AC1925-2023 (2009-00021-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1925-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73449-31-03-001-2009-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Felipe Iglesias Ram\u00f3n, Eutimio Castro Ram\u00edrez, Jos\u00e9 Ciro Rodr\u00edguez Malaver y Andr\u00e9s Cambas V\u00e1squez, frente a la sentencia de 25 de agosto de 2022, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso de pertenencia que aquellos promovieron contra Alexander Aguirre, Oscar Ram\u00f3n Salazar, Reinaldo S\u00e1nchez y Yoseani Soto Silva. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
Los demandantes pidieron declarar que adquirieron, por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del predio \u201cSan Luis\u201d, ubicado en el municipio de Melgar, y al que le corresponde el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 366-5901 de la ORIP de esa localidad. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. El 3 de octubre de 1985, el Banco de Colombia, entonces propietario de la finca \u201cAixa Yalila\u201d, autoriz\u00f3 al arrendatario Gilberto Barco Ospina para que permitiera a los demandantes recorrer la heredad y determinar sus linderos. El se\u00f1or Barco Ospina les mostr\u00f3 la totalidad del predio, \u00abel cual se encontraba contenido en el lote materia de la usucapi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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2. Mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 1149 de 10 de abril de 1986, los demandantes adquirieron el dominio de la finca \u201cAixa Yalila\u201d, por compra realizada al Banco de Colombia. <\/p>\n
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3. El 4 de julio de 1986, esa entidad le comunic\u00f3 a Jos\u00e9 Ciro Rodr\u00edguez que, en adelante, no pagar\u00eda por el servicio de vigilancia del predio, desprendi\u00e9ndose as\u00ed de esa heredad, y tambi\u00e9n de la finca \u201cSan Luis\u201d, que se reclama en la acci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
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4. Desde esa fecha \u00abfue recibido el bien y han ejercido las veces de se\u00f1ores y due\u00f1os\u00bb, pues el arrendatario Barco Ospina \u00abhizo entrega de la totalidad del predio, tal cual como lo hab\u00eda mostrado en la primigenia vez. Es de anotar que entreg\u00f3 el predio en su totalidad y abandon\u00f3 el bien que ten\u00eda arrendado a los compradores y desde ah\u00ed se tom\u00f3 posesi\u00f3n del predio\u00bb. <\/p>\n
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5. En ejercicio de dicha posesi\u00f3n, han realizado mejoras, tales como construir cercas, dos casas de habitaci\u00f3n, v\u00edas de acceso, pozo para la extracci\u00f3n de agua y tanque de almacenamiento, el mantenimiento de potreros, cultivo de pastos y pago de impuestos. <\/p>\n
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6. Finalmente, recalcaron que desde 1986 \u2013\u00e9poca en la que arribaron bajo las anotadas circunstancias\u2013 han sido reconocidos por la comunidad del sector como \u00fanicos poseedores del predio \u201cSan Luis\u201d. <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. En sentencia de 3 de diciembre de 2010, el juzgado de primera instancia deneg\u00f3 las pretensiones. Apelada esa determinaci\u00f3n, el Tribunal decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado mediante prove\u00eddo de 12 de septiembre de 2011. <\/p>\n
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2. Tras rehacer el tr\u00e1mite invalidado, se decret\u00f3 una nueva nulidad por auto de 19 de julio de 2016, ordenando el a quo la correcta notificaci\u00f3n de los demandados Alexander Aguirre S\u00e1nchez, Oscar Ram\u00f3n Salazar Buitrago, Reinaldo S\u00e1nchez y Yoseani Soto Silva1. <\/p>\n
3. Enterado en debida forma, el convocado Alexander Aguirre S\u00e1nchez se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las defensas de \u00abinexistencia del derecho pretendido\u00bb; \u00abfalta del corpus en la usucapi\u00f3n\u00bb; \u00abambig\u00fcedad en el predio a usucapir\u00bb; \u00abfalta de tiempo necesario para la usucapi\u00f3n\u00bb y \u00abfalta de animus en la usucapi\u00f3n\u00bb; excepciones que tambi\u00e9n present\u00f3 el litisconsorte Jos\u00e9 Jairo J\u00e1come Abril de manera independiente. <\/p>\n
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4. Posteriormente, se orden\u00f3 el emplazamiento de los demandados Oscar Ram\u00f3n Salazar Buitrago, Reinaldo S\u00e1nchez y Yoseani Soto Silva, y se les design\u00f3 curador ad litem, quien se opuso tambi\u00e9n al escrito inaugural, aunque sin formular excepciones. <\/p>\n
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5. En audiencia de 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar accedi\u00f3 a los pedimentos de los convocantes, tras encontrar acreditado que estos han pose\u00eddo por m\u00e1s de veinte a\u00f1os el predio \u201cSan Luis\u201d, aunque fuera porque hubo un error en la entrega del fundo contiguo, que adquirieron en el a\u00f1o 1986. <\/p>\n
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6. Los demandados interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n, concedido ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad quem revoc\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n de primera instancia, y neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de pertenencia. Para sustentar esas decisiones, sostuvo que los c\u00e1nones 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil impon\u00edan acreditar actos de se\u00f1or\u00edo ejercidos de forma ininterrumpida por todos los poseedores, durante el lapso previsto en las leyes sustantivas, nada de lo cual se prob\u00f3 en este juicio. <\/p>\n
En criterio del tribunal, la versi\u00f3n de los convocantes sobre el ejercicio de actos de dominio sobre el predio \u201cSan Luis\u201d a partir del 4 de julio de 1986 \u00abaflora inconsistente una vez analizada bajo las reglas de la sana cr\u00edtica la prueba recaudada\u00bb. Esto porque, de un lado, la demanda no explica con claridad c\u00f3mo los actores ingresaron a ese inmueble, aspecto sobre el que rein\u00f3 la confusi\u00f3n a lo largo de todo el proceso; y de otro, las pruebas recaudadas no permiten elucidar la existencia del animus domini de los actores. <\/p>\n
Los hechos de la demanda dan cuenta del recorrido, compra y entrega a los demandantes del predio \u201cAixa Yalila\u201d, pero la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n recae sobre el lote contiguo, llamado \u201cSan Luis\u201d, respecto del cual no se explic\u00f3 c\u00f3mo empez\u00f3 la posesi\u00f3n. En realidad, frente a dicha heredad \u00abnada expreso o diamantino se dice de la forma en que se ingres\u00f3 o empez\u00f3 a poseer el mismo. A lo sumo cuando el extremo activo dice que luego de recorrer la finca con la persona conocedora del bien e ilustrarse sus linderos y especificaciones, all\u00ed se \u201cencontraba contenido el lote materia de la usucapi\u00f3n\u201d o que se \u201chizo entrega de la totalidad del predio\u201d, se pretendi\u00f3 as\u00ed t\u00e1citamente decir que la heredad aqu\u00ed solicitada \u201cSan Luis\u201d se recibi\u00f3 cuando compraron el bien \u201cAixa Yalila\u201d, empero, la identificaci\u00f3n de los inmuebles no permit\u00eda configurar tal distorsi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A esa inconsistencia, evidente desde la narraci\u00f3n de los hechos, se suma que tanto los certificados registrales, como las escrituras p\u00fablicas aportadas, muestran que el predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cAixa Yalila\u201d, con una extensi\u00f3n de 188 hect\u00e1reas, fue dividido en tres predios diferentes, a saber, \u201cAixa Yalila\u201d (F.M.I. 366-5900, de 131 Ha); \u201cSan Luis\u201d (F.M.I. 366-5901, de 44 Ha); y \u201cChico Melgar\u201d (F.M.I. 366-7686, de 13 hect\u00e1reas). <\/p>\n
En tal virtud, cuando los demandantes compraron al Banco de Colombia el fundo \u201cAixa Yalila\u201d, \u00abera absolutamente claro que lo comprado no era el predio de mayor extensi\u00f3n sino el que se desmembr\u00f3 de ese y qued\u00f3 con el mismo nombre \u201cAixa Yalila\u201d\u00bb, pues as\u00ed se consign\u00f3 en el instrumento, lo que coincidi\u00f3 con lo estipulado en la promesa de venta que para el efecto se suscribi\u00f3 el 11 de octubre de 1985. As\u00ed las cosas, \u00abaflora de manera indiscutible cu\u00e1l fue el bien adquirido por los actores y por ende la entrega que se hiciera quedaba limitada al \u00e1rea comprada que estaba plenamente identificada y no a predios aleda\u00f1os; en verdad, la identificaci\u00f3n material y jur\u00eddica de los predios \u201cAixa Yalila\u201d y \u201cSan Luis\u201d es completamente clara, de ah\u00ed que no pudieran entremezclarse o confundirse f\u00e1cilmente\u00bb. <\/p>\n
El tribunal tambi\u00e9n sostuvo que no existe evidencia que demuestre que el predio \u201cSan Luis\u201d empez\u00f3 a ser pose\u00eddo cuando, por equivocaci\u00f3n, se le entreg\u00f3 a los actores junto con otro lote vecino que hab\u00edan adquirido. Para resaltar esa orfandad probatoria, destac\u00f3 que \u00abno existe un acta de entrega o un elemento de juicio id\u00f3neo y cristalino demostrativo que la entrega fuera de un predio m\u00e1s extenso al negociado o que por alguna u otra causa lo recibido fueran dos predios\u00bb. <\/p>\n
Tampoco son \u00fatiles para las aspiraciones de los actores las declaraciones de terceros; al contrario, estas dejan entrever ambig\u00fcedades y contradicciones. Algunos testigos no conocen a todos los demandantes \u2013lo que debilita la tesis de la coposesi\u00f3n\u2013, otro no ha frecuentado nunca el predio a usucapir, y otro lo confunde con la heredad contigua; por tanto, resulta dif\u00edcil \u00abpoder establecer verazmente o dar como cierto que los actores estaban ejecutando actos reales de posesi\u00f3n (corpus y animus) en el inmueble \u201cSan Luis\u201d, ello, indiscutiblemente, deb\u00eda probarse en forma diamantina pues lo que hicieran en el inmueble \u201cAixa Yalila\u201d como propietarios no puede incidir o verse como el ejercicio de una posesi\u00f3n en el bien llamado \u201cSan Luis\u201d\u00bb. <\/p>\n
Si bien los usucapientes deb\u00edan acreditar que su posesi\u00f3n se desarrollaba en el predio \u201cSan Luis\u201d, el mismo demandante Andr\u00e9s Cambas V\u00e1squez sostuvo en su interrogatorio que en el a\u00f1o 2009 supieron de la existencia de una heredad distinta de la que les pertenec\u00eda (\u201cAixa Yalila\u201d); \u00abluego, si no conoc\u00edan el predio \u201cSan Luis\u201d, \u00bfc\u00f3mo establecer con absoluta seguridad que los actores, bajo su estado an\u00edmico o psicol\u00f3gico ejerc\u00edan actos de dominio?, en otras palabras, que con plena conciencia se comportaban p\u00fablicamente o ante terceros como due\u00f1os del inmueble pretendido\u00bb. <\/p>\n
Esa declaraci\u00f3n, adem\u00e1s, entra en franca contradicci\u00f3n con lo establecido en la escritura p\u00fablica 1369 de 27 de diciembre de 2003, por medio de la cual los demandantes pretendieron actualizar el \u00e1rea y linderos de su finca \u201cAixa Yalila\u201d, con el fin de que el predio \u201cSan Luis\u201d quedara incluido dentro de aquella, anexando casi setenta hect\u00e1reas m\u00e1s de las que hab\u00edan adquirido. Esa circunstancia, que el tribunal calific\u00f3 de \u00abinaceptable\u00bb, llev\u00f3 a la ORIP de Melgar a emitir nota devolutiva, precisando que \u00ab\u201cno fue procedente el registro de la escritura\u2026\u201d ya que \u201cest\u00e1n englobando sin t\u00edtulos de su propiedad registrados el predio San Luis como segundo lote\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
A lo expuesto a\u00f1adi\u00f3 que de la inspecci\u00f3n judicial, la prueba pericial y alguna testimonial, es posible inferir la existencia del corpus; sin embargo, los actores no demostraron que desde 1986 hayan detentado el predio \u201cSan Luis\u201d con intenci\u00f3n y conciencia de ser sus propietarios. Considerando la antig\u00fcedad de las mejoras referidas por el perito y la versi\u00f3n de los demandantes, en gracia de discusi\u00f3n podr\u00eda decirse que la posesi\u00f3n inici\u00f3 en al a\u00f1o 1990, caso en el cual los veinte a\u00f1os necesarios para usucapir no se habr\u00edan cumplido para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (febrero de 2009), ni tampoco el decenio que contempla la Ley 791 de 2002, computable desde su entrada en vigencia. <\/p>\n
Finalmente, la inconsistencia en el ejercicio de la posesi\u00f3n en el tiempo referido, encuentra respaldo en la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que absolvi\u00f3 a los demandantes de una causa adelantada en su contra tras hallar demostrado que Felipe Iglesias Ram\u00f3n (uno de los demandantes) hab\u00eda obrado en parte del predio \u201cSan Luis\u201d \u00abbajo un rotulo de tenedor que, como se sabe, implica el reconocimiento de dominio ajeno y en esa medida la pertenencia invocada se fulmina por completo ya que borra lo que supuestamente como poseedor o due\u00f1o se hubiera hecho\u00bb. <\/p>\n
Tal comportamiento, adem\u00e1s, \u00abdesdice totalmente de los actos de se\u00f1or y due\u00f1o que se aluden en la demanda pues si para el 2006 hizo alarde de tal calidad se colige que la persona m\u00e1s visible para los testigos en su psiquis o conciencia sab\u00eda que no era due\u00f1o del predio lo que de paso compromete a los dem\u00e1s actores ya que todos, no se deje a un lado, alegan coposesi\u00f3n o una posesi\u00f3n conjunta, buscan un beneficio para la comunidad y no algo individual\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores presentaron demanda de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, y en ella formularon tres cargos, al amparo de las causales primera, segunda y quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en el primer motivo de casaci\u00f3n, los recurrentes denunciaron la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial \u2013\u00abarts.762, 763, 764, 765, 766, 769, 2518, 2521, 2526, 2527, 2528, 2529 del C\u00f3digo Civil\u00bb\u2013, arguyendo que, respecto del dominio y posesi\u00f3n de bienes inmuebles, se disputa \u00abmejor derecho\u00bb de quien se reputa due\u00f1o por los hechos \u2013\u00abart. 762, inc. 2\u00b0, ibidem\u00bb\u2013. <\/p>\n
Al respecto, anot\u00f3 que el colegiado \u00abse sale por las ramas negando la usucapi\u00f3n\u00bb, porque \u00abinterpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb la informaci\u00f3n adosada al expediente, para \u2013en su criterio\u2013 favorecer a los demandados, teniendo en cuenta que se dej\u00f3 sentado que estaba probado el corpus, pero no la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de poseer el predio, conclusiones que calific\u00f3 de \u00abdiscordantes\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, recrimin\u00f3 que en la providencia se aludiera a la antig\u00fcedad de las mejoras \u00abde m\u00e1s de 16 o 18 a\u00f1os\u00bb, lo que coincidi\u00f3 con la versi\u00f3n de varios deponentes, y simult\u00e1neamente se estimara que, como el libelo se present\u00f3 en el 2009, el tiempo de posesi\u00f3n ser\u00eda inferior al de ley. Finalmente, se doli\u00f3 de que el ad quem mencionara el proceso penal que involucr\u00f3 a los reclamantes, tomando un fragmento de la intervenci\u00f3n de Felipe Iglesias Pinz\u00f3n \u2013sobre la prueba de su calidad de poseedor y propietario y el v\u00ednculo de su padre frente al predio\u2013, con desconocimiento de que \u00ablos contratos de arrendamiento no constituyen actos de dominio que demuestren la posesi\u00f3n del bien\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo en la segunda causal de casaci\u00f3n, los inconformes sostuvieron que el tribunal trasgredi\u00f3 de forma indirecta la ley sustancial, como consecuencia de un \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente\u00bb en la apreciaci\u00f3n de la demanda, la inspecci\u00f3n judicial, la conducta de su contraparte y lo dicho en la contestaci\u00f3n de la demanda (que se tuvo en cuenta \u00abpor el tribunal a \u00faltima hora cuando los demandados no ejercieron el derecho de defensa\u00bb). <\/p>\n
En ese sentido, censur\u00f3 que el fallador tuviera por contestada la demanda de Alexander Aguirre S\u00e1nchez, Oscar Ram\u00f3n Salazar Buitrago, Reinaldo S\u00e1nchez y Yoseani Soto Silva, pero confirmara la denegaci\u00f3n de la solicitud de nulidad elevada por ellos de forma \u00abirregular\u00bb. Y, refiri\u00e9ndose a la explicaci\u00f3n del Tribunal, los recurrentes insistieron en que los convocados no se opusieron oportunamente a las pretensiones, ni se presentaron reparos durante la diligencia de identificaci\u00f3n del predio, lo que sugiere su plena aceptaci\u00f3n de la \u00abubicaci\u00f3n, extensi\u00f3n y linderos del inmueble objeto del litigio de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dijeron que, tras recibirse los testimonios de Cesario Villalba Barbosa, Ur\u00edas Santiago Pedreros, Bonifacio Boh\u00f3rquez Burgos y Hernando Salamanca Salazar, y de acuerdo con el dictamen pericial, en lo atinente a la individualizaci\u00f3n de la heredad, no se present\u00f3 ninguna inconformidad, \u00abquedando en firme tanto el dictamen pericial (\u2026) y la diligencia judicial practica (sic) por el Juzgado Primero Civil del Circuito, al no ejercitarse oportunamente por demandados los recursos ordinarios y las objeciones establecidas en la ley\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, adujo que el colegiado \u00abapreci\u00f3 en forma insular (sic)\u00bb los hechos de la demanda, pretermitiendo que los actores jam\u00e1s reconocieron a su contraparte como titular del derecho de dominio, sino que, por el contrario, \u00ablos trataron como unos invasores por considerar que ingres\u00f3 (sic) al predio fue de forma violenta y con hombres armados colocando (sic) en estado de indefensi\u00f3n a un anciano llamado Felipe Iglesias Ram\u00f3n (Q.E.P.D)\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que no debi\u00f3 revocarse el fallo estimatorio del a quo, ya que concurrieron las exigencias de la pedida declaraci\u00f3n, circunstancia que reforz\u00f3 porque \u00ablos demandantes desde tiempos atr\u00e1s realizaban sus actos de se\u00f1or y due\u00f1o (sic) sobre el bien de la usucapi\u00f3n y gozaban de la posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila del bien inmueble y nunca esas personas pertenecientes a la tercera edad (\u2026) reconocieron a los nuevos compradores de los t\u00edtulos de propiedad del inmueble\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Finc\u00e1ndose en lo dispuesto en el canon 336-5 del estatuto procesal vigente, los actores denunciaron que el fallo confutado estaba viciado de nulidad, dado que \u00abparticipa de una doble, irregular y confusa naturaleza, pues ella no es propiamente una sentencia al tenor del art\u00edculo 278 del CGP, sino una extra\u00f1a hibridaci\u00f3n entre auto y sentencia\u00bb. <\/p>\n
Sobre el punto, cuestionaron que en la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado, el Tribunal adoptara tres determinaciones diferentes, unas relativas al auto de 18 de mayo de 2021 \u2013que tuvo por respondida la demanda por Alexander Aguirre S\u00e1nchez, Oscar Ram\u00f3n Salazar Buitrago, Reinaldo S\u00e1nchez y Yoseani Soto Silva\u2013; y otras atinentes a la sentencia dictada en primera instancia. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, anot\u00f3 que un pronunciamiento como ese acarrea \u00abuna manifiesta irregularidad (\u2026), pues tiene de una doble naturaleza de \u201cauto-sentencia\u201d, desautorizada o prohibida en nuestro r\u00e9gimen procesal por el art\u00edculo 278 del CGP\u00bb, lo que conlleva su nulidad pues, de facto, se modificaron los extremos de la litis y se neg\u00f3 la posibilidad de controvertir la contestaci\u00f3n, solicitar pruebas y desplegar acciones en defensa de sus intereses; disposici\u00f3n que, reiter\u00f3, no pudo recurrir, porque todo se defini\u00f3 en el prove\u00eddo que puso fin al proceso. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anunciaron soslayado el canon 278 del estatuto procesal, que dispone que \u00ab[l]as providencias pueden ser autos o sentencias\u00bb. Esta norma establece que \u00ablas dos \u00fanicas formas posibles de providencias (\u2026), [al integrar] una disyuntiva entre ellas al ordenar que son \u201cautos o sentencias\u00bb\u2013, y el ad quem emiti\u00f3 su veredicto sin notificar previamente la primera resoluci\u00f3n, lo que, necesariamente, implic\u00f3 la variaci\u00f3n de lo que fue materia de debate durante el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que la tesis del tribunal es contraevidente.<\/p>\n
ix. En el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb. (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala anticipa que los tres cargos propuestos presentan graves deficiencias de t\u00e9cnica. El cargo tercero denuncia la nulidad de la sentencia del tribunal, pero no incluye en desarrollo de ese cuestionamiento ning\u00fan hecho que pueda subsumirse en las causas de anulabilidad previstas por el legislador. <\/p>\n
Las dem\u00e1s acusaciones, am\u00e9n de entremezclar distintas causas de casaci\u00f3n, carecen de simetr\u00eda frente a los motivos esgrimidos por el ad quem en el fallo recurrido, y pierden de vista que el objeto de ataque en sede extraordinaria es, justamente, la providencia que puso fin a la segunda instancia, y no las decisiones instrumentales que le antecedieron en desarrollo del juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En punto del cargo tercero \u2013que se analiza inicialmente, dada su estirpe procedimental\u2013, la Corte insiste en que toda censura encauzada por la senda quinta de casaci\u00f3n demanda la satisfacci\u00f3n de tres requisitos esenciales, a saber, (i) que la circunstancia invalidante est\u00e9 debidamente acreditada, es decir, que haya ocurrido en tiempo y espacio de manera que pueda verificarse y acreditarse su ocurrencia en el tr\u00e1mite procesal; (ii) que exista cabal correspondencia entre esa irregularidad y una de las causales de nulidad expresamente previstas en el ordenamiento ritual. Esto en atenci\u00f3n al principio rector de la especificidad o taxatividad de las causales de anulaci\u00f3n; y (iii) que, de tratarse de una causal de anulabilidad saneable, no haya operado su saneamiento, en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
Dicho esto, cabe destacar que la conducta del tribunal que los demandantes denunciaron como irregular (decidir, en un mismo acto, la apelaci\u00f3n de un auto pendiente, y la alzada interpuesta contra la sentencia), encuentra pleno respaldo en el ordenamiento vigente. Adem\u00e1s, los recurrentes no hicieron ning\u00fan esfuerzo por encuadrar los hechos que estructuran su alegato en alguna de las causas de nulidad establecidas en el ordenamiento procesal. <\/p>\n
En punto de lo anterior, recu\u00e9rdese que los recurrentes sostuvieron que la providencia confutada \u00abparticipa de una doble, irregular y confusa naturaleza, pues ella no es propiamente una sentencia al tenor del art\u00edculo 278 del CGP, sino una extra\u00f1a hibridaci\u00f3n entre auto y sentencia; una nov\u00edsima especie procesal expedida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que tal vez podr\u00edamos denominar de un \u201cSENTENCIAUTO\u201d, pues participa de la doble naturaleza de los autos y de las sentencias\u00bb. Pero, en realidad, una providencia como la que describen no es ajena al orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Como se sabe, la apelaci\u00f3n de autos se otorga \u2013por regla general\u2013 en el efecto devolutivo2. Por consiguiente, es viable dictar la sentencia de primera instancia cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente la decisi\u00f3n de la alzada interpuesta respecto de alg\u00fan auto. Y cuando ello ocurre, el legislador estableci\u00f3 que \u00abel superior decidir\u00e1 en \u00e9sta [se refiere a la providencia en la que se resuelve la apelaci\u00f3n contra la sentencia] todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible\u00bb (art\u00edculo 323-6, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Prevalido del mandato procesal transcrito, el ad quem resolvi\u00f3, en primer lugar, la apelaci\u00f3n del auto del 18 de mayo de 2021, por medio del cual el a quo neg\u00f3 una solicitud de nulidad y tuvo por no contestada la demanda presentada por tres de los codemandados; acto seguido, procedi\u00f3 a decidir la alzada formulada frente a la sentencia de 14 de diciembre del mismo a\u00f1o, lo que no comporta irregularidad alguna ni implica que la sentencia proferida pierda su naturaleza, como sostienen los casacionistas. <\/p>\n
Ahora bien, recu\u00e9rdese que, para los recurrentes, el proceder del colegiado configurar\u00eda la causal octava de nulidad, pues se dict\u00f3 sentencia \u00absin que antes se hubiese notificado el auto que orden\u00f3 tener por contestada la demanda\u00bb. Sin embargo, no se ve c\u00f3mo esa supuesta omisi\u00f3n pudiera estructurar la causa de invalidaci\u00f3n alegada, que consiste en no practicarse en legal forma \u00abla notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, debe relievarse que la decisi\u00f3n que seg\u00fan los censores origin\u00f3 la indebida notificaci\u00f3n es la misma sentencia de 25 de agosto de 2022, que se les notific\u00f3 mediante anotaci\u00f3n en el estado de 26 de agosto del mismo a\u00f1o, en cumplimiento de lo ordenado en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que los recurrentes hayan expuesto ninguna inconformidad respecto a ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por otro lado, debe se\u00f1alarse que a pesar de haber fincado el cargo inaugural en el primer motivo de casaci\u00f3n, los recurrentes terminaron debatiendo la base f\u00e1ctica que consisder\u00f3 el ad quem para resolver el caso, puntualmente, las conclusiones relativas a la fecha de inicio de la eventual relaci\u00f3n posesoria de los actores con el predio \u201cSan Luis\u201d, y lo atinente al proceso penal en cuyo decurso el demandante Felipe Iglesias Ram\u00f3n reconoci\u00f3 fungir como secuestre (no como poseedor) del inmueble en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En ese escenario, conviene reiterar que la discusi\u00f3n de los hechos o de las conclusiones probatorias de los juzgadores son inadmisibles cuando se denuncia la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, pues esta v\u00eda se circunscribe a demostrar la falta de aplicaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de una norma de esa naturaleza, sin alterar la base f\u00e1ctica empleada por el tribunal. En punto de lo anterior, ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00abAl acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078). <\/p>\n
Un hibiridismo semejante se puede hallar en el cargo segundo, que se bas\u00f3 en la causal segunda, alegando de modo indistinto yerros de hecho y de derecho, sin detenerse a explicar en cu\u00e1l de esas categor\u00edas pod\u00edan subsumirse las distintas quejas que all\u00ed se compilaron, y sin intentar articular esos dos tipos de equivocaci\u00f3n de juzgamiento, que por regla general resultan incompatibles, pues la valoraci\u00f3n de un medio de prueba se supedita a que este haya cumplido las pautas del debido proceso probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Am\u00e9n de la deficiencia advertida, las acusaciones por v\u00eda directa e indirecta carecen de relaci\u00f3n con los argumentos del tribunal. Se trata, en ambos casos, de alegatos de instancia, en los que los demandantes proponen como correcta su visi\u00f3n particular del conflicto y del material probatorio, pero sin ocuparse de explicar (y demostrar) en qu\u00e9 consist\u00edan los errores que llevaron al tribunal a arribar a las conclusiones opuestas. <\/p>\n
Buena parte de la decisi\u00f3n de negar las pretensiones se bas\u00f3 en la opacidad que advirti\u00f3 el tribunal en el inicio de la alegada relaci\u00f3n posesoria. Incluso, dijo que acudiendo a la vetustez de las mejoras, a lo sumo podr\u00eda considerarse \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 que la posesi\u00f3n inici\u00f3 en el a\u00f1o 1990, de modo que la posesi\u00f3n no pudo haberse extendido por el tiempo de ley. Ninguna de esas premisas fue considerada al estructurar los cargos primero y segundo, lo que, naturalmente, impidio que all\u00ed se rebatiera la hermen\u00e9utica jur\u00eddica y probatoria por la que opt\u00f3 la colegiatura ad quem. <\/p>\n
En punto del cuestionamiento por la v\u00eda indirecta, cabe destacar tambi\u00e9n que no individualizaron los medios de prueba que habr\u00edan sido pretermitidos, supuestos o tergiversados en el fallo de segunda instancia. La exposici\u00f3n de la censura se limit\u00f3 a sugerir que la falta de oposici\u00f3n de los demandantes durante el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y la diligencia de inspecci\u00f3n judicial es equivalente a la prueba irrefutable de la posesi\u00f3n alegada, nada de lo cual se sigue de esa aquiescencia \u2013asumiendo que se hubiera presentado\u2013, ni de una prueba pericial, que se limit\u00f3 a comprobar cuestiones objetivas, como la ubicaci\u00f3n y linderos del predio que se pretendi\u00f3 usucapir. <\/p>\n
En resumen, los recurrentes buscaron presentar una propuesta personal de soluci\u00f3n al conflicto, que no repara en la estructura argumentativa de la decisi\u00f3n del tribunal, y que se vale de un an\u00e1lisis gen\u00e9rico de la evidencia para concluir que \u00abno cabe la menor duda que los actuales poseedores del inmueble a prescribir son los demandantes\u00bb, sin dar cuenta del sustento racional de dicha afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo expuesto se sigue que los casacionistas no cumplieron con la carga de demostrar que las inferencias cuestionadas eran abiertamente contrarias al contenido objetivo de la evidencia (inspecci\u00f3n judicial, prueba pericial y declaraciones de terceros). Dicho de otro modo, el ataque presenta un alegato propio de las instancias ordinarias, pues refleja simplemente una disparidad de criterios, insuficiente para sostener un cargo en casaci\u00f3n, tal como lo explica la jurisprudencia inalterada de la Sala: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En cuanto a la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del sentenciador de instancia, ha de respetarse por norma la autonom\u00eda con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la configuraci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto litigado, habida consideraci\u00f3n que la facultad de la Corte frente a un recurso que haga uso de esta v\u00eda es, por principio, la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n, todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, raz\u00f3n por la cual esta Corporaci\u00f3n, situada en el plano del que viene habl\u00e1ndose,\u00bb… ha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u00bb (G. J. t. CXXX, p\u00e1g. 63), descalificando en consecuencia aquellos recursos que cual ocurre con el que viene examin\u00e1ndose, se estructuran sobre la base de planteamientos que tienden a disentir, en simple contraste de pareceres, del criterio empleado por el Tribunal en lo que respecta a la elecci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando justamente que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jur\u00eddico general de la causa y observando naturalmente las normas de disciplina probatoria pertinentes, as\u00ed como tambi\u00e9n el atribuirles a dichos medios, seg\u00fan los dictados de la sana cr\u00edtica, la jerarqu\u00eda correspondiente dentro del conjunto de las acumuladas y que hay lugar a evaluar, son facultades que les competen de manera privativa a los juzgadores de instancia\u00bb (CSJ, SC 22 may. 1998, exp. 4996). <\/p>\n
<\/p>\n
Comoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no re\u00fanen las exigencias formales que establece el ordenamiento procesal, se impone la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia con apoyo en lo normado en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Felipe Iglesias Ram\u00f3n, Eutimio Castro Ram\u00edrez, Jos\u00e9 Ciro Rodr\u00edguez Malaver y Andr\u00e9s Cambas V\u00e1squez, frente a la sentencia de 25 de agosto de 2022, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso de pertenencia promovido contra Alexander Aguirre S\u00e1nchez, Oscar Ram\u00f3n Salazar Buitrago, Reinaldo S\u00e1nchez y Yoseani Soto Silva. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aunado a ello, se tuvieron como sucesores procesales del demandante Felipe Iglesias Ram\u00f3n, a Jos\u00e9 Felipe, Maribel, Roc\u00edo, Mar\u00eda del Pilar y Marisol Iglesias Pinz\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 En el caso puntual, el auto de 18 de mayo de 2021, cuya apelaci\u00f3n se resolvi\u00f3 en sentencia de segundo grado, fue expresamente concedido en el efecto devolutivo, tal como puede constatarse en la providencia de fecha 6 de septiembre del mismo a\u00f1o, que se encuentra en el archivo 49 de la carpeta de primera instancia denominada \u201cMto. a partir del 1 de julio de 2020\u201d. <\/p>\n
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AC1925-2023 (2009-00021-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1925-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73449-31-03-001-2009-00021-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}