STC8728-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8728-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2023-00051-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de julio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Ordo\u00f1ez Dorado contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene al despacho acusado que \u00abconteste de fondo [su] petici\u00f3n teniendo en cuenta que la misma no ha sido resuelta, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 14 de la ley 1755 de 2015… ya que ahora no se puede argumentar que no hay respuesta por no ser abogado…\u00bb; y que se le \u00abentregue a la mayor brevedad el dinero que [le] pertenece y que esta como saldo en la liquidaci\u00f3n por un valor de $31.560.934,50, suma que corresponde al efectivo en caja a cada uno de los dos socios…\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. H\u00e9ctor Ord\u00f3\u00f1ez Dorado promovi\u00f3 juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad comercial contra Carlos Fernando Ord\u00f3nez Dorado, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n y luego le fue asignado al Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 2 de septiembre de 2008, entre otras cosas, se declar\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad Ord\u00f3\u00f1ez y Cia Ltda, y se dispuso la designaci\u00f3n de liquidador; y el 25 de enero de 2021 se orden\u00f3 la entrega de los dineros a las partes, fraccion\u00e1ndose el t\u00edtulo judicial por valor de $1.184.300, en dos t\u00edtulos de $592.150. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el 29 de marzo de 2023 el accionante elev\u00f3 petici\u00f3n ante el despacho acusado en la que indic\u00f3 que exist\u00edan graves errores del liquidador, entre estos, que en el inventario de mercancias hab\u00eda dinero para repartir entre los socios por $63.121.869, que dividido en dos, equival\u00eda a $31.560.934, por lo que solicitaba se le indicara donde deb\u00eda recibir ese dinero; y que en auto de 8 de mayo de 2023, el estrado se\u00f1al\u00f3 que en cumplimiento a lo dispuesto el 25 de enero de 2021 y habi\u00e9ndose fraccionado el t\u00edtulo, oficiaba al Banco Agrario con el fin de que le pagara a H\u00e9ctor Ord\u00f3nez Dorado, el dep\u00f3sito judicial de $592.150 y a Carlos Fernando Ord\u00f3nez Dorado el otro, por el mismo valor. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que en el 2016 inici\u00f3 la liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n de la sociedad; que en el tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en muchos errores contables y jur\u00eddicos; y que los abogados que lo representaron hicieron notar dichas falencias, pues siempre les ayudaba con lo contable al conocer del tema. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que por la desid\u00eda en el manejo de la liquidaci\u00f3n por parte del juzgado, debi\u00f3 interponer quejas en el Consejo Seccional de la Judicatura de Popay\u00e1n, Fiscal\u00eda y Procuradur\u00eda; y que el proceso fue enviado al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, el que lo t\u00e9rmin\u00f3 con mayores errores. <\/p>\n
2.6. Adujo que el juez de la liquidaci\u00f3n deb\u00eda ser garante y no excusarse en que recibi\u00f3 el asunto de otro despacho; que elev\u00f3 petici\u00f3n al estrado, el que no la atendi\u00f3 porque \u00e9l no era abogado, desconociendo el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, pues pod\u00eda representarse, not\u00f3 que los jueces y abogados no sab\u00edan de contabilidad y la ley lo facultaba para contextualizar sobre el asunto. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que cuando el agente liquidador entreg\u00f3 el informe final en el a\u00f1o 2012, dentro del t\u00e9rmino legal, lo objet\u00f3 por inexactitud y error grave; que todav\u00eda no se hab\u00edan atendido algunos puntos de las objeciones, entre ellos, \u201cel reparto del haber neto subsistente entre los socios\u201d, pues \u201ca\u00fan est\u00e1 en caja el Inventario de Mercanc\u00edas y m\u00e1s de 62 millones de pesos sin repartir a los socios\u201d; que cuando el despacho querellado aprob\u00f3 el balance final se hizo responsable de ese dinero, por lo cual requer\u00eda a la mayor brevedad que le fuera entregada la parte que le correspond\u00eda en efectivo, as\u00ed como la del inventario de mercanc\u00edas. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el funcionario acusado supon\u00eda que con la petici\u00f3n pretend\u00eda actuar como abogado, pero ese no era el sentido de su escrito, en tanto que requer\u00eda informaci\u00f3n y se remit\u00eda a las objeciones planteadas por ser propietario del 50% de las acciones; y que oficiosamente la Supersociedades manifest\u00f3 que el agente liquidador no estaba inscrito como lo exig\u00eda la ley, sin embargo, fue nombrado. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que conoc\u00eda de contabilidad por su experiencia durante 23 a\u00f1os; que la apreciaci\u00f3n del juzgado acusado era subjetiva y \u00e9l pod\u00eda demostrar que el juez no sab\u00eda de contabilidad; que el balance final estaba mal elaborado; y que se procedi\u00f3 en contra de la normatividad. <\/p>\n
2.10. Manifest\u00f3 que estaba en investigaci\u00f3n la sustracci\u00f3n de dinero, la que era responsabilidad del despacho por aprobarla; que el 29 de marzo de 2023 present\u00f3 un oficio ante la autoridad acusada para que se le entregara la mitad del dinero, es decir, $31.560.934, sin embargo, no dio respuesta, pese a que hab\u00edan trascurrido 20 d\u00edas; y que con la presente acci\u00f3n pretend\u00eda obtener una respuesta y los dineros. <\/p>\n
2.11. Agreg\u00f3 que dicha contestaci\u00f3n era necesaria porque la Fiscal\u00eda estaba \u00abpor estas calendas en la Audiencia de Imputaci\u00f3n en donde est\u00e1 acusado entre otros el abogado que fungi\u00f3 como agente liquidador\u00bb; y que tal era el error del Despacho accionado que no revis\u00f3 que obraba en el expediente una respuesta a una petici\u00f3n anterior con data del 26 de septiembre de 2016 entregada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Popay\u00e1n indic\u00f3 que se remit\u00eda a lo realizado y decidido en el proceso criticado; que emiti\u00f3 auto el 8 de mayo de 2023 relativo al pedimento que en nombre propio hizo el accionante el pasado 29 de marzo; y que remit\u00eda el link del proceso censurado. <\/p>\n
2. Carlos Fernando Ord\u00f3nez Dorado se\u00f1al\u00f3 que el estrado acusado profiri\u00f3 sentencia aprobando el trabajo de partici\u00f3n presentado por el liquidador designado, la que estaba ejecutoriada porque no fue objeto de recurso; y que era el despacho convocado el que deb\u00eda demostrar si desconoci\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental al accionante. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles adujo que se deb\u00eda establecer si la autoridad acusada incurri\u00f3 en omisi\u00f3n al no dar respuesta de fondo al actor; que deprecaba que la excluyeran de responsabilidad, pues no se se\u00f1al\u00f3 un hecho concreto que constituyera una omisi\u00f3n o exceso respecto del cumplimiento de su funci\u00f3n de intervenci\u00f3n judicial, la que hab\u00eda efectuado por petici\u00f3n del gestor y cuando se hab\u00eda estimado necesaria. <\/p>\n
4. Carlos Ignacio Mu\u00f1oz Manzano, quien fungi\u00f3 como liquidador, refiri\u00f3 que si bien en los primeros balances se puso en conocimiento un rubro de inventarios y aval\u00faos y arrendamiento de local comercial, del que se dio traslado al demandado, quien present\u00f3 inconformidad, lo cierto era que se dict\u00f3 providencia que qued\u00f3 en firme; que era deber de los peritos acatar las decisiones judiciales, por lo que los siguientes informes y el final no tuvieron en cuenta el aludido rubro; que lo requerido por el gestor hab\u00eda sido debatido con creces en el proceso; que toda la informaci\u00f3n reportada al juzgado era de conocimiento del actor, siendo debatidos sus reclamos, resueltos y enterados a sus apoderados; que no pod\u00eda actuar conforme lo quisieran las partes, sino de acuerdo a la ley; que no eran de recibo las irregularidades alegadas sobre los inventarios y aval\u00faos; que era un exabrupto que despu\u00e9s de trece a\u00f1os, el actor pretendiera decir que no exist\u00eda coincidencia entre el informe final y los soportes adjuntos; que el proceso penal que se adelantaba no ten\u00eda que ver con el balance final; que el proceso fue de conocimiento de todas las personas que tuvieran interes; y que solicitaba se lo excluyera de cualquier responsabilidad sobre los hechos denunciados. <\/p>\n
5. Jairo Luis Bola\u00f1os Mart\u00ednez, quien fue auxiliar de la justicia, en calidad de asesor contable, sostuvo que su misi\u00f3n consist\u00eda en negociar, analizar el inventario de las acreencias de la sociedad en liquidacion y pagar, repartiendo el excedente en partes iguales; y que todos los soportes contables estaban en poder del liquidador. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que era improcedente el derecho de petici\u00f3n en actuaci\u00f3n judicial; que no hab\u00eda lugar a amparar el derecho de petici\u00f3n, pues del contenido del escrito se pod\u00eda extraer que la solicitud ten\u00eda que ver con cuestiones jurisdiccionales y no administrativas; que no era caprichoso que el juzgado le indicara que para desatar su petici\u00f3n relacionada con las resultas de la liquidaci\u00f3n y eventualmente disponer la entrega de sumas mayores a las ordenadas, deb\u00eda elevarlas por conducto de abogado, pues la misma ley procesal lo impon\u00eda, que no la voluntad de la funcionaria de conocimiento; que no era dable auscultar las actuaciones surtidas en el proceso, pues el gestor pretend\u00eda que se le resolviera la petici\u00f3n de 29 de marzo de 2023, con la que parec\u00eda controvertir las resultas del pleito, lo que de plano era improcedente, sumado a que no habr\u00eda lugar a estudiar las decisiones emanadas con anterioridad al 8 de mayo de 2023, pues la \u00faltima data del 23 de abril de 2021, por lo que tampoco cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal Constitucional no pod\u00eda dirimir el tema porque desconoc\u00eda de fondo la t\u00e9cnica contable; que se aval\u00f3 la p\u00e9rdida de dinero, sin sustento contable o jur\u00eddico; que el desconocimiento del precedente violaba los derechos de las partes y el principio de supremac\u00eda constitucional; que no se pod\u00eda argumentar que la sentencia estaba ejecutoriada, en tanto que no se hab\u00eda dado claridad de donde estaba el inventario de mercancias; y que no se ten\u00eda en cuenta que estaba vigente la liquidaci\u00f3n, pues \u00abpor omisi\u00f3n el abogado no ha entregado la resoluci\u00f3n de cancelaci\u00f3n del nit y el juzgado… hay mas de 62 millones en caja, fuera del inventario de mercanc\u00edas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las actuaciones surtidas en el juicio recriminado con antelaci\u00f3n al a\u00f1o 2021, entre estas, las determaciones de 3 de octubre de 20181, 14 de agosto de 20202, 23 de septiembre de 20203, 29 de enero de 20214; y la interposici\u00f3n de la tutela el 8 de mayo de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. De otro lado, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la solicitud efectuada por el promotor, no constitu\u00eda el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso del gestor, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra la solicitud que elev\u00f3 fue resuelta por el estrado acusado en auto de 8 de mayo de 2023, en el que se ofici\u00f3 al Banco Agrario con el fin de que le pagara el dep\u00f3sito judicial por valor de $592.150, decisi\u00f3n que por dem\u00e1s el accionante no recurri\u00f3, desperdiciando as\u00ed el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto con el que se aprobaron las cuentas finales rendidas por el liquidador, se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto, se decret\u00f3 el levantamiento de las cautelas y se neg\u00f3 lo peticionado por el demandante. <\/p>\n
2\u0002 Prove\u00eddo con el que, entre otras cosas, se requiri\u00f3 al liquidador para que acreditar el pago en partes iguales de la suma de $1.184.500. <\/p>\n
3\u0002 Providencia con la que se abstuvo de darle tr\u00e1mite a la \u00abreplica\u00bb presentada por el demandante, pues no hab\u00eda acreditado su calidad de abogado, no estaba en las excepciones de la norma y el proceso se encontraba concluido. <\/p>\n
4\u0002 Auto con el que, entre otras cosas, se dispuso la entrega de los dineros puestos a disposici\u00f3n de ese despacho a las partes, en dos t\u00edtulos judiciales por valor de $592.150 cada uno. <\/p>\n
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