STC8752-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8752-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 25 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Alfonso Chavarro Morera, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de los Juzgados Primero Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Neiva, N\u00e9stor Jos\u00e9 Uribe Sierra, Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00b0 2016-00584. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que N\u00e9stor Jos\u00e9 Uribe Sierra promovi\u00f3 demanda ejecutiva de m\u00ednima cuant\u00eda contra Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n, tr\u00e1mite en el que fue designado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva como curador ad litem del demandado, por lo que en cumplimiento de las obligaciones propias de su cargo formul\u00f3 las respectivas excepciones, entre otras, la de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, que fue declarada como probada, llevando as\u00ed a la terminaci\u00f3n del proceso y la condena en costas al ejecutante. <\/p>\n
Sostuvo que el mencionado despacho procedi\u00f3 a liquidar las costas, y se\u00f1al\u00f3 la suma de $2.000.000 como agencias en derecho, liquidaci\u00f3n que se encuentra en firme. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en su condici\u00f3n de representante legal del demandado y, a efectos de que se cumpliera lo dispuesto en la sentencia, requiri\u00f3 librar mandamiento de pago en favor de Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n por el valor de las costas procesales; no obstante, el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 su pretensi\u00f3n argumentando que, dada su condici\u00f3n de curador ad litem no se encontraba legitimado en la causa para iniciar la ejecuci\u00f3n, pues deb\u00eda entenderse que las costas procesales le correspond\u00edan a la parte y no a su apoderado. <\/p>\n
En su criterio tal razonamiento, resulta equivocado, pues desconoce que el proceso judicial sali\u00f3 avante en favor del demandado gracias a su gesti\u00f3n, adem\u00e1s de la disposici\u00f3n legal que establece que las agencias en derecho son aquella contribuci\u00f3n econ\u00f3mica que se impone al extremo vencido, con el fin de cubrir en parte los honorarios profesionales que ha debido cancelar su contraparte, para poder ejercer su defensa. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, autoridad que en auto de 27 de marzo de 2023 resolvi\u00f3 confirmarla, desconociendo, seg\u00fan refiri\u00f3, la obligaci\u00f3n de correrle el respectivo traslado para alegar, por lo que, bajo una aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso lo priv\u00f3 de la oportunidad que otorga el inciso 2 del numeral 3 del art\u00edculo 332 ib\u00eddem. <\/p>\n
Afirm\u00f3, igualmente, que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en un grave error, al tramitar el recurso, en lugar de remitir el expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, que hab\u00eda conocido inicialmente de una apelaci\u00f3n en el mismo proceso, omitiendo as\u00ed, que le correspond\u00eda al otro funcionario continuar conociendo en segunda instancia todas las decisiones que fueran objeto de impugnaci\u00f3n por parte de alguno de los intervinientes en el litigio, teniendo en cuenta la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Ante ese proceder formul\u00f3 incidente de nulidad por falta de competencia, el cual fue rechazado de plano por el Juzgado accionado mediante auto de 19 de mayo de 2023, decisi\u00f3n que cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo, aduciendo que, en la misma, el despacho expresamente reconoci\u00f3 el error, al se\u00f1alar que la omisi\u00f3n por parte del a quo de advertir en el oficio remisorio que, en dicho proceso ya se hab\u00eda surtido otra apelaci\u00f3n, lo indujo en error, as\u00ed como a la oficina judicial. <\/p>\n
Sostuvo que la situaci\u00f3n descrita no puede servir de excusa al Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva para tratar de ocultar el desacierto en el que incurri\u00f3, al no remitir el expediente al hom\u00f3logo Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, autoridad a la cual le correspond\u00eda resolver las apelaciones que se llegaren a formular en el asunto cuestionado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva dar el tr\u00e1mite legal al recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago requerido en procura de recaudar las costas procesales, \u00abdando para ello cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, a efectos de que se [le] permita agregar nuevos argumentos a la impugnaci\u00f3n planteada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, se limit\u00f3 a remitir el link de acceso al expediente del proceso ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
2. Luis Carlos Ram\u00edrez Alvarado designado como curador ad litem de Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n en el presente asunto, se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela y manifest\u00f3 que no se observaba vulneraci\u00f3n al debido proceso del actor por la falta de competencia que formul\u00f3, quien, adem\u00e1s, carece de legitimaci\u00f3n en la causa para invocar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al no hab\u00e9rsele reconocido el derecho a reclamar las costas judiciales, pues es una garant\u00eda que no le asiste. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al considerar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de Alfonso Chavarro Morera, por cuanto no acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos de la agencia oficiosa y tampoco, los del apoderamiento, para promover el amparo en nombre de Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n, titular de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, por su condici\u00f3n de parte demandada en el proceso ejecutivo n\u00ba 2016-00584. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que las garant\u00edas que pueden resultar afectadas con las decisiones proferidas por los despachos judiciales accionados al determinar en primer grado negar mandamiento ejecutivo, y en segundo, confirmar la providencia y, rechazar de plano la nulidad invocada, pertenecen a Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n, como demandado y no a su curador ad litem. <\/p>\n
Determin\u00f3 que, en el mejor de los casos, al tramitarse nuevamente la apelaci\u00f3n del auto y librarse orden de pago, esta ser\u00eda en beneficio de la parte, no de su curador ad litem, considerando que las agencias, incluidas en el concepto de costas \u00abno corresponden a un pago de honorarios pues, al tratarse de un reconocimiento que se realiza a la parte vencedora, bien sea que haya actuado por intermedio de apoderado o directamente en el proceso, no corresponden al reconocimiento de una labor profesional, sino a la compensaci\u00f3n razonable de los esfuerzos de tiempo, dedicaci\u00f3n, diligencia y eficacia que tuvo el actor y en relaci\u00f3n con la naturaleza y duraci\u00f3n de la causa procesal\u00bb, circunstancia a la que se sumaba otra de igual importancia, como lo es la gratuidad en el ejercicio de curadur\u00eda prevista en numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 que el a quo constitucional incurri\u00f3 en grave error al considerar que no estaba legitimado para promover la solicitud de amparo, porque \u00abuna cosa es que promoviera una ejecuci\u00f3n para lograr el recaudo de unas costas procesales que le hab\u00edan sido impuestas al demandante N\u00e9stor Jos\u00e9 Uribe Sierra, y otra cosa muy distinta es que fuera a disponer del derecho en litigio, como equivocadamente lo sostiene la Corporaci\u00f3n en su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, insisti\u00f3 en que la autoridad accionada err\u00f3 al rechazar de plano el incidente de nulidad que formul\u00f3 por falta de competencia, bajo el argumento de una presunta falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, causal que no est\u00e1 prevista para rechazar de plano esa clase de solicitudes, m\u00e1xime cuando dicha circunstancia deb\u00eda haber sido estudiada al momento de la decisi\u00f3n final. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que se encontraba demostrada la falta de competencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva para resolver la nulidad propuesta, \u00absiendo tan evidente dicha incompetencia que hasta el mismo juez en la decisi\u00f3n que resuelve la alzada, admite que lo hicieron incurrir en un error al tramitar una impugnaci\u00f3n cuyo conocimiento correspond\u00eda al Juez Quinto Civil del Circuito de Neiva Huila, despacho judicial que ya anteriormente hab\u00eda conocido de otra alzada, dentro del mismo proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Alfonso Chavarro Morera acude a este mecanismo excepcional, con el fin de obtener la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva el 19 de mayo de 2023, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 rechazar de plano el incidente de nulidad que propuso por falta de competencia. <\/p>\n
3. Analizado el escrito de tutela y los argumentos all\u00ed expuestos, se evidencia que el interesado acude a esta sede constitucional en nombre propio, reclamando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y no los de Benjam\u00edn Medina Garz\u00f3n a quien represent\u00f3 como curador ad litem en el proceso ejecutivo n\u00ba 2016-00584, circunstancia que permite establecer su legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, a diferencia de lo considerado por el a quo constitucional. <\/p>\n
En ese orden, se proceder\u00e1 a efectuar el estudio de fondo del asunto, desde su puntual caso, teniendo en cuenta que, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que presuntamente se le violan o amenazan sus derechos fundamentales\u00bb. (STC8939-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, estudiados los aspectos que fundamentan la inconformidad del actor, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva en la providencia de 19 de mayo de 2023, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1. En efecto, el despacho accionado al estudiar la solicitud de nulidad por falta de competencia propuesta por el aqu\u00ed reclamante, en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto que neg\u00f3 librar mandamiento de pago por el valor de las costas procesales, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abSe decide la solicitud de nulidad propuesta por el apelante en el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n del auto que conoci\u00f3 \u00e9ste despacho frente al auto de primera instancia del 26 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva, apelaci\u00f3n decidida por este despacho por auto del 27 de marzo de 2023 en el que despu\u00e9s de haberse devuelto el expediente al juzgado de origen el apelante formula nulidad de lo actuado en \u00e9sta instancia por \u201cfalta de competencia\u201d pues el juzgado quinto civil del circuito de Neiva hab\u00eda conocido de otra apelaci\u00f3n en el presente proceso, \u201ccircunstancia esta que indefectiblemente nos conduce a concluir que correspond\u00eda a ese funcionario judicial, continuar conociendo en segunda instancia de todas las decisiones que fueran objeto de impugnaci\u00f3n\u201d, aduciendo que ni siquiera se corri\u00f3 traslado para presentar alegatos ni permit\u00edrsele alegar la falta de competencia. Pide que se declare la nulidad y se remita el expediente al juzgado quinto civil del circuito de Neiva\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, hizo referencia al art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual establece que se rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad cuando se funde en causal distinta de las establecidas en el estatuto procesal y, cuando a pesar del vicio el acto haya cumplido su finalidad y no se haya violado el derecho de defensa. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, para el caso concreto, la nulidad se hab\u00eda fundamentado en la falta de competencia que, seg\u00fan el interesado, se configur\u00f3 porque previamente otro Juzgado Civil del Circuito hab\u00eda conocido otra apelaci\u00f3n en ese mismo proceso, de manera que deb\u00eda conocer todas las dem\u00e1s apelaciones que se surtieran en dicho asunto y no otro Juzgado. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente al punto, la causal invocada es falta de competencia, sin embargo, al examinar el argumento en que se soporta en realidad no se trata del desconocimiento de una regla de competencia sino de una regla de reparto. En efecto, este juzgado s\u00ed es competente para conocer y decidir apelaciones respecto de procesos de primera instancia tramitados y decididos por juzgados civiles municipales, y esa competencia nos la da el art\u00edculo 33-1 del CGP, luego s\u00ed es competente \u00e9ste juzgado para haber conocido y decidido esa apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero de lo que se duele el censor es que como otro juzgado civil del circuito hab\u00eda conocido antes otra apelaci\u00f3n en \u00e9ste mismo proceso, que entonces deb\u00eda ser ese juzgado y no el nuestro el que deb\u00eda conocer y decidir la alzada. Ese argumento, no corresponde a una regla de competencia de las definidas en la ley, sino a una regla de reparto contenida en un reglamento, y aunque el censor no la cita, debemos recordar que esa regla de reparto se encuentra en el art\u00edculo 7.5. del Acuerdo 1472 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura que se\u00f1ala: \u201ccuando un asunto fuere repartido por primera vez en segunda instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por el superior funcional, el negocio ser\u00e1 asignado a quien se le reparti\u00f3 inicialmente\u201d. Esta es una regla de reparto y no de competencia, prevista en un reglamento y no en la ley procesal, y el llamado a aplicarla en principio es la oficina de reparto, lo cual, al parecer, no hizo en \u00e9ste caso, y no lo hizo porque el juzgado de primera instancia, en el oficio remisorio del expediente para que se surtiera el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n no advirti\u00f3 tal situaci\u00f3n, lo que, al parecer indujo a error tanto a la oficina judicial como a \u00e9ste despacho y fue por esa raz\u00f3n que al parecer no se dio aplicaci\u00f3n a esa regla, pero esa situaci\u00f3n, por s\u00ed sola, no configura ni remotamente, falta de competencia de \u00e9ste despacho, ni la causal verdaderamente cuestiona la fatal de competencia sino la omisi\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de una regla de reparto. <\/p>\n
Frente al punto, la jurisprudencia ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201cLa aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente, ni mucho menos a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, el juez debe tramitar la acci\u00f3n o decidir la impugnaci\u00f3n, seg\u00fan el asunto puesto a su conocimiento\u201d\u00bb. (\u00e9nfasis de esta Sala). <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que la causal invocada en realidad no correspond\u00eda a falta de competencia porque no se alegaba infracci\u00f3n de ninguna regla de competencia de las estipuladas en la ley procesal, sino, el no haber aplicado una regla de reparto prevista en un reglamento dirigido a la Oficina Judicial, por tanto, como la causal estudiada en su integridad, no se compadec\u00eda genuinamente como falta de competencia, deb\u00eda rechazarse. <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3 que aun suponiendo que se alegara que se invoc\u00f3 como causal la falta de competencia y deb\u00eda tramitarse, el eventual yerro qued\u00f3 saneado al haberse decidido por ese despacho la apelaci\u00f3n, porque a pesar de no cumplirse la regla de reparto por causas ajenas a la oficina de reparto y a esa sede judicial, el acto cumpli\u00f3 su finalidad, habida cuenta que se decidi\u00f3 de fondo la apelaci\u00f3n, atendiendo los motivos de inconformidad del recurrente, de manera que no se infringi\u00f3 ninguna disposici\u00f3n ni se vulner\u00f3 el derecho de defensa del interesado, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda, igualmente, rechazarse de plano la nulidad. <\/p>\n
Asimismo, expuso: <\/p>\n
\u00abEs tan claro lo anterior, que el solicitante no se duele en ning\u00fan momento de lo decidido por el juzgado o que no se hubiera derrotado su argumento de apelaci\u00f3n o que se hubiera desechado sin el estudio de fondo, lo \u00fanico que cuestiona es no haberse aplicado esta regla de reparto. En tal sentido, obtuvo decisi\u00f3n de fondo en segunda instancia, que mantiene inc\u00f3lume el n\u00facleo esencial del debido proceso frente a la situaci\u00f3n concreta que se cuestiona, porque no se afecta su derecho de defensa. El debido proceso no le da derecho a ninguna persona a elegir o preferir determinado fallador, luego al haberse decidido de fondo, no se viola ni el debido proceso ni el derecho de defensa. En lo sustancial lo exigido era decidir la apelaci\u00f3n y esto sucedi\u00f3, de modo que el acto cumpli\u00f3 su finalidad y si alg\u00fan defecto hubo por no aplicaci\u00f3n de la regla de reparto, se entiende saneado y la nulidad debe rechazarse de plano conforme a 136-4 y 135 inciso final del CGP\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consider\u00f3 que tampoco hab\u00eda lugar a dar traslado del recurso de apelaci\u00f3n, puesto que se interpuso frente a un auto, cuyo tr\u00e1mite se encuentra estipulado en el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso, disposici\u00f3n que no prev\u00e9 que deba darse traslado en segunda instancia, sino simplemente fallar de plano y por escrito, gesti\u00f3n que realiz\u00f3 el despacho, adem\u00e1s de estudiar de fondo el motivo de inconformidad del apelante, por tanto el derecho de defensa y debido proceso se mantuvieron inc\u00f3lumes. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho alegada por Alfonso Chavarro Morera y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, el Juzgado accionado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, determinado que el argumento expuesto por el interesado al invocar la nulidad, no correspond\u00eda al desconocimiento de una regla de competencia estipulada en la ley sino a una regla de reparto establecida en el Acuerdo 1472 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, por tanto la solicitud de nulidad deb\u00eda ser rechazada, pues en realidad, no existi\u00f3 falta de competencia por parte de ese despacho al conocer la apelaci\u00f3n del auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago de las costas procesales, habida cuenta que, de conformidad con el art\u00edculo 33-1 del estatuto procesal civil le corresponde a los Juzgados Civiles del Circuito decidir las apelaciones respecto de procesos de primera instancia tramitados por Juzgados Civiles Municipales, como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consider\u00f3 que a pesar de no haberse cumplido la regla de reparto por causas ajenas a la oficina encargada de tal labor y a ese despacho, el acto cumpli\u00f3 su finalidad quedando saneado el eventual yerro, toda vez que se decidi\u00f3 de fondo la apelaci\u00f3n, atendiendo los motivos de inconformidad del interesado. <\/p>\n
Igualmente, resolvi\u00f3 que no hab\u00eda lugar a darle traslado para alegar, teniendo en cuenta que se trataba de una apelaci\u00f3n contra auto, por tanto, al tenor del canon 326 del C\u00f3digo General del Proceso, en esa instancia el recurso se debe fallar de plano y por escrito, como en efecto procedi\u00f3 el despacho, estudiando de fondo la inconformidad del recurrente. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Alfonso Chavarro Morera a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la decisi\u00f3n objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el accionante con la argumentaci\u00f3n rese\u00f1ada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades. (STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8752-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC8752-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2023-00152-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75824","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75824\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}