AC1358-2023 (2018-00303-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1358-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11 001 31 03 027 2018 00303 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3, de manera principal, que se declarara la existencia del contrato de promesa de compraventa del inmueble ubicado en la calle 101 No. 35-52 de Bogot\u00e1 D.C., celebrado entre Seven Construcciones S.A.S., como promitente compradora y los demandados como promitentes vendedores. Igualmente, declarar que estos \u00faltimos incumplieron la promesa del contrato y son civil y contractualmente responsables frente a la demandante. <\/p>\n
En consecuencia, se les condene a suscribir en favor de la actora la respectiva escritura p\u00fablica de compraventa del inmueble prometido, y a pagarle, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, $5.098.713.323 y\/o la mayor suma que se demuestre dentro del proceso, indexada. <\/p>\n
Como \u00abprimeras pretensiones subsidiarias\u00bb, se pidieron las mismas declarativas e indemnizaci\u00f3n de perjuicios por la cantidad indicada en las principales. Y como \u00absegundas pretensiones subsidiarias\u00bb, declarar que los demandados incumplieron el referido contrato y son civilmente responsables, en consecuencia, declarar desierto el negocio por \u00abel exclusivo incumplimiento de los prometientes vendedores\u00bb y se ordenen las restituciones mutuas; adem\u00e1s, se condene a los accionados a la p\u00e9rdida de las arras confirmatorias y a indemnizar los perjuicios estimados en $5.098.713.323 y\/o la mayor suma que se demuestre dentro del proceso. <\/p>\n
2.- El sustrato f\u00e1ctico de las referidas aspiraciones, se contrae a que, el 21 de septiembre de 2015, entre las partes se celebr\u00f3 contrato de promesa de compraventa sobre un inmueble ubicado en Bogot\u00e1, por un precio de $2.000.000.000. A la fecha de la su firma, la demandada hizo entrega a los convocados de la suma de $200.000.000 y se comprometi\u00f3 a pagar lo restante mediante abonos a los apartamentos 601, 604 y 605 del edificio \u00abArco\u00edris Pasadena\u00bb. <\/p>\n
En el contrato se convino suscribir la escritura de compraventa el 24 de mayo de 2016, sin embargo, al lugar, fecha y hora programados para el efecto, solamente acudi\u00f3 la representante legal de la gestora, no as\u00ed los prometientes vendedores, lo que comporta el incumplimiento de \u00e9stos, que repercuti\u00f3 en graves y cuantiosos perjuicios para la demandante al ver frustrada la realizaci\u00f3n de un proyecto inmobiliario para el cual se requer\u00eda el inmueble objeto de la mencionada negociaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- R\u00e9plica de la demanda. <\/p>\n
3.1.- Irma Yolanda, Dalis Helena, Iv\u00e1n Nemecio, Mercedes, Esmer Leoncio, Gladys y Sandra Patricia Mar\u00edn Morales y Mercedes Morales de Mar\u00edn, se opusieron a las s\u00faplicas, propusieron excepciones de m\u00e9rito y formularon demanda de reconvenci\u00f3n1. <\/p>\n
En sustento de la mutua demanda, refirieron los hechos relacionados con la promesa de compraventa que vincul\u00f3 a las partes y, en s\u00edntesis, atribuyeron el incumplimiento a la demandante por no haber pagado los abonos correspondientes antes de la fecha fijada para otorgar la escritura de venta. En consecuencia, solicitaron declarar la resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento de la promitente compradora, quien, adem\u00e1s, deber\u00e1 perder la suma pagada por concepto de arras confirmatorias. <\/p>\n
3.2.- Por su parte, Hernando Josu\u00e9 y Jaime Alberto Mar\u00edn Morales, guardaron silencio durante el t\u00e9rmino de traslado2. <\/p>\n
4.- En su sentencia, el a quo declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa; neg\u00f3 las pretensiones de las demandas principal y de reconvenci\u00f3n, y conden\u00f3 en costas a las partes3. <\/p>\n
5.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n formulada por la parte demandante y por la apoderada de Hernando Josu\u00e9 y Jaime Alberto Mar\u00edn Morales, revoc\u00f3 el ordinal tercero del fallo de primera instancia4 y en su lugar, dispuso: <\/p>\n
A). Se declaran impr\u00f3speras las excepciones de m\u00e9rito presentadas por la demandada en reconvenci\u00f3n; <\/p>\n
B). Por el incumplimiento de la promitente compradora, se declara resuelto el \u201cCONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE\u201d celebrado entre la Sociedad Seven constructores S.A.S. como promitente compradora y los se\u00f1ores Mercedes, Sandra patricia e Irma Yolanda Mar\u00edn Morales, esta \u00faltima en nombre propio y en representaci\u00f3n de Esmer Leoncio Mar\u00edn Morales, Gladys Mar\u00edn de Carrillo, Dalis Helena Mar\u00edn de Cuellar, Iv\u00e1n Nemesio Mar\u00edn Morales, Hernando Josu\u00e9 Mar\u00edn Morales y Mercedes Morales de Mar\u00edn, como promitentes vendedoras, suscrito el 21 de septiembre de 2015, y trat\u00f3 sobre el predio ubicado en la calle 102 No. 50-52 (antes calle 101 No. 35-52) de Bogot\u00e1. <\/p>\n
C) Se condena a los promitentes vendedores a restituir a la sociedad Seven Construcciones S.A.S., dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de doscientos cincuenta y seis millones de pesos ($256.000.000) por concepto del precio pagado como abono al contrato de promesa celebrado, suma que ya contiene la indexaci\u00f3n hasta la fecha de este fallo; y $13.815.780,oo, suma indexada que corresponde a la de $11.418.000,oo de impuesto predial que pag\u00f3 la demandante inicial por el a\u00f1o 2016, del predio materia del negocio jur\u00eddico aqu\u00ed juzgado; para un total de $269.815.780,oo. Si el pago no se hace oportunamente se causar\u00e1n intereses moratorios civiles a la tasa del 6% anual, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para decidir de ese modo, en resumen, expuso: <\/p>\n
5.1.- Frente al recurso de apelaci\u00f3n de la promotora. <\/p>\n
Estim\u00f3 que qued\u00f3 demostrado el incumplimiento contractual de Seven Construcciones S.A.S., por lo que las pretensiones estaban llamadas al fracaso, de manera que ning\u00fan yerro cometi\u00f3 el a quo al desestimarlas. Al efecto, acot\u00f3: <\/p>\n
5.1.1.- Se alleg\u00f3 el \u00abcontrato de promesa de compraventa de inmueble\u00bb suscrito el 21 de septiembre de 2015 entre la demandante y los accionados iniciales, aquella como promitente compradora y \u00e9stos como promitentes vendedores; all\u00ed se pact\u00f3 que el 24 de mayo de 2016, en la Notar\u00eda Treinta de esta capital, los primeros vender\u00edan a la segunda un inmueble ubicado en la calle 101 No. 35-52 de Bogot\u00e1. Conforme a los t\u00e9rminos del referido pacto, la promitente compradora se oblig\u00f3 a pagar una parte del precio antes del 24 de agosto de 2016, fecha en la cual deb\u00eda cancelar otra fracci\u00f3n del mismo, sin embargo, est\u00e1 probado que no satisfizo el pago de las cuotas que se oblig\u00f3 a solventar el 22 de septiembre de 2015, as\u00ed lo reconoci\u00f3 ella misma desde la demanda (Hechos 8 y 9) pretextando impedimento para cumplir. <\/p>\n
5.1.2.- Respecto a que Sandra Patricia Mar\u00edn Morales, Roc\u00edo Carolina Carrillo Mar\u00edn, Carlos Alfredo Castro y Mercedes Mar\u00edn Morales deb\u00edan diligenciar toda la documentaci\u00f3n exigida por Fiduciaria Central S.A. para la respectiva vinculaci\u00f3n, no es jur\u00eddicamente posible hallar en el contrato que se hubiese pactado semejante condici\u00f3n; all\u00ed no aparece, ni hay c\u00f3mo deducir, que quienes recibir\u00edan los apartamentos del edificio Arco\u00edris Pasadena debieran entenderse con la fiduciaria ni abrir cuentas all\u00ed; luego, no es una obligaci\u00f3n a cargo de los promitentes vendedores. Dado que no se acredit\u00f3 la existencia de otras estipulaciones condicionantes, el contrato creado el 21 de septiembre de 2015 constituye la \u00fanica fuente de obligaciones exigibles entre las partes; y trat\u00e1ndose de contrato de promesa de compraventa, cualquier modificaci\u00f3n a lo pactado, debe hacerse por escrito; de lo contrario no produce ning\u00fan efecto, as\u00ed lo manda el art\u00edculo 1611 C\u00f3digo Civil y lo ha precisado la jurisprudencia. <\/p>\n
Tal circunstancia deja en el vac\u00edo el reparo consistente en que se hizo una errada valoraci\u00f3n de los testimonios de Vilma Alcira Cardona, Juanita Prieto y John Gervacio Giraldo, pues si en el contrato de promesa no se pact\u00f3 esa obligaci\u00f3n, resulta del todo irrelevante que se probara tal exigencia. Se resalta, adem\u00e1s, que la juez de primer grado s\u00ed valor\u00f3 de modo individual y en conjunto ese grupo de testimonios, para concluir que ninguna conten\u00eda elementos de juicio relevantes para lo que aqu\u00ed se discut\u00eda. <\/p>\n
5.1.3.- Tampoco se advierte c\u00f3mo \u00abanudar los contratos de promesa de compraventa de los apartamentos 601, 604 y 605 con el que aqu\u00ed se analiza\u00bb, en cuanto concierne con la estipulaci\u00f3n de obligaciones a cargo de los accionados iniciales, que se trasladaran a este negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
En el par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula tercera de las promesas de venta de dichos apartamentos se pact\u00f3: \u00abLos pagos a que se refiere la Cl\u00e1usula Tercera de este documento y que hagan referencia a la cancelaci\u00f3n de cada una de las cuotas pactadas en el precio de este contrato, los realizar\u00e1 SEVEN CONSTRUCCIONES S.A.S. seg\u00fan lo pactado en la promesa de compraventa de la casa (\u2026) a favor de EDIFICIO ARCOIRIS PASADENA y\/o mediante consignaci\u00f3n en la cuenta corriente a nombre de la FIDUCIARIA CENTRAL\u00bb; esto revela que, contrario a lo alegado por la impugnante, los pagos de la constructora no estaban sometidos a la condici\u00f3n de que los promitentes vendedores de la casa hubieran abierto cuentas fiduciarias. Las alternativas para cumplir con los pagos fueron dos: consignar a nombre del Edificio Arco\u00edris Pasadena o en la cuenta corriente de Fiduciaria Central; de manera que ning\u00fan impedimento exist\u00eda para que la obligada hiciera los pagos mediante consignaci\u00f3n en la cuenta del Edificio. <\/p>\n
Por otro lado, aunque la demandante primigenia pretendi\u00f3 justificar su incumplimiento en el pago de las cuotas alegando imposibilidad porque su contraparte no hizo los tr\u00e1mites para la apertura de la cuenta fiduciaria, apareci\u00f3 en la Notar\u00eda con un cheque de gerencia librado por el resto del precio que deb\u00eda. Si se admite que pod\u00eda realizarse el pago de todo el precio debido a sus acreedores, en sana l\u00f3gica, se impone convenir, que tambi\u00e9n pudo hacer los abonos acordados de igual forma, ante la falta de apertura de la cuenta fiduciaria. <\/p>\n
5.1.4.- Resulta del todo apartado de la realidad asegurar que las partes hab\u00edan acordado que los promitentes vendedores realizaran la gesti\u00f3n de apertura de cuenta en la fiduciaria, considerando que el contrato de promesa de compraventa fue celebrado el 21 de septiembre de 2015 y que los pagos en cuesti\u00f3n deb\u00edan ser hechos al d\u00eda siguiente. Semejantes exigencias no pod\u00edan ser satisfechas en menos de 24 horas, luego, el pacto se habr\u00eda hecho de imposible cumplimiento por aquellos, con lo cual se asegurar\u00eda que los promitentes compradores no hicieran esos pagos. <\/p>\n
5.1.5.- Por mandato del canon 1609 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[e]n los contratos bilaterales ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos\u00bb. As\u00ed, mientras el promitente comprador no hubiese honrado su obligaci\u00f3n de hacer los pagos en la forma y tiempo debidos, la promitente vendedora no incurri\u00f3 en mora. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el incumplimiento de la demandante de de pagar los abonos pactados para el 22 de septiembre de 2015, sin mediar justificaci\u00f3n legal, la inhabilita para pretender con \u00e9xito, tanto el cumplimiento como la resoluci\u00f3n del contrato y las indemnizaciones reclamadas. <\/p>\n
5.2.- Frente al recurso de apelaci\u00f3n de Hernando Josu\u00e9 y Jaime Alberto Mar\u00edn Morales. <\/p>\n
Atendiendo al tenor literal del contrato de promesa de compraventa, las prestaciones que temporalmente debieron ser primero satisfechas, fueron las de hacer los pagos o abonos acordados, cuya fecha de cumplimiento fue 22 de septiembre de 2015, obligaci\u00f3n a cargo de la promitente compradora, que seg\u00fan qued\u00f3 demostrado no cumpli\u00f3. A su turno, los promitentes vendedores estaban compelidos a presentarse a la Notar\u00eda Treinta de Bogot\u00e1 el 24 de mayo de 2016 a suscribir la escritura p\u00fablica de compraventa, y en la misma fecha, entregar el bien a la otra contratante. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que esas obligaciones eran sucesivas y siendo previas en el tiempo las de hacer los pagos parciales que no fueron honradas, ello constituye justificaci\u00f3n para que la promitente vendedora no hubiera concurrido a la notar\u00eda en la fecha y hora acordadas, torn\u00e1ndose procedente y con vocaci\u00f3n de prosperidad la acci\u00f3n resolutoria. En consecuencia, se revocar\u00e1 esta parte de la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su defecto, se acoger\u00e1 el petitum de resoluci\u00f3n contractual formulado en la demanda de reconvenci\u00f3n y no se acoger\u00e1 la pretensi\u00f3n relacionada con la p\u00e9rdida de las arras, toda vez que las pactadas son confirmatorias, pero s\u00ed se dispondr\u00e1 lo pertinente sobre las restituciones mutuas a que hay lugar. <\/p>\n
6.- Contra el prove\u00eddo de segunda instancia, la demandante inicial interpuso recurso de casaci\u00f3n, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos, con soporte en las causales 5\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.- En el primero se acusa que el fallo se dict\u00f3 en un juicio viciado de una causal de nulidad insaneable, espec\u00edficamente, el supuesto previsto en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso referido a cuando se \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb, por lo siguiente: <\/p>\n
Los demandados Hernando Josu\u00e9 y Jaime Alberto Mar\u00edn Morales no contestaron la demanda ni accionaron en reconvenci\u00f3n; as\u00ed se deduce del informe secretarial del 22 de enero de 2019 y del prove\u00eddo del 5 de febrero siguiente, en el cual el Juzgado, respecto de ellos, dijo que, \u00absurti\u00e9ndose el traslado de rigor permaneciendo silentes\u00bb; y solo en la audiencia del 27 de agosto de 2019, se le reconoci\u00f3 personer\u00eda a una abogada para actuar en su nombre. <\/p>\n
Como en la sentencia de primer grado se desestimaron las pretensiones de la contrademanda sin que ninguno de los reconvinientes formulara recurso de apelaci\u00f3n, ello significa que \u00abformalmente termin\u00f3 ese proceso (el de reconvenci\u00f3n), conforme lo impone el art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
La apoderada de Hernando Josu\u00e9 y Jaime Alberto Mar\u00edn Morales, apel\u00f3 y al sustentar el recurso, sali\u00f3 a la defensa de la reconvenci\u00f3n, pese a que sus poderdantes no fueron quienes la formularon. <\/p>\n
Err\u00f3 el Tribunal al haber estudiado la apelaci\u00f3n respecto de la desestimaci\u00f3n de la mutua demandada con los argumentos esgrimidos por quienes no la formularon, y sin reparar en que ese proceso como tal estaba concluido, procedi\u00f3 a \u00abdesestimar las excepciones impetradas contra las pretensiones de la demanda en reconvenci\u00f3n; declarar resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa objeto de la controversia; disponer la restituci\u00f3n con indexaci\u00f3n de la parte del precio que hab\u00eda sido pagado por la promitente compradora\u00bb. <\/p>\n
Al decidirse la apelaci\u00f3n en todo lo relacionado con la demanda de reconvenci\u00f3n, la sentencia de segunda instancia qued\u00f3 afectada de nulidad no susceptible de ser saneada, por lo que la Corte deber\u00e1 casarla y declarar su invalidez parcial. <\/p>\n
2.- En el segundo cargo se acus\u00f3 violaci\u00f3n indirecta de la ley por error de hecho manifiesto y trascedente, en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas. Para sustentarlo se hizo referencia a los art\u00edculos 29 y 230 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como 164 y 167 del C\u00f3digo General del Proceso; y en t\u00e9rminos generales, para la inconforme, el yerro alegado se deriv\u00f3 de lo siguiente: <\/p>\n
Se equivoc\u00f3 el Tribunal en sus apreciaciones en cuanto a la imposibilidad de \u00abanudar los contratos de promesa de compraventa de los apartamentos 601, 604 y 605, con el que aqu\u00ed se analiza\u00bb, toda vez que el contrato de promesa de compraventa \u00abmadre\u00bb y las promesas de compraventa de los apartamentos 601, 604 y 605 del Edificio Arco\u00edris Pasadena, \u00abderivadas\u00bb, conforman un todo respecto del negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes. <\/p>\n
La sentencia acusada arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n que el demandante principal fue el primero en el tiempo en incumplir las obligaciones contractuales, cuando en realidad, los \u00fanicos incumplidos fueron los prometientes vendedores al abstenerse de suscribir las promesas de compraventa derivadas, que estaban obligados a firmar coet\u00e1neamente con el contrato de promesa \u00abmadre\u00bb y por no devolv\u00e9rselas a la demandante, impidi\u00e9ndole iniciar los tr\u00e1mites ante la Fiduciaria Central S.A. <\/p>\n
Los testimonios de Vilma Alcira Cardona Garz\u00f3n, Juanita Mar\u00eda Prieto Cardona y Jhon Gervacio Giraldo G\u00f3mez se recaudaron, no para suplir la formalidad prevista para las promesas de compraventa, sino para acreditar que desde los or\u00edgenes del negocio los demandados principales actuaron de mala fe, y serv\u00edan para probar que la fecha de las promesas derivadas se modific\u00f3 en atenci\u00f3n a los ajustes postulados por aquellos. <\/p>\n
Igualmente hubo error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n que hizo el Tribunal acerca del supuesto incumplimiento de la accionante en los pagos, toda vez que \u00abse le impidi\u00f3 cumplir porque las promesas de compraventa derivadas no fueron firmadas ni devueltas\u00bb. No obstante, Seven Construcciones S.A.S. siempre estuvo presta a cumplir. A partir del \u00abcronograma de las obligaciones de las partes\u00bb, se deduce que la obligaci\u00f3n para la actora de pagar el saldo del precio por instalamentos nunca naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, porque quienes primero incumplieron fueron los demandados principales, al no firmar ni devolver las promesas de compraventa derivadas. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb5. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, se\u00f1ala que esta debe contener: <\/p>\n
(\u2026) 2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Por otra parte, las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 ibidem. <\/p>\n
2.- Cuando se invoca la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en errores de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho, por el desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que considere fueron quebrantadas. <\/p>\n
3.- La causal quinta de casaci\u00f3n, consiste en \u00abhaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, y est\u00e1 supeditada a los principios generales del r\u00e9gimen de nulidades procesales, esto es, especificidad, trascendencia y convalidaci\u00f3n; en palabras de Eduardo J. Couture, el primero ata\u00f1e a que \u00abno hay nulidad sin ley espec\u00edfica que la establezca\u00bb; conforme al segundo, \u00abno hay nulidad de forma si la desviaci\u00f3n no tiene trascendencia sobre las garant\u00edas esenciales de defensa en juicio\u00bb6, y el \u00faltimo, guarda relaci\u00f3n con que las nulidades procesales, en principio, pueden convalidarse por el consentimiento del afectado, bien sea expreso o t\u00e1cito. <\/p>\n
En AC 18 dic. 2009, rad. 2002-00007, sobre dicha causal, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) respecto de las reglas relativas al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (nulidad) [hoy 336 C. G. P.], es menester destacar que la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley (\u2026) Adicionalmente, es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios b\u00e1sicos que gobiernan la tem\u00e1tica de las nulidades procesales es el de protecci\u00f3n, relacionado con el inter\u00e9s que debe existir en quien reclame la anulaci\u00f3n, emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona (\u2026) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del vicio procesal capaz de estructurar nulidad, previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con que el juez \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb, es preciso se\u00f1alar que ello \u00fanicamente tiene lugar cuando el fallador prosigue o adelanta el proceso a pesar de que con antelaci\u00f3n \u00e9ste hubiese terminado por sentencia o providencia en firme, de modo que el aludido motivo invalidante solo puede generarse en los eventos que \u00abse reviva el mismo proceso en donde se alega la nulidad y no otro\u00bb (SC 02 dic. 1999, exp. 5292), pues en todo caso, \u00abel legislador no hace alusi\u00f3n a aspectos extr\u00ednsecos del proceso, como la cosa juzgada, sino a la existencia intr\u00ednseca de una providencia donde se haya puesto fin al litigio normal o anormalmente\u00bb (AC4570-2018). <\/p>\n
Al efecto, conviene memorar que el proceso puede terminar por sentencia que ponga fin al litigio, o por auto emitido por virtud de alguna de las formas anormales de finiquito del mismo, esto es, conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n o desistimiento de las pretensiones; no obstante, para poder predicar que est\u00e1 \u00ablegalmente concluido\u00bb, es menester que cualquiera de esas providencias haya cobrado ejecutoria en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 302 del mismo estatuto, conforme al cual, <\/p>\n
Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. <\/p>\n
No obstante, cuando se pida aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de una providencia, solo quedar\u00e1 ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. <\/p>\n
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los t\u00e9rminos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. <\/p>\n
4.- En el sub judice, la sustentaci\u00f3n de los cargos esgrimidos presenta defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1.- Dado que el motivo de nulidad originado en \u00abrevivir un proceso legalmente concluido\u00bb, solo se estructura cuando el juzgador haciendo caso omiso de la presencia en el juicio de una sentencia o de una providencia de terminaci\u00f3n anormal, prosigue la actuaci\u00f3n como si aquella no existiera, es obvio que el presupuesto para invocar la causal quinta de casaci\u00f3n con base en esa premisa, no es otro que acreditar que, en realidad, el proceso estaba legalmente terminado para el momento en que se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia y que, precisamente, ese hecho vici\u00f3 de nulidad el fallo impugnado en sede extraordinaria, labor\u00edo que en el caso sometido a estudio no cumpli\u00f3 satisfactoriamente la casacionista. <\/p>\n
Ciertamente, revisado el expediente se advierte que frente a la sentencia de primera instancia interpusieron recurso de apelaci\u00f3n tanto la parte demandante, como los codemandados Hernando Josu\u00e9 y Jaime Alberto Mar\u00edn Morales, en esa medida, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 302 del estatuto procesal, su ejecutoria estaba supeditada a la de la providencia que resolviera dichos recursos, de manera que mientras estuviera en tr\u00e1mite la definici\u00f3n de la segunda instancia no pod\u00eda predicarse que el proceso estuviese \u00ablegalmente concluido\u00bb y, menos a\u00fan, que la decisi\u00f3n del tribunal tuviera el efecto de revivirlo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es a todas luces insostenible el argumento del inconforme referente a que por el hecho de que los convocados recurrentes no promovieron la demanda de mutua petici\u00f3n y que sus litisconsortes que s\u00ed lo hicieron no recurrieron el fallo que la desestim\u00f3, se gener\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso en lo concerniente a aquella. <\/p>\n
Lo precedente, por cuanto si, a tono con los lineamientos del art\u00edculo 371 del C\u00f3digo General del Proceso, se deben sustanciar conjuntamente la demanda principal y la de reconvenci\u00f3n, as\u00ed como decidirlas en la misma sentencia, es evidente que no puede escindirse la ejecutoria del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre ambas. <\/p>\n
En suma, el defecto constitutivo de nulidad alegado para sustentar el cargo no se estructur\u00f3, pues trat\u00e1ndose de un proceso de mayor cuant\u00eda cuya tramitaci\u00f3n es de doble instancia, es evidente que, al haberse interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n tanto por la parte demandante como por algunos demandados, mientras no se decidiera la suerte de dichos medios de impugnaci\u00f3n no pod\u00eda predicarse la existencia de un proceso legalmente terminado. <\/p>\n
Emerge de lo anterior, que el cargo en estudio no cumple a cabalidad la exigencia prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, referente a la exposici\u00f3n de los fundamentos que le sirven de soporte a la acusaci\u00f3n en forma clara y precisa, toda vez que no existe correspondencia entre la hip\u00f3tesis alegada y la consagrada en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 133 ibidem, pues al no evidenciarse que con la sentencia de segundo grado se revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido, es manifiesta la inexistencia del defecto invalidante aducido, sin que pueda desconocerse que la causal quinta de casaci\u00f3n solo se abre camino \u00abcuando se ha incurrido en alguno de los supuestos de nulidad previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, de modo que, por contera, ser\u00e1 completamente improcedente una acusaci\u00f3n en la que se denuncien irregularidades que no han existido, o que, de haber existido, no se encuentran descritas clara e inequ\u00edvocamente dentro de tal categor\u00eda7\u00bb. <\/p>\n
4.2.- Frente a la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se echa de menos la satisfacci\u00f3n de la exigencia de invocar cualquier disposici\u00f3n de car\u00e1cter material que constituya o debiera haber constituido fundamento jur\u00eddico del fallo cuestionado y que resultara transgredida, tal y como lo exige el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.2.1.- Obs\u00e9rvese que la censura aduce vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 29 y 230 de la Constituci\u00f3n, referidos, en su orden, a la garant\u00eda del debido proceso y a que \u00ablos jueces en sus providencias solo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley\u00bb, ninguno de los cuales tiene la connotaci\u00f3n de norma sustancial, que como lo tiene decantado la Corte, son aquellas que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, caracter\u00edsticas que no pueden predicarse de dichas disposiciones, pues al margen del car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n, la Sala ha dicho: <\/p>\n
En cuanto concierne a los preceptos constitucionales 1\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0, 13, 29, 83, 228, 229, 230 de la Carta, es preciso aclarar que si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s ha admitido que los c\u00e1nones constitucionales puedan ser invocados como quebrantados en el marco de la causal primera de casaci\u00f3n, la norma superior aducida debe en primer lugar cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de defensa, no le imprimen esa calidad, caracter\u00edstica que, se itera, apunta a que en el precepto se regule una situaci\u00f3n jur\u00eddica con miras a crear, modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la relaci\u00f3n (\u2026) De ese modo, es manifiesto que no tienen car\u00e1cter sustancial los art\u00edculos (\u2026) 230 (sometimiento de los jueces a la ley y criterios auxiliares de la actividad judicial)8. <\/p>\n
De manera particular, por lo que ata\u00f1e al art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, en muchas oportunidades la Sala se ha pronunciado acerca de que, pese a su innegable categor\u00eda superior, no ostenta el car\u00e1cter de norma sustancial9, de modo que, por s\u00ed sola, no tiene la virtualidad de soportar la exigencia que en ese sentido consagra el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En cuanto al precepto 29 (debido proceso), debe indicarse, adem\u00e1s de lo anterior, que si la norma sustancial es la que disciplina una situaci\u00f3n jur\u00eddica y sus consecuencias, que es precisamente la que se le presenta al juez como problema o conflicto inter subjetivo y por ende, tema de investigaci\u00f3n y decisi\u00f3n, cuando el funcionario y las partes utilizan el derecho instrumental, esto es, el procedimiento establecido en la ley procesal para resolver ese litigio, el debido proceso corresponder\u00e1 entonces al desarrollo del tr\u00e1mite del proceso conforme a la normatividad ritual que le concierne, la cual no da la soluci\u00f3n sino que facilita que se adopte, pues su prop\u00f3sito \u00abes la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, como bien lo dice el art\u00edculo 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En esa medida, si bien es cierto que el art\u00edculo 29 C.P. consagra el derecho fundamental debido proceso, no por ello debe concluirse que su eventual vulneraci\u00f3n por la v\u00eda de la transgresi\u00f3n a las normas procesales que lo reglamentan y desarrollan, esto es, en esa forma indirecta, resulta suficiente para fundar un cargo por la causal primera, pues no es sustancial en el sentido anotado y requiere de ley que lo desarrolle. <\/p>\n
En efecto, y para completar la \u00faltima idea, as\u00ed una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casaci\u00f3n y de la causal primera, de ser tambi\u00e9n norma sustancial, ello no significa que su invocaci\u00f3n en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, a\u00fan si se dejara de lado el defecto advertido, en todo caso la fundamentaci\u00f3n del cargo no se apuntala en una afrenta al debido proceso, sino en aspectos relacionados con incumplimientos contractuales cuya discusi\u00f3n puede proponerse a trav\u00e9s de yerros de ponderaci\u00f3n probatoria con eventual transgresi\u00f3n de normas sustanciales de car\u00e1cter civil o comercial, m\u00e1s no de la constitucional invocada, por lo menos, no es ese el sentido que sustenta concretamente la causal. <\/p>\n
4.2.2.- Tampoco tienen car\u00e1cter sustancial los c\u00e1nones 164 y 167 del C\u00f3digo General del Proceso, que regulan lo concerniente a los principios de necesidad y carga de la prueba, respectivamente, siendo irrefutable su car\u00e1cter instrumental en la medida que no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, sino que se concretan a gobernar aspectos relacionados con la actividad probatoria. <\/p>\n
El defecto advertido obstaculiza el estudio del cargo, pues como lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en AC6809-2017, <\/p>\n
(\u2026) el interesado tiene la carga de se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n \u00abde derecho sustancial\u2026 que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deber\u00e1 se\u00f1alar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen v\u00ednculos jur\u00eddicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Tal ha sido la l\u00ednea jurisprudencial consolidada sobre la materia (…), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como \u00f3rgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a trav\u00e9s de la unificaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n de los mandatos que son citados como sustento de la acusaci\u00f3n, sin convertirse en una nueva instancia a trav\u00e9s del reexamen del caso. <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, como los ataques no se ci\u00f1en a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, de conformidad con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, se declarar\u00e1 inadmisible la demanda. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Seven Construcciones S.A.S., frente a la sentencia del 10 de diciembre de 2021 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
AC1358-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-027-2018-00303-01 <\/p>\n
Si bien estoy de acuerdo con la providencia que inadmite la demanda de casaci\u00f3n de la promotora contra la sentencia de segundo grado en el presente asunto, estimo necesario hacer claridad sobre un punto en concreto. <\/p>\n
Vale la pena advertir que, si bien la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es de orden superior, por ese solo hecho sus estipulaciones no tienen alcance material, ya que muchas de ellas contienen \u00abgarant\u00edas macro a ser desarrolladas dentro de un marco que los efectivice y por s\u00ed solas son insuficientes para estructurar censuras por vulneraci\u00f3n de normas sustanciales\u00bb, como se record\u00f3 en CSJ AC1613-2023, por lo que en cada caso la invocaci\u00f3n de alguno de tales preceptos amerita analizar si \u00abdeclaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta al art\u00edculo 29 citado, que consagra del derecho fundamental al debido proceso, es cierto que contiene un principio abstracto que se materializa en diferentes estipulaciones y por ende no alcanza un matiz sustancial susceptible de soportar aut\u00f3nomamente los embates de las dos primeras causales del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. No obstante, como integrante de la Sala suscrib\u00ed los CSJ SC1656-2018, AC 577-2020, AC604-2020, AC1427-2020, AC2194-2021 y AC2268-2022, que indican lo contrario, sin que en ellos se exprese una raz\u00f3n seria y fundamentada de tal afirmaci\u00f3n, que al parecer radica de lo que aisladamente se dijo en el primero de los pronunciamientos citados en el sentido de que: <\/p>\n
Resta estudiar si el Tribunal viol\u00f3 directamente los derechos fundamentales a la igualdad y a un debido proceso, consagrados en los art\u00edculos 13 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, normas que, para el caso, frente a la endilgada ruptura del equilibrio procesal, tienen la connotaci\u00f3n de sustanciales, si se tiene en cuenta, al tenor del art\u00edculo 7\u00ba, inciso 2\u00ba de la Ley 1285 de 2009, vigente para la \u00e9poca. El recurso de casaci\u00f3n, a m\u00e1s de su funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica, igualmente tiene como mira la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, como as\u00ed igualmente aparece reiterado en el art\u00edculo 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como puede apreciarse, ning\u00fan desarrollo argumentativo se hizo all\u00ed sobre el alcance \u00absustancial\u00bb de dicho art\u00edculo y su an\u00e1lisis se hizo de forma complementaria \u00abpara el caso, frente a la endilgada ruptura del equilibrio procesal\u00bb, m\u00e1s como una garant\u00eda de descredito a los planteamientos del impugnante en esa oportunidad, que con el \u00e1nimo de fijar una nueva posici\u00f3n de la Corporaci\u00f3n en tal sentido. <\/p>\n
Incluso en los CSJ AC604-2020, AC1427-2020, AC2194-2021 y AC2268-2022, se cita como sustento del acierto sobre el contenido material del canon la SC130-2018, en la cual no aparece referencia alguna sobre el particular que les d\u00e9 cr\u00e9dito. <\/p>\n
Por ende, estando completamente de acuerdo con la determinaci\u00f3n que aclaro en el sentido de que el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n no \u00abtiene la connotaci\u00f3n de norma sustancial\u00bb, quiero precisar que si bien acompa\u00f1\u00e9 los anteriores prove\u00eddos en sentido contrario sin que disintiera de ellos, eso no impide alejarme de dicha posici\u00f3n por lo expuesto y as\u00ed debi\u00f3 quedar expresado en el texto del inadmisorio para mayor claridad. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Cuaderno de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 210 cuaderno principal 1. <\/p>\n
3\u0002 Folios 434-437 cuaderno principal 2. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Cuaderno tribunal apelaci\u00f3n sentencia. <\/p>\n
5\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
6\u0002 Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3\u00b0 ed. Depalma, Buenos Aires. 1978. P\u00e1g. 388-391. <\/p>\n
7\u0002 Cfr. SC 24 oct.- 2006, exp. 2002-00058. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC5613 de 2016, rad. n\u00ba 2002-00132-01 <\/p>\n
9\u0002 Cfr. CSJ SC3959-2022, AC2828-2020, AC2133-2020, AC760-2020, AC3670-2021, AC6075-2021, AC5379-2021, AC3883-2019, AC5613 de 2016, AC5036-2017, entre otras. Es esa la posici\u00f3n m\u00e1s acogida por la Sala, pese a lo indicado en otros prove\u00eddos como AC 577-2000, AC604-2000 y AC2194-2001. <\/p>\n
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AC1358-2023 (2018-00303-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC1358-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11 001 31 03 027 2018 00303 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) 1.-ANTECEDENTES […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75829\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}