STC8731-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8731-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00129-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 19 de julio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela que Teresa De Jes\u00fas R\u00edos le promovi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Jeric\u00f3, extensiva a los intervinientes en el proceso reivindicatorio n\u00b0 053684-089-001-2017-00077-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La quejosa protest\u00f3 porque la agencia convocada declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que interpuso contra el veredicto expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jeric\u00f3, en el juicio reivindicatorio que Bertha De Jes\u00fas y Luz Mariela Su\u00e1rez Palacio le promovieron a ella y a Ovidio Arango Palacio (24 abr. 2023). <\/p>\n
Adujo que la deserci\u00f3n se impuso porque no sustent\u00f3 la alzada en segunda instancia, sin considerar que lo hab\u00eda hecho ante el juez de primer grado. Agreg\u00f3 que interpuso reposici\u00f3n contra la directriz controvertida, pero el despacho enjuiciado la ratific\u00f3 (8 jun. 2023). <\/p>\n
2.- El juzgado y las impulsoras del proceso objeto de queja constitucional defendieron la determinaci\u00f3n reprochada, por cuanto ten\u00edan fundamento legal. <\/p>\n
3.- El Tribunal concedi\u00f3 el amparo, dej\u00f3 sin efectos la deserci\u00f3n del recurso y las decisiones que dependieran de ella, y en su reemplazo, orden\u00f3 al fallador que emitiera un nuevo pronunciamiento en el que analizara si la quejosa cumpli\u00f3 con la carga de sustentar en primera instancia, conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- Inconforme con el veredicto, el servidor reprochado y las demandantes en el asunto acusado lo impugnaron. Para ello, argumentaron que el desenlace desconoce la legalidad de la deserci\u00f3n del recurso, soportada en las reglas que regulan la materia, as\u00ed como en la sentencia SU418 de 2019, por medio de la cual la Corte Constitucional destac\u00f3 la vigencia del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. Igualmente, destacaron que la jurisprudencia aplicada por el Tribunal no es un\u00e1nime, ya que la Sala hom\u00f3loga Laboral es de una postura diferente. Por otra parte, se\u00f1alaron que el recurso no fue debidamente sustentado en primer grado, en tanto no son claros los reparos enfilados contra la sentencia. Finalmente, precisaron que si la Corte considera que se vulner\u00f3 la doble instancia de la censora, debe realizarse \u201cun juicio de ponderaci\u00f3n entre [ese principio] vs. el de inmediaci\u00f3n, el de legalidad, la libre configuraci\u00f3n del legislador, y los derechos a la igualdad, el debido proceso y la seguridad jur\u00eddica\u201d <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El desenlace opugnado se ratificar\u00e1 porque, en efecto, la falta de sustentaci\u00f3n de la alzada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite, no habilitaba a declarar su deserci\u00f3n. Ello, debido a que, de todos modos, la gestora cumpli\u00f3 con la carga al momento de alzarse contra el veredicto y formular los reparos concretos. <\/p>\n
As\u00ed se advierte de la parte final de la audiencia celebrada el 16 de enero de 2023, en la que se evidencia que el apoderado judicial de la promotora apel\u00f3 y anunci\u00f3 que sustentar\u00eda de una vez. A continuaci\u00f3n, despu\u00e9s de que se le concedi\u00f3 la palabra al gestor judicial del otro convocado, Jos\u00e9 Ovidio Arango, el togado retom\u00f3 su intervenci\u00f3n para se\u00f1alar, entre otros aspectos, que la demanda reivindicatoria no pod\u00eda salir avante porque la posesi\u00f3n de su poderdante anteced\u00eda al t\u00edtulo de dominio de sus contradictoras. Asimismo, refut\u00f3 la condena a pagar frutos civiles que se le impuso, fundado en que no se causaron. Finalmente, concluy\u00f3, pidi\u00e9ndole al ad quem que <\/p>\n
se revoque la decisi\u00f3n de primera instancia, y en su defecto, declare que (\u2026) la se\u00f1ora Teresa De Jes\u00fas R\u00edos ha adquirido por prescripci\u00f3n adquisitiva el bien inmueble que ocupa hace m\u00e1s de cincuenta a\u00f1os y sobre el cual se ha comportado como se\u00f1ora y due\u00f1a, sin reconocer dominio ajeno (\u2026). De no ser de recibo esto, que se revoque en el sentido de que no est\u00e1 condenada a pagar frutos civiles a las demandantes (registro audiencia 1 hora 3 minutos a 1 hora 13 minutos 28 segundos). <\/p>\n
Como puede verse, la accionante cumpli\u00f3 anticipadamente con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la exposici\u00f3n clara de sus discrepancias frente a la resoluci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
3.- Ahora, lo que impon\u00eda -y le impone- al fallador reprochado a valorar dicha argumentaci\u00f3n, es que si bien a la luz del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 es desacertado que el recurrente sustente la apelaci\u00f3n antes de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite o niega la pr\u00e1ctica de pruebas, la desatenci\u00f3n de esa forma no es suficiente para declarar la deserci\u00f3n del recurso. Esto, porque, de todos modos, en ese evento, el acto procesal cumple con su finalidad, el juzgador de segundo grado conoce las razones de inconformidad que le dan competencia para resolver, sumado a que el derecho de contradicci\u00f3n del no recurrente queda a salvo con el correspondiente traslado de la sustentaci\u00f3n (STC5790-2021, STC16123-2021, STC999-2022, STC786-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
Al respecto en CSJ STC5790-2021 esta Corporaci\u00f3n, mayoritariamente, indic\u00f3: <\/p>\n
Dicho en otras palabras, sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiente el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Ciertamente los falladores est\u00e1n llamados acatar y hacer cumplir las formas prescritas por el legislador, como las que se han impuesto para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u2013por escrito y en un momento espec\u00edfico-, de modo que no pueden desconocerlas. Pero tambi\u00e9n lo es que no las pueden exigir irreflexivamente, pues no son simples ritualidades desprovistas de sentido, sino medios destinados para dotar de validez y eficacia los actos procesales designados a hacer efectivos los derechos de las partes, en este caso, el de impugnar las providencias judiciales.<\/p>\n
Por eso, el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo, que irradia todas las reglas del procedimiento, demanda al juez que, al interpretarlas, tenga en cuenta que <\/p>\n
(\u2026) el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretaci\u00f3n de las normas del presente c\u00f3digo deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. <\/p>\n
En armon\u00eda con ello, se ha insistido en que <\/p>\n
(\u2026) [e]l respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos, todo lo contrario, la primac\u00eda de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administraci\u00f3n de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella. <\/p>\n
\u201cNo se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma (CSJ STC7543-2020). <\/p>\n
De ese modo, no es, como lo proponen los aqu\u00ed recurrentes, que la admisi\u00f3n de sustentaciones anticipadas desconozca las pautas sobre la materia, por el contrario, parte de ellas y a tono con el principio de prevalencia del derecho sustancial y la instrumentalidad de las formas procesales, entiende que <\/p>\n
(\u2026) a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente (\u2026) de forma prematura, (\u2026) pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
Tampoco deja lado la Sala, que la Corte Constitucional en la sentencia SU418-2019 concluy\u00f3 que la exigencia de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n en audiencia, y ante el juez de segundo grado, no lesionaba las garant\u00edas fundamentales de los apelantes, al considerar que la medida era una carga razonable. La cuesti\u00f3n es que dicha premisa se predica de un escenario oral y no en un contexto escritural. Por eso, cuando la Corte se\u00f1al\u00f3 que las deserciones de sustentaciones anticipadas pod\u00edan constituir un exceso ritual manifiesto, anot\u00f3: <\/p>\n
Significa que la percepci\u00f3n directa, la inmediaci\u00f3n, el debate hablado, as\u00ed como los otros tantos matices y beneficios que le son propios al r\u00e9gimen de oralidad, ya no son predicables en un contexto guiado por la escrituralidad. T\u00e9ngase en cuenta que en el pasado se resalt\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) las normas imponen con cimiento en la oralidad la necesidad de la presencia de los sujetos en la audiencia y de su intervenci\u00f3n no s\u00f3lo para la satisfacci\u00f3n del se\u00f1alado m\u00e9todo sino para garantizar el derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, garant\u00edas indispensables en el entorno procesal cuyo prop\u00f3sito est\u00e1 enderezado a la justicia (CSJ STC8300, 2019, entre otras). <\/p>\n
Lo que estaba en sinton\u00eda con el art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva\u00bb, al igual que con el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 107, que se\u00f1ala c\u00f3mo \u00ab[l]as intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos\u00bb. <\/p>\n
Por ende, la tesis de la Sala recreada sobre el ambiente de la palabra hablada para justificar la deserci\u00f3n del recurso en ese escenario por la ausencia del apelante a la audiencia contiene unos elementos filos\u00f3ficos diferentes a la problem\u00e1tica surgida en un entorno gobernado por la escritura, como lo reglamenta el susodicho Decreto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n indic\u00f3 que <\/p>\n
Ahora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada (CSJ STC5790-2021 se enfatiza). <\/p>\n
De otro lado, tambi\u00e9n es cierto que la Sala hom\u00f3loga laboral, en la actualidad, es del criterio que las deserciones de remedios verticales sustentados antes de la oportunidad legal son razonables. Pero ello tampoco es motivo para que la Sala var\u00ede en el caso su postura mayoritaria, pues, como se dijo, se trata de una tesis consolidada de la Corporaci\u00f3n, y, adem\u00e1s, por las razones anotadas, no se comparten los argumentos de la opuesta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con ocasi\u00f3n del juicio de ponderaci\u00f3n solicitado entre los principios que se enfrentan en la tem\u00e1tica, debe advertirse que la Sala lo realiz\u00f3 al justificar por qu\u00e9 en los casos concretos, sancionar al recurrente por no sustentar de forma escrita y ante el juez de segundo grado resultaba desproporcionado. F\u00edjese que advirti\u00f3 que en dicha hip\u00f3tesis, <\/p>\n
(\u2026) se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto (CSJ STC5790-2021). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, los argumentos de los impugnantes para obtener la revocatoria del mandato constitucional expedido por el Tribunal de Antioquia no prosperan. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jeric\u00f3 declar\u00f3 desierta la alzada interpuesta contra la sentencia emitida en el juicio reivindicatorio 2017-00077-00 por no haber sido sustentada en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, sin considerar que las razones para pedir su revocatoria fueron expuestas ante el juez de primera instancia, se refrendar\u00e1 la resoluci\u00f3n que ampar\u00f3 los derechos de la accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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