AC2061-2023 (2014-00516-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2061-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-004-2014-00516-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada en nombre del Consorcio Aval, integrado por Jaime Andr\u00e9s Villabona Valencia y Javier Leonardo \u00c1lvarez Castro, frente a la sentencia del 12 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que promovi\u00f3 en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade, hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda y su subsanaci\u00f3n, la promotora pidi\u00f3 el reconocimiento de $440.507.079, $35.000.000, $31.486.058, $70.773.125, $25.427.839, $80.000.000 y $122.291.490, por ajuste de precios unitarios ejecutados, contrataci\u00f3n y elaboraci\u00f3n de dise\u00f1o de las obras, mayor valor de transporte fluvial, mayor cantidad de transporte fluvial, intereses financieros, honorarios profesionales y actualizaci\u00f3n AIU, en su orden. Tambi\u00e9n se deprec\u00f3 la actualizaci\u00f3n y el reconocimiento de intereses moratorios (folios 11 y 12 del archivo digital 349Cuaderno-Principal1A). <\/p>\n
2. La accionante sustent\u00f3 sus pedimentos en los hechos que se compendian en lo subsiguiente: <\/p>\n
2.1. Fonade, por resoluci\u00f3n n.\u00b0 985 de 2011, declar\u00f3 la urgencia manifiesta y orden\u00f3 la contrataci\u00f3n de las fases 1 y 2 del plan de emergencia invernal para el sector educativo en el Departamento de Magdalena, dentro de los cuales se encontraba la construcci\u00f3n de aulas temporales. <\/p>\n
2.2. En desarrollo se invit\u00f3 a Jaime Villabona para que realizara 100 aulas, junto a las correspondientes bater\u00edas sanitarias, con base en un dise\u00f1o a mano alzada y presupuesto aprobado, con plazo de ejecuci\u00f3n de cuarenta y cinco (45) d\u00edas calendario. <\/p>\n
2.3. Consorcio Aval, conformado por Jaime Villabona y Javier \u00c1lvarez, acept\u00f3 la oferta, bajo la convicci\u00f3n de que Fonade hab\u00eda elaborado un juicioso estudio de mercado. <\/p>\n
2.4. El 20 de mayo de 2011 se suscribi\u00f3 contrato para la construcci\u00f3n de las aulas temporales, con acta de inicio del d\u00eda 26 siguiente, sin que fuera posible cumplir con el tiempo de ejecuci\u00f3n, por cuanto no exist\u00edan estudios previos o dise\u00f1os, en transgresi\u00f3n del principio de planeaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el costeo se hizo de forma artificial, sin considerar las particularidades de los once (11) municipios en que deb\u00edan realizarse las obras. <\/p>\n
2.5. Por exigencia de la interventor\u00eda se contrataron dise\u00f1os t\u00e9cnicos, con recursos propios de la demandante, cuya puesta en marcha origin\u00f3 p\u00e9rdida de materiales, mano de obra y alquiler de equipos. <\/p>\n
2.6. En desarrollo de las construcciones se encontr\u00f3 que: (I) las aulas no pod\u00edan confeccionarse con base en un dise\u00f1o estandarizado, sino que se requer\u00edan catorce (14) diferentes y tres (3) formas de bater\u00edas sanitarias; y (II) algunos de los terrenos carec\u00edan de la titulaci\u00f3n necesaria, estaban inundados o eran inid\u00f3neos, lo que oblig\u00f3 a reubicaciones. <\/p>\n
2.7. La falta de una adecuada planeaci\u00f3n y de un presupuesto ajustado a la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los lugares de ejecuci\u00f3n, condujeron al rompimiento de la equivalencia econ\u00f3mica del contrato, al obligar al contratista a realizar actividades diferentes a las negociadas (se incluyeron 25 \u00edtems nuevos), con un presupuesto insuficiente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n falt\u00f3 la determinaci\u00f3n de los costos de transporte, considerando las condiciones adversas de los sitios de trabajo. <\/p>\n
2.9. El contrato fue prorrogado en dos (2) ocasiones, lo que demuestra la falta de planeaci\u00f3n. Fue tan magna la improvisaci\u00f3n que, en otros procesos de contrataci\u00f3n adelantados en la misma \u00e9poca, se aument\u00f3 el A.I.U. al 35%, cuando en el presente caso fue de 28.8%. <\/p>\n
2.10. El 15 de noviembre de 2011 se firm\u00f3 acta de entrega y recibo final; adem\u00e1s, las partes suscribieron liquidaci\u00f3n bilateral, dentro de la cual el contratista dej\u00f3 varias salvedades para cumplir con el requisito de procedibilidad para demandar. <\/p>\n
3. Despu\u00e9s de remitido el expediente por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a la ordinaria, con fundamento en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 105 del CPACA (folios 3 a 5 del archivo digital 351CuadernoPrincipal1C), y de ajustada la demanda a directrices procesales civiles (folios 25 y 26 ibidem), se notific\u00f3 personalmente a Fonade (folio 29 ib\u00eddem), quien respondi\u00f3 oportunamente oponi\u00e9ndose a las pretensiones y formulando las defensas que intitul\u00f3 \u00abfalta de legitimidad para pedir el equilibrio econ\u00f3mico ni la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n del contrato\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb e \u00abinexistencia de incumplimiento de Fonade y ruptura del equilibrio econ\u00f3mico del contrato\u00bb (folios 46 a 63 ejusdem). <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, el 27 de agosto de 2020, dict\u00f3 sentencia escrita en la que neg\u00f3 las pretensiones, basado en que el contrato se hab\u00eda extinguido (folios 279 a 291). <\/p>\n
5. La demandante acudi\u00f3 al remedio vertical, sustentado de forma escrita el 29 de octubre de 2021, con fundamento en que \u00abla ley 80\/1993 es la ley sustancial aplicable al contrato\u00bb y \u00abel juez de instancia ignor\u00f3 que la oportunidad y el alcance de las salvedades hechas por Consorcio Aval en el acta de liquidaci\u00f3n s\u00ed habilitan la reclamaci\u00f3n judicial\u00bb (archivo digital 05Sustentacion-Apelacion). <\/p>\n
7. El Tribunal, el 12 de octubre de 2022, confirm\u00f3 la providencia de primera instancia, con base en las consideraciones que se resumen m\u00e1s adelante (archivo digital 10Sentencia). <\/p>\n
8. La demandante acudi\u00f3 al remedio extraordinario, el cual fue admitido por esta Corporaci\u00f3n el 22 de febrero del a\u00f1o en curso (archivo digital 11001310300420140051601-0006Auto), el cual sustent\u00f3 oportunamente (archivo digital 11001310300420140051601-0012Demanda). <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de encontrar satisfechos los presupuestos procesales y descartar causales de nulidad, indic\u00f3 que el a quo ciertamente se equivoc\u00f3 al interpretar la demanda, sin que este yerro se traduzca en acceder a los pedimentos reclamados. <\/p>\n
En sustento arguy\u00f3 que, dentro de los supuestos de la demanda, se dej\u00f3 en claro que se pretendi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n por la ruptura del equilibrio econ\u00f3mico del contrato, por lo que se equivoc\u00f3 el sentenciador de primera instancia al acotarse a aplicar la teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n. Dislate explicable por las consideraciones que sirvieron al Tribunal Administrativo del Magdalena para ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la justicia ordinaria. <\/p>\n
No obstante la presencia del error, al adentrarse el Tribunal en el an\u00e1lisis de las pruebas, encontr\u00f3 que \u00fanicamente en el acta de liquidaci\u00f3n del 29 de marzo de 2012 se incluyeron las salvedades que ahora se reclaman, de donde refulge su extemporaneidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, seg\u00fan el memorando interno n.\u00b0 20112310073993 del 9 de mayo de 2011, el contratista manifest\u00f3 conocer las condiciones para la ejecuci\u00f3n del objeto del contrato, de lo cual se hizo eco en el contrato n.\u00b0 2110682 del 20 de mayo del mismo a\u00f1o. Adem\u00e1s, si bien en el otros\u00ed del 10 de agosto de 2011 se incluyeron APUS no previstos, tambi\u00e9n se consagr\u00f3 que no se generar\u00edan mayores valores contractuales, lo que se reiter\u00f3 en la modificaci\u00f3n del 23 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, desestim\u00f3 el reclamo por $440.507.079 por: (I) extemporaneidad, en tanto al suscribir las modificaciones el contratista guard\u00f3 silencio sobre la intenci\u00f3n de adicionar o incrementar los precios; (II) con su firma refrend\u00f3 que no se alterar\u00edan las condiciones econ\u00f3micas del contrato, sin que sea posible desconocer sus actos propios; y (III) ante la falta de precisi\u00f3n de los costos que se generaron, no es dable ubicarlos despu\u00e9s del perfeccionamiento del contrato. <\/p>\n
Respecto a los nuevos dise\u00f1os de obra, registrados en la modificaci\u00f3n del 10 de agosto de 2011, las partes pactaron que no alterar\u00edan el valor inicialmente pactado. Adem\u00e1s, el reproche, porque el dise\u00f1o se hizo a mano alzada, fue tard\u00edo, pues no se dijo nada al momento de contratar. <\/p>\n
Calific\u00f3 como gen\u00e9rica la objeci\u00f3n por materiales perdidos, mano de obra y alquiler de equipos, por falta de identificaci\u00f3n plena o de cualquier dato que sirviera para cotejarlos y examinarlos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como no se prob\u00f3 que existieran dise\u00f1os diferentes a los aprobados por Fonade, ni constancia sobre la reclamaci\u00f3n de su valor antes del acta de liquidaci\u00f3n, debe denegarse lo tocante a su valor. <\/p>\n
Deneg\u00f3 el reclamo por transporte fluvial, puesto que: (I) en el memorando n.\u00b0 20112310073993 del 9 de mayo de 2011, que hace parte del contrato base de la acci\u00f3n, se asever\u00f3 que el contratista realiz\u00f3 las averiguaciones y estudios sobre las condiciones de ejecuci\u00f3n, a partir de lo cual determin\u00f3 su inter\u00e9s en contratar; (II) falta de tempestividad en su reclamaci\u00f3n; y (III) ausencia de especificidad sobre el momento en que se presentaron los mayores valores. <\/p>\n
Rechaz\u00f3 la petici\u00f3n por $25.427.839 por costos financieros, por cuanto: (I) no tiene asidero en una inconformidad oportunamente expuesta, al no efectuarse al suscribir el contrato inicial o sus modificaciones; y (II) la ausencia de enunciaci\u00f3n en la demanda de la fecha de ocurrencia, no permite establecer si fueron posteriores a la firma de los otros\u00edes. <\/p>\n
Neg\u00f3 los gastos de conciliaci\u00f3n, por desbordar los confines de la acci\u00f3n promovida, como es una reclamaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, por la extemporaneidad del reclamo por actualizaci\u00f3n de A.I.U., estim\u00f3 que deb\u00eda rehusarse, ya que, a pesar de haber sido fijado en el contrato, a lo largo de la ejecuci\u00f3n no manifest\u00f3 su disidencia, lo que se traduce en su aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se propusieron cuatro (4) cargos, dos (2) por la senda directa y otros tantos por la indirecta, los cuales ser\u00e1n inadmitidos por desatender las directrices para su adecuada formulaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Achac\u00f3 una violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 80 de 1993, por no advertirse que en la demanda tambi\u00e9n se aludi\u00f3 a la violaci\u00f3n de los principios de planeaci\u00f3n, buena fe y reajuste de precios, as\u00ed como a los deberes afines al servicio p\u00fablico en la actividad contractual. \u00abEntonces, el Consorcio Aval siempre puso sobre la mesa el debate de los incumplimientos imputables a FONADE y la sentencia de la SC-TSDJ Bogot\u00e1 los ignor\u00f3 a tal punto que en el fallo no realiz\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis al respecto\u00bb. <\/p>\n
Este yerro sesg\u00f3 el an\u00e1lisis, por enfocarse a las situaciones imprevistas, sin tener en cuenta que el restablecimiento del equilibrio financiero tambi\u00e9n es procedente con ocasi\u00f3n del incumpli\u00f3 de los deberes precontractuales -planeaci\u00f3n- y contractuales -deber de reajustes de precios y de evitaci\u00f3n de da\u00f1os- de Fonade, sin perjuicio de las situaciones imprevisibles e irresistibles que padeci\u00f3 Consorcio Aval. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Arguy\u00f3 la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba y 27 de la ley 80 de 1993, por no tener en cuenta que la ruptura del equilibrio financiero puede emanar de dos (2) fuentes: situaciones imprevistas no imputables al contratista e incumplimiento de obligaciones de la entidad contratante. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que el Tribunal entendiera que \u00fanicamente se reclam\u00f3 por los hechos imprevisibles, cuando adicionalmente pretendi\u00f3 lo relativo a las desatenciones negociales de Fonade, en concreto, ausencia de dise\u00f1os, no reajuste o revisi\u00f3n de precios, y omisi\u00f3n en el restablecimiento de la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Como consecuencia, estim\u00f3 desatendida la normatividad referida a \u00ab(1) al principio de planeaci\u00f3n: Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, art\u00edculos 209, 339 y 341; ley 80, art\u00edculo 25, n\u00fam. 6, 7 y 11 a 14; ley 80 de 1993, art\u00edculo 26, n\u00fam. 3; ley 80 de 1993, art\u00edculo 30, n\u00fam. 1 y 2; (2) al principio de buena fe contractual: ley 80 de 1993, art. 28; y, (3) al principio de responsabilidad: ley 80 de 1993, art. 26, n\u00fam. 3.\u00bb <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Aleg\u00f3 la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 27 de la ley 80 de 1993, por no armonizarlo con el canon 5\u00ba del mismo compilado, que consagra como derechos del contratista recibir la remuneraci\u00f3n, mantener su valor intr\u00ednseco y conservar el equilibrio econ\u00f3mico del contrato. <\/p>\n
Critic\u00f3 que el Tribunal exigiera un requisito de procedibilidad no contemplado en estas normas, para limitar el restablecimiento de la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica, al abrigo de un entendimiento errado de la buena fe. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la ley otorga capacidad a las partes para solucionar cualquier diferencia, sin imponer un factor temporal, por lo que nada se opone a que en la liquidaci\u00f3n bilateral se zanjen las controversias o que se incluyan salvedades, para que \u00e9stas puedan ser estudiadas por la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Consejo de Estado no ha elevado la oportunidad a una tarifa interpretativa, por lo que no es suficiente para desechar las pretensiones, so pena de desconocer los acuerdos contractuales y los deberes del juez. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que los otros\u00edes son acuerdos que se limitan a garantizar la continuidad de la relaci\u00f3n comercial, sin que su celebraci\u00f3n implique una declaraci\u00f3n de paz y salvo contractual. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Aleg\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 5\u00ba de la ley 80 de 1993, por omitir la valoraci\u00f3n del acervo probatorio, a saber: <\/p>\n
1. Acta de seguimiento del 23 de mayo de 2011, sobre los problemas en los lugares en que deb\u00edan desarrollarse las obras, ausencia de ingenier\u00eda de detalle e imprecisiones del presupuesto definitivo. <\/p>\n
2. Acta de seguimiento del 28 de mayo de 2011, sobre ausencia de an\u00e1lisis estructurales, no concesi\u00f3n de anticipos e inundaciones que imped\u00edan adelantar las excavaciones. <\/p>\n
3. Acta de seguimiento del 1\u00b0 de junio de 2011, sobre la falta de planos arquitect\u00f3nicos y la imperativa contrataci\u00f3n de un tercero para su realizaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Acta de seguimiento del 16 de junio de 2011, sobre demoras no imputables al contratista como inundaciones, problemas con la comunidad, v\u00edas de acceso inservibles y cambio de los lugares de construcci\u00f3n. <\/p>\n
6. Acta de seguimiento del 17 de junio de 2011, sobre inundaciones en zonas de trabajo, reubicaciones y falta de legalizaci\u00f3n de los predios en que deb\u00edan efectuarse las construcciones. <\/p>\n
7. Acta de seguimiento del 21 de junio de 2011, sobre imposibilidad de anclar estructuras met\u00e1licas y retrasos por situaciones no atribuibles al contratista. <\/p>\n
8. Acta de seguimiento del 13 de julio de 2011, sobre ausencia de informaci\u00f3n del costo real del proyecto y de las especificaciones que deb\u00edan cumplirse. <\/p>\n
9. Acta de seguimiento del 11 de agosto de 2011, sobre ausencia de presupuesto real y faltantes de legalizaci\u00f3n. <\/p>\n
10. Acta de seguimiento del 27 de agosto de 2011, sobre imposibilidad de construir once (11) aulas por causas ajenas al contratista. <\/p>\n
11. Acta de seguimiento del 31 de agosto de 2011, sobre indeterminaci\u00f3n de los lugares para construir en los municipios de Fundaci\u00f3n y Sitio Nuevo. <\/p>\n
12. Acta del 7 de septiembre de 2011, sobre situaciones imprevistas que generaron erogaciones para el contratista, \u00abcomo los cambios de especificaciones de \u00faltima hora, las dificultades de v\u00edas de acceso agravadas por el clima, los fuertes vientos, la dificultad para conseguir mano de obra en la regi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
13. Testimonio de Edwin Parada, quien relat\u00f3 condiciones clim\u00e1ticas adversas y dificultades de desplazamiento. <\/p>\n
14. Dictamen pericial, en el cual se advirti\u00f3 que las obras no pudieron iniciarse de forma inmediata por la ausencia de estudios previos y dise\u00f1os, con presupuestos artificiales y alejados de la realidad econ\u00f3mica; as\u00ed como el balance final para cada una de las escuelas, que desvelan cambios de obra. <\/p>\n
15. Comportamiento contractual de Fonade, que desvela que no entreg\u00f3 estudios, hizo un dise\u00f1o a mano alzada, no ten\u00eda claridad sobre los lugares a intervenir y acept\u00f3 \u00edtems no previstos. <\/p>\n
16. Comportamiento procesal de Fonade, tocante al desistimiento de los testimonios de los funcionarios de interventor\u00eda y la no objeci\u00f3n al dictamen pericial. <\/p>\n
17. Valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas, demostrativas de: (I) la prohibici\u00f3n de renunciar al reajuste o revisi\u00f3n de precios, por desconocer la autonom\u00eda de voluntad y permitir un congelamiento indebido, en contravenci\u00f3n de la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica; (II) la equivalencia de las prestaciones opera con independencia de la retribuci\u00f3n pactada; (III) la cl\u00e1usula que excluye reajuste es ineficaz, m\u00e1xime ante las salvedades contenidas en el acta de liquidaci\u00f3n; (IV) los precios se aceptaron conforme a estudio de mercado; (V) los cambios en las cantidades ejecutadas muestran un desequilibrio econ\u00f3mico; (VI) el perito convalid\u00f3 los mayores valores; (VII) la falta de planeaci\u00f3n se expres\u00f3 en la demora para definir los aspectos t\u00e9cnicos de las obras, incluyendo ajustes en el entretanto de la ejecuci\u00f3n, falta de titularidad de los predios y falta de claridad administrativa para tomar decisiones, m\u00e1xime porque la jurisprudencia del Consejo de Estado pon\u00eda el deber de planeaci\u00f3n en cabeza de la entidad p\u00fablica y, si bien, cambio su posici\u00f3n, esto no la exonera de responsabilidad; y (VIII) los precios se afectaron por hechos imprevisibles e irresistibles, como cortes de energ\u00eda, inundaciones, insuficiencia en el suministro de materiales y afectaciones en v\u00edas terrestres. \u00abNo puede perderse de vista que el AIU se calcula sobre los costos directos; entonces, si la base (costos directos) aumenta, el AIU (costos indirectos) tambi\u00e9n\u00bb. <\/p>\n
18. Valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas para acceder a la pretensi\u00f3n segunda, por cuanto los dibujos a mano alzada no son dise\u00f1os estructurales y, aunque el contratista no estaba obligado a realizar dise\u00f1os, termin\u00f3 contrat\u00e1ndolos. <\/p>\n
19. Valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas para acceder a la pretensi\u00f3n tercera, por cuanto el transporte tuvo que realizarse de forma fluvial, el cual, si bien se incluy\u00f3 en la segunda modificaci\u00f3n, no se acord\u00f3 su valor real y, con el \u00e1nimo de no entorpecer la ejecuci\u00f3n normal del contrato, se aceptaron los precios unitarios. <\/p>\n
20. Valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas para acceder a la pretensi\u00f3n cuarta, por transporte adicional de materiales, en raz\u00f3n de inundaciones en los lugares de construcci\u00f3n. <\/p>\n
21. Valoraci\u00f3n conjunta para acceder a la pretensi\u00f3n quinta, pues el contrato se celebr\u00f3 sin anticipo, se solicitaron cr\u00e9ditos bancarios, y estos valores fueron destinados a la adquisici\u00f3n de materiales y pago de mano de obra. <\/p>\n
22. Valoraci\u00f3n conjunta para acceder a la pretensi\u00f3n sexta, relativa a los servicios de asesor\u00eda jur\u00eddica. <\/p>\n
Estim\u00f3 que estos errores son trascendentes, pues el Consejo de Estado ha reconocido que el incumplimiento de la entidad contratante genera desequilibrio contractual y, por ende, el deber de restablecerlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Dentro de la clasificaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n a que se refiere el t\u00edtulo \u00fanico de la Secci\u00f3n Sexta del C\u00f3digo General del Proceso, la casaci\u00f3n conserva su naturaleza extraordinaria, como se infiere de su procedencia limitada respecto a determinadas sentencias (art\u00edculo 334), por causales taxativas (art\u00edculo 336) y previo cumplimiento de los requisitos para su concesi\u00f3n (art\u00edculos 337, 338 y 340) y admisi\u00f3n (art\u00edculos 342, 344 y 346). <\/p>\n
La Sala ha reconocido esta caracter\u00edstica en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[L]a casaci\u00f3n es un recurso extraordinario, cuyo prop\u00f3sito es el quiebre de una sentencia amparada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, [por lo que se] exige que el escrito presentado para sustentarlo se sujete a determinados requisitos formales, pues, por cuanto se trata de una cuesti\u00f3n esencialmente dispositiva, la labor de la Corte queda reducida al marco que el acusador establezca, de donde se sigue que es a \u00e9ste a quien con exclusividad le toca delimitar el contexto y \u00e1mbito conceptual acerca de c\u00f3mo el Tribunal incurri\u00f3 en el desatino. <\/p>\n
De este modo, sea cual fuere la causal que se aduzca, esto es, independientemente que la cr\u00edtica cuestione vicios de juzgamiento o in procedendo, ese libelo constituye la moldura dentro de la cual la Corporaci\u00f3n debe discurrir su actividad; de ah\u00ed que competa al censor atender un m\u00ednimo de exigencias en procura de tornar id\u00f3nea la respectiva sustentaci\u00f3n; pues es a \u00e9l a quien corresponde delinear los perfiles dentro de los que ha de discurrir la Corte como Tribunal de Casaci\u00f3n (AC219, 25 en. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00048-01). <\/p>\n
2. Este linaje explica el precepto 344 del actual estatuto adjetivo, el cual establece como requisitos particulares del escrito de sustentaci\u00f3n de la casaci\u00f3n \u00abla formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb (negrilla fuera de texto, numeral 2\u00b0). <\/p>\n
La separaci\u00f3n, tambi\u00e9n conocida como autonom\u00eda, reconoce que a cada causal \u00abla acompa\u00f1an motivos propios, distintos por su naturaleza\u00bb, lo que implica \u00abque los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva\u00bb. En consecuencia, \u00able est\u00e1 vedado [al casacionista] elaborar planteamientos mixtos o h\u00edbridos con el prop\u00f3sito de cobijar en un mismo cargo varios motivos\u00bb (SC778, 15 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00613-01). <\/p>\n
Total, \u00abno es posible hacer una miscel\u00e1nea en torno a las dos maneras como puede producirse la infracci\u00f3n de la ley sustancial: la directa y la indirecta, as\u00ed tampoco se permite al impugnante soslayar las claras diferencias que existen entre los vicios de juicio y los de actividad, \u2018o saltar\u2026de aqu\u00ed para all\u00e1, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisi\u00f3n\u2019 (CSJ AC 24 jul. 2001, Exp. 7684; reiterado en CSJ AC 19 mar. 2002, Exp. 1994-01325-01, CSJ AC3533-2020, 14 dic., rad. 2016-00430-01 y CSJ AC2590-2021, 30 jun., rad. 2015-00095-02)\u00bb (AC999, 31 mar. 2022, rad. n.\u00b0 2017-00409-01). <\/p>\n
La claridad se expresa en que \u00abla persona que acude a este mecanismo debe formular sus embates\u2026 con la indicaci\u00f3n de las razones por las cuales considera que el juzgador de instancia se equivoc\u00f3 y c\u00f3mo tal dislate tiene la virtualidad de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n. No es posible soportar la acusaci\u00f3n en formulas abstractas, o elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (negrilla fuera de texto, AC3919, 20 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00650-01). <\/p>\n
Dicho en otras palabras, \u00abconcierne a que la demanda debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusi\u00f3n, o sea, f\u00e1cil de entender no s\u00f3lo en su presentaci\u00f3n sint\u00e1ctica, sino tambi\u00e9n en su construcci\u00f3n l\u00f3gica\u00bb (negrilla fuera de texto, AC, 23 ag. 2006, rad. n.\u00b0 1998-00512-01). <\/p>\n
La precisi\u00f3n obliga a \u00abque los embistes [est\u00e9n] orientados hacia los fundamentos reales de la decisi\u00f3n atacada, sin separarse de ellos, so pena que la recriminaci\u00f3n no pueda ser admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con acierto hacia el centro de la argumentaci\u00f3n de la providencia cuya anulaci\u00f3n se pretende\u00bb (negrilla fuera de texto, AC028, 16 en. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00380-01). <\/p>\n
Atenta contra la precisi\u00f3n el desenfoque o desacierto, que sucede \u00abcuando la argumentaci\u00f3n del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos dis\u00edmiles\u00bb (negrilla fuera de texto, SC2506, 26 jul. 2022, rad. n.\u00b0 2015-00829-01; reiterado SC3951, 16 dic. 2022, rad. n.\u00b0 2016-00862-01). <\/p>\n
Por \u00faltimo, por fuerza de la completitud, \u00abcada uno de los cargos propuestos debe ser\u2026 concebido con sentido panor\u00e1mico, vale decir ha de estar completo en su planteamiento de tal suerte que en su concepci\u00f3n dial\u00e9ctica comprenda con suficiente eficacia infirmatoria \u2018los distintos componentes, aspectos y reflexiones indispensables para que\u2026 pueda ser quebrantada la sentencia\u2019 (cfr… Cas. Civil de 20 de noviembre de 1989), y si esta se apoya en varios pilares, \u2018menester es que -se ataquen y destruyan todos para poder en esta forma infirmarla, porque si la acusaci\u00f3n no es panor\u00e1mica o sea que no comprende la totalidad de los soportes que le sirven de fundamento, o si aun combati\u00e9ndolos queda por lo menos uno que sirve para respaldar -la sentencia, esta, en esas circunstancias, en manera alguna puede ser quebrada\u2019\u00bb (negrilla fuera de texto, SC, 27 jun. 1991). <\/p>\n
3. La desatenci\u00f3n de cualquiera de los requisitos enunciados, por fuerza del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 346 del actual estatuto adjetivo, conducir\u00e1 a la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, esto es, a repeler su estudio de fondo. <\/p>\n
Y es que las acusaciones imbricadas, obscuras, desenfocadas o incompletas, impiden que la Corte pueda acometer su revisi\u00f3n de forma certera, en tanto cualquiera de estos yerros las hace inid\u00f3neas para derruir el veredicto combatido, haciendo anodino su estudio. <\/p>\n
Explica la Sala: <\/p>\n
En punto de la adecuada sustentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, el art\u00edculo 344 del referido ordenamiento procesal, fija los requisitos para su admisi\u00f3n, los cuales son de estricta observancia. <\/p>\n
As\u00ed entonces, le compete al recurrente formular por separado los respectivos cargos, especificando, \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
La acometida efectuada con desconocimiento de l[os] se\u00f1alado[s] requisito[s], se arruina, al no tener aptitud para invalidar la decisi\u00f3n disputada, pues a\u00fan de admitirse el defecto, la decisi\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume\u2026 (AC194, 23 en. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00371-01). <\/p>\n
4. Lo mismo suceder\u00e1, conforme al numeral 2\u00b0, \u00ab[c]uando en la demanda se planteen cuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocados en las instancias\u00bb. <\/p>\n
Se trata de la proscripci\u00f3n de los medios nuevos, huelga decirlo, alegaciones que por primera vez son tra\u00eddas al debate judicial en el curso del remedio extraordinario (SC, 16 jul. 1965, G.J. n\u00b0 2278-2279, p. 106). Dicho de otra forma: son \u00absituaciones f\u00e1cticas o probatorias que no han sido planteadas en las instancias y que a \u00faltima hora son tra\u00eddas como argumentos de quiebre de la sentencia en el recurso de casaci\u00f3n, sin que la parte contra la cual se oponen tenga oportunidad de rebatir y oponer su defensa o, si es el caso, enmendar a tiempo la omisi\u00f3n o error\u00bb (SC, 10 mar. 2000, exp. n.\u00b0 6188). <\/p>\n
Razones de distinto orden justifican esta exclusi\u00f3n: <\/p>\n
(I) La buena fe y lealtad procesal, pues no puede admitirse que un sujeto procesal sorprenda a la administraci\u00f3n de justicia y a los dem\u00e1s litigantes con alegaciones de \u00faltima hora, sobre los cuales no fue posible agotar un debate integral en las instancias, so pena de \u00abgrave quebranto del derecho de defensa del contradictor, que en esa forma quedar\u00eda sin protecci\u00f3n probatoria que oponer a la nueva y s\u00fabita arma de su atacante\u00bb (SC064, 9 may. 1994). <\/p>\n
(II) Como el objeto de la casaci\u00f3n es la sentencia de alzada, su revisi\u00f3n debe hacerse a partir de lo sucedido dentro del expediente y no con \u00abelementos ni hechos ajenos al litigio, y por lo tanto desconocidos del juez\u00bb (SC152, 8 may. 1992). \u00abTotal, si las partes voluntariamente dejan por fuera de controversia algunas materias, no puede permitirse que con posterioridad sean introducidas de forma extempor\u00e1nea e intempestiva, menos a\u00fan en el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n, pues este remedio est\u00e1 limitado a las precisas causales se\u00f1aladas por el legislador y su objeto se acota a la sentencia de segundo grado, raz\u00f3n para repeler su utilizaci\u00f3n como un nuevo grado jurisdiccional (cfr. SC, 16 jul. 1965, GJ n.\u00b0 2278-2279, p. 106)\u00bb (AC4032, 3 oct. 2022, rad. n.\u00b0 2011-00575-01). <\/p>\n
(III) \u00ab\u2018los medios nuevos\u2019 no pueden ser atendidos en casaci\u00f3n \u2018por la sencilla raz\u00f3n de que esto equivaldr\u00eda a variar la demanda iniciada y\/o a modificar la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal\u2019 (cas. Noviembre 28, 1936, XLII, 501). El medio nuevo produce as\u00ed una alteraci\u00f3n de la litis-contestatio\u00bb (SC, 24 ab. 1997). <\/p>\n
De all\u00ed que se admita como m\u00e1xima: \u00ablo que no se alega en instancia no existe en casaci\u00f3n\u00bb (SC, 12 feb. 1991). <\/p>\n
El anterior entendimiento result\u00f3 complementado con la entrada en vigencia del art\u00edculo 331 del C.G.P., al limitar las materias susceptibles de ser resueltas en apelaci\u00f3n, con la interdicci\u00f3n al sentenciador para que se pronuncie sobre puntos que no fueron invocados por el apelante, salvo que se trate de materias de orden p\u00fablico, presupuestos procesales, determinaciones \u00edntimamente conectadas, entre otros. <\/p>\n
Por ende, la formulaci\u00f3n de cargos ajenos a los motivos concretos de la apelaci\u00f3n tambi\u00e9n resultan medios nuevos, pues la no invocaci\u00f3n de un asunto al recurrir trasluce su abandono y, como regla de principio, el ad quem tiene prohibido entrar a su estudio, de all\u00ed que no puede critic\u00e1rsele su olvido en casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[E]l reconviniente no puede valerse ahora de las razones que no adujo en sede de apelaci\u00f3n, dado que se muestra contradictorio reprochar al tribunal por no haber estimado planteamientos objetivamente ajenos a la alzada que le correspondi\u00f3 decidir. Ello explica que no resulten admisibles en casaci\u00f3n los llamados \u201cmedios nuevos\u201d, \u00ab(…) toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108) (AC5438, 13 dic. 2022, rad. n.\u00b0 2015-00046-01). <\/p>\n
En suma, los medios nuevos pueden emanar de: (I) la inclusi\u00f3n en casaci\u00f3n de argumentos por completo extra\u00f1os a las instancias, que buscan desviar la controversia hacia cuestiones f\u00e1cticas o jur\u00eddicas que no se discutieron; y (II) la imputaci\u00f3n de errores a la sentencia de segundo grado los cuales no fueron objeto de reparo concreto al apelar, pues sobre ellas no pod\u00eda emitirse un pronunciamiento por fuerza del citado art\u00edculo 328 del C.G.P. <\/p>\n
5. Los cargos bajo escrutinio desatendieron los requisitos antes mencionados, como se mostrar\u00e1 para cada caso, de all\u00ed su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
5.1. En el cargo primero se incurri\u00f3 en falta de claridad y medio nuevo. <\/p>\n
5.1.1. Lo inicial, por cuanto se achac\u00f3 al sentenciador de segunda instancia un cercenamiento de la demanda, sin explicar su trascendencia, esto es, que, de no haber incurrido el dislate, la decisi\u00f3n hubiera sido diferente a la adoptada. <\/p>\n
Y es que la claridad, como ya se explic\u00f3, impone que la acusaci\u00f3n refulja f\u00e1cilmente, sin acudir a razones alambicadas o complicados esfuerzos hermen\u00e9uticos, lo cual deber\u00e1 traslucir, tanto respecto al error de juzgamiento, como a su relevancia, siendo imperativo que el casacionista d\u00e9 cuenta de ellos. <\/p>\n
En el presente, en contravenci\u00f3n a lo indicado, la recurrente se limit\u00f3 a insistir en que el Tribunal cercen\u00f3 el objeto de la reclamaci\u00f3n, por cuanto revisada la demanda se advierte que la condena promovida se soport\u00f3 en una doble consideraci\u00f3n: la existencia de hechos imprevisibles y el incumplimiento de los deberes del demandado. De este extracto descuella la falta de ilustraci\u00f3n sobre la incidencia que este yerro tiene respecto a la decisi\u00f3n absolutoria, con el fin de mostrar que, de no existir el error del sentenciador, el fallo hubiera sido opuesto al proferido. <\/p>\n
Para mayor perspicuidad, nada dijo la opugnante sobre las razones para colegir que, de admitirse que hubo un incumplimiento contractual, el veredicto hubiera sido diferente al que se emiti\u00f3 en segundo grado. Dilucidaci\u00f3n que era de la mayor relevancia pues el ad quem, para rehusar las s\u00faplicas, no s\u00f3lo desvirtu\u00f3 los supuestos del restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico por hechos imprevisibles, sino que, adicionalmente, advirti\u00f3 sobre las deficiencias probatorias del da\u00f1o y su conexi\u00f3n causal, situaciones que, en abstracto, impedir\u00edan la prosperidad de las s\u00faplicas incluso respecto a la imputaci\u00f3n por incumplimiento. <\/p>\n
Para mostrar, conviene recordar las palabras literales del sentenciador, que se transcriben in extenso: <\/p>\n
En cuanto al ajuste de precios unitarios ejecutados\u2026 la contratista no s\u00f3lo guard\u00f3 silencio frente su intenci\u00f3n de adicionar o incrementar los precios o plantear una forma distinta de estimaci\u00f3n de los mismos, sino que firm\u00f3, y con ello, refrend\u00f3 el contenido de tales documentos, en el sentido de que no se alteraron las condiciones econ\u00f3micas del contrato. Ahora bien, al no indicarse expresamente la fecha en que tuvieron lugar los costos que dijo asumir la accionante en exceso por el concepto analizado, ni aportar prueba de ello, no es dable ubicarlos temporalmente despu\u00e9s de perfeccionados los actos con los que se defini\u00f3 el plazo de entrega. Por tal motivo, no es procedente que en el momento en que debi\u00f3 dejar nota de su inconformidad no lo hiciera y aceptara lo pactado y ahora pretenda desconocer sus propios actos, lo que fuerza a desechar su aspiraci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
S\u00edmil situaci\u00f3n acaece en torno a la pretensi\u00f3n que por concepto de la contrataci\u00f3n y elaboraci\u00f3n del dise\u00f1o puesto que\u2026 las inconformidades que el consorcio tuvo de cara al dise\u00f1o que dijo le fue entregado a mano alzada por la contratante, luce a\u00fan m\u00e1s tard\u00edo, pues se colige que tal actuaci\u00f3n tuvo lugar antes de suscribir el contrato y nada se dej\u00f3 registrado al respecto. Frente a la aseveraci\u00f3n atinente a que \u201cvarias de las obras adelantadas tuvieran que desmontarse y con ello perder materiales, mano de obra, alquiler de equipos, entre otros\u201d, no puede tenerse como una salvedad en estricto sentido, pues m\u00edrese que es gen\u00e9rica en tanto no identifica plenamente cu\u00e1les obras fueron deshechas, qu\u00e9 materiales se perdieron, qu\u00e9 valor represent\u00f3 en p\u00e9rdidas, o cualquier otro dato que fuera susceptible de cotejo y examen tal afirmaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Los montos perseguidos\u2026 derivados del mayor valor de transporte fluvial\u2026 queda sin sustento f\u00e1ctico al tener presente lo inscrito en el memorando interno 20112310073993 de 9 de mayo de 2011, que hace parte del contrato base de la acci\u00f3n, en relaci\u00f3n con que la contratista realiz\u00f3 las averiguaciones y estudios pertinentes sobre las condiciones de ejecuci\u00f3n de las obras pactadas, y a partir de ello, proyect\u00f3 y analiz\u00f3 su inter\u00e9s en llevarlas a cabo, por lo cual no puede atribuir una falta de conocimiento de las condiciones reales del trayecto\u2026 <\/p>\n
Fenece, igualmente, la pretensi\u00f3n por\u2026 intereses financieros cobrados por las instituciones bancarias\u2026 [porque] al no mencionarse en el libelo introductor la fecha de ocurrencia de ello, no puede presumirse que fue en el interregno posterior a la firma de las referidas modificaciones y el levantamiento del acta liquidatoria. <\/p>\n
Teniendo en cuenta la finalidad de la acci\u00f3n propuesta, es decir, que, de existir un desequilibrio econ\u00f3mico del contrato causado en la ejecuci\u00f3n del mismo, se le ponga fin restableciendo las condiciones, no es posible acceder a ordenar a la pasiva pagar $80.000.000 por concepto de conciliaci\u00f3n administrativa, pues ello desborda los confines de la demanda y no es eminentemente contractual. <\/p>\n
La inoportuna reclamaci\u00f3n por actualizaci\u00f3n de A.I.U., por $122.291.490, es un obst\u00e1culo insuperable para su prosperidad, debido a que como se sostuvo en el escrito genitor, el 28.8% establecido se fij\u00f3 en el contrato, y a lo largo de su ejecuci\u00f3n no qued\u00f3 consignada la disidencia en este sentido por la contratista, lo que de suyo hace que acept\u00f3 tal situaci\u00f3n, y solo al finalizar su <\/p>\n
En verdad, aunque se aceptara que la demandante tambi\u00e9n pretendi\u00f3 los efectos de los incumplimientos de Fonade, del cargo no descuellan las razones para colegir que el Tribunal debi\u00f3 acceder a las pretensiones; m\u00e1s a\u00fan ante la intangibilidad de las dem\u00e1s conclusiones de la sentencia, por no haber sido cuestionadas en esta censura, tocantes a que (I) la demandante asumi\u00f3 -expresa o t\u00e1citamente- varios de los riesgos contractuales, (II) que, por fuerza del principio non venine factum propio, renunci\u00f3 a reclamar una reparaci\u00f3n, y (III) que no prob\u00f3 con exactitud el momento de ocurrencia de los da\u00f1os reclamados. <\/p>\n
Ante la obscuridad que se alza sobre la acusaci\u00f3n se hace improcedente su estudio de fondo, por la futilidad de adentrarse en ella. <\/p>\n
5.1.2. Se agrega a lo anterior que, en el embate, se incluy\u00f3 un medio nuevo, pues se plante\u00f3 una discusi\u00f3n que fue abandonada al apelar, como es que Fonade incumpli\u00f3 sus obligaciones contractuales. <\/p>\n
En efecto, la demandante, al sustentar el remedio vertical, insisti\u00f3 con vehemencia en la aplicaci\u00f3n de la ley 80 de 1993 a la convenci\u00f3n celebrada entre las partes, a partir de lo cual adujo que las declaraciones y condenas est\u00e1n \u00absustentadas en dos t\u00edtulos: incumplimiento del deber de planeaci\u00f3n de Fonade, de una parte; y, verificaci\u00f3n de circunstancias imprevistas y\/o previstas con efectos imprevisibles e irresistibles, de otra\u00bb (negrilla fuera de texto). E insisti\u00f3 que la entidad p\u00fablica \u00abignor\u00f3 las reclamaciones de la demanda basados en la falta de planeaci\u00f3n de Fonade como factor generador del desequilibrio econ\u00f3mico denunciado\u00bb (negrilla fuera de texto, archivo digital 05SustentacionApelacion). <\/p>\n
Sin embargo, al sustentar el remedio extraordinario fue m\u00e1s all\u00e1, por cuanto se\u00f1al\u00f3 que el restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico era procedente por cuanto \u00abFONADE incumpli\u00f3 sus obligaciones\u2026 contractuales -deber de reajuste de precios, deber de evitar perjuicios al contratista-\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Descuella que estas \u00faltimas infracciones por parte de la empresa industrial y comercial del Estado, no fueron objeto de la apelaci\u00f3n planteada, de all\u00ed que sea abiertamente extempor\u00e1nea su enunciaci\u00f3n en casaci\u00f3n. <\/p>\n
La incorporaci\u00f3n de esta alegaci\u00f3n novedosa, por atentar contra caros principios procesales, conduce agregadamente a que se cierre el estudio del embiste. <\/p>\n
5.2. En cuanto se refiere al cargo segundo, por mixtura, obscuridad y medios nuevos, tambi\u00e9n procede su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
5.2.1. La inobservancia de la separaci\u00f3n se materializ\u00f3 en el hecho de que, a pesar de que el embiste se encaus\u00f3 por la senda directa -causal primera-, la recurrente descendi\u00f3 al an\u00e1lisis probatorio, materia que es propia de la v\u00eda indirecta -causal segunda-. <\/p>\n
En efecto, adem\u00e1s de censurar que la ruptura del equilibrio financiero puede emerger de incumplimientos contractuales, conforme a los art\u00edculos 4, 5 y 27 del estatuto de la contrataci\u00f3n estatal -causal primera-, reproch\u00f3 que se interpretara que \u00abConsorcio Aval reclamaba, \u00fanicamente, la aplicaci\u00f3n del 27 de la ley 80 de 1993 para el restablecimiento de la ecuaci\u00f3n financiera por causas no imputables al contratante, cuando en realidad sus reclamaciones tienen dos enfoques\u00bb, de lo cual refulge que de forma velada est\u00e1 cuestionando la correcta hermen\u00e9utica del libelo genitor -causal segunda-. <\/p>\n
Se tiene, por tanto, que en la acusaci\u00f3n se conjuntaron cuestiones jur\u00eddicas y de valoraci\u00f3n suasoria, en una mezcla de causales de casaci\u00f3n que se encuentra proscrita, por suponer un atentado contra la autonom\u00eda de cada una de ellas. <\/p>\n
Sobre esta materia, la Corte tiene dicho: <\/p>\n
La infracci\u00f3n directa ocurre, cuando el funcionario no aplica la norma sustancial relativa al caso controvertido, y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. En esa direcci\u00f3n, el recriminador ce\u00f1ir\u00e1 la sustentaci\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704, criterio reiterado en CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01 y AC5521-2022, 15 dic., rad. 2020-00017). <\/p>\n
Significa esto, que en los eventos en que la cr\u00edtica extraordinaria se direccione por esta v\u00eda, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del \u00abfallo\u00bb o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, sin que le sea dable sumergirse en los aspectos probatorios (AC799, 19 ab. 2023, rad. n.\u00b0 2015-00574-01). <\/p>\n
5.2.2. Se agrega a lo dicho que la acusaci\u00f3n, aunque se dividiera, falta a la claridad, al no explicar, para cada uno de los errores, c\u00f3mo se conculcaron los preceptos enlistados como violados. <\/p>\n
Total, en el escrito casacional se aleg\u00f3 \u00ab[l]a inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 5 de la ley 80 de 1993 y la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 27 de la misma ley\u2026 [y la falta de aplicaci\u00f3n de] la siguiente normatividad referida (1) al principio de planeaci\u00f3n: Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, art\u00edculos 209, 339 y 341; ley 80, art\u00edculo 25, n\u00fam. 6, 7 y 11 a 14; ley 80 de 1993, art\u00edculo 26, n\u00fam. 3; ley 80 de 1993, art\u00edculo 30, n\u00fam. 1 y 2; (2) al principio de buena fe contractual: ley 80 de 1993, art. 28; y, (3) al principio de responsabilidad: ley 80 de 1993, art. 26, n\u00fam. 3.\u00bb; sin embargo, para ninguna de estas disposiciones se dej\u00f3 en claro la forma en que configur\u00f3 su quebrantamiento. <\/p>\n
Para ser m\u00e1s exactos, basta rememorar el pensamiento de esta Sala: <\/p>\n
En atenci\u00f3n a que las acusaciones formuladas por transgresi\u00f3n de normas de derecho sustancial reclaman, del interesado, que \u00abinvoque\u2026 cualquier disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a [su] juicio\u2026 haya sido violada\u00bb (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso), para que haya claridad en su formulaci\u00f3n es menester que se incluya una explicaci\u00f3n sobre la forma en que se materializ\u00f3 el defecto. <\/p>\n
Luego, resulta exiguo que el recurrente se limite a incorporar un listado de disposiciones transgredidas, pues es menester que frente a cada una de ellas se incluya una explicaci\u00f3n sobre la forma en que se configur\u00f3 la vulneraci\u00f3n y su relevancia para la resoluci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
Esta es la tesis de la Sala sobre la materia: \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, rad. n\u00b0 2006-00119-01) (negrilla fuera de texto, AC4921, 9 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2017-00431-01). <\/p>\n
En consecuencia, era imperativo que la casacionista, respecto a los mandatos citados en su escrito, dilucidara la forma en que ocurri\u00f3 su transgresi\u00f3n, ora por la senda directa o por la indirecta, trazando el sendero que debe andar la Corte para desestimar las presunciones de legalidad y acierto que resguardan las sentencias de instancia. <\/p>\n
Renu\u00e9vese, \u00abla casaci\u00f3n\u2026 se trata de una cuesti\u00f3n esencialmente dispositiva, [por ende] la labor de la Corte queda reducida al marco que el acusador establezca, de donde se sigue que es a \u00e9ste a quien con exclusividad le toca delimitar el contexto y \u00e1mbito conceptual acerca de c\u00f3mo el Tribunal incurri\u00f3 en el desatino\u00bb (AC5453, 16 dic. 2022, rad. n.\u00b0 2016-00358-01). <\/p>\n
Como en el sub lite no se procedi\u00f3 de esta manera, sino que la opugnante se conform\u00f3 con hacer una enumeraci\u00f3n de preceptos de diferente linaje y procedencia, sin explicar su aplicaci\u00f3n al caso y mostrar c\u00f3mo se desconocieron, queda en evidencia la obscuridad de su censura. <\/p>\n
5.2.3. Se suma a lo expuesto que, al igual que en el embiste inicial, en casaci\u00f3n se incluy\u00f3 un argumento desechado al apelar, haci\u00e9ndose inoportuna su invocaci\u00f3n en este momento, por comportar una lesi\u00f3n a la buena fe procesal y al derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, como ya se explic\u00f3, al sustentar el remedio vertical \u00fanicamente se evoc\u00f3 la desatenci\u00f3n del deber de planeaci\u00f3n, como basamento del restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico perseguido por incumplimiento negocial; por ende, que ahora tambi\u00e9n se pretenda la condena por violaci\u00f3n de los \u00abprincipios de buena fe\u00bb y \u00abresponsabilidad\u00bb, constituye una invocaci\u00f3n novedosa, que no puede permitirse de ninguna manera. <\/p>\n
Este motivo, sumado a los precedentes, conduce a la inadmisi\u00f3n de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, como se detall\u00f3 al desechar el embiste inicial, que el Tribunal repudi\u00f3 las condenas pretendidas, adem\u00e1s de la extemporaneidad de la exacci\u00f3n, porque la demandante (I) al suscribir los otros\u00edes acept\u00f3 que no habr\u00eda modificaci\u00f3n a la remuneraci\u00f3n que percibir\u00eda; (II) al firmar el contrato inicial manifest\u00f3 conocer los lugares en que realizar\u00eda su actividad; (III) a pesar de observar que los dise\u00f1os estaban a mano alzada, asinti\u00f3 en contratar; (IV) los instrumentos suasorios no dan cuenta de la fecha en que incurrieron los mayores valores reclamados, lo que impide su reconocimiento; y (V) por la naturaleza de la controversia, no pueden conjuntarse pedimentos ajenos al contrato. <\/p>\n
Ninguna de las consideraciones enumeradas fue disputada en el embate, lo que demuestra su poquedad, de all\u00ed que adentrarse en su estudio resulte inane. <\/p>\n
Y es que, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que basta la inclusi\u00f3n de las observaciones en la cuenta final de liquidaci\u00f3n para que pueda reclamarse judicialmente su reparaci\u00f3n, de esto no se sigue que deba casarse el fallo de segunda instancia, pues la decisi\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume soportada en las premisas incuestionadas. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan por cuanto lo que deviene intangible, por no haber sido censurado, es el colof\u00f3n de que el demandante asumi\u00f3 los riesgos de mercado de los mayores precios, de forma expresa -al suscribir el contrato inicial o los otros\u00edes- o t\u00e1cita -porque su conducta gener\u00f3 la confianza en su contraparte de que no reclamar\u00eda-, lo que desdice del reclamo que formul\u00f3 para pretender una condena en su favor. <\/p>\n
Por lo precedente, se cierra el estudio de fondo de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5.4. La acusaci\u00f3n final falta a la claridad e incurre en mixtura. <\/p>\n
5.4.1. Se desatendi\u00f3 la perspicuidad por cuanto la casacionista se limit\u00f3 a exponer su hermen\u00e9utica sobre las pruebas enlistadas en su escrito, sin hacer una verdadera labor de contraste entre la ontolog\u00eda de los instrumentos persuasivos y las conclusiones que sobre ellos plasm\u00f3 el ad quem, con el fin de descubrir su evidente transgresi\u00f3n. <\/p>\n
Bien ha dicho la Sala que \u00abadmitir a tr\u00e1mite un escrito casacional fundado tan s\u00f3lo en un ejercicio de ponderaci\u00f3n probatoria diferente al plasmado en la providencia atacada desconocer\u00eda la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto de que est\u00e1 revestida la sentencia de \u00faltima instancia, como quiera que las conclusiones del juez fundadas en el examen de los elementos f\u00e1cticos son, en principio, intocables, salvo la demostraci\u00f3n de un yerro apreciativo, evidente, incuestionable y trascendental, que en el caso de autos no se mostr\u00f3\u00bb (AC5354, 16 dic. 2022, rad. n.\u00b0 2017-00141-01). <\/p>\n
Por ello, un cargo por error de hecho, supone del interesado hacer una labor de parang\u00f3n o contraste, entre lo que emana objetivamente de las probanzas, y las premisas f\u00e1cticas del fallo censurado, con el prop\u00f3sito de mostrar su falta de correspondencia absoluta. As\u00ed lo tiene sentado la doctrina de la Corte: <\/p>\n
El error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de medios de convicci\u00f3n se configura cuando el vicio emerge abrupto y ostensible, de manera que, analizado el contenido material de las pruebas, en contraste con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador por efecto de su valoraci\u00f3n, salte de bulto la disconformidad. Para demostrar la existencia de un defecto de ese calado, es preciso que la apreciaci\u00f3n probatoria que propone la censura sea la \u00fanica admisible, toda vez que \u2018no resulta suficiente presentar deducciones antag\u00f3nicas a las expuestas en la sentencia, porque ellas solas no tienen entidad para demostrar desacierto alguno\u2019 (SC11294-2016) (SC047, 16 mar. 2023, rad. n.\u00b0 2016-00156-01). <\/p>\n
Por tanto, lo realizado por el recurrente es un mero ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria, propio de las instancias, pero extra\u00f1o al remedio casacional, \u00abpues en lugar de controvertir la sentencia de segunda instancia, se limit\u00f3 a proponer una hermen\u00e9utica demostrativa alterna, basada en la particular visi\u00f3n de la demandante sobre el contenido y alcance de las pruebas\u00bb (AC207, 1\u00b0 mar. 2023, rad. n.\u00b0 2019-00007-01). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, el tema en discusi\u00f3n en casaci\u00f3n, es la sentencia confutada, no las pruebas del proceso, por lo que el impugnante tiene la carga de derruirla, sin que para estos fines sirva plantear una nueva valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Como en el presente, it\u00e9rese y a riesgo de saturar, \u00fanicamente se incluy\u00f3 un listado de pruebas, con su correspondiente ponderaci\u00f3n, bajo el argumento de que fueron pretermitidas, sin hacer la labor de contraste que permitiera desvelar los errores del Tribunal, se falta a la claridad, en una deficiencia t\u00e9cnica insalvable. <\/p>\n
5.4.2. Se suma que tambi\u00e9n se desatenci\u00f3n la regla t\u00e9cnica de la separaci\u00f3n, ya que, a pesar de que el recurrente anunci\u00f3 en su cargo la conculcaci\u00f3n de la ley sustancial por v\u00eda indirecta, fruto de la pretermisi\u00f3n de pruebas, lo que se subsume dentro del error de hecho, a continuaci\u00f3n manifest\u00f3 que el Tribunal falt\u00f3 al deber de valorar conjuntamente los medios persuasivos, t\u00edpico error de derecho por infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C.G.P., en una conjunci\u00f3n de motivos de casaci\u00f3n que resulta inadmisible. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, para esclarecer, que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta, por yerros materiales, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica o de las reglas de valoraci\u00f3n se trata. Dentro de este contexto, la pretermisi\u00f3n probatoria pertenece al primer tipo, mientras que la falta de apreciaci\u00f3n en conjunto al segundo, por lo que su fusi\u00f3n resulta incorrecta. <\/p>\n
La Sala ha precisado: <\/p>\n
Resulta imperioso destacar la usual confusi\u00f3n en que se incurre cuando en sede casacional, so pretexto de criticar al juzgador por no apreciar las pruebas en conjunto, se recrimina de este la omisi\u00f3n o falta de apreciaci\u00f3n de algunas de ellas, o su cercenamiento, y por esta v\u00eda, a mostrar una particular visi\u00f3n del poder persuasivo de apartes destacados y de algunas conclusiones distanciadas de las adoptadas por el Tribunal, lo que hace derivar el cargo hacia un error de hecho, con entremezclamiento o mixturas de yerros probatorios, cual sucede en este cargo (AC905, 18 may. 2023, rad. n.\u00b0 2019-00158-01). <\/p>\n
Luego, ante el amalgamiento de errores de hecho y de derecho, se impone rechazar el examen de fondo de la \u00faltima de las acusaciones. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
6.1. La gravedad de los defectos referidos conduce a la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6.2. Como no se advierte la necesidad de unificar la jurisprudencia sobre las materias objeto de controversia, ni una situaci\u00f3n que amerite control de legalidad o la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de los sujetos procesales por su notoria conculcaci\u00f3n, se excluye la procedencia de la selecci\u00f3n positiva a que se refiere el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, con el fin de dar paso a la casaci\u00f3n de oficio consagrada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve inadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada por el apoderado judicial del Consorcio Aval, integrado por Jaime Andr\u00e9s Villabona Valencia y Javier Leonardo \u00c1lvarez Castro, frente a la sentencia del 12 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que promovi\u00f3 en contra del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade, hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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AC2061-2023 (2014-00516-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC2061-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-004-2014-00516-01 Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada en nombre del Consorcio Aval, integrado por Jaime Andr\u00e9s Villabona Valencia y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75832","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75832"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75832\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}