STC8782-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8782-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00167-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bucaramanga, treinta (30) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de agosto de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso Tierra Alta, contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de Cali, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a la querellada dar tr\u00e1mite a sus solicitudes, en punto a la liquidaci\u00f3n judicial que present\u00f3 el 3 de octubre de 2022. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 28 de julio de 2022 Adolfo Hern\u00e1ndez Garc\u00eda, como acreedor del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Tierra Alta, solicit\u00f3 liquidaci\u00f3n judicial en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006 de dicha sociedad, a la cual se le asign\u00f3 el radicado n\u00b0 2022-01-580166 y fue asignada a la Intendencia Regional de Cali. <\/p>\n
2.2. Por su parte, el 3 de octubre de 2022 Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso Tierra Alta, tambi\u00e9n solicit\u00f3 apertura de proceso de liquidaci\u00f3n judicial, asign\u00e1ndosele el radicado n\u00b0 2022-01-723366, empero, err\u00f3neamente se agreg\u00f3 al proceso de insolvencia del Fideicomiso Hotel Karibana Cartagena, sin que se emitiera pronunciamiento alguno. <\/p>\n
2.3. El 19 de diciembre de 2022 la Intendencia Regional de Cali, inadmiti\u00f3 la solicitud presentada por Adolfo Hern\u00e1ndez, al considerar que no cumpl\u00eda con los requisitos dispuestos en los art\u00edculos 2.2.2.12.9 del Decreto 1074 de 2015 y 49 de la Ley 1116 de 2006, por lo que requiri\u00f3 al representante legal de Alianza Fiduciaria para que, en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, allegara la informaci\u00f3n requerida, entre ellas, de tipo financiero; en el t\u00e9rmino (8 de marzo de 2023), el representante legal de Alianza Fiduciaria, advirti\u00f3 que, por su parte, tambi\u00e9n solicit\u00f3 dicha liquidaci\u00f3n judicial, la que est\u00e1 pendiente de pronunciamiento, donde aport\u00f3 todos los requisitos exigidos; asimismo, solicit\u00f3 que el asunto se siguiera en el marco de su propia solicitud. <\/p>\n
2.4. El 28 de febrero de 2023 la accionante inform\u00f3 a la intendencia Regional de Cali el yerro de incluir su solicitud de liquidaci\u00f3n en el proceso de insolvencia del Fideicomiso Hotel Karibana Cartagena, destacando que, su solicitud no hab\u00eda sido atendida. <\/p>\n
2.5. El 29 de mayo de 2023 la Intendencia accionada rechaz\u00f3 la solicitud de admisi\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n judicial del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Tierra Alta, solicitada Adolfo Hern\u00e1ndez Garc\u00eda como acreedor del mismo, esto, atendiendo la documentaci\u00f3n aportada con el memorial 2022-01-723366 con la que el Fideicomiso Tierra Alta present\u00f3 su solicitud de admisi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la tardanza de la Intendencia encausada en impartir el tr\u00e1mite pertinente a su solicitud de liquidaci\u00f3n judicial, pues desde el 3 de octubre de 2022 que la remiti\u00f3 y le asignaron a su solicitud el n\u00b0 2022-01-723366 no existe pronunciamiento de cara a su admisi\u00f3n, incumpliendo as\u00ed, <\/p>\n
el t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 14 de la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2.7. Anot\u00f3 que ante la mora de la Superintendencia en pronunciarse, realiz\u00f3 una b\u00fasqueda encontrando que Adolfo Hern\u00e1ndez Garc\u00eda como acreedor del Fideicomiso tambi\u00e9n hab\u00eda presentado solicitud de liquidaci\u00f3n judicial de esa Tierra Alta, y que su solicitud de admisi\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n lo hab\u00edan asociado al proceso de reorganizaci\u00f3n del Fideicomiso Hotel Karibana Cartagena, raz\u00f3n por la que \u00abcon objeto de la investigaci\u00f3n realizada se radic\u00f3 informaci\u00f3n para alertar la situaci\u00f3n bajo el radicado 2023-01-108448\u00bb, empero, tampoco ha tenido pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que \u00abla falta de respuesta para acceder a los beneficios de la Ley 1116 de 2006 est\u00e1 causando perjuicios muy graves tanto a los fideicomitentes como a los beneficiarios del Fideicomiso y los compradores de las unidades inmobiliarias que a\u00fan se encuentran a nombre del Fideicomiso\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo en aplicaci\u00f3n del principio de oficiosidad y las facultades ultra y extra petita, pues, en su sentir, se evidencia un yerro procedimental por parte de la Intendencia accionada, comoquiera que, al margen de que lo alegado sea la falta de pronunciamiento, advirti\u00f3 que la accionada desconoci\u00f3 el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que, rechaz\u00f3 la solicitud de liquidaci\u00f3n presentada por la actora, sin antes agotar la inadmisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el eventual rechazo es aplicable para quien no atendi\u00f3 la carga de subsanaci\u00f3n, en este caso, la presentada por Adolfo Hern\u00e1ndez, de ah\u00ed que, se present\u00f3 \u00abuna mixtura incomprensible, so pretexto que hay unidad de objeto\u00bb, por lo que \u00abla solicitud de liquidaci\u00f3n judicial presentada por Alianza Fiduciaria S.A., en la calidad mencionada, posteriormente, no debi\u00f3 valorarla como un escrito de subsanaci\u00f3n y cotejarla con los errores se\u00f1alados en la inadmisi\u00f3n que correspondi\u00f3 a la solicitud de la misma naturaleza radicada por uno de sus acreedores, para, de ese modo, disponer su rechazo, sino que debi\u00f3 examinarla como una acci\u00f3n independiente y, de ser el caso, inadmitirla por no satisfacer los requisitos de conformaci\u00f3n que exige la ley, que no desde\u00f1arla de golpe, sacrificando el derecho sustancial que le asiste a la parte actora\u00bb; en consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u2026ORDENAR a la Intendencia Regional Cali, adscrita a la Superintendencia de Sociedades, que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, se pronuncie sobre la solicitud de liquidaci\u00f3n judicial de Fideicomiso Tierra Alta, con n\u00famero de radicaci\u00f3n \u00ab2022-01-723366\u00bb del 03 de octubre de 2022, presentada por Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo mencionado, a tono con las reflexiones vertidas en el cuerpo considerativo de esta providencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, al considerar que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, pues aplic\u00f3 lo reglado en la Ley 1116 de 2006 en el estudio de la solicitud de admisi\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n judicial, al punto que con auto de 2023-03-004126 del 29 de mayo de 2023 se pronunci\u00f3 de fondo sobre la admisi\u00f3n, por lo que no se le puede impartir una orden constitucional; de ah\u00ed que, exista un hecho superado. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, con auto 2022-03-011638 de 19 de diciembre de 2022 inadmiti\u00f3 la solicitud presentada por Adolfo Hern\u00e1ndez, no sin antes requerir a Alianza Fiduciaria, en calidad de vocera del fideicomiso, para que allegara la informaci\u00f3n, t\u00e9rmino en el que el representante legal le manifest\u00f3 que los anexos hab\u00edan sido remitidos con su solicitud, por lo que no deb\u00eda ser tomado como una solicitud independiente de admisi\u00f3n, sino como una respuesta a la inadmisi\u00f3n, lo que conllev\u00f3, insiste, al rechazo. <\/p>\n
Anot\u00f3 que al existir 2 solicitudes de admisi\u00f3n de liquidaci\u00f3n del mismo fideicomiso, no se puede estudiar de manera aislada dichas solicitudes, relievando que, el rechazo de la solicitud no limita a los sujetos para presentar nuevamente la solicitud de admisi\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n judicial, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos de ley. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja de la promotora del amparo se dirige a la supuesta tardanza en pronunciarse sobre su solicitud de admisi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n judicial pretendida; de entrada, advierte la Corte que el resguardo concedido por el a quo constitucional debe ser revocado. <\/p>\n
Ciertamente, examinadas las diligencias, se observa que la Intendencia encausada, con auto 2022-03-011638 de 19 de diciembre de 2022 inadmiti\u00f3 la solicitud de inici\u00f3 de proceso liquidatorio del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Tierra Alta pretendida por un acreedor, otorgando 5 d\u00edas para allegar la informaci\u00f3n requerida, instando al representante legal de Alianza Fiduciaria, como vocera y administradora de referido fideicomiso, para que cumpliera con tal carga. <\/p>\n
En el t\u00e9rmino concedido, la ac\u00e1 accionante manifest\u00f3 que el 30 de septiembre de 2022 -radicado el 3 de octubre de 2022- tambi\u00e9n solicit\u00f3 admisi\u00f3n a la liquidaci\u00f3n judicial de la misma, donde aport\u00f3 todos los documentos requeridos y exigidos para tal fin, pretendiendo se siga su curso en el marco de la misma solicitud; por lo anterior, la Superintendencia glos\u00f3 al tr\u00e1mite la solicitud y documentaci\u00f3n \u00abaportada con el memorial 2022-01-723366\u00bb, no obstante, al incumplir los requisitos exigidos, el 29 de mayo de 2023 rechaz\u00f3 \u00abla solicitud de admisi\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n judicial del PATRIMONIO AUT\u00d3NOMO FIDEICOMISO TIERRA ALTA\u00bb, al tiempo que reconoci\u00f3 personer\u00eda al togado del patrimonio, quien ahora tambi\u00e9n viene con la presente solicitud de amparo. <\/p>\n
En ese orden, concluye la Sala que la supuesta falta de pronunciamiento a su solicitud es inexistente, si en cuenta se tiene que, con auto de 29 de mayo de 2023 impl\u00edcitamente se acumul\u00f3 las 2 solicitudes, y previa indicaci\u00f3n del apoderado de Alianza Fiduciaria, estudi\u00f3 los documentos aportados con su solicitud, sin que cumpliera con los requisitos dispuestos para tal fin, pues, a\u00fan teniendo en cuenta lo allegado por la actora, la misma era insuficiente para su admisi\u00f3n, conforme lo pretendido. <\/p>\n
Entonces, como la mora censurada fue superada, por lo que el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u201d. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Aunado a lo anterior, visto el pronunciamiento emitido por la Superintendencia a la solicitud formulada por Alianza Fiduciaria, como vocera y administradora del Fideicomiso Tierras Alta, el cual ocurri\u00f3 con prove\u00eddo de 29 de mayo de 2023, tambi\u00e9n se encuentra que no est\u00e1 presente el presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n tuitiva, cual es el agotamiento de todos los recursos ordinarios ante el fallador natural. <\/p>\n
Ciertamente, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que la accionante no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mentado prove\u00eddo de 29 de mayo de 2023, el cual era procedente para exponer ante el fallador natural los reproches ahora alegados o su desacuerdo frente al tr\u00e1mite impartido, de ah\u00ed que, se evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, relievando que, si bien el 15 de junio siguiente formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, el 25 de julio de los corrientes la querellada no los atendi\u00f3, de un lado, el remedio horizontal por ser extempor\u00e1neo y, por otra parte, la alzada por improcedente. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo anterior, impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, negar, de forma integral, la acci\u00f3n de amparo, lo que implica que las decisiones adoptadas por la Superintendencia criticada, con ocasi\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, quedan sin efecto alguno, acorde con el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 19921. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, declara improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992. De los efectos de las decisiones de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo. <\/p>\n
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