STC8729-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8729-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03195-00 <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instauraron Deicy Norela S\u00e1nchez Pulgar\u00edn, Heider Alerse Hidalgo Bedoya y Leady Yurany Hidalgo L\u00f3pez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dicen vulnerada por la sede judicial accionada, por lo que pidieron \u00abse deje sin efectos la providencia del 27 de julio de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Deicy Norela S\u00e1nchez Pulgar\u00edn, Heider Alerse Hidalgo Bedoya y Leady Yurany Hidalgo L\u00f3pez promovieron acci\u00f3n de responsabilidad contra Omar Ra\u00fal Granda Alc\u00e1zar, Equirent Blindados Ltda y Allianz Colombia SA, quienes contestaron la demanda, formularon excepciones de m\u00e9rito y llamaron en garant\u00eda a Juan Pablo Correa Bland\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 25 de enero de 2023, se incorporaron al expediente los escritos contentivos de las contestaciones y las excepciones de fondo, precisando que a dichos mecanismos defensivos \u00abse les correr\u00e1 traslado en el momento que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2.3. Ese mismo d\u00eda, 25 de enero, la parte actora alleg\u00f3 memorial a trav\u00e9s del cual se pronunciaba sobre las excepciones propuestas y ped\u00eda pruebas, documento que se incorpor\u00f3 a las diligencias con auto del 27 de enero siguiente, en el que se precis\u00f3 que: \u00abse adosan al cartular los audios y el pronunciamiento efectuado por la parte demandante frente a las contestaciones efectuadas por el extremo pasivo, sin tr\u00e1mite\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Integrado el contradictorio, con determinaci\u00f3n del 14 de marzo de los corrientes, entre otras decisiones, se puso en conocimiento que \u00abel traslado a las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada se dar\u00e1 de conformidad al art\u00edculo 370 CGP, en armon\u00eda con el canon 110 ib\u00eddem\u00bb, oportunidad en la que el extremo demandante guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.5. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de providencia del 29 de marzo de 2023, se decretaron las pruebas del proceso, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, la demandante, recursos desestimados con prove\u00eddos del 26 de abril de 2023 y 27 de julio siguiente, respectivamente. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que, al decretarse las pruebas del proceso, el a quo \u00abno tuvo en cuenta las\u2026 solicitadas en el memorial de descorre de excepciones de m\u00e9rito presentado el 25 de enero de 2023\u00bb; que, si bien \u00abel descorre de excepciones fue anticipado\u00bb, lo cierto es que \u00abdicha actuaci\u00f3n no genera ning\u00fan perjuicio a la contraparte, ni dilaciones al proceso y mucho menos vulnera el derecho de defensa\u00bb; y que \u00abno se agreg\u00f3 nuevamente el descorre de excepciones, dado que ya estaba incorporado en el expediente\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn precis\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n que fue proferida por esa judicatura y confirmada por el accionado, no vulnera en forma alguna los derechos fundamentales de los sujetos procesales que hacen parte de la Litis; toda vez que atiende a los preceptos normativos contenidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad manifest\u00f3 que \u00abel auto proferido el 27 de julio de la presente anualidad\u2026 fue expl\u00edcito en precisar las razones para confirmar el de primer grado\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto desech\u00f3 las pruebas reclamadas en el escrito que present\u00f3 la parte demandante, con miras a descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por su contraparte, desconociendo que el mismo se aport\u00f3 con anterioridad a la oportunidad que la ley contempla para esos efectos, sin que se le pueda sancionar por ser diligente en sus actuaciones. <\/p>\n
Pues bien, a los efectos de la decisi\u00f3n que ahora compete a la Corte adoptar, es necesario precisar los extremos temporales dentro de los cuales resulta id\u00f3nea la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, es tard\u00edo e inoportuno el ejercicio de una actuaci\u00f3n cuando se realiza despu\u00e9s del vencimiento del t\u00e9rmino fijado para ello (extemporaneidad por tardanza); caso en el cual, la negativa de la autoridad judicial a darle tr\u00e1mite por falta de oportunidad, refulge como una sanci\u00f3n a la actitud negligente u omisiva del sujeto interesado en promoverla por desatender una carga procesal. <\/p>\n
Pero si la intervenci\u00f3n se produce antes de que surja el derecho subjetivo que d\u00e9 origen al inter\u00e9s espec\u00edfico del sujeto procesal correspondiente para adelantar esa actuaci\u00f3n, nada hay entonces que reprochar, torn\u00e1ndose el acto previo, a lo sumo antelado. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Al efecto, de antiguo tiene dicho la Sala, <\/p>\n
\u00abSi los t\u00e9rminos judiciales son los plazos se\u00f1alados por la ley o el juez \u201cpara que dentro de ellos se dicte una providencia, se haga uso de un derecho o se ejecute alg\u00fan acto en el curso del juicio\u201d (art. 366 del C\u00f3digo Judicial): y si en virtud del citado art\u00edculo 530 de la misma obra, la demanda de casaci\u00f3n debe presentarse \u201cdentro de los treinta d\u00edas siguientes se\u00f1alados al efecto, en rigor proceder\u00eda declarar desierto el recurso interpuesto por el demandado, porque \u00e9l concret\u00f3 los cargos contra la sentencia del Tribunal fuera del t\u00e9rmino legal (art\u00edculo 532 ib\u00eddem), que a\u00fan no se hab\u00eda prefijado\u201d. <\/p>\n
Empero, la sala, con esp\u00edritu de amplitud, llega a otra conclusi\u00f3n en este caso, por las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1\u00aa- Porque el rigor de la ley en materia de t\u00e9rminos tiene como mira la de que los juicios se adelanten por etapas fijas predeterminadas, que principalmente, impidan demoras injustificables en los tr\u00e1mites. Y en el caso de autos, la presentaci\u00f3n festinada de tal demanda, no ha producido, como es claro, esta dilaci\u00f3n en el desarrollo del proceso. <\/p>\n
2\u00aa- Porque al decir el art\u00edculo 530 del C\u00f3digo citado que \u201cla demanda puede remitirse a la corte por la parte o su apoderado desde el lugar de su residencia, de modo que llegue a la secretaria dentro de dicho t\u00e9rmino \u201c(treinta d\u00edas), permite pensar en este caso \u2013 que parece ser el \u00fanico hasta ahora aqu\u00ed presentado en la forma expuesta \u2013 que puede procederse sin sujeci\u00f3n al rigorismo formal de los art\u00edculos 366,530 y 532 de la obra mencionada: <\/p>\n
(\u2026), y <\/p>\n
4\u00aa- Porque el articulo 472 ib\u00eddem indica que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y, por consiguiente, con ese criterio han de interpretarse y aplicarse las disposiciones procedimentales\u00bb1. (CSJ AC4202-2014). <\/p>\n
3.2. En esa misma l\u00ednea argumentativa, en un caso an\u00e1logo al ahora analizado, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
5. Revisadas las copias del expediente del proceso ejecutivo que se adelanta contra FIDUPREVISORA S.A. por parte de\u2026 Alberto y Alicia Villegas L\u00f3pez, la Sala advierte que tanto el Juzgado Segundo Civil de Circuito Adjunto de Cartagena, como el Despacho accionado, han incurrido en un proceder que merece reproche constitucional, por haber vulnerado repetidamente y de manera evidente los derechos fundamentales de la parte accionante, lo cual le ha impedido ejercer debidamente su defensa, adem\u00e1s de su derecho de contradicci\u00f3n en el escenario natural, el proceso de ejecuci\u00f3n, tal y como pasa a explicarse. <\/p>\n
Se encuentra acreditado con los anexos que se acompa\u00f1aron al escrito que dio impulso a la acci\u00f3n de tutela, que una vez la sociedad ejecutada se notific\u00f3 del mandamiento de pago librado en su contra (anexo 12), el 9 de noviembre de 2011 formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mismo (anexo 13), y que el 21 de noviembre de 2011 present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito con el objeto de enervar las pretensiones ejecutivas (anexo 14). <\/p>\n
En auto de 14 de febrero de 2012 el Despacho accionado decidi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, en el que resolvi\u00f3 mantener la orden de pago impugnada (anexo 17). Sin embargo, pese a que reposaba en el expediente el escrito de excepciones presentado por la ejecutada, en providencia de 21 de marzo de 2011 el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Cartagena resolvi\u00f3 no tenerlas en cuenta, porque seg\u00fan expuso, hab\u00edan sido presentadas extempor\u00e1neamente por anticipaci\u00f3n, pues no se aportaron dentro del t\u00e9rmino comprendido entre la notificaci\u00f3n del auto de 14 de febrero de 2012 y los diez d\u00edas siguientes, actuaci\u00f3n que desconoce la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la C. P.), as\u00ed como los deberes a cargo del juzgador de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa (art. 29 ib\u00eddem), y el de propugnar por la econom\u00eda procesal entendida como ahorro de jurisdicci\u00f3n (art. 37 del C. de P. C.). Y en el mismo auto orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. (CSJ STC, 15 ene 2013. Rad. 2012-00367-01). <\/p>\n
3.3. Bajo ese horizonte, se concluye que lo proscrito por el ordenamiento procesal civil es dar curso a peticiones o actuaciones que se presenten vencidos los t\u00e9rminos que se contemplan para el efecto (extemporaneidad por tardanza), sanci\u00f3n que no se extiende a aquellos actos que se impulsen con anterioridad a que empiece a correr el plazo establecido para ello. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, revisado el caso objeto de an\u00e1lisis, verifica la Corte que el estrado acusado confirm\u00f3 la negativa del a quo, de decretar los elementos de juicio que reclam\u00f3 la demandante en el escrito que alleg\u00f3 el 25 de enero de los corrientes, mediante el cual se pronunci\u00f3 sobre las excepciones de m\u00e9rito que formularon sus antagonistas, al considerar que la petici\u00f3n era extempor\u00e1nea, por cuanto se efectu\u00f3 previamente a que se corriera el traslado de tales mecanismos defensivos, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 el Tribunal accionado que: <\/p>\n
En efecto, en este caso el Juzgado corri\u00f3 traslado de las excepciones de m\u00e9rito invocadas por los demandados en las r\u00e9plicas a la demanda y lo descorri\u00f3 la parte demandante indicando que para la liquidaci\u00f3n de perjuicios tuvo en cuenta la expectativa de vida y los par\u00e1metros trazados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para terminar precisando que cada uno de los perjuicios suplicados est\u00e1n sometidos al debate probatorio y ser\u00e1n probados. Se advierte que en este escrito no solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de ninguna prueba. <\/p>\n
Ahora, si bien la parte demandante se hab\u00eda pronunciado con anterioridad y hab\u00eda solicitado la pr\u00e1ctica de las pruebas, reiteradas luego mediante el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, lo cierto es que el Juzgado por auto del 27 de enero de 2023, se pronunci\u00f3 y no las tuvo en cuenta; lo que en otros t\u00e9rminos implica que resolvi\u00f3 tal solicitud en forma negativa, sin que la parte demandante hubiera emitido pronunciamiento alguno, con lo cual tal decisi\u00f3n adquiri\u00f3 firmeza, sin que sea posible venir a impugnarla con posterioridad. <\/p>\n
Adicionalmente, el Juzgado advirti\u00f3 que se pod\u00eda pronunciar y solicitar las pruebas dentro del t\u00e9rmino del traslado, sin que lo hubiera hecho el extremo activo, como viene de indicarse. <\/p>\n
5. Luego, evidente es que la raz\u00f3n fundamental para no decretar las pruebas que reclam\u00f3 la demandante, en el memorial con el que se pronunci\u00f3 anticipadamente sobre excepciones de fondo propuestas por su contraparte, fue que dicho escrito se alleg\u00f3 con anterioridad a que se corriera el traslado formal de dichos mecanismos exceptivos, lo que denota un claro sacrificio del derecho sustancial por el formal y configura un exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
En cuanto a dicho defecto procedimental, ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
5.1. Aunado a lo anterior, no sobra advertir que el referido memorial, a trav\u00e9s del cual la parte actora se pronunci\u00f3 sobre las excepciones de m\u00e9rito propuestas, fue incorporado a las diligencias con auto del 27 de enero de 2023, decisi\u00f3n que fue notificada a los dem\u00e1s intervinientes, por lo que no podr\u00eda entenderse que tenerlo en cuenta, a efectos de decretar las pruebas del proceso, sorprender\u00eda a los enjuiciados, pues ellos ten\u00edan pleno conocimiento de su existencia. <\/p>\n
5.2. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que si bien el citado auto de 27 de enero, el a quo precis\u00f3 que \u00ab[adosaba] al cartular los audios y el pronunciamiento efectuado por la parte demandante frente a las contestaciones efectuadas por el extremo pasivo, sin tr\u00e1mite\u00bb (negrillas ajenas al texto); que se correr\u00eda traslado \u00aba los medios exceptivos y a la objeci\u00f3n al juramento estimatorio en una \u00fanica oportunidad cuando est\u00e9 integrada la Litis\u00bb; y que la demandante \u00abpodr\u00e1 pronunciarse nuevamente en el momento que se le corra traslado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 110 del CGP\u00bb; tales afirmaciones no llevaban a concluir, indefectiblemente, que el escrito allegado por la promotora ser\u00eda desechado. <\/p>\n
De ah\u00ed que no pudiese exig\u00edrsele a la tutelante que censurara tal prove\u00eddo, a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, pues de este no se deduc\u00eda, claramente, una situaci\u00f3n que le fuera desfavorable, como pareci\u00f3 entenderlo el Tribunal criticado. <\/p>\n
6. En otras palabras, resulta claro que la actora se pronunci\u00f3 sobre las excepciones de m\u00e9rito planteadas, con anterioridad a que se le corriera traslado de las mismas, no obstante, sus manifestaciones fueron oportunas y por ello debieron atenderse con miras a decretar las pruebas del litigio criticado, en atenci\u00f3n a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, as\u00ed como de las garant\u00edas procesales de contradicci\u00f3n, defensa y debido proceso. <\/p>\n
La Sala, en reiterados pronunciamientos, en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n de las normas procesales y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal ha dicho que: <\/p>\n
\u2026en ese orden, la decisi\u00f3n emitida por el juez accionado, denota excesiva rigurosidad, y desconocimiento de los principios generales del derecho, que antepone la norma sustancial, tal como lo pregona el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues es claro que el fin de los procedimientos, es la efectividad de las garant\u00edas reconocidas en el derecho sustancial, m\u00e1s a\u00fan, cuando contrario a la afirmaci\u00f3n que hace la autoridad judicial acusada, la sustentaci\u00f3n se present\u00f3 en t\u00e9rmino\u2019. <\/p>\n
\u2026en pret\u00e9rita oportunidad, esta Sala defini\u00f3 que \u00abNo en vano el legislador ha previsto que \u2018las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas del presente C\u00f3digo, deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes\u2019 (art. 4\u00ba, C. de P. C.) [hoy art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso], y que, \u2018cualquier vac\u00edo en las disposiciones del presente C\u00f3digo, se llenar\u00e1 con las normas que regulen casos an\u00e1logos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal\u2019 (art. 5\u00ba, ib) [hoy art. 12, ib]. Es decir, que los criterios hermen\u00e9uticos que de tales disposiciones se desprenden, imponen adoptar reglas de acci\u00f3n dentro del proceso que de manera amplia y flexible se orienten a preservar el debido proceso\u00bb (Sentencia de 27 de abril de 2006 exp. 2006-00480-01)\u201d (CSJ, STC, 19 abr. 2013, rad. 2013-00027-01; reitera en STC, 9 dic. 2013, rad. 2013-00159-01). <\/p>\n
7. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal criticado que, tras dejar sin efecto el auto de 27 de julio pasado, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la determinaci\u00f3n de 29 de marzo de esta misma anualidad, dicte una nueva decisi\u00f3n, atendiendo las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Deicy Norela S\u00e1nchez Pulgar\u00edn, Heider Alerse Hidalgo Bedoya y Leady Yurany Hidalgo L\u00f3pez. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn que, tras dejar sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 27 de julio de estas calendas, as\u00ed como tambi\u00e9n toda la actuaci\u00f3n que dependa de \u00e9ste, en el proceso objeto de queja constitucional (radicaci\u00f3n 05001-31-03-002-2022-00396), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente correspondiente, emita una nueva determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn, donde actualmente se encuentran las diligencias, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda el expediente materia de la queja constitucional a la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCSJ SC Auto de 13 de octubre de 1954 GJ, Pag. 865\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8729-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8729-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03195-00 Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instauraron Deicy Norela S\u00e1nchez Pulgar\u00edn, Heider Alerse Hidalgo Bedoya y Leady Yurany Hidalgo L\u00f3pez contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75810","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75810","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75810"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75810\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75810"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75810"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75810"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}