STC8747-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8743-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00394-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de agosto de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Adolfo Ru\u00edz Buelvas, contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los intervinientes en el tr\u00e1mite que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado convocado \u00abnuevamente estudie su decisi\u00f3n del 5 de julio de 2023 en el sentido de darle la interpretaci\u00f3n correcta e inequ\u00edvoca del art\u00edculo 8 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido que los fallos de tutela conferidos como mecanismo transitorio, si el tutelante interpone la acci\u00f3n ordinaria dentro de los\u2026 4 meses siguientes a la notificaci\u00f3n del juez de tutela, los efectos de dicho fallo se mantienen vigente, mientras el juez ordinario competente decide de fondo sobre el asunto\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gustavo Adolfo Ruiz Buelvas promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela en contra de Pedro Arnulfo Zuluaga Duque, en calidad de propietario del establecimiento de comercio Centro Arrocero, tras argumentar que luego de un accidente laboral ha permanecido con incapacidades permanentes, no obstante, su empleador dio por terminado su contrato laboral sin mediar una justa causa y sin autorizaci\u00f3n del ministerio de trabajo, raz\u00f3n por la que pretendi\u00f3 su reintegro, el pago de los salarios dejados de percibir y la sanci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cartagena, quien con sentencia de 17 de mayo de 2022 accedi\u00f3 a las pretensiones, ordenando al convocado que \u00abdentro de las\u2026 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, si no lo ha hecho, REINTEGRE al accionante\u2026, en un cargo igual o superior al que ven\u00eda desempe\u00f1ando al momento de la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de trabajo. Asimismo, deber\u00e1 seguir asumiendo la obligaci\u00f3n de cotizar al Sistema de Seguridad Social, en favor del accionante, sin soluci\u00f3n de continuidad desde su despido, y pagar los salarios a que tenga derecho, y que se causaron con ocasi\u00f3n del despido\u00bb, adem\u00e1s, neg\u00f3 lo relativo a la indemnizaci\u00f3n pedida; determinaci\u00f3n que, en sede de impugnaci\u00f3n, el 29 de junio de siguiente, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, modific\u00f3 \u00aben el entendido que esta se concede de manera transitoria, por lo que se hace la advertencia al actor que deber\u00e1 acudir ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 4 meses para que ventile su situaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
2.3. En cumplimiento de lo anterior, el empleador reintegr\u00f3 a Ruiz Buelvas a un cargo similar al que ven\u00eda desempe\u00f1ando y dispuso los pagos ordenados; por su parte, Gustavo Adolfo, el 28 de octubre de 2022 present\u00f3 demanda ordinaria laboral, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, quien el 9 de diciembre de ese a\u00f1o, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. Luego, previo aviso, el 31 de diciembre de 2022 el empleador \u00abdecid\u00ed[\u00f3] dar por terminado su contrato de trabajo No. CA_2021_001, que inici\u00f3 el d\u00eda 02_01_2022 y tiene culmen el 31_12_2022, por expiraci\u00f3n del tiempo pactado, no siendo renovado para el periodo del a\u00f1o 2023\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, el promotor solicit\u00f3 apertura de incidente de desacato, al considerar que no era viable la terminaci\u00f3n de su contrato laboral, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 2591 de 1991; surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 27 de junio de 2023 el estrado de conocimiento consider\u00f3 el incumplimiento reclamado, por lo que sancion\u00f3 a Pedro Arnulfo Zuluaga Duque a 2 d\u00edas de arresto y multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; decisi\u00f3n que, en sede de consulta, el 5 de julio siguiente, revoc\u00f3 el despacho del circuito accionado, al considerar que \u00abel despido efectuado el 31 de diciembre de 2022\u2026 no se encuentra amparado por los efectos de la sentencia de tutela\u00bb, pues su concesi\u00f3n fue de car\u00e1cter transitorio por el t\u00e9rmino de 4 meses mientras se presentaba la demanda ordinaria, por lo que lo que los efectos de la misma solo se extend\u00edan por ese t\u00e9rmino, es decir, hasta el 30 de octubre de 2022, de ah\u00ed que, el amparo no pod\u00eda extenderse \u00aba unos eventos ocurridos el 31 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el estrado incurri\u00f3 en un defecto procedimental con la errada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 2591 de 1991, comoquiera que, \u00e9l inco\u00f3 la acci\u00f3n ordinaria dentro de los 4 meses y \u00abcomo bien se lee en la norma que indica que los efectos de la sentencia de tutela cuando se conceden con efectos transitorios subsisten hasta que el juez ordinario decida de fondo sobre el asunto\u00bb, raz\u00f3n por la que, en cumplimiento del fallo supralegal, su vinculaci\u00f3n laboral debe subsistir hasta la culminaci\u00f3n del juicio laboral; adem\u00e1s, porque el 1\u00b0 de junio de 2023 el Ministerio de Trabajo le notific\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0 1210 del 25 de octubre de 2022 por medio de la cual no autoriz\u00f3 su despido. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que \u00e9l cumpli\u00f3 con la carga de presentar la demanda laboral en el t\u00e9rmino indicado, por lo que la protecci\u00f3n amparada no debi\u00f3 fenecer, adem\u00e1s, porque si se ampararon sus derechos a no ser despedido, fue porque el fallador constitucional \u00abconsider\u00f3 que los medios ordinarios no eran eficaces para [su] protecci\u00f3n laboral, por la vulnerabilidad en la que [se] encuentra\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que est\u00e1 \u00absin empleo desde el 1\u00b0 de enero de 2023, con una familia que mantener, sin los servicios de salud para tratar [sus] patolog\u00edas, con un fallo de tutela que amparo [sus] derechos, y con una demanda que solo hasta noviembre de este a\u00f1o, se efectuar\u00e1 la primera audiencia, sin saber que por alguna novedad esta fecha se prorrogue\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena manifest\u00f3 que conoce del proceso ordinario laboral incoado por Gustavo Adolfo Ruiz Buelvas en contra de Pedro Arnulfo Zuluaga Duque, el que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y con prove\u00eddo de 13 de julio e 2023 dio por no contestada la demanda por falta de subsanaci\u00f3n y fij\u00f3 para el 15 de noviembre de los corrientes, para adelantar la audiencia inicial; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas, pues con auto de 5 de julio de 2023 revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato, toda vez que, no puede extender los efectos transitorios de la sentencia de tutela por m\u00e1s de los 4 meses otorgados, esto es, del 30 de octubre de 2022; remiti\u00f3 link para consulta del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pedro Arnulfo Zuluaga Duque, en nombre propio y como representante del establecimiento de comercio Centro Arrocero solicit\u00f3 mantener la decisi\u00f3n criticada, comoquiera que, se emiti\u00f3 en derecho, pues el amparo transitorio fenec\u00eda el 29 de octubre de 2022, empero, le dio la \u00aboportunidad\u00bb al promotor de continuar trabajando hasta el 31 de diciembre de 2022, momento en el que termin\u00f3 el contrato laboral acordado a t\u00e9rmino fijo y por \u00abcausa grave de la incapacidad falsa\u00bb por \u00abinducir en erro al m\u00e9dico tratante, asaltando en su buena fe al profesional de la salud, al inducirlo ha otorgar una incapacidad sin que el trabajador presentara molestia\u00bb, ya que present\u00f3 una incapacidad del 14 al 28 de noviembre de 2022, cuando ya hab\u00eda laborado los d\u00edas 14, 15, 16, 17 y 18 de ese mes, y tras un llamado de atenci\u00f3n por ello, \u00abregres\u00f3 con la incapacidad corregida del 19 al 28 de noviembre de 2022 en otro formato\u00bb, adem\u00e1s, no coincide con la epicrisis; destac\u00f3 que el actor dej\u00f3 vencer el amparo transitorio de 4 meses, pues si bien present\u00f3 la demanda laboral, lo hizo el 31 de octubre de 2022 y dicho t\u00e9rmino culmin\u00f3 el d\u00eda 30 inmediatamente anterior, sin contar que si admisi\u00f3n se dio s\u00f3lo hasta el 13 de diciembre siguiente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada desatendi\u00f3 el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 2591 de 1991, en la medida en que, seg\u00fan la norma en cita, la orden de tutela debe permanecer vigente durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial decida de fondo la acci\u00f3n ordinaria, siempre que el promotor cumpla con la carga impuesta, que, para el caso, el promotor inco\u00f3 el proceso ordinario dentro de los 4 meses posteriores a la sentencia, esto es, el 28 de octubre de 2022, de ah\u00ed que, hasta que el fallador natural no resuelva el proceso ordinario del despido injustificado, la medida constitucional contin\u00faa vigente. En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u2026ordenar al Despacho accionado que, dentro de las 48 horas posteriores a la notificaci\u00f3n de esta providencia, dicte y notifique una nueva providencia en la que resuelva la consulta de la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cartagena a Pedro Arnulfo Zuluaga Duque. Para ello deber\u00e1 tener en cuenta los argumentos planteados en la parte considerativa de esta sentencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Pedro Arnulfo Zuluaga Duque manifestando que el a quo constitucional no valor\u00f3 las pruebas por \u00e9l allegadas, pues, en su sentir, no es v\u00e1lida la acci\u00f3n ordinaria iniciada para mantener la orden constitucional impartida, ya que \u00abno se trata de presentar una demanda por cualquier motivo, ni de dar principio a cualquier clase de proceso, as\u00ed sea entre las mismas partes que lo han sido dentro del proceso de tutela. Si ello se aceptara, para asegurar la permanencia de la tutela otorgada ser\u00eda suficiente plantear un litigio, fundado o no, y en cualquier campo\u00bb, que para el caso, en la demanda laboral iniciada el promotor manifest\u00f3 que el accidente de trabajo ocurri\u00f3 el 28 de septiembre de 2020, cuando en realidad fue el 28 de octubre de ese a\u00f1o, adem\u00e1s, ya no manifest\u00f3 que es padre cabeza de hogar y dijo que la p\u00e9rdida de capacidad laboral dada por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez es del 0.0%, por lo que no goza de estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta, de ah\u00ed que, en su sentir, los hechos y pretensiones entre la tutela y la demanda laboral son diferentes. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la demanda laboral es improcedente porque el actor pidi\u00f3 el reconocimiento de pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, cuando \u00e9l ya los cancel\u00f3, sumando a que, pidi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997, cuando jam\u00e1s los desvincul\u00f3 por su limitaci\u00f3n funcional, m\u00e1xime cuando no padece de ella, adem\u00e1s que, de sufrir de alguna molestia de salud, las mismas exist\u00edan desde antes del inicio del v\u00ednculo laboral y las ocult\u00f3 para poder ingresar a trabajar \u00aby despu\u00e9s sacar[le] dinero\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la revocatoria al incidente de desacato se dio porque la nueva culminaci\u00f3n a la relaci\u00f3n laboral acaeci\u00f3 por hechos diferentes que no estaban amparados con la tutela, porque falsific\u00f3 incapacidades y las historias cl\u00ednicas; destac\u00f3 que \u00e9l tambi\u00e9n \u00abpresenta enormes quebrantos de salud, este tema no [lo] deja estar tranquilo y m\u00e1s porque [se] encuentra perdiendo dinero con algo injusto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso bajo estudio, se advierte que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto se desatendi\u00f3 el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, revisado el auto de 5 de julio de 2023, el despacho accionado al resolver el grado jurisdiccional de consulta, concluy\u00f3 que \u00abresulta desacertado, extender los efectos transitorios de la sentencia de tutela proferida el 29 de junio de 2022 a unos eventos ocurridos el 31 de diciembre de 2022, m\u00e1xime si se considera, que los efectos de dicha sentencia ya se hab\u00edan agotado el 30 de octubre de 2022 y que ya la resoluci\u00f3n de las controversias respecto del estado de debilidad manifiesta del actor se encuentra en manos del Juez natural de la causa, esto es el del Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, ante el cual el accionante puede exponer su situaci\u00f3n\u00bb, de donde se concluye que se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 respecto de la tutela como mecanismo transitorio, el cual refiere en sus incisos 1\u00b0 y 2\u00b0 que \u00abAun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez se\u00f1alar\u00e1 expresamente en la sentencia que su orden permanecer\u00e1 vigente s\u00f3lo durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por el afectado\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Ciertamente, lo dicho por el juzgado refiere a que los efectos de la sentencia fueron transitorios por 4 meses, los cuales expiraron el 30 de octubre de 2022, y que la terminaci\u00f3n del contrato se dio el 31 de diciembre siguiente, es decir, por un evento ocurrido con posterioridad, que si bien se present\u00f3 demanda ordinaria en el t\u00e9rmino estipulado, es all\u00ed donde debe exponer lo relativo a su debilidad manifiesta; de ah\u00ed que, se concluye, se evidencia una indebida interpretaci\u00f3n de la referida norma. <\/p>\n
Al tenor literal de la norma en cita y en aplicaci\u00f3n a la regla general, si el promotor cumpli\u00f3 con la carga de incoar la acci\u00f3n ordinaria dentro del t\u00e9rmino de 4 meses dispuesto por la concesi\u00f3n transitoria, la protecci\u00f3n constitucional debe continuar hasta que se resuelva el proceso laboral; que para el caso, Gustavo Adolfo cumpli\u00f3 con dicha condici\u00f3n, en la medida en que, present\u00f3 la demanda laboral el 28 de octubre de 2022 (dentro de los 4 meses posteriores al fallo de tutela), por lo que el amparo otorgado debe continuar vigente hasta que el Juzgado Octavo Laboral de Cartagena defina de fondo el proceso que aqu\u00e9l inco\u00f3 contra su empleador por un presunto despido injusto en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el estrado convocado cometi\u00f3 un desafuero con la interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 8\u00b0 del decreto 2591 de 1991, dejando de aplicar la regla general que proviene de dicha normatividad sobre la vigencia de la protecci\u00f3n constitucional como mecanismo transitorio, relievando que, si el opugnante no estaba de acuerdo con ello, pudo pedir adici\u00f3n al fallo de tutela de 29 de junio de 2022, en punto al l\u00edmite o temporalidad de la concesi\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, lleva a predicar que, como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el despacho judicial cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales al debido proceso del tutelante, ante la indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, destacando que, contrario a lo manifestado por el impugnante en su escrito, la demanda ordinaria s\u00ed se origin\u00f3 por el supuesto despido en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta y sin mediar permiso del Ministerio de Trabajo, al margen de las leves diferencia en la redacci\u00f3n que puedan existir, por lo que su reparo no es de recibo. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
3. Por otra parte, en punto a los reparos del impugnante, sobre la improcedencia de la demanda laboral por lo all\u00ed pretendido, pues, en su sentir, no hay lugar a ello, es pertinente destacar que tales alegaciones las debe exponer al interior de ese juicio y en la oportunidad pertinente, sin que tal discusi\u00f3n pueda plantearse al interior de este asunto, m\u00e1xime cuando el juicio ordinario est\u00e1 en tr\u00e1mite, y pendiente de adelantar la audiencia inicial. <\/p>\n
4. Lo dicho en precedencia impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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