STC8744-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC8744-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00547-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00ba 3, el 29 de junio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida \u00d3scar Mauricio Gonz\u00e1lez Salamanca contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00ba 2, tr\u00e1mite al que fue citada la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y los intervinientes en el amparo con radicado n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01157. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Examinada la demanda de tutela y los soportes allegados, se establece que el accionante formul\u00f3 un amparo anterior con radicado n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01157 contra la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, la Divisi\u00f3n de Calificaci\u00f3n de Servicios de la Carrera Judicial y la EPS Aliansalud, entre otros, tr\u00e1mite en el que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n reclamada el 21 de septiembre de diciembre de 2022, sentencia que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00ba 2, el 13 de diciembre siguiente. <\/p>\n
El 28 de abril de 2023, el actor elev\u00f3 una solicitud dirigida a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, para que se diera cumplimiento a \u00abla funci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 101 numeral 6\u00ba de la Ley 270 de 1996, en raz\u00f3n al desempe\u00f1o de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL contrario a la administraci\u00f3n oportuna y eficaz de la justicia dentro del tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n del fallo de tutela (\u2026) magistrado ponente HUGO QUINTERO BERNATE\u00bb, pues ese recurso no se resolvi\u00f3 en 20 d\u00edas como correspond\u00eda, sino en 94, no obstante, su petici\u00f3n fue remitida el mismo d\u00eda \u00abpor competencia a la Secretar\u00eda General de la Corte Suprema de Justicia para el respectivo tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 el peticionario que, por lo anterior, envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico el 29 de abril siguiente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 insistiendo en la apertura de la \u00abvigilancia administrativa en la acci\u00f3n de tutela citada en la referencia\u00bb, pero, de nuevo, se reenvi\u00f3 su reclamaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de lo cual se anexaron sus peticiones al expediente de dicho amparo constitucional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con ocasi\u00f3n de otro tr\u00e1mite, recibi\u00f3 el oficio CSJ \u2013 N\u00ba 2236 del 30 de noviembre de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, en el que se le inform\u00f3 que \u00abes una funci\u00f3n propia de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura conforme lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 art\u00edculo 101, numeral 6.\u201d; luego entonces, la Corporaci\u00f3n a la que la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOT\u00c1 remiti\u00f3 por competencia tanto la vigilancia judicial como la solicitud de tramitar la vigilancia judicial radicada , no tiene facultades para conocerlas ni tramitarlas\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la situaci\u00f3n descrita vulnera sus derechos, pues no ha obtenido ninguna decisi\u00f3n sobre la \u00abvigilancia judicial\u00bb que impuls\u00f3 respecto del amparo antes rese\u00f1ado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que \u00abPrevia vinculaci\u00f3n de las autoridades competentes, [se ordene] que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, el COMPETENTE tramite la vigilancia judicial y la solicitud de tramitar la vigilancia judicial, radicadas desde el 28 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante providencia de 9 de mayo de 2023, esta Sala remiti\u00f3 por competencia el amparo rese\u00f1ado a la Sala Plena de esta Corte, para el reparto correspondiente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que las solicitudes del actor se remitieron a la Corte Suprema de Justicia, porque, si bien est\u00e1 facultado para adelantar la vigilancia judicial administrativa de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo PSAA11- 8716 del 06 de octubre de 2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abla Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura del pa\u00eds, ejerce (\u2026) la Vigilancia Judicial Administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuid[de] del normal desempe\u00f1o de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el \u00e1mbito de su circunscripci\u00f3n territorial\u00bb, por tanto, como las Altas Cortes \u00abno cuentan con una distribuci\u00f3n territorial de Despachos Judiciales a nivel Nacional\u00bb, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 no puede asumir la competencia \u00abpor el factor territorial\u00bb, m\u00e1xime si tales Corporaciones \u00abson concebidas como \u00f3rganos de cierre de las respectivas jurisdicciones\u00bb (subraya del texto). En consecuencia, pidi\u00f3 negar el amparo por improcedente. <\/p>\n
2. La Presidencia del Consejo de Estado manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que no ha incurrido, por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, en la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, \u00abpor cuanto nada tiene que ver esta Corporaci\u00f3n en la demora en el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n de la primera acci\u00f3n tutelar, en la medida en que no fungi\u00f3 como juez en la misma sino como parte demandada. (\u2026) Asimismo, la Corporaci\u00f3n tampoco tiene injerencia en la gesti\u00f3n de la solicitud de vigilancia judicial que present\u00f3 (objeto de la presente tutela), pues la misma fue de conocimiento de las Salas Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial afirm\u00f3 que no est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva para resolver lo pretendido por el accionante. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas n\u00ba 2 relat\u00f3 la actuaci\u00f3n en el amparo con radicado n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01157 y advirti\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas del solicitante, porque lo reclamado por \u00e9ste compete \u00abde manera \u00fanica y exclusiva\u00bb al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y, a la fecha, no se observa que lo solicitado por el quejoso se haya asignado a alg\u00fan Despacho de la Sala Administrativa de esa Corporaci\u00f3n, pues el env\u00edo de las solicitudes del reclamante a la Corte Suprema de Justicia fue realizado por \u00abun empleado adscrito al Consejo Seccional de la Judicatura, quien se arrog\u00f3 [esa] facultad\u00bb. Insisti\u00f3, entonces, en que los reclamos del peticionario no le son atribuibles, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N\u00ba 3 concedi\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso y le orden\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 que \u00aben un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, d\u00e9 una respuesta de fondo a la solicitud de 28 de abril de 2023 por \u00d3SCAR MAURICIO GONZ\u00c1LEZ SALAMANCA y la ponga en su conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que evidenci\u00f3 que la simple remisi\u00f3n efectuada por la autoridad accionada frente a la solicitud de vigilancia judicial administrativa pretendida por el accionante no era suficiente, y \u00abera necesario que brindara una respuesta de fondo al accionante, explic\u00e1ndole las razones correspondientes [y] en el proceso no existe evidencia de que lo hubiera hecho\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casaci\u00f3n Penal- no hab\u00eda lesionado las garant\u00edas del actor, porque no es ella quien tiene competencia para definir lo peticionado por el solicitante. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien indic\u00f3 que no propuso la tutela para lograr una respuesta de fondo a su solicitud, sino para que se le ordenara \u00abal COMPETENTE tramitar la vigilancia judicial y la solicitud de tramitar la vigilancia, radicadas desde el 28 de abril de 2023\u00bb, y reclam\u00f3 que en segunda instancia se resolviera \u00abel problema jur\u00eddico planteado (\u2026) que s\u00ed guarda estrecha, directa en inescindible relaci\u00f3n con la solicitud de amparo, no como acaeci\u00f3 en la parte motiva al analizarse la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, que no ha sido vulnerado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que sus peticiones fueron agregadas al expediente de tutela n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01157 y que, si bien le pidi\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia \u00abinformaci\u00f3n respecto al traslado por competencia\u00bb, no recibi\u00f3 respuesta, adem\u00e1s, anot\u00f3 que puso de presente el cumplimiento que ya se dio a la orden constitucional, el cual evidencia que sus derechos siguen lesionados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a los argumentos sustento de la impugnaci\u00f3n propuesta por el accionante, beneficiado con la orden constitucional de primer grado, se concluye que la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
1.2 En efecto, observa la Sala que el motivo de disenso del solicitante se contrae a cuestionar el hecho de no disponerse el tr\u00e1mite por la autoridad \u00abcompetente\u00bb de la vigilancia administrativa judicial que impuls\u00f3 en aplicaci\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996, sin embargo, ese cuestionamiento no le abre paso a la modificaci\u00f3n del fallo impugnado, pues, en estrictez, lo ordenado por el a quo constitucional satisface enteramente lo pretendido por el se\u00f1or \u00d3scar Mauricio Gonz\u00e1lez Salamanca, como quiera que le orden\u00f3 a esa autoridad que se pronunciara de fondo sobre la procedencia de la gesti\u00f3n reclamada, ocasi\u00f3n en la que deber\u00e1 definir lo relativo a la competencia de la misma, cuestiones que no hab\u00edan sido abordadas porque el Consejo Seccional hab\u00eda omitido proferir una decisi\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
Debe anotarse que el a quo constitucional le otorg\u00f3 el amparo al actor estudiando suficientemente sus cuestionamientos, por lo cual la impugnaci\u00f3n formulada no encuentra asidero, m\u00e1xime si no fue presentada por los accionados o vinculados y si tampoco se observa una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n que imponga modificar o cambiar la sentencia recurrida. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, la Sala en casos asimilables ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) De la simple lectura del escrito que (\u2026) contiene [la impugnaci\u00f3n] no se infiere un motivo claro de inconformidad, por lo que resulta aparente tal manifestaci\u00f3n, dado que las aspiraciones del reclamante fueron acogidas en su integridad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 al proteger los derechos invocados y dejar sin efecto el pronunciamiento atacado por esta senda (\u2026). <\/p>\n
En suma, (\u2026) se torna improcedente la objeci\u00f3n contra lo adoptado por el a quo, al no evidenciarse una situaci\u00f3n de amenaza o peligro actual que amerite dictar una orden distinta a la emitida, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (sentencia de 5 de junio de 2002, exp. N\u00b0 2002-0037-01, citada el 1\u00b0 de noviembre de 2012, exp. 2011-02244-01 y reiterada en CSJ en STC917-2022, STC12908-2022 y STC4846-2023, entre otras). <\/p>\n
2. Ahora, en cuanto a los reproches del impugnante, en relaci\u00f3n a la falta de respuesta a su reciente petici\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de la Secretar\u00eda de la Corte Suprema de Justicia, sobre el traslado de las solicitudes que hab\u00eda enviado al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, y lo concerniente al cumplimiento de la orden de tutela emitida en primer grado, se establece la improcedencia de esos reclamos por constituir hechos nuevos que no fueron objeto de la queja inicial y por lo cual no fueron controvertidos por los implicados. Sobre el particular la Sala ha indicado que, <\/p>\n
(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800)\u00bb (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01, reiterada en STC1470-2022 y STC7630-2023, entre otras). <\/p>\n
Con todo, debe indicarse que si el actor considera deficiente el cumplimiento de la orden constitucional, tiene a su alcance el mecanismo establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, para alegar lo pertinente. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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