STC8748-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8748-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 66001-22-13-000-2023-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Pereira el 28 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Restrepo promovi\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se dispuso la vinculaci\u00f3n de los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00023. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que el Juzgado de conocimiento \u00abnunca resuelve en t\u00e9rminos de tiempo perentorios los recursos, etapas procesales, petici\u00f3n alguna y menos fallos en acciones populares\u00bb mencion\u00f3 tambi\u00e9n, que desconoce los t\u00e9rminos del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso y, tampoco \u00abcumple t\u00e9rminos perentorios que impone la Ley 472 de 1998, pues tiene trabajo, excesivo motivo de acciones populares\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, no existe prueba de las cargas laborales mencionadas por el accionado como justificantes de su demora en el tr\u00e1mite de los procesos, por lo que considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado \u00abresolver los recursos pues tiene tiempo para hacerlo\u00bb as\u00ed mismo que \u00abse ordene aplicar los fallos de tutela que obligan a la estricta observancia de los t\u00e9rminos procesales. CSJ STC15220-2019, STC15139, STC15115-2019, STC 15 feb 1995 rad 1937, reiterada STC15116-2019\u00bb. <\/p>\n
Igualmente requiri\u00f3 \u00abprobar en derecho que la carga laboral motivo de acciones populares es exagerada, probando la cantidad de acciones populares y demostrando en todas y cada una de ellas, las etapas procesales, indicando, d\u00eda, mes y a\u00f1o de cada una de ellas a fin que me demuestre en derecho la supuesta carga laboral que nunca prueba en derecho y solo le consigna en el papel\u00bb, y, que \u00abse ordene la intervenci\u00f3n de la Procuradora General Naci\u00f3n y Defensor del Pueblo Colombia en Bogot\u00e1, a fin de que me garanticen art 29 CN en esta tutela , pues no soy abogado y me encuentro en estado de debilidad manifiesta Sent SU 108-18\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, inform\u00f3 que, contrario a lo mencionado por el reclamante, las actuaciones procesales en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00023, se realizaron cumpliendo los t\u00e9rminos perentorios. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, esa sede judicial cuenta con una carga laboral excesiva que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes y frente a la cual a\u00fan no se tiene una soluci\u00f3n definitiva. Posterior a ello, realiz\u00f3 un recuento de las providencias y actuaciones que han tenido lugar en los procesos a su cargo entre enero de 2022 y junio de 2023. <\/p>\n
En ese orden, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque no se ha presentado la vulneraci\u00f3n de los derechos alegada, a la par, remiti\u00f3 el link de acceso al expediente n\u00ba 2022-00023 con el fin de que se constate lo mencionado en trazos anteriores. <\/p>\n
2. La Procuradora Regional de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda, refiri\u00f3, que para la intervenci\u00f3n en las acciones populares que se presentan por los ciudadanos ante la Jurisdicci\u00f3n Civil, se ha designado a las personer\u00edas municipales para que act\u00faen como Agentes del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3, que dicha entidad no ha tomado decisiones que puedan afectar los derechos fundamentales del accionante, a la par, manifest\u00f3 que, el actor popular no se ha presentado ninguna solicitud, queja o reclamo para que dicha agencia intervenga en su defensa, en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
3. El Procurador 06 Judicial Civil II adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles, indic\u00f3, que luego de revisar el registro de las actuaciones desplegadas en la Acci\u00f3n Popular cuestionada, no se encontr\u00f3 alguna pendiente de realizar, tambi\u00e9n mencion\u00f3 que las actuaciones procesales se han desarrollado con regularidad, por ello, consider\u00f3 que la solicitud de tutela resulta carente de respaldo factico. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la tutela, no resulta el mecanismo id\u00f3neo para lograr que un juez indique su carga laboral, pues es el Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene a cargo dicha labor, tambi\u00e9n desestim\u00f3 las pretensiones del accionante respecto de la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, intervino a trav\u00e9s de apoderada judicial, quien luego de rese\u00f1ar la posici\u00f3n asumida por la Corte Constitucional en la sentencia C341 de 2014, frente al derecho fundamental al debido proceso, indic\u00f3 que de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, las acciones reguladas en dicha preceptiva, deben tramitarse en acatamiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad, eficacia, respeto por el debido proceso e impulso oficioso del juez. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en todo caso, es al Juez Constitucional a quien corresponde valorar las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso, as\u00ed mismo, solicit\u00f3, la desvinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
5. El Municipio de Pereira, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifest\u00f3, su falta de legitimaci\u00f3n en la causa, pues no ha vulnerado de alguna manera los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
Frente a la actuaci\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular 2022-00023, argument\u00f3, que ha dado cabal cumplimiento a sus deberes funcionales, por lo que, consider\u00f3 improcedente conceder el amparo solicitado por el accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, neg\u00f3 la solicitud de amparo, en raz\u00f3n a que aun cuando se configura la mora judicial alegada, la misma se encuentra justificada con la excesiva carga laboral que ha tenido que atender el Juzgado accionado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, tras se\u00f1alar, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad \u00abnunca cumple un solo t\u00e9rmino perentorio de tiempo que la Ley 472 de 1998 le impone y pretende que yo siga en eterna vigilancia judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Restrepo solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho constitucional al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado, pues al parecer, no cumple los t\u00e9rminos procesales que la Ley le impone para el tr\u00e1mite y sustanciaci\u00f3n de los juicios a su cargo, concretamente la acci\u00f3n popular n\u00ba 2022-00023. <\/p>\n
Junto con el amparo del mencionado derecho, solicit\u00f3, que se le ordene al Despacho Judicial accionado, resolver de manera inmediata los recursos que se encuentran pendientes, as\u00ed como aplicar algunos precedentes jurisprudenciales de esta Sala, tambi\u00e9n que el accionado demuestre la carga laboral que alega como justificante de demora en la sustanciaci\u00f3n del proceso, por \u00faltimo, que se ordene la intervenci\u00f3n de la Procuradora General Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo Colombia en Bogot\u00e1, para que se le garantice al accionante su derecho al debido proceso. <\/p>\n
2. El C\u00f3digo General del Proceso dispone que en las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia, los jueces y magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente ingrese al despacho para tal fin (art. 120). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, establece que, una vez vencido el t\u00e9rmino para presentar los alegatos de conclusi\u00f3n, la sentencia se proferir\u00e1 en los veinte (20) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
3. Revisada la queja y las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, la Sala advierte lo siguiente, <\/p>\n
3.1 La demanda en la acci\u00f3n popular promovida por el accionante y que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, fue radicada el 21 de enero de 2022 y admitida el 7 de febrero de 2022. <\/p>\n
3.2 Mediante providencia de nueve 9 de junio de 2022, se se\u00f1al\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo audiencia especial de pacto de cumplimiento. La mencionada audiencia fue llevada a cabo el 9 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3.3 En auto de 10 de agosto de 2022, se corri\u00f3 traslado a las partes, para alegar de conclusi\u00f3n y, posteriormente, se profiri\u00f3 sentencia el 13 de diciembre de 2022. El 6 de marzo de 2023, se fijaron las agencias en derecho y se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
3.5 En decisi\u00f3n de 31 de julio de 2023, se neg\u00f3 por improcedente el recurso interpuesto por el accionante, as\u00ed mismo se dispuso no dar tr\u00e1mite a un memorial allegado por la coadyuvante. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo anterior, debe decirse que no evidencia la Sala, que el Despacho accionado haya excedido los t\u00e9rminos para expedir los autos a lo largo del tr\u00e1mite procesal, a dicha conclusi\u00f3n se llega, luego de contrastar las providencias mencionadas con los informes de ingreso al Despacho. <\/p>\n
No ocurre lo mismo, con la expedici\u00f3n de la sentencia, pues en su emisi\u00f3n si se excedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas establecido para ello, resultando claro que el Despacho Judicial accionado, present\u00f3 una demora en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, dicha mora encuentra justificaci\u00f3n en la excesiva carga laboral que aqueja al Juzgado accionado, situaci\u00f3n que conforme a la documental allegada ya se ha puesto en varias ocasiones en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura y frente a la cual, no se han tomado medidas de descongesti\u00f3n o apoyo, en raz\u00f3n de una presunta falta de recursos. <\/p>\n
Puestas, as\u00ed las cosas, aun cuando se configur\u00f3 la mora judicial alegada, no es posible dar paso a la protecci\u00f3n invocada, en raz\u00f3n de que ella s\u00f3lo se abre paso \u00absi logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, (\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ. STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01, citada entre otras, en STC15497- 2022, STC3699-2023 y STC4918-2023). <\/p>\n
5. Ahora bien, frente a los recursos mencionados por el reclamante, como \u00abpendientes de resolver\u00bb, se evidencia que la situaci\u00f3n no persiste, pues los memoriales que alleg\u00f3 fueron resueltos en providencia de 31 de julio de 2023, por lo que frente a esa presunta tardanza se configura un hecho superado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, \u00ab(\u2026) el \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020, STC11271-2021 y STC3782-2022, entre otras). <\/p>\n
6. De otro lado, respecto a la aplicaci\u00f3n de los fallos constitucionales citados por el convocante, se se\u00f1ala que las determinaciones all\u00ed adoptadas son inter partes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia, al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC1295-2022, STC14974-2022, entre otras). <\/p>\n
7. En cuanto a la petici\u00f3n dirigida a que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, intervenir en la acci\u00f3n popular en defensa del derecho al debido proceso del accionante, dicha petici\u00f3n no se abre paso, pues, de la documental acopiada, no se evidencia que dichas entidades de manera activa o pasiva hayan vulnerado los derechos fundamentales del accionante por lo que no resulta procedente darles alguna orden. <\/p>\n
De otra parte, por cuanto dichas entidades ya se encuentran vinculadas al tr\u00e1mite procesal de la acci\u00f3n popular 2022-00023. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en raz\u00f3n de que el objeto de la acci\u00f3n popular no es la protecci\u00f3n de derechos o intereses de una persona en particular, como pretende en accionante, sino la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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