STC8733-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8733-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03238-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Lucero Reyes Carrillo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pretende protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamental al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se le ordene que \u00abresuelva la solicitud de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica de la sentencia radicada hace m\u00e1s de 22 meses desde el 14 de octubre de 2021 \u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Lucero Reyes Carrillo promovi\u00f3 demanda contra Allianz Seguros SA y Jos\u00e9 Mart\u00edn Castro Cuellar, que fue decidida con fallo de 16 de julio de 2019, decisi\u00f3n que fue apelada, recurso decidido con sentencia de 6 de agosto de 2020. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de providencia del 21 de septiembre de 2021, se adicion\u00f3 el fallo de segunda instancia, determinaci\u00f3n cuya correcci\u00f3n reclam\u00f3 la accionante, el 14 de octubre de 2021, al considerar que se incurri\u00f3 en \u00aberror aritm\u00e9tico\u00bb. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abha pasado m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 10 meses desde que se solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de aritm\u00e9tica de la sentencia, con lo que el Tribunal accionado ha incurrido en una excesiva mora judicial\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras rendir informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el asunto criticado, destac\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas en esta instancia se encuentran en armon\u00eda con las disposiciones sustanciales y procesales que ha establecido el legislador sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela, se advierte que la gestora del resguardo critic\u00f3, en esencia, la tardanza que se ha suscitado en la resoluci\u00f3n de la solicitud de correcci\u00f3n que present\u00f3 en el asunto objeto de censura constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que la demora que ha acaecido en resolver sobre la prenotada correcci\u00f3n, sin duda, trasgrede el derecho fundamental al debido proceso de la promotora. <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que el Tribunal accionado ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite del proceso objeto de reproche constitucional, teniendo en cuenta que la mencionada solicitud de correcci\u00f3n fue allegada por la quejosa desde el 14 de octubre de 2021; sin embargo, a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n, no est\u00e1 acreditado que se hubiese decidido sobre \u00e9sta, as\u00ed como tampoco el estrado accionado intent\u00f3 justificar la anotada tardanza, atendiendo que ni tan siquiera rindi\u00f3 informe en las presentes diligencias. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que han transcurrido casi dos a\u00f1os desde que la tutelante present\u00f3 su petici\u00f3n de correcci\u00f3n, sin que el estrado querellado hubiese emitido pronunciamiento de fondo sobre aquella, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas de la actora, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la correcci\u00f3n que se reclam\u00f3 el 14 de octubre de 2021, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de concederse el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que proceda a pronunciarse sobre dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Mar\u00eda Lucero Reyes Carrillo. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, resuelva sobre la petici\u00f3n de correcci\u00f3n que present\u00f3 la tutelante, el 14 de octubre de 2021 en el proceso criticado (radicaci\u00f3n 11001-31-03-037-2014-00661). <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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