Sep\u00falveda Villa, Sandra Liliana Posada Zapata e Isabel Cristina Cano Salazar; cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.2. Con prove\u00eddo de 30 de mayo de 2023, el referido estrado inadmiti\u00f3 la demanda y el 20 de junio siguiente la rechaz\u00f3, decisi\u00f3n que fue recurrida en alzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que dio estricta observancia a los requisitos exigidos en el auto inadmisorio, empero, fue rechazado el libelo \u00absupuestamente por no haber dado cumplimiento al 4\u00ba requisito de inadmisi\u00f3n\u2026\u00bb, sobre el lugar de notificaci\u00f3n de cada uno de los codemandados y las evidencias correspondientes. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en el escrito de subsanaci\u00f3n precis\u00f3 que el lugar de enteramiento era el mismo del administrador del conjunto residencial, pues todos los codemandados estaban vinculados en diferentes cargos; y que el fallador acusado err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 2213 de 2022 e incurri\u00f3 \u00aben un defecto sustantivo en una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adujo que la aludida norma se refer\u00eda exclusivamente a las notificaciones de las providencias emitidas por el juez, lo que en el caso no ocurr\u00eda, en tanto que no se hab\u00eda admitido la demanda; que ese canon no hablaba de correos electr\u00f3nicos personales; y que en otro proceso en el que el demandado era el administrador del conjunto, se le remiti\u00f3 el enteramiento al correo del Conjunto Residencial y no al personal. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que en el juicio censurado no solo se demandaba al administrador sino a todos los integrantes del consejo; que con la demanda buscaba proteger a toda la comunidad -1260 personas- de las actuaciones irregulares del extremo pasivo, que violaban el reglamento y estaban llevado a la quiebra al Conjunto Residencial, todo lo cual se pod\u00eda subsanar con la admisi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que el 22 de junio de los corrientes present\u00f3 la apelaci\u00f3n frente al rechazo de la demanda, la que el Tribunal acusado no hab\u00eda resuelto; que si bien el texto era voluminoso, no lo era el de la alzada, \u00abraz\u00f3n mas que suficiente para que se hubiera decidido prontamente\u00bb; y que era urgente la toma de una decisi\u00f3n en segundo grado. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que a la fecha de 17 de agosto de 2023 no se hab\u00eda decidido la apelaci\u00f3n; que esa tardanza favorec\u00eda a \u00ablos infractores quienes\u2026 siguen campantes y a escasos meses de cumplir sus periodos\u2026 malversando el presupuesto de la Urbanizaci\u00f3n\u00bb y caus\u00e1ndoles un da\u00f1o irremediable; y que no exist\u00eda otro camino jur\u00eddico para deprecar su protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3 que envi\u00f3 el expediente al ad-quem para que resolviera la apelaci\u00f3n interpuesta frente al auto que rechaz\u00f3 la demanda. Remiti\u00f3 el link de acceso al expediente. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que la tutela estaba direccionada a cuestionar las actuaciones que se surtieron en primera instancia, pero que se camuflaba con el cuestionamiento de que no se hab\u00eda impartido un tr\u00e1mite oportuno al recurso de apelaci\u00f3n, lo que no era acorde a la realidad, en tanto que la alzada fue allegada a esa Corporaci\u00f3n el pasado 17 de julio y a la fecha se encontraba en tr\u00e1mite para resolver \u00abatendiendo al orden cronol\u00f3gico de ingresos que tiene este Despacho, que no s\u00f3lo se entiende aplicado a los autos interlocutorios, sino tambi\u00e9n a las acciones constitucionales que tienen un tr\u00e1mite prioritario, recursos en contra de sentencias, recursos ordinarios y extraordinarios que tambi\u00e9n debe impart\u00edrsele un tr\u00e1mite oportuno\u00bb; y que no se le pod\u00eda atribuir una dilaci\u00f3n injustificada en su tr\u00e1mite, puesto que no se acreditaban los supuestos de la mora judicial. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del amparo impetrado, habida cuenta de que no se observa una tardanza injustificada del Tribunal acusado en resolver la alzada impetrada. <\/p>\n
Sobre la demora en las actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad 2013-00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 2014-00549-01; STC10755-2015, 11 ago., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Ciertamente, de cara al caso concreto, encuentra la Sala que las actuaciones no muestran comportamientos negligentes del Colegiado acusado, pues la carga laboral y el turno con el que cuenta el proceso, obedecen a circunstancias razonablemente justificadas. <\/p>\n
En un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, esta Colegiatura con fundamento en la jurisprudencia constitucional, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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