STC8740-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8740-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-000-2023-00026-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta, frente a la sentencia de 9 de agosto de 2023, emitida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por el Conjunto Residencial El Tesoro de Alfinger contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona y el Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La propiedad horizontal convocante pidi\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, a \u00abla doble instancia\u00bb, al \u00abprincipio de legalidad\u00bb y de \u00abcongruencia\u00bb, presuntamente conculcadas por la dependencia requerida, dentro del consecutivo de amparo que tramit\u00f3 contra la Inspecci\u00f3n Urbana de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal, ambas de Chin\u00e1cota. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, se ordene \u00abrevocar el punto segundo del fallo de tutela de segunda instancia T-54-172-4089-001-2023-00125-01 (INT. 2023-26) signado por el Juez Segundo Civil del Circuito de Conocimiento en Asuntos Laborales de Pamplona\u00bb y en consecuencia \u00abrevocar los actos jurisdiccionales (fallos policivos) decantados en la decisi\u00f3n No. 029\/2022 Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Chin\u00e1cota y Resoluci\u00f3n 056 de 2022 Alcald\u00eda Municipal de Chin\u00e1cota\u00bb o subsidiariamente \u00abse ordene la remisi\u00f3n del expediente de tutela (\u2026) al Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota para que, en sede de primera instancia, se estudie, analice y falle en derecho respecto a las pretensiones de la accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dentro del referido tr\u00e1mite, el Juzgador de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, prove\u00eddo que decidi\u00f3 \u00abrevocar\u00bb el superior, por no compartir los fundamentos de la misma, para en su lugar tambi\u00e9n negar el amparo, pero tras analizar el fondo de la tem\u00e1tica planteada, por lo que, alega la accionante, \u00absi el fallo de primera instancia se limit\u00f3 a declarar improcedente por falta de requisitos de procedibilidad y el fallo de segunda instancia revoca dicho fallo; debi\u00f3 el juzgador de segunda instancia devolver el expediente al juez natural; es decir, al fallador de primera instancia, para que dentro del marco de sus competencias analizara los hechos y pretensiones que permitiera al accionante su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n en sede de segunda instancia y como ocurri\u00f3 en el fallo atacado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Expone que, en el fallo constitucional de segundo grado, se consider\u00f3 que la decisi\u00f3n tomada por las autoridades all\u00ed accionadas frente a la entrega de unas \u00ab\u00e1reas de cesi\u00f3n, demolici\u00f3n del port\u00f3n y status quo de la servidumbre a favor del predio denominado Lote No. 4 Babilonia\u00bb, no ameritaba la injerencia del juez constitucional, pese a que la decisi\u00f3n emergi\u00f3 sin competencia por parte la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Chin\u00e1cota; el tema en discusi\u00f3n se defini\u00f3 con fundamento en una norma inaplicable; se valoraron indebidamente las pruebas; debi\u00f3 analizarse si el Alcalde Municipal de Chin\u00e1cota fue reconocido como \u00abquerellante leg\u00edtimo\u00bb; no se tuvo en cuenta el posible impedimento de los falladores policivos para conocer el caso y; se desconoci\u00f3 la legislaci\u00f3n sobre propiedad y servidumbre. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota advirti\u00f3 que lo pretendido por el actor es utilizar el presente mecanismo como una tercera instancia, con la precisi\u00f3n de que su superior no ten\u00eda que remitirle nuevamente las actuaciones, porque decidi\u00f3 la segunda instancia, mas no declar\u00f3 la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 dentro del tr\u00e1mite de ep\u00edgrafe, tras all\u00ed encontrar procedente el que se mantuviera el statu quo en cuanto a una servidumbre de tr\u00e1nsito, mientras el juez ordinario decid\u00eda definitivamente sobre la misma. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Chin\u00e1cota pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque no tuvo injerencia en la decisi\u00f3n constitucional criticada. <\/p>\n
4. Wilmer Alexis y Nelly Alejandra Toro Gaviria se\u00f1alaron que es la sexta vez que los vinculan a una acci\u00f3n de tutela con los mismos hechos e implicados, y sostuvieron que la vulneraci\u00f3n superior alegada es inexistente. <\/p>\n
5. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana de Chin\u00e1cota resalt\u00f3 que dentro del aludido proceso policivo se respetaron todas las garant\u00edas de los intervinientes, y enfatiz\u00f3 en que las mismas quejas contra el mismo ya fueron ventiladas ante la justicia constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, por estar dirigida contra lo decidido en otra acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s de que los reparos expuestos contra lo all\u00ed decidido no encuadran en alguna de las causales excepcionales de procedencia del ataque. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la convocante, con persistencia en sus reproches iniciales, enfatizando en que su prop\u00f3sito es discutir lo decidido en la anterior tutela por el Juzgado Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona, que decidi\u00f3 contrariando la normativa sobre servidumbre y propiedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas en esta oportunidad apuntan a dejar sin efecto el fallo de tutela de segunda instancia dictado el 11 de julio de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona, que al igual que lo decidido en primera instancia el 30 de mayo anterior por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, neg\u00f3 el amparo invocado por la aqu\u00ed accionante, pues en sentir de \u00e9sta, lo definido desatendi\u00f3 la normatividad aplicable y las pruebas. <\/p>\n
Lo evidenciado cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que ya fue debatida en otra ocasi\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que deviene insatisfecho el requisito de subsidiariedad en el sub examine, pues la ahora accionante a\u00fan puede acudir en forma directa ante la Corte Constitucional en busca de insistir en la eventual revisi\u00f3n del fallo supralegal de que se duele, toda vez que en la fecha se constata que el expediente de dicha actuaci\u00f3n fue enviado a Sala de selecci\u00f3n el pasado 26 de julio. <\/p>\n
No en vano, en un asunto con cierta simetr\u00eda, esta Magistratura doctrin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (Resaltado con intenci\u00f3n. CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 02195-00; STC8658, 14 may. 2021, rad. 02101-00). <\/p>\n
5. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8740-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8740-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-000-2023-00026-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta, frente a la sentencia de 9 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75816","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75816","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75816"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75816\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75816"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75816"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75816"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}