STC8734-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8734-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2023-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 3 de agosto de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la ESE Hospital Rosario Pumarejo de L\u00f3pez contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y salud, que dice conculcadas por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos\u00bb los autos de 21 de abril de 2022 y 30 de junio de 2023; en consecuencia, se le ordene al estrado criticado que \u00ablevante las medidas cautelares decretadas, as\u00ed como la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos dentro del proceso [criticado]\u00bb. <\/p>\n
2.1. Quiliservicios SAS promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra la ESE Hospital Rosario Pumarejo de L\u00f3pez, libr\u00e1ndose orden de pago el 4 de febrero de 2019. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2019, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n y, seguidamente, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con auto del 11 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 21 de abril de 2022, el despacho judicial convocado orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, por cuanto la ejecutada fue objeto de intervenci\u00f3n forzosa administrativa por parte de la Superintendencia de Salud; as\u00ed como tambi\u00e9n neg\u00f3 el levantamiento de las cautelas decretadas y la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales constituidos, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n la ejecutante, recurso desestimado con prove\u00eddo del 19 de julio siguiente. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la demandada solicit\u00f3 \u00abapartarse de los efectos civiles originados en el par\u00e1grafo segundo de la decisi\u00f3n emitida por el despacho en auto de 21 de abril de 2022\u00bb, que neg\u00f3 el levantamiento de las cautelas y la entrega de dineros, petici\u00f3n que neg\u00f3 el estrado acusado con providencia del 30 de junio de 2023. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la sede judicial cuestionada debi\u00f3 acceder al levantamiento de cautelas y entrega de dineros, comoquiera que fue objeto de intervenci\u00f3n forzosa administrativa, disponi\u00e9ndose la \u00abtoma de posesi\u00f3n inmediata de [sus] bienes, haberes y negocios\u00bb, los cuales deb\u00edan ser entregados al agente especial interventor. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, tras defender la legalidad de su actuaci\u00f3n, destac\u00f3 que la promotora \u00abtuvo a su alcance los mecanismos de defensa adecuados y procedentes por v\u00eda ordinaria, pues al ser conocedor\u2026 de la decisi\u00f3n desfavorable a sus intereses\u2026, pudo rebatirse lo considerado a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n\u00bb, mecanismo que no utiliz\u00f3. <\/p>\n
2. Con posterioridad al proferimiento del fallo de primera instancia, la profesional del derecho Nathalia Valencia Duque, quien dijo fungir \u00aben calidad de abogada adscrita de la firma Legal Medical\u2026, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de la sociedad vinculada Quiliservicios SAS, dentro del proceso ejecutivo\u00bb materia de censura, sin que aportara mandato que la facultara para representar a dicha persona jur\u00eddica dentro de estas diligencias, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, toda vez que \u00abexistiendo medios ordinarios para dejar sin efectos jur\u00eddicos los autos [criticados]\u2026, la parte actora no hizo uso de ellos en su oportunidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora esgrimi\u00f3 que \u00ablos autos cuestionados no son susceptibles de apelaci\u00f3n\u00bb, comoquiera que \u00abno existe norma especial que as\u00ed lo disponga\u00bb y que \u00abel recurso de reposici\u00f3n es facultativo\u2026, razones\u2026 suficientes para no tener la obligatoriedad de agotarlos\u00bb. Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar las decisiones que negaron el levantamiento de cautelas y la entrega de dineros. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, contrario a lo que sostuvo la impugnante, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se constata que la actora cuestion\u00f3 los prove\u00eddos de 21 de abril de 2022, que neg\u00f3 la entrega de dineros y el levantamiento de cautelas que reclam\u00f3 en el juicio criticado; as\u00ed como tambi\u00e9n el auto de 30 de junio de 2023, que desestim\u00f3 la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la prenotada providencia de 21 de abril. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
4. Respecto a la otra providencia cuestionada (que neg\u00f3 la petici\u00f3n de ilegalidad que elev\u00f3 la quejosa), tal y como lo concluy\u00f3 el a quo, el amparo incoado est\u00e1 llamado a fracasar, toda vez que la querellante desaprovech\u00f3 la posibilidad de interponer la reposici\u00f3n que proced\u00eda en su contra, recurso pertinente para exponer los motivos de inconformidad que por este tr\u00e1mite exhibe. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, dada la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la determinaci\u00f3n que hoy se critica en sede de tutela. <\/p>\n
4.1. Para ahondar en razones, cabe a\u00f1adir que, sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, ha sostenido esta Sala que: <\/p>\n
\u2026 no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia. (STC2016-2014 20 feb., rad. 00201-00; STC8534-2014, 3 jul., rad. 00128-01; STC10218-2014, 1\u00b0 ago., rad. 00265-01; STC3953-2015, 9 abr., rad. 00686-00; reiteradas en STC2574-2016, 2 mar., rad. 00362-00). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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