STC8739-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8739-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00258-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Largo contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa Cabal, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda y a la Personer\u00eda de la misma ciudad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regionales de Risaralda, as\u00ed como a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad acusada. <\/p>\n
En concreto solicita \u00abse le ordene a la tutelada cumplir t\u00e9rminos de tiempo que manda la Ley 472 de 1998\u00bb, respecto de las acciones populares que le present\u00f3 el 5 de julio de 2023, y si se llega a fallar la tutela por hecho superado, se le ordene \u00abque a futuro se abstenga de incumplir los t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
2. Como hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto el accionante expone que en dicha data radic\u00f3 ante el juzgado accionado \u00abunas acciones populares\u00bb v\u00eda correo electr\u00f3nico, pero la accionada no cumple con los t\u00e9rminos para proferir \u00abdecisi\u00f3n en sentido alguno\u00bb. <\/p>\n
El 12 de julio de los corrientes el Tribunal constitucional a quo requiri\u00f3 al gestor para que precisara las acciones populares sobre los que reca\u00eda la solicitud de protecci\u00f3n, ante lo cual \u00e9ste aleg\u00f3 imposibilidad de suministrar la informaci\u00f3n porque desconoc\u00eda los radicados de las mismas, por lo cual en el auto admisorio de 24 de julio siguiente se pidi\u00f3 a la Oficina de Apoyo Judicial de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Risaralda informar las demandas presentadas por el promotor ante el juzgado accionado, en la se\u00f1alada fecha. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Oficinal Judicial \u2013 Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Risaralda inform\u00f3 que, seg\u00fan sus bases de datos, en la fecha informada no se hizo ning\u00fan reparto al estrado convocado de acciones populares presentadas por el accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se\u00f1al\u00f3 que el 5 de julio de 2023 el actor radic\u00f3 directamente en su secretar\u00eda 139 acciones populares correspondientes a los radicados 2023-00266 a 2023-00404, respecto de las cuales inform\u00f3 el tr\u00e1mite impartido, con la precisi\u00f3n de que aquel, respecto de algunas hab\u00eda interpuesto recursos o solicitado nulidades y respecto de otras guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. La Procuradora de Instrucci\u00f3n Regional Risaralda indic\u00f3 que no promovi\u00f3 las acciones populares ni intervino en modo alguno en las mismas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 el amparo respecto de 32 de las acciones populares, por inexistencia de vulneraci\u00f3n, porque se emiti\u00f3 pronunciamiento dentro de las mismas antes de presentada la tutela, de agotamiento de jurisdicci\u00f3n o rechazo por competencia, y contra tales decisiones el gestor present\u00f3 recurso o pidi\u00f3 la nulidad. <\/p>\n
Tambi\u00e9n neg\u00f3 la protecci\u00f3n respecto a las 107 acciones populares restantes, porque dentro de las mismas se dict\u00f3 decisi\u00f3n en el transcurso de la acci\u00f3n de tutela, con que se rechazaron por competencia o hubo agotamiento de jurisdicci\u00f3n, de las cuales la mayor\u00eda fueron recurridas por el promotor y otras tantas se pidi\u00f3 la nulidad, de manera que, si bien el pronunciamiento se emiti\u00f3 fuera del t\u00e9rmino respectivo, no puede afirmarse que hubo mora injustificada, si se tiene en cuenta que a pesar del gran volumen de demandas radicadas en un mismo d\u00eda, al final todas recibieron decisi\u00f3n en un lapso de cuatro d\u00edas, lo que justifica la corta tardanza verificada. <\/p>\n
Finalmente reproch\u00f3 el proceder del actor, porque en el curso de la tutela pudo verificarse que no era cierto que desconociera los radicados de las acciones populares, ya que para cuando se le pidi\u00f3 suministrar tal informaci\u00f3n, hab\u00eda recurrido y pedido nulidad dentro de varias de las mismas, lo que evidenciaba que \u00abretuvo informaci\u00f3n y aleg\u00f3 hechos contrarios a la realidad, pretendiendo obtener decisiones judiciales favorables en clara contrav\u00eda de la proba administraci\u00f3n de justicia\u00bb, por lo cual decidi\u00f3 \u00abcompulsar copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue a Jos\u00e9 Elider Largo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor del resguardo, manifestando que n actu\u00f3 con temeridad o mala fe al atender el requerimiento para informar el radicado de las acciones populares y que es \u00ablego en derecho que act\u00fao como ciudadano\u00bb, por lo cual pidi\u00f3 \u00abse revoque la investigaci\u00f3n en [su] contra en la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al puntual motivo de inconformidad expuesto en la impugnaci\u00f3n, corresponde confirmar el fallo constitucional de primera instancia, porque el an\u00e1lisis del expediente del proceso constitucional cuestionado permite concluir que no fue infundada la decisi\u00f3n del Tribunal a quo de ordenar la compulsa de copias con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para investigar al actor. <\/p>\n
Para justificar esa determinaci\u00f3n, dicha autoridad consider\u00f3 que, <\/p>\n
por auto del 12-07-2023 fue requerido para que, en el marco de este asunto, precisara las acciones populares a las que se refer\u00eda y de cual actuaci\u00f3n judicial en supuesta mora se dol\u00eda, a lo que respondi\u00f3 el 18-07-2023 que como el judicial encartado no hab\u00eda proferido auto alguno COMO SABER O CONOCER EL RADICADO DE LA ACCION, pero de los expedientes allegados por la accionada es palmario, no solo conoc\u00eda el radicado de las acciones populares, sino el sentido de las decisiones adoptadas, porque al presentar los recursos y solicitudes de nulidad enlistadas las individualiz\u00f3 debidamente, a lo que se resisti\u00f3 injustificadamente en esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Palpable que, deliberadamente retuvo informaci\u00f3n y aleg\u00f3 hechos contrarios a la realidad, pretendiendo obtener decisiones judiciales favorables en clara contrav\u00eda de la proba administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Motivos que esta Corte comparte, porque evidencian que el gestor, contrario a su manifestaci\u00f3n ante el requerimiento del Tribunal, si conoc\u00eda la informaci\u00f3n que \u00e9ste le solicit\u00f3, pero se abstuvo injustificadamente de suministrarla. <\/p>\n
3. Constatado el atendible fundamento de la decisi\u00f3n, corresponde se\u00f1alar que la sola compulsa de copias a la autoridad penal no implica per se la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, pues obedeci\u00f3 a una obligaci\u00f3n legal del Tribunal, quien no realiz\u00f3 ninguna calificaci\u00f3n del actuar de aquel, adem\u00e1s de que \u00e9ste, eventualmente, contar\u00e1 con la oportunidad y los mecanismos para procurar su defensa, tem\u00e1tica sobre la cual en un asunto con alguna simetr\u00eda la Corte consider\u00f3 que, <\/p>\n
lo dispuesto por la Colegiatura de primer grado est\u00e1 acorde con el deber jur\u00eddico que en el \u00e1mbito penal y disciplinario existe de poner en conocimiento de las autoridades la ocurrencia de hechos que de suyo puedan comportar la presunta comisi\u00f3n de una conducta al margen de la ley, mandato que de no ser acatado puede generar un abuso de autoridad por omisi\u00f3n de denuncia. <\/p>\n
Luego, si de manera oficiosa y en el marco de sus obligaciones, el Tribunal dispuso que se compulsaran copias ante las correspondientes autoridades para que se investiguen las conductas en que pudo incurrir el accionante por presentar las acciones populares en el mismo formato, caligraf\u00eda y con la misma direcci\u00f3n electr\u00f3nica para notificaciones que las que son presentadas por el se\u00f1or Javier El\u00edas \u00c1rias Id\u00e1rraga, no se advierte motivo alguno para invalidar dicha disposici\u00f3n, m\u00e1xime cuando en esa l\u00ednea de pensamiento, ha sentado la Corte de tiempo atr\u00e1s que: <\/p>\n
4. Adicionalmente t\u00e9ngase en cuenta, que tampoco advierte la Sala quebrantamiento alguno a los derechos a la honra y al buen nombre del accionante con el proceder de la autoridad querellada, si se tiene en cuenta que \u00e9sta \u00fanicamente se limit\u00f3 a poner en conocimiento de la Fiscal\u00eda unos hechos para que sean investigados, sin hacer calificaci\u00f3n alguna del comportamiento endilgado al se\u00f1or Becerra Largo (STC11741-2018). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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