STC8727-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con un menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8727-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 50001-22-13-000-2023-00137-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 26 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Defensora de Familia del ICBF -Centro Zonal de Villavicencio n\u00b0 2 contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Judicial de Familia y los intervinientes en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos con radicado n\u00ba 2023-00245. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Defensora de Familia solicitante, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de la menor Juanita, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba tener una familia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el tr\u00e1mite atr\u00e1s citado. <\/p>\n
Como fundamento de su queja, indic\u00f3 que el 19 de enero de 2023 se inici\u00f3 proceso de restablecimiento de derechos a favor de la adolescente Juanita, quien fue ubicada en medio familiar extenso a cargo de su abuela materna Margarita, quien, junto a la abuela paterna, fueron notificadas de la apertura del PARD. <\/p>\n
Sostuvo haberse ordenado en auto de 20 de enero de la presente anualidad, el traslado de las diligencias a Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n a que la menor se encontraba en esta ciudad junto a su abuela. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la Defensor\u00eda del Centro Zonal de Bosa avoc\u00f3 el conocimiento de la actuaci\u00f3n el 20 de febrero siguiente, solicitando se emitiera por la p\u00e1gina web la citaci\u00f3n de los padres de la adolescente. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 5 de junio de 2023, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de fallo, profiriendo la Resoluci\u00f3n n\u00ba 470, mediante la cual declar\u00f3 en estado de vulneraci\u00f3n los derechos de Juanita, sin embargo, \u00abno confirma medida de protecci\u00f3n, ni ordena medida alguna y se ordena trasladar diligencias a CZ Villavicencio para verificar condiciones en que se encuentra la NNA. De esta decisi\u00f3n se emite estado el 6 de junio m constancia de ejecutoria de fecha 13 de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 haber recibido el proceso administrativo el pasado 4 de julio, constatando unos \u00abpresuntos yerros legales\u00bb, raz\u00f3n por la cual, se abstuvo de conocer de la causa y decidi\u00f3 trasladar las diligencias al juez de familia accionado, comoquiera que, se profiri\u00f3 determinaci\u00f3n por la autoridad administrativa, sin haber agotado la notificaci\u00f3n formal y legal de los padres de la ni\u00f1a, conforme lo preceptuado en el art\u00edculo 99 y 102 de la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Adujo que el conocimiento del PARD correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio, el cual en auto del 12 de julio de \u00ab2022\u00bb (sic), se abstuvo de dirimir la anulabilidad y devolvi\u00f3 el proceso, tras determinar que el interregno contemplado en la normativa para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Juanita no hab\u00eda fenecido, de ah\u00ed que, de existir anomal\u00edas en el procedimiento, \u00e9stas se pod\u00edan corregir, postura que mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
Controvirti\u00f3 tales determinaciones, en tanto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado \u201cdej\u00f3 claro\u201d al resolver un conflicto de competencia que, en el evento de \u201cp\u00e9rdida de competencia de las autoridades administrativas, la actividad de los jueces de familia en estos casos, de manera excepcional, es de car\u00e1cter administrativo y no jurisdiccional\u201d y, adem\u00e1s, al observar la \u201cnulidad\u201d en la articulaci\u00f3n despu\u00e9s de los 6 meses desde el auto de inicio, \u201cel Juez de Familia es quien debe conocer\u201d, habida cuenta que en esa etapa no est\u00e1 facultada para \u201csubsanar los yerros jur\u00eddicos\u201d, es decir, \u00abexiste\u00bb una imposibilidad. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio que proceda a revisar \u00abnuevamente\u00bb el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, determinando si hay lugar a declarar la nulidad dentro del aludido tr\u00e1mite y, de ser as\u00ed, se defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Juanita conforme lo contemplado en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Villavicencio replic\u00f3 los argumentos del prove\u00eddo cuestionado, puesto que \u00absi se tuvo conocimiento el 12 de julio de 2023 de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos de la adolescente, el t\u00e9rmino de los seis (06) meses para resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica venc\u00edan el 12 de julio de 2023, y como se evidencia, la situaci\u00f3n jur\u00eddica fue resuelta con anterioridad a esa t\u00e9rmino, esto es, el 5 de junio de 2023, fecha en la que se profiri\u00f3 fallo de declaratoria de vulneraci\u00f3n de los derechos de Juanita, el t\u00e9rmino de los dieciocho (18) meses de duraci\u00f3n del Proceso Administrativo de Derechos, vence el 12 de julio de 2024, t\u00e9rmino dentro del cual puede subsanar los presuntos yerros que se lleguen advertir dentro del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que se denota el querer de la Defensora accionante de desligarse del proceso administrativo objeto de estudio, toda vez que el 4 de julio de 2023 decidi\u00f3 no avocar conocimiento de las diligencias, cuando para la citada calenda, no hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino inicial de seis meses establecidos en la norma, por lo cual, perfectamente pod\u00eda subsanar el supuesto yerro observado, y decretar la nulidad a que haya lugar, por el contrario remiti\u00f3 a reparto el proceso entre los jueces de Familia, vulnerando de esta forma los derechos de la adolescente. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar designada provisionalmente para los Juzgados de Familia de Villavicencio, coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n del amparo constitucional por configurarse error inducido, solicitando se deje sin efectos la providencia del 12 de julio de 2023 y en su lugar, se declare la nulidad de lo actuado desde el auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, es decir desde el 19 de enero de 2023. <\/p>\n
3. La Procuradora 24 Judicial II para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia con funciones de Villavicencio, luego de efectuar un recuento de las actuaciones adelantadas en el PARD, \u00abrecomend\u00f3\u00bb tutelar los derechos invocados por la accionante, tras aducir que se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis (6) meses, con los que cuenta la autoridad judicial para definir el proceso, pues si bien, la ley refiere 18 meses, estos corresponden a \u00ab-seis meses para definir la situaci\u00f3n, -seguimiento a la medida por seis meses y -pr\u00f3rroga excepcional de seguimiento por seis meses m\u00e1s\u00bb, por tanto, corresponde al juzgado accionado, asumir la competencia del proceso y resolver la situaci\u00f3n de la adolescente, previa subsanaci\u00f3n de los errores encontrados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Villavicencio, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras advertir que la decisi\u00f3n atacada no desbord\u00f3 el l\u00edmite de lo razonable, pues \u00abEn armon\u00eda con la normatividad y las subreglas establecidas por la Corte Suprema de Justicia (\u2026), cabe observar que la Defensora de Familia, una vez recibi\u00f3 por reparto y avizor\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, estaba investida de competencia para subsanar la anomal\u00eda se\u00f1alada, puesto que, los seis (6) meses establecidos en el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, se cumplieron el doce (12) de julio hoga\u00f1o. V\u00e9ase que la actuaci\u00f3n inici\u00f3 el diecinueve (19) de enero \u00faltimo, en tanto que, la situaci\u00f3n jur\u00eddica se desat\u00f3 el cinco (5) de junio anterior y la supuesta p\u00e9rdida de competencia se declar\u00f3 el cuatro (4) de julio hoga\u00f1o, no obstante, transitaba la actuaci\u00f3n dentro de los seis (6) meses consagrados por el legislador\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante refiri\u00f3 \u00abEn efecto, conforme ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en casos similares, la Defensora de Familia del Centro Zonal 2 de Villavicencio, quien tiene a cargo el PARD objeto de estudio, est\u00e1 facultada para proseguir conociendo del informativo por encontrarse en la etapa de \u201cseguimiento\u201d, seg\u00fan el art\u00edculo 103 de la ley 1098 de 2006, modificado por el art\u00edculo 6 de la ley 1878 de 2018), ya que no ha superado el plazo de seis (6) meses, luego este reclamo deviene infundado, en consecuencia, ser\u00e1 negado el resguardo pedido\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACION <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, la Defensora de Familia del ICBF designada provisionalmente para los juzgados de Familia de Villavicencio, solicit\u00f3 revocar el fallo de primer grado, con id\u00e9nticos argumentos a los expuestos en el escrito mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, la determinaci\u00f3n cuestionada desconoce que la accionante estaba en imposibilidad de avocar el conocimiento del PARD con el fin de subsanar los yerros, pues tal actuaci\u00f3n va en contrav\u00eda de lo contenido en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Indic\u00f3, que la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los NNA debe resolverse en el t\u00e9rmino de 6 meses el que \u00abser\u00e1 improrrogable y no podr\u00e1 extenderse ni por actuaci\u00f3n de autoridad administrativa o judicial\u00bb y que si bien, la citada norma establece que el proceso se compone de tres (3) fases o etapas cada una hasta de 6 meses, cuya sumatoria ser\u00eda 18 meses \u00ab(\u2026) la palabra podr\u00e1 implica una posibilidad y no una generalidad, que el PARD dure 18 meses, pues si la autoridad resuelve o cierra cada etapa antes del plazo m\u00e1ximo, el tiempo que no utiliza no es acumulable a la siguiente etapa, ya que como se indic\u00f3 estas con preclusivas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 que la \u00abinterpretaci\u00f3n arm\u00f3nica\u00bb realizada en la Sentencia STC3426 de 2023, sobre el art\u00edculo 100 de la ley 1098 de 2006, no se generalice o se extienda a los dem\u00e1s procesos administrativos, pues deja a los Defensores de Familia actuando fuera de la competencia temporal asignada en la ley para declarar nulidades y retrotraer la actuaci\u00f3n nuevamente a la resoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, en especial, que el interesado hubiese agotado la totalidad de los recursos ordinarios o los medios de defensa judicial que tuviese a su alcance, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la pretensi\u00f3n de la Defensora de Familia del ICBF -Centro Zonal Villavicencio n\u00b0 2, se circunscribi\u00f3 a dejar sin efectos la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio el 12 de julio de 2023 y, en su lugar, se declare la nulidad del proceso administrativo de restablecimiento de derechos n\u00ba 2023-00245, definiendo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la adolescente Juanita. <\/p>\n
3. De entrada se anuncia la inviabilidad de la impugnaci\u00f3n formulada y, por ende, la consecuente confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado, en tanto que, revisadas las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se constata que la decisi\u00f3n criticada [auto del 12 de julio de 2023], no fue el resultado de criterios arbitrarios u ostensiblemente alejados de la realidad procesal. <\/p>\n
Es as\u00ed, ya que el fundamento del Juzgado Cuarto de Familia de Villavicencio, para rechazar la p\u00e9rdida de competencia de la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal de Villavicencio 2, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor Juanita, gir\u00f3 en torno a dos argumentos. <\/p>\n
El primero, dirigido a se\u00f1alar que para la fecha en que la autoridad administrativa accionante recibi\u00f3 el expediente [4 de julio de 2023], por parte de la defensor\u00eda de Bosa de Bogot\u00e1, a\u00fan no hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino de seis (6) meses para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor en sede administrativa, por lo que la solicitante ten\u00eda competencia para declarar la nulidad y subsanar los yerros que advirti\u00f3 en el citado tr\u00e1mite. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en consideraci\u00f3n que \u00ab(\u2026) el 12 de enero de 2023 se pone en conocimiento en el ICBF el presente caso, y el 19 de enero de 2023 se profiere auto aperturando la investigaci\u00f3n, por ende, los seis meses se vence el 12 de julio de 2023, lo que quiere decir que el 4 de julio cuando recibe el proceso, pod\u00eda perfectamente gestionar lo pertinente para subsanar el yerro y notificar a los padres de la adolescente, tal como lo solicita en el escrito allegado, respecto a que este Despacho ordene la notificaci\u00f3n por p\u00e1gina Web del ICBF y medio masivo del programa \u201cme conoces\u201d, sin embargo, no se hizo, evidenci\u00e1ndose entonces c\u00f3mo la Defensora pretende deshacerse del conocimiento del proceso, dejando pasar el tiempo para que el t\u00e9rmino fenezca\u00bb <\/p>\n
El segundo, alusivo a que no ha culminado el lapso m\u00e1ximo que tiene el ICBF para resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la joven, en tanto que, no han trascurrido los 18 meses de que habla el art\u00edculo 103 de la ley 1098 de 2006, soportando sus consideraciones en las sentencias proferidas por esta Sala. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Corte puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los procesos en cuesti\u00f3n, por regla general, son definidos por dos instancias. La primera, en sede administrativa, por el Defensor de Familia, y la segunda, por el juez de esa especialidad. Excepcionalmente, la controversia se zanja en \u00fanica instancia, esto es, cuando el Defensor de Familia no dilucida el asunto en el plazo de seis (6) meses, caso en el cual pierde competencia y debe remitirlo al juez para que lo dirima en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses (CSJ STC 13938-2019). <\/p>\n
En armon\u00eda con ello, los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 100 ej\u00fasdem prev\u00e9n las reglas que deben seguirse en caso de que dentro o fuera del tiempo que dure la actuaci\u00f3n administrativa se advierta una nulidad; as\u00ed (\u2026) <\/p>\n
Significa esto, que cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u201cla actuaci\u00f3n que debe renovarse\u201d, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u201cprocedimiento administrativo\u201d, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u201cinstancia administrativa\u201d, y se incurrir\u00eda en \u201cnulidad por falta de competencia funcional\u201d. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad. <\/p>\n
En el sub examine, se tiene que la Defensora de Familia de Neiva recibi\u00f3 por reparto la solicitud de restablecimiento de derechos el 24 de julio de 2019, y resolvi\u00f3 el 19 de diciembre de ese a\u00f1o, es decir, dirimi\u00f3 la cuesti\u00f3n dentro de los 6 meses consagrados en la Ley de Infancia. Significa entonces, que, como lo orden\u00f3 el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva en el auto rebatido, es a la Defensor\u00eda de Familia a quien corresponde \u201creanudar la actuaci\u00f3n administrativa\u201d, hasta expedir una nueva directriz que la desate y, no, a dicha agencia judicial. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la decisi\u00f3n de conminar a la Defensora a renovar el proceso administrativo es razonable, toda vez que se edifica en las normas aplicables al caso\u00bb (STC. Radicaci\u00f3n n\u00b0 E-41001-22-14-000-2020- 00054-01 replicada en STC1687- 2022, STC1831-2023 y STC3436-2023) (Resaltado de la Sala) <\/p>\n
4. Con lo hasta aqu\u00ed expuesto, es indiscutible que la Defensora de Familia Centro Zonal de Villavicencio n\u00b0 2, quien tiene a cargo el PARD n\u00ba 2023-00245, a\u00fan est\u00e1 facultada para enderezar los presuntos errores que aludi\u00f3, comoquiera que no se han superado los 18 meses con los que cuenta para el \u00abseguimiento\u00bb de la \u00abmedida provisional\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 103 de la Ley 1098 de 2006 (modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 1878 de 2018), estando a la fecha en la \u00abetapa administrativa\u00bb situaci\u00f3n que encuadra en el primer escenario descrito, atendiendo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Villavicencio, el 19 de enero \u00faltimo, inici\u00f3 investigaci\u00f3n administrativa de restablecimiento de derechos a favor de la menor Juanita, luego, el 20 del mismo mes, la Defensor\u00eda de Familia traslad\u00f3 las diligencias al Centro Zonal de Bogot\u00e1 por encontrarse la menor con la abuela materna en esa ciudad, autoridad que avoc\u00f3 las diligencias y el 5 de junio de 2023 dirimi\u00f3 la cuesti\u00f3n y orden\u00f3 remitir el expediente al Centro Zonal de Villavicencio para seguimiento de la ni\u00f1a, en esa ciudad. <\/p>\n
5. Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se observa en la providencia debatida, por cuanto es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; sopesados con la norma y la jurisprudencia que ha definido la competencia de las autoridades administrativas y judiciales para conocer de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
6. Ahora, frente a la solicitud elevada por la impugnante tendiente a que la \u00abinterpretaci\u00f3n arm\u00f3nica\u00bb realizada en la Sentencia STC3426 de 2023, no se generalice o se extienda a los dem\u00e1s procesos administrativos, ha de se\u00f1alarse que, es deber de los administradores de justicia resolver los casos sometidos a su composici\u00f3n atendiendo las reglas jurisprudenciales que se hayan precisado en asuntos similares. Ello, a fin de garantizar la \u00abderecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales que supone igualdad en la interpretaci\u00f3n y en la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb (C-836\/2001, C-539\/2011, C-816\/2011, SU-068\/2011, C-461\/2013). <\/p>\n
Es as\u00ed, ya que uno de los defectos que configuran \u00abv\u00eda de hecho\u00bb en una \u00abprovidencia judicial\u00bb es el denominado \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, el cual fue definido por la Corte Constitucional como \u00abla sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jur\u00eddicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo\u00bb (SU-354 de 2017). <\/p>\n
7. Las razones plasmadas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8727-2023 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con un menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75808","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75808"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75808\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}