AC2231-2023 (2015-00098-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2231-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-31-03-001-2015-00098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Guillermo Castro Mej\u00eda, frente a la sentencia de 6 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia adelantado por el recurrente en contra de Inversiones Castro y C\u00eda. S. en C. (en adelante demandada determinada) y personas indeterminadas. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Por intermedio de apoderado judicial, Guillermo Castro Mej\u00eda solicit\u00f3 declarar que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria el dominio del inmueble denominado Palmarito, ubicado en el municipio de La Paz (Cesar), el cual se identifica con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-24164 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar (Cesar). <\/p>\n
2.- Para fundamentar sus pretensiones, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
2.1.- Detenta el inmueble con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o desde junio de 1998. <\/p>\n
2.2.- Ejerce el se\u00f1or\u00edo del predio a trav\u00e9s de actos, consistentes en percibir sus frutos, realizar mejoras, celebrar contratos de arrendamiento, y pagar impuestos y servicios p\u00fablicos, lo anterior desconociendo mejor derecho en cabeza de terceras personas. <\/p>\n
2.3.- Su posesi\u00f3n fue reconocida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, mediante auto de 31 de mayo de 2004, el cual fue confirmado por el Tribunal Superior de Valledupar en providencia de 16 de septiembre hoga\u00f1o, ambas dictadas el proceso ejecutivo No. 20-001-31-03-004-2001-00181-00, adelantado por la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n en contra de Agropecuaria Palmarito Ltda. <\/p>\n
3.- La demandada determinada no se opuso a las pretensiones. <\/p>\n
4.- Por auto de 20 de octubre de 2016, dictado durante la audiencia inicial se vincul\u00f3 a AS Proyectos S.A.S. como cesionario de la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n, de acuerdo con la anotaci\u00f3n No. 24 de la matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
5-. Dicho cesionario formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abfalta de los requisitos para adquirir por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, en sentencia calendada 10 de septiembre de 2019, declar\u00f3 no probados los elementos axiol\u00f3gicos para adquirir por prescripci\u00f3n el inmueble rural, desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
7.- Contra dicha providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral, en sentencia de 6 de septiembre de 2022, confirm\u00f3 la providencia recurrida y conden\u00f3 en costas a la apelante. <\/p>\n
2.- Para arribar a esa determinaci\u00f3n, parti\u00f3 por recordar que la posesi\u00f3n debe ser contin\u00faa, p\u00fablica y pac\u00edfica. La continuidad, consiste en el ejercicio de actos, que ponderados en concreto, demuestren que la cosa ha sido pose\u00edda sin interrupci\u00f3n; el car\u00e1cter pac\u00edfico, estriba en que no haya sido perturbada por v\u00edas de hecho o de derecho; y, la publicidad requiere que el poseedor disfrute de la cosa a la vista de todos. <\/p>\n
3.- Enunci\u00f3 los requisitos de viabilidad de la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia, que en su criterio consisten en que el poseedor ejercite la posesi\u00f3n material; \u00e9sta se prolongue por el t\u00e9rmino establecido para usucapir; sea p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida; recaiga sobre un bien prescriptible; y, concurra con el justo t\u00edtulo y la buena fe, en trat\u00e1ndose de posesiones regulares. <\/p>\n
Luego, ilustr\u00f3 que la posesi\u00f3n surge de la concurrencia del corpus y el animus, dando cuenta de las pruebas de los actos de explotaci\u00f3n material que realiz\u00f3 el demandante sobre el bien objeto de la litis, que consistieron en: la diligencia de secuestro, la oposici\u00f3n a dicha cautela, la providencia del juzgado que la acept\u00f3, la decisi\u00f3n del tribunal que la confirm\u00f3; el contrato de arrendamiento que celebr\u00f3 con Irridelco S.A.; las certificaciones expedidas por Coolesar y L\u00e1cteos San Diego; y, el testimonio de \u00c1lvaro Vergara Oyola. <\/p>\n
Por otro lado, apunt\u00f3 a la existencia de medios probatorios que ponen en duda el \u00e1nimo de due\u00f1o que requiere el poseedor para poder prescribir, los cuales son: contrato de permuta de 17 de octubre de 2001, ajustado entre la Agropecuaria Palmarito Ltda. y el aqu\u00ed demandante; contrato de compraventa suscrito por este \u00faltimo y la demandada determinada en esa misma fecha; y, certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad convocada, en donde aparece que el actor fue administrador y socio gestor. <\/p>\n
Con base en estas pruebas, coligi\u00f3 que \u00abimpiden tener certeza del momento \u2013 fecha exacta \u2013 en el cual empieza a actuar el demandante como poseedor sobre el bien objeto de la litis, desconociendo el derecho de los dem\u00e1s, incluyendo el de los socios de la demandada\u00bb (folio 12 de la sentencia). <\/p>\n
4.- Entendi\u00f3 que el demandante realiz\u00f3 actos de mera tenencia desde 1998 hasta 2001, pues reconoci\u00f3 el dominio de la Agropecuaria Palmarito Ltda., en la medida que adquiri\u00f3 el bien de dicha persona jur\u00eddica, e hizo lo propio respecto de la demandada determinada, a quien le vendi\u00f3 el inmueble. <\/p>\n
5.- Encontr\u00f3 que el demandante, al absolver el interrogatorio de parte, intent\u00f3 desconocer dichos negocios, a pesar de haber aceptado su realizaci\u00f3n; frente a la permuta, adujo que entreg\u00f3 el predio con matr\u00edcula No. 190-0031688, a cambio del inmueble objeto de la litis que le dio la Agropecuaria Palmarito; alrededor de la compraventa, expres\u00f3 que realiz\u00f3 una cesi\u00f3n, a manera de venta simulada, en favor de la demandada determinada, pero que no le entregaron dineros, y que \u00e9l tampoco ha entablado acciones para solicitar el reconocimiento de la ineficacia, invalidez o nulidad del contrato. <\/p>\n
Aqu\u00ed, estim\u00f3 que el proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia no es el escenario para desconocer la validez de esos contratos, pero, al margen de esa situaci\u00f3n, no hay pruebas que revelen que fueron simulados. <\/p>\n
6.- Contemplando el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la demandada determinada, encontr\u00f3 que la escritura p\u00fablica 452 de 17 de abril de 2000 fue inscrita el 18 de abril de esa anualidad, y que esta acredita la designaci\u00f3n del accionante como socio gestor, por lo que contaba con facultades de administrador y representante legal de la demandada en el \u00e1mbito de su objeto social. <\/p>\n
De ese documento, extrajo que el demandante ejerci\u00f3 la representaci\u00f3n legal hasta abril de 2008, cuando la deleg\u00f3 a Ana Lucia Quintero Ojeda, con la salvedad de que la delegaci\u00f3n se surt\u00eda \u00absin que se entienda de que la delegada era socia y que Castro Mej\u00eda perdiera la calidad de socio gestor\u00bb (folio 15). <\/p>\n
Encontr\u00f3 que el demandante suscribi\u00f3 la compraventa referida con antelaci\u00f3n, como representante legal y gestor de la demandada determinada, por consiguiente, dedujo que recibi\u00f3 el inmueble y entr\u00f3 a administrarlo para la sociedad, en su doble condici\u00f3n de socio y administrador, y no a t\u00edtulo personal. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el demandante, en el interrogatorio manifest\u00f3 que la posesi\u00f3n no ha sido ejercida en calidad de socio ni a nombre de otra persona, pero le rest\u00f3 credibilidad a esa declaraci\u00f3n, bajo el entendido de que en dicha prueba reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de gestor y administrador, aunado que la documental revela que fue representante legal entre 2000 y 2008, am\u00e9n de que se desvincul\u00f3 de la sociedad hasta 2016. <\/p>\n
7.- Dej\u00f3 sentado que el prescribiente debe probar el momento exacto en que la mera tenencia se convierte en posesi\u00f3n, partiendo de la premisa de que ese efecto no ocurre por el simple paso del tiempo; pero apunt\u00f3 que en el caso, a pesar de acreditarse la detentaci\u00f3n y administraci\u00f3n del demandante sobre el bien encartado, no hay claridad sobre cuando pas\u00f3 de ser socio gestor y administrador a comportarse como due\u00f1o. <\/p>\n
Soport\u00f3 su conclusi\u00f3n, aduciendo que el arriendo del fundo para la actividad agropecuaria, el suministro de leche a otras empresas y el pago a trabajadores, son actividades que se confunden con las que el demandante ten\u00eda a su cargo en calidad de representante legal, administrador y gestor de la sociedad, por ende, los actos realizados fueron de mera facultad o tolerancia, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2520 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
8.- Por lo anterior, estima que el demandante reconoci\u00f3 dominio ajeno desde 2001 \u00abhasta el 2016 o 2017\u00bb (folio 19) aproximadamente acotando que en esa \u00faltima data dej\u00f3 de ser socio gestor, en atenci\u00f3n a la transformaci\u00f3n de la sociedad de comanditaria a por acciones simplificada. <\/p>\n
8.1.- Discurri\u00f3 que la \u00abconversi\u00f3n del t\u00edtulo de mero tenedor a poseedor\u00bb (folio 19) no se produjo en abril de 2008, con la designaci\u00f3n de Ana Lucia Quintero como representante legal de la demandada, toda vez que el demandante mantuvo la condici\u00f3n de socio gestor, que lleva \u00ednsita la administraci\u00f3n societaria, de la cual no se desprende aunque se delegue la representaci\u00f3n, de ah\u00ed que los actos realizados bajo esa calidad no impliquen el desconocimiento del derecho de la sociedad y de los asociados. <\/p>\n
8.2.- Observ\u00f3 que los documentos contentivos del tr\u00e1mite y decisi\u00f3n del incidente de desembargo no fueron valorados en primera instancia, pero deben sopesarse con sujeci\u00f3n a las reglas de la sana critica, teniendo en cuenta que de dicha actuaci\u00f3n no se desprende la cosa juzgada; adem\u00e1s, evoc\u00f3 que las providencias apenas acreditan su decisi\u00f3n, autor y fecha de expedici\u00f3n, pero no los soportes probatorios que se tuvieron en cuenta para resolver. <\/p>\n
8.3.- Apunt\u00f3 que en dichas providencias no se valoraron los presupuestos axiol\u00f3gicos requeridos para usucapir, la decisi\u00f3n se fundament\u00f3 sobre pruebas sumarias, y no incide en las resultas de este proceso de pertenencia, menos cuando los testigos de ese tr\u00e1mite no esclarecieron el \u00e1nimo posesorio, por cuanto no atestaron sobre el abandono del t\u00edtulo de administrador de la sociedad y la asunci\u00f3n del de poseedor. <\/p>\n
9.- Alrededor del reparo dirigido a la falta de ponderaci\u00f3n del testimonio de \u00c1lvaro Rafael Vergara Oyola, del peritaje y de otras pruebas documentales que dan cuenta de la tenencia, coligi\u00f3 que dichos medios confunden la posesi\u00f3n con los actos que el demandante realiz\u00f3 como socio gestor sobre el predio de la demandada; y, resalta que el a quo constat\u00f3 que el testigo fue abogado de la convocada durante el proceso ejecutivo, lo cual va en contrav\u00eda con la manifestaci\u00f3n del recurrente. <\/p>\n
10.- Finalmente, indic\u00f3 que el t\u00e9rmino \u00abposesi\u00f3n transparente\u00bb utilizado en la sentencia apelada, no fue referido como un requisito de la prosperidad de la acci\u00f3n, sino c\u00f3mo un calificativo de la forma de ejercer los actos de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
El demandante, por intermedio de apoderado judicial, plante\u00f3 acusaci\u00f3n en contra de la sentencia, formulando un cargo con base en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Esgrime el recurrente la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 764, 770, 777, 786, 2512, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523, 2527, 2531, 2532 del C\u00f3digo Civil, y del precepto 1\u00ba de la ley 791 de 2002, por la materializaci\u00f3n de errores ostensibles y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de determinados medios de prueba. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anunci\u00f3 que en la sentencia se incurri\u00f3 en error de derecho resultante de la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 97, 166 y 372 (numeral 4\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso, cuya ocurrencia aparej\u00f3 el quebrantamiento de las normas sustantivas referidas. <\/p>\n
Bajo esos t\u00e9rminos, explic\u00f3 la comisi\u00f3n de los desatinos, bajo los siguientes r\u00f3tulos: <\/p>\n
1.- Errores de apreciaci\u00f3n sobre el contenido del acta de la diligencia de secuestro. <\/p>\n
El tribunal consider\u00f3 que la diligencia de secuestro demuestra que el actor detentaba y explotaba econ\u00f3micamente el inmueble encartado, pero no le otorg\u00f3 la entidad de comprobar el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed le recort\u00f3 su alcance, desconociendo que hizo valer la calidad de poseedor en una diligencia judicial con el fin de que fuera reconocida en una providencia, lo cual obtuvo en el auto que resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n y en la decisi\u00f3n que lo confirm\u00f3. <\/p>\n
Frente a dicha probanza, esgrimi\u00f3 que el acta data del 18 de septiembre de 2003, da cuenta de la aportaci\u00f3n de documentos y de la petici\u00f3n de testimonios dirigidos a demostrar que el aqu\u00ed recurrente ostentaba la tenencia del inmueble y lo reconoc\u00eda como suyo desde 1998. <\/p>\n
Adujo que el acta comprueba el demandante tiene el animus desde el a\u00f1o 1998, o cuando menos desde \u00e9pocas cercanas y anteriores a la diligencia de secuestro, pues para esa data ya estaba ejerciendo la posesi\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Tambi\u00e9n demuestra el momento en que se produjo la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, lo cual ocurri\u00f3 en el incidente de desembargo suscitado en el marco de un proceso ejecutivo cuya existencia era conocida por la demandada determinada, cuando menos desde el registro de la cautela, de modo que \u00e9sta y sus socios deb\u00edan tener conocimiento de la posesi\u00f3n que all\u00ed se esgrimi\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las manifestaciones que el aqu\u00ed demandante, realiz\u00f3 en calidad de opositor al secuestro, acreditan la voluntad de comportarse como due\u00f1o, ya que all\u00ed le otorg\u00f3 poder al abogado \u00c1lvaro Vergara Oyola, quien en su nombre adujo la realizaci\u00f3n de actos posesorios, como implantaci\u00f3n de postes, mantenimiento de cercas, construcci\u00f3n de sistema de riego, explotaci\u00f3n de ganado recibido en participaci\u00f3n de Celso Castro, Edith Castro de Rodr\u00edguez y Evaristo Guti\u00e9rrez Diaz, y operaci\u00f3n de un orde\u00f1o que suministr\u00f3 leche a Coolesar y Coolechera y en la actualidad la entrega a L\u00e1cteos San Diego, que, por dem\u00e1s, es administrado por su empleado Omar Zabaleta Hern\u00e1ndez; am\u00e9n de poner de presente que fue reconocido como propietario, en una publicaci\u00f3n period\u00edstica informativa de un atentado terrorista. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el acta da cuenta de la aducci\u00f3n de los siguientes documentos: contratos de participaci\u00f3n con Celso Castro y Edith Castro, compra de elementos que integran el equipo de riego, Diario El Pil\u00f3n que inform\u00f3 sobre el atentado, y pagos expedidos por Coolesar, Coolechera y L\u00e1cteos San Diego. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, ilustra la petici\u00f3n de testigos de la oposici\u00f3n, como son Omar Zabaleta Hern\u00e1ndez y Evaristo Ra\u00fal Guti\u00e9rrez Diaz, quienes reconocieron al opositor como propietario del inmueble desde el a\u00f1o 1998, el primero en condici\u00f3n de empleado de aquel, y el segundo como su par en negocios de ganader\u00eda realizados entre dicha anualidad y el a\u00f1o 2001, dando cuenta tanto de la posesi\u00f3n de la finca como de su explotaci\u00f3n con su propio personal. <\/p>\n
2.- Errores de apreciaci\u00f3n de las certificaciones expedidas por Coolesar y L\u00e1cteos San Diego, y sobre el contrato suscrito con Irridelco. <\/p>\n
Expuso que la certificaci\u00f3n de Coolesar fue expedida el 26 de septiembre de 2003, declarando que el demandante era asociado de la empresa y proveedor de leche proveniente de la finca Palmarito ubicada en el municipio de La Paz (C\u00e9sar). <\/p>\n
Pruebas que, en su criterio, demuestran que el demandante contaba con la detentaci\u00f3n material y el animus, por cuanto manten\u00eda relaciones con dichas empresas, y dispon\u00eda del predio c\u00f3mo si fuera suyo, pues lo explotaba econ\u00f3micamente. <\/p>\n
Y, que, a su vez, se articulan con el contrato de arrendamiento, suscrito el 20 de agosto de 2009, por el accionante, en nombre propio y como persona natural, con Irridelco S.A., en el cual le otorgaba una parte del inmueble para que montar\u00e1 un establecimiento de comercio de car\u00e1cter agropecuario. <\/p>\n
3.- Errores de apreciaci\u00f3n del testimonio de \u00c1lvaro Vergara Oyola. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a ese elemento de convicci\u00f3n, afirm\u00f3 que el testigo fue apoderado del demandante en la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, tramitada en el marco del incidente presentado en el proceso ejecutivo adelantado por la Caja Agraria En Liquidaci\u00f3n en contra de la Sociedad Agropecuaria Palmarito Ltda. <\/p>\n
En contrav\u00eda de lo entendido por el tribunal, su declaraci\u00f3n deb\u00eda ser apreciada como una prueba del animus que acompa\u00f1\u00f3 la tenencia del demandante desde 1998 hasta la actualidad, por cuanto refiri\u00f3 lo acaecido en el secuestro; fue el abogado que lo asisti\u00f3 durante ese tr\u00e1mite incidental; y, corrobor\u00f3 lo ocurrido en dicha actuaci\u00f3n, es decir, la alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n de la calidad de poseedor del accionante. <\/p>\n
As\u00ed mismo, atest\u00f3 sobre hechos que conoc\u00eda en virtud de su relaci\u00f3n personal con el actor, expresando que aquel ha ejercido la posesi\u00f3n desde la diligencia de secuestro hasta la actualidad, mediante la realizaci\u00f3n de actos de due\u00f1o como el pago de servicios p\u00fablicos e impuestos, la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento con Irridelco, y tras su finalizaci\u00f3n la explotaci\u00f3n del bien por conducto de sus propios empleados. <\/p>\n
Por ende, estim\u00f3 que el tribunal desfigur\u00f3 la prueba, pues la declaraci\u00f3n del tercero acreditaba el animus del demandante, cuando menos desde el a\u00f1o 2003 hasta la actualidad, y no la simple tenencia. <\/p>\n
4.- Errores de apreciaci\u00f3n de las inspecciones judiciales practicadas en el proceso. <\/p>\n
El tribunal estim\u00f3 que el a quo corrobor\u00f3 que el testigo \u00c1lvaro Vergara Oyola, durante el proceso ejecutivo referido con antelaci\u00f3n, actu\u00f3 como apoderado judicial de la demandada, en defensa de los derechos de aquella como titular inscrita del inmueble aqu\u00ed disputado, lo cual va en contrav\u00eda de lo declarado en favor del demandante en este juicio de pertenencia. <\/p>\n
Para el recurrente dicha conclusi\u00f3n es desatinada, pues no deb\u00eda atender la valoraci\u00f3n de la inspecci\u00f3n del expediente ejecutivo que surti\u00f3 el juzgado, ya que ese aspecto no fue referido durante la pr\u00e1ctica de dicha probanza, donde nada se dijo respecto de la participaci\u00f3n de ese abogado en el proceso; de modo que el juez no enter\u00f3 esa circunstancia a las partes, convirti\u00e9ndola en un recuerdo o conocimiento privado, que no fue debidamente vertido en el proceso. <\/p>\n
Evoc\u00f3 que en primera instancia, se practicaron dos inspecciones del proceso ejecutivo, una, el 20 de octubre de 2016, durante el tr\u00e1mite de las excepciones previas, y otra, en la audiencia de 10 de septiembre de 2019, antes del traslado para alegar de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La representaci\u00f3n judicial que se atribuy\u00f3 a Vergara Oyola no fue mencionada en el primer examen; tampoco en el segundo, en donde la juzgadora dej\u00f3 en claro que el bien embargado era el mismo que se pretende usucapir, y que la empresa accionada fung\u00eda como demandada en ese proceso ejecutivo. <\/p>\n
Por lo anterior, predic\u00f3 que si la inspecci\u00f3n se hubiere valorado en debida forma se habr\u00eda advertido \u00abque los hallazgos de la diligencia favorec\u00edan al demandante\u00bb (folio 54 de la sentencia), pues \u00abbrotaba que la aqu\u00ed demandada, necesariamente estuvo enterada de la existencia del proceso ejecutivo, as\u00ed como del hecho de que en el mismo se persegu\u00eda el inmueble que fuera embargado\u00bb (folios 54 y 55) como quiera que \u00abdesde el a\u00f1o 2003, se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del embargo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que si considerara que Vergara Oyola represent\u00f3 a la demandada en el proceso ejecutivo, lo cual no se acepta, esto habr\u00eda ocurrido en fecha posterior a la diligencia de secuestro, aproximadamente en el a\u00f1o 2013, de manera que no pod\u00eda concluirse que esa participaci\u00f3n era contraria a los intereses del aqu\u00ed demandante en la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro y en este contencioso de pertenencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, de admitirse que dicho abogado asisti\u00f3 a la demandada en el juicio ejecutivo, no necesariamente se desprende que la demandada hubiere comparecido a hacer valer su derecho de propiedad, ya que, de haber propuesto excepciones de m\u00e9rito, se controvertir\u00eda la exigibilidad del t\u00edtulo, y de blandirse nulidad, se disputar\u00eda sobre la comparecencia al proceso. <\/p>\n
Y, eso implica que lo \u00fanico cierto es que Vergara Oyola, durante el incidente de levantamiento de secuestro represent\u00f3 los intereses del demandante y no los de la sociedad demandada. <\/p>\n
5.- Errores de valoraci\u00f3n relacionados con los contratos de permuta y de compraventa suscritos el 17 de septiembre de 2001, y con el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Inversiones Castro y Cia. S. en C. <\/p>\n
El tribunal realiz\u00f3 una lectura equivocada de los contratos y del certificado, para concluir que el demandante habr\u00eda actuado como detentador a t\u00edtulo precario. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que es errada, porque \u00abla suscripci\u00f3n de esos contratos no implicaba que en \u00e9pocas anteriores no hubiere existido una posesi\u00f3n\u00bb (folio 56), pues \u00abdel simple reconocimiento de la propiedad ajena no se sigue necesariamente la existencia de un t\u00edtulo precario\u00bb (folios 56 y 57); a contrario sensu, el demandante en el 2003, \u00abya no detentaba la tenencia a nombre de nadie, sino a nombre enteramente suyo, como lo hizo saber de manera p\u00fablica al formular la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro\u00bb (folio 57). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la demandada no desconoc\u00eda la posesi\u00f3n del actor, por cuanto aquel era su representante legal, \u00abes absurdo pensar que la oposici\u00f3n al secuestro pas\u00f3 desapercibida frente a la sociedad de la cual \u00e9l era la cabeza\u00bb (folio 57), todav\u00eda m\u00e1s cuando la sociedad \u00abnecesariamente tuvo que tener noticia del proceso, igualmente p\u00fablico, donde se present\u00f3 la oposici\u00f3n: pues sobre el bien se hizo gravitar, desde antes, un embargo que fue debidamente inscrito en el folio de matr\u00edcula del inmueble\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el accionante nunca tuvo el bien a nombre de la sociedad, pues actuaba como \u00fanico due\u00f1o, mediante la realizaci\u00f3n de negocios, en los que percib\u00eda ganancias, vali\u00e9ndose de sus propios medios y empleados. Por el contrario, no hay prueba de que \u00abel bien lo hubiera administrado… a nombre de la sociedad, como representante legal suyo, as\u00ed como tampoco se encuentra demostrado que la sociedad hubiera recibido alg\u00fan beneficio de tal administraci\u00f3n\u00bb (folio 57). <\/p>\n
Determin\u00f3 que demostrar\u00eda la indebida apreciaci\u00f3n de los contratos, \u00abpara lo cual se dividir\u00e1 el an\u00e1lisis en los dos periodos comprendidos antes y despu\u00e9s de su suscripci\u00f3n\u00bb (folio 57), ocurrida el 17 de septiembre de 2001. <\/p>\n
5.1.- Valoraci\u00f3n de los contratos en el periodo anterior a su firma. <\/p>\n
El tribunal consider\u00f3 que en raz\u00f3n a la suscripci\u00f3n de los contratos de compraventa y permuta, que no hubo posesi\u00f3n por el tiempo transcurrido entre el a\u00f1o 1998 y el 17 de septiembre de 2001. <\/p>\n
La censura estim\u00f3 que la afirmaci\u00f3n es equivocada, pues subyace un prejuicio consistente en que dichas pruebas descartan la existencia del animus, y se supone que el actor detent\u00f3 el inmueble en nombre de la permutante y luego de la compradora, lo cual \u00abfue una consecuencia directa de la desfiguraci\u00f3n de las pruebas aportadas por el demandante\u00bb (folio 58), toda vez que se admiti\u00f3 como un dato cierto, \u00abque el material aportado con la demanda solo daba cuenta una serie de actos demostrativos de tenencia, pero carente del elemento animus\u00bb (folio 58 y 59). <\/p>\n
Como contraste estima comprobado que, \u00abven\u00eda poseyendo el bien antes del 17 de septiembre de 2001, as\u00ed como que igualmente lo posey\u00f3 despu\u00e9s de dicha fecha y hasta la actualidad\u00bb (folio 59), toda vez que su se\u00f1or\u00edo fue exteriorizado \u00abcon fundamento en aquellas otras pruebas a las que el Tribunal, desde el inicio, solo les reconoci\u00f3 m\u00e9rito para demostrar la simple tenencia material\u00bb. <\/p>\n
Con todo, acot\u00f3 que esos contratos \u00abno ten\u00edan otro alcance distinto a demostrar la simple renuncia de la posesi\u00f3n existente de antemano, lo cual no obsta para que esta puede iniciar de nuevo en cuanto se retome el acto de voluntad que es la posesi\u00f3n y vuelvan a concurrir los elementos de ley\u00bb (folio 59), anotando en l\u00edneas posteriores que los negocios en comento, \u00abpor s\u00ed mismos y en el contexto general del expediente, solo dan cuenta de lo ocurrido en una fecha concreta, esto es, simple y llanamente: que en el 2001, Guillermo Castro celebr\u00f3 dos contratos sobre el inmueble\u00bb (folio 63). <\/p>\n
Al discernir sobre la trascendencia de la falla que enrostra a la sentencia asever\u00f3 que otras pruebas, incluida la diligencia de secuestro practicada en el a\u00f1o 2003, demuestran que el demandante \u00abretom\u00f3, en id\u00e9nticas condiciones, la posesi\u00f3n del inmueble despu\u00e9s de haber celebrado la permuta y la compraventa renombradas. Por lo que afirmar que los actos que se realizaron desde el 1998 estuvieron ligados a un t\u00edtulo de mera tenencia, oscurece el sentido de las pruebas al adentrarse al an\u00e1lisis de lo ocurrido despu\u00e9s del a\u00f1o 2001\u00bb (folio 64). <\/p>\n
Cuesti\u00f3n que se empalma con la declaraci\u00f3n del demandante, quien se\u00f1al\u00f3 que, en el a\u00f1o 1998, \u00abse hizo con la tenencia material del bien… a fin de explotarlo para s\u00ed mismo luego de que el anterior propietario lo abandonara\u00bb (folio 64) en el a\u00f1o 2001, \u00abcelebr\u00f3 la permuta y la venta\u00bb, y que luego \u00abretom\u00f3 de forma inmediata la tenencia a t\u00edtulo personal con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o en las mismas condiciones en que ven\u00eda posey\u00e9ndolo desde 1998\u00bb. <\/p>\n
5.2.- Valoraci\u00f3n de los contratos en periodo posterior a la firma y del certificado de existencia de la demandada. <\/p>\n
El tribunal consider\u00f3 que el demandante nunca fue poseedor, visto que fungi\u00f3 como socio gestor y representante legal de la demandada para la \u00e9poca en que se suscribieron los contratos y hasta 2008, ya que la entrega se realiz\u00f3 para que llevar\u00e1 a cabo los actos de administraci\u00f3n del objeto social de la compa\u00f1\u00eda. Por esta raz\u00f3n, apunt\u00f3 que no era posible determinar si la explotaci\u00f3n del predio fue realizada en su propio nombre, o en nombre de la sociedad; y, afirm\u00f3 que no hab\u00eda pruebas que constataran la conversi\u00f3n del t\u00edtulo de mera tenencia en una posesi\u00f3n. <\/p>\n
El recurrente endilg\u00f3 error al colegiado, aduciendo que es cierto que el demandante \u00abtuvo simult\u00e1neamente\u00bb (folio 74) las calidades de socio gestor y representante hasta el 17 de abril de 2008, \u00abcuando deleg\u00f3 la representaci\u00f3n legal en cabeza de Ana Luc\u00eda Quintero Ojeda tal y como efectivamente lo comprob\u00f3 el a quo\u00bb, tanto en el extracto del interrogatorio citado en el fallo como en las anotaciones del certificado de existencia de la demandada. <\/p>\n
Empero, afirm\u00f3 que \u00abdel hecho de que el demandante hubiere representado\u00bb (folio 81) en la compraventa \u00aba la demandada\u00bb, o que \u00abtuviera funciones de representante legal\u00bb de aquella, \u00abde ninguna forma se deriva de manera instant\u00e1nea, que de facto hubiere entrado a administrar el inmueble por encargo de la sociedad\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abel material probatorio aportado al proceso\u00bb no permite sostener que lo hubiere administrado en nombre de esta. <\/p>\n
Lo anterior, porque \u00abtras la suscripci\u00f3n de los dos contratos, celebrados el 17 de septiembre de 2001, el demandante continu\u00f3 comport\u00e1ndose frente al inmueble de la misma forma en que ven\u00eda haci\u00e9ndolo desde 1998\u00bb (folios 81 y 82) es decir disponiendo del bien como se\u00f1or y due\u00f1o; cuesti\u00f3n que consta tanto del acta de la diligencia de secuestro, contentiva de: las manifestaciones del demandante, los testimonios de Omar Zabaleta y Evaristo Rodr\u00edguez, las certificaciones de Coolesar y L\u00e1cteos San Diego, y el contrato con Irridelco, como de la atestaci\u00f3n de \u00c1lvaro Vergara Oyola. <\/p>\n
Aunado a que no existe prueba de que hubiere administrado el bien a nombre de la sociedad, ni que aquella se hubiere beneficiado econ\u00f3micamente de las actividades realizadas en el predio, \u00abya que en el expediente ni siquiera se tiene la contabilidad de la empresa; ni mucho menos constancia de que los trabajadores que laboraban en el inmueble pertenecieran a su n\u00f3mina\u00bb (folio 83), menos cuando el testigo Omar Zabaleta Hern\u00e1ndez declar\u00f3 que eran empleados del actor. <\/p>\n
6.- Errores de hecho relacionados con la declaraci\u00f3n del demandante, expuesta en el marco del ac\u00e1pite denominado \u00abConsideraciones del tema de la simulaci\u00f3n de la compraventa suscrita por Inversiones Castro el 17 de septiembre de 2001\u00bb. <\/p>\n
El tribunal evalu\u00f3 el interrogatorio del demandante, en cuanto tild\u00f3 de simulada la compraventa que realiz\u00f3 en favor de la accionada determinada, aduciendo que el proceso no es el escenario para discutir ese cuestionamiento. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, estim\u00f3 que el actor busc\u00f3 desconocer la permuta y la venta que involucraron el predio, a pesar de haber reconocido que en la primera le dio el inmueble 190-031688 a la Sociedad Agropecuaria Palmarito, y que en la segunda no recibi\u00f3 dineros, ni interpuso la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
En criterio del censor, el colegiado incurri\u00f3 en dislate, pues le endilg\u00f3 al demandante el desconocimiento de la permutaci\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3, y supuso que la falta de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n era un indicio del reconocimiento de la realidad del contrato de compraventa. <\/p>\n
La deducci\u00f3n del tribunal fue err\u00e1tica, ya que la falta de planteamiento de pretensiones encaminadas a la declaraci\u00f3n del concierto simulatorio no es \u00abun indicio de que no existi\u00f3 la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa\u00bb (folio 71) ni exterioriza que el demandante \u00abefectivamente reconoci\u00f3 la existencia del pacto\u00bb (folio 72), ya que la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n ha reconocido que \u00abel inter\u00e9s para accionar la simulaci\u00f3n solo surge cuando el contratante beneficiado por la apariencia manifiesta su voluntad de apartarse del sentido de la estipulaci\u00f3n oculta\u00bb (folio 72), de modo que en el caso concreto \u00absolo se habr\u00eda configurado\u00bb (folio 73) si la convocada \u00abhubiere pretendido desconocer en alg\u00fan momento el derecho del demandante a usar el bien como propio\u00bb. <\/p>\n
En este caso no concurr\u00eda en cabeza del demandante el inter\u00e9s para solicitar la simulaci\u00f3n de la venta, puesto que, el demandante en audiencia de 26 de abril de 2016 manifest\u00f3 que su se\u00f1or\u00edo no fue perturbado, y en diligencia de 16 de julio de 2019, expres\u00f3 que tanto la demandada como sus socios estaban al tanto del fingimiento del negocio y de que \u00e9l ejerc\u00eda la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, adujo que \u00abaceptando que la compraventa hubiere sido verdaderamente concertada, lo cierto es que nunca se demostr\u00f3 que el demandante hubiere actuado como administrador de la sociedad Inversiones Castro\u00bb (folio 70). <\/p>\n
7.- Error de hecho relacionado con la conducta extraprocesal asumida por la demandada y sus socios. <\/p>\n
El opugnante aleg\u00f3 que el colegiado incurri\u00f3 en desatino en relaci\u00f3n con la conducta procesal observada por la demandada y por sus socios, por cuanto no sopes\u00f3 que aquellos pudieron verificar que el bien no reportaba ganancia para la sociedad, y ejercer la acci\u00f3n reivindicatoria para recuperar la posesi\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed se desprende el indicio de que estaban enterados de la posesi\u00f3n del demandante desde la fecha de la compraventa, pero no hicieron nada para resistirla, a pesar de conocer el registro del embargo en el proceso ejecutivo, la admisi\u00f3n de la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, y la delegaci\u00f3n de la representaci\u00f3n social realizada por el actor en favor de un tercero en el a\u00f1o de 2008; tampoco actuaron con posterioridad a la nulidad decretada en dicho juicio, ni luego de la presentaci\u00f3n del libelo que origin\u00f3 este asunto. <\/p>\n
8.- Error de derecho por el desconocimiento de los art\u00edculos 97, 372 (numeral 4\u00ba) y 166 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tribunal no aplic\u00f3 las presunciones que sancionan a la demandada por dejar de contestar la demanda y no asistir a la audiencia inicial, las cuales lo conminaban a deducir la certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n tra\u00eddos en la demanda. <\/p>\n
De haberse aplicado dicha normativa, hubiere dado por probado que a pesar de la renuncia de la posesi\u00f3n ocurrida por la suscripci\u00f3n de los contratos de compraventa y permuta en el a\u00f1o 2001, el demandante nunca se comport\u00f3 como tenedor a nombre de la accionada determinada, pues simplemente retom\u00f3 el se\u00f1or\u00edo en las condiciones referidas en el libelo. <\/p>\n
Adicionalmente, de admitir la realidad de la compraventa, tendr\u00eda que deducirse que la fecha de abandono de la detentaci\u00f3n coincid\u00eda con la firma de ese negocio, pues, inmediatamente despu\u00e9s de haber recibido el inmueble a nombre de la sociedad, se dedic\u00f3 a explotarlo para s\u00ed y s\u00f3lo para s\u00ed, todo con conocimiento de la demandada, \u00abquien habr\u00eda confesado que conoc\u00eda la posesi\u00f3n ejercida …en los a\u00f1os subsiguientes a 1998, incluyendo el 2001\u00bb (folio 92). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, en este asunto, no se aplican las reglas de confesi\u00f3n en litisconsorcios necesarios prevista en el art\u00edculo 372 (numeral 4\u00ba) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin embargo, si se entendiera cosa distinta, deb\u00eda desgajarse el indicio de que la demandada siempre estuvo al tanto de la posesi\u00f3n de su adversario, quien \u00abpese a haber vendido el bien\u00bb (folio 93) a la sociedad, \u00abnunca lo administr\u00f3 ni lo tuvo m\u00e1s que a su propio nombre, aunque hubiera conservado las calidades de socio gestor y\/o de representante legal\u00bb, y de que esa situaci\u00f3n era conocida por los socios \u00abprecisamente sus hijos\u00bb, cuyo comportamiento no puede verse como tolerancia al comportamiento de su padre, sino como una se\u00f1al de respeto al se\u00f1or\u00edo de aquel. <\/p>\n
Para cerrar, afirm\u00f3 que el tribunal condicion\u00f3 la demostraci\u00f3n de la \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb a que \u00abhubiera renunciado por completo a las calidades que ten\u00eda en Inversiones Castro\u00bb (folio 93) lo cual es desatinado, pues \u00abbastaba que su actuar fuere inequ\u00edvocamente el de un poseedor en abierto y franco desconocimiento o contradicci\u00f3n de los derechos del propietario inscrito\u00bb (folio 94). <\/p>\n
9.- Errores de valoraci\u00f3n probatoria referidos a las providencias dictadas en el proceso ejecutivo, donde se admiti\u00f3 la oposici\u00f3n al secuestro formulada por el recurrente, al comprobar que era poseedor del bien. <\/p>\n
El tribunal, tras verificar que las decisiones no fueron analizadas en la sentencia apelada, procedi\u00f3 a valorarlas, recordando que por regla general acreditan su existencia, autor, clase de resoluci\u00f3n y fecha de expedici\u00f3n, y que lo dispuesto en el incidente de desembargo no tiene el alcance de cosa juzgada, por cuanto se contrajo a resolver la oposici\u00f3n al secuestro con base en pruebas sumarias, pero no se ponderaron los requisitos axiol\u00f3gicos necesarios para prescribir, por ende nada esclareci\u00f3 sobre el momento en que el demandante asumi\u00f3 la posesi\u00f3n y dej\u00f3 de comportarse como socio gestor. <\/p>\n
Dicho entendimiento fue equivocado, \u00abpues es una consecuencia directa de haber valorado mal las pruebas del expediente, tanto en su particularidad, como luego en su conjunto\u00bb (folio 97) ya que deja de lado que \u00abel sentido integral del primer reparo\u00bb blandido en contra de la sentencia apelada, apuntaba a demostrar que \u00absi aun en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que los contratos de permuta y de compraventa pudieron comportar el reconocimiento de la propiedad ajena, por parte de Guillermo Castro, en todo caso, cuando se practic\u00f3 la diligencia de secuestro, el demandante claramente ya no reconoc\u00eda m\u00e1s dominio que el suyo\u00bb (folios 97 y 98). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 al decir que la oposici\u00f3n fue resuelta con base en pruebas sumarias, pues desconoce la decisi\u00f3n de 16 de diciembre de 2004, dictada en segunda instancia en el proceso ejecutivo donde se promovi\u00f3 el incidente, en la cual se indic\u00f3 que las probanzas no ten\u00edan tal connotaci\u00f3n, por cuanto fueron practicadas con audiencia del apoderado de la ejecutante. <\/p>\n
Para finiquitar, expuso que con la aducci\u00f3n de las providencias no se pretend\u00eda hacer ver que en el incidente se zanj\u00f3 la discusi\u00f3n de la usucapi\u00f3n, pues s\u00f3lo busc\u00f3 demostrar fue que uno de los elementos para prescribir estaba probado, \u00abpues nada distinto a la posesi\u00f3n propiamente dicha, que no simplemente la tenencia, se pretendi\u00f3 acreditar con dicha prueba\u00bb (folio 101). <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que el legislador es quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir sobre la admisibilidad de la demanda; dicho labor\u00edo debe estar orientado por las reglas relativas a la actividad jurisdiccional del tribunal de casaci\u00f3n y por las limitaciones propias del recurso; adem\u00e1s, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas en las causales invocadas y a los t\u00f3picos alegados en cada demanda, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- Cuando se invoca la causal segunda, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desafuero del tribunal, es decir, si por incursi\u00f3n en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho por desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
3.- En el sub judice, la sustentaci\u00f3n de los cargos esgrimidos presenta defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
4.- Para comenzar, el recurrente manifiesta que: <\/p>\n
4.1.- El acta de la diligencia de secuestro practicada en el proceso ejecutivo de Banco Agrario En Liquidaci\u00f3n en contra de Agropecuaria Palmarito Ltda., da cuenta de su calidad de poseedor, refiriendo que el \u00e1nimo de conducirse como se\u00f1or y due\u00f1o se comprob\u00f3 con el conjunto de actuaciones que all\u00ed se surtieron, como el planteamiento de la oposici\u00f3n, la aportaci\u00f3n de documentos y la pr\u00e1ctica de testimonios. <\/p>\n
4.2.- Las certificaciones expedidas por Coolesar y L\u00e1cteos San Diego debieron de ser apreciadas como manifestaciones del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o del demandante, al igual que el contrato de arrendamiento que aquel celebr\u00f3 con Irridelco S.A. <\/p>\n
4.3.- El testimonio de \u00c1lvaro Vergara Oyola comprueba la voluntad de manejarse como propietario, ya que relata las actuaciones surtidas en el incidente de desembargo, y la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que realiz\u00f3 con posterioridad a esa diligencia. <\/p>\n
4.4.- Deb\u00eda deducirse de la inspecci\u00f3n del proceso ejecutivo situaciones favorables al actor, como que la aqu\u00ed demandada determinada conoc\u00eda de esa actuaci\u00f3n y del embargo del predio que all\u00ed se decret\u00f3. <\/p>\n
4.5.- La permutaci\u00f3n del predio ajustada con Agropecuaria Palmarito Ltda. y la venta del bien realizada a la actual propietaria no significaron el reconocimiento de mejor derecho en cabeza del permutante y del comprador, ni desprend\u00edan la existencia de t\u00edtulos de mera tenencia en favor de aquellos. <\/p>\n
4.5.1.- Con anticipaci\u00f3n a dichos contratos, el demandante ven\u00eda ejerciendo la posesi\u00f3n de la finca, la cual retom\u00f3 inmediatamente despu\u00e9s de su suscripci\u00f3n, al punto que la hizo de valer en la diligencia de secuestro practicada en el proceso ejecutivo referido. <\/p>\n
4.5.2.- La concurrencia en cabeza del demandante de las calidades de socio gestor, administrador y representante legal de la sociedad accionada, y su comparecencia en tal calidad a la compra del inmueble, no permiten desprender que hubiere ejercido la detentaci\u00f3n del bien en nombre de aquella; adem\u00e1s, no hay prueba de que lo administrara en nombre ajeno. <\/p>\n
4.6.- La falta de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no es indicio de la realidad de la compraventa, celebrada con la sociedad demandada sobre el bien encartado, pues no ha surgido el inter\u00e9s del demandante para formular la pretensi\u00f3n, como quiera que los dem\u00e1s socios reconocen su posesi\u00f3n y el fingimiento del contrato; a la par que deb\u00eda deducirse la existencia de un indicio en contra de aquellos por no haber incoado la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
4.7.- El tribunal no infiri\u00f3 que la demandada estaba enterada de la posesi\u00f3n ejercida por el pretensor, como quiera que no present\u00f3 reivindicaci\u00f3n; sab\u00eda que el bien no dejaba utilidades; conoc\u00eda del embargo, del secuestro y de la nulidad oficiosa dispuesta en juicio compulsivo; advirti\u00f3 que el actor deleg\u00f3 la representaci\u00f3n legal de la sociedad en un tercero, y era conocedora de la existencia de este contencioso de pertenencia. <\/p>\n
4.8.- El ad quem no tuvo por cierto que la posesi\u00f3n fue retomada inmediatamente despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de los contratos de compraventa y permuta, ni dedujo esa situaci\u00f3n como indicio en contra de la convocada, en atenci\u00f3n a su falta de contestaci\u00f3n de la demanda y de comparecencia a la audiencia inicial. <\/p>\n
4.9.- Las providencias que resolvieron el incidente de desembargo, tanto en primera como en segunda instancia acreditaban el reconocimiento jurisdiccional de la condici\u00f3n de poseedor en cabeza del aqu\u00ed demandante, el cual se remontaba a \u00e9poca anterior a la diligencia de secuestro practicada en el proceso ejecutivo seguido por la Caja Agraria En Liquidaci\u00f3n en contra de Agropecuaria Palmarito Ltda. <\/p>\n
5.- Sobre el particular, se advierte que el conjunto de postulados referidos en el numeral anterior, resumen la lista de presuntos desatinos que el opugnador atribuye a la sentencia atacada. <\/p>\n
Sin embargo, en su planteamiento, subyace una falencia com\u00fan, consistente en dejar de hacer una confrontaci\u00f3n real del contenido de los medios de prueba cuya inobservancia se predica con el an\u00e1lisis que de cada uno de ellos realiz\u00f3 el ad quem, puntualizando en que consisti\u00f3 la suposici\u00f3n, omisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n, susceptible de evidenciar la comisi\u00f3n de un error manifiesto de hecho. <\/p>\n
Aqu\u00ed cumple recordar que, la corporaci\u00f3n al abordar la tarea de demostraci\u00f3n de los yerros de facto del sentenciador de segunda instancia ha considerado que, <\/p>\n
\u00ab(…) no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u00abponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u00bb. (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto (\u2026)\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar, reiterada en AC518-2020, 22 ene). <\/p>\n
6.- En efecto, el recurrente se limita a sostener que el acta de la diligencia de secuestro, las certificaciones y contratos que demostraban la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, y las providencias que resolvieron el incidente de desembargo en primera y segunda instancia, daban cuenta del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que atribuye al demandante, pero no explica en que consisti\u00f3 la preterici\u00f3n, cercenamiento u adici\u00f3n en que incurri\u00f3 el sentenciador al ponderar cada una de esas probanzas. <\/p>\n
Por el contrario, se contrae a exponer su particular interpretaci\u00f3n de los mencionados elementos convictivos, a trav\u00e9s de la exposici\u00f3n de alegaciones de instancia, cuyo planteamiento desconoce que el quebranto indirecto de la normatividad sustancial no surge de la disconformidad en contra de lo decidido por el juez de apelaciones, sino por la comisi\u00f3n de ostensibles y trascendentes dislates f\u00e1cticos en el an\u00e1lisis de esos medios probatorios. <\/p>\n
En punto de la manera de exponer el error de hecho, esta corporaci\u00f3n en AC5175-2017 de 15 de agosto de 2017, Rad. 10-005-2013-00020-01, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el evento de invocar \u00aberror de hecho\u00bb como sustento de la acusaci\u00f3n, tal como acontece en el presente caso, deber\u00e1 singularizarse con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el dislate en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material por parte del juzgador de segundo grado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, corresponde al recurrente demostrar el yerro f\u00e1ctico, labor en la que habr\u00e1 de tener en cuenta, que para la configuraci\u00f3n de esa especie de error se requiere evidenciar, que respecto de la demanda, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases que integran su texto, o tergiversaci\u00f3n arbitraria e il\u00f3gica del mismo\u00bb. <\/p>\n
7.- De igual manera, en los cuestionamientos realizados la valoraci\u00f3n de los contratos de permuta y compraventa, de las providencias que dirimieron la oposici\u00f3n al secuestro y de la declaraci\u00f3n del demandante, se argument\u00f3 que el estudio del tribunal no se acompasaba con el contenido de otros medios de prueba, pasando por alto que la denuncia de un error f\u00e1ctico requiere de la previa singularizaci\u00f3n del elemento sobre el cual recae, y que desarrolla a partir de la comparaci\u00f3n de su contenido intr\u00ednseco con el examen del colegiado, no a partir de extempor\u00e1neas reflexiones sobre su concordancia con otras evidencias. <\/p>\n
8.- Aunado a lo anterior, se advierte que la totalidad de los ataques dirigidos al fallo de segundo grado, se dirigen a comprobar una hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, consistente en predicar que el demandante ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n desde 1998 hasta la celebraci\u00f3n de los contratos de permuta y compraventa el 17 de octubre de 2001, e inmediatamente despu\u00e9s la retom\u00f3, al punto de hacerla valer al oponerse en diligencia de secuestro practicado en un proceso ejecutivo, y obtener el reconocimiento de su se\u00f1or\u00edo en la decisi\u00f3n del incidente. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n que comporta el planteamiento de medios nuevos al debate clausurado en la sentencia recurrida, el cual fue abierto con una demanda, en donde se solicit\u00f3 el reconocimiento de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, sobre una fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica, que se contrajo a sostener que hab\u00eda ejercido la posesi\u00f3n del inmueble desde 1998, a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de actos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, y de haber obtenido el reconocimiento de su derecho en el incidente de desembargo en decisi\u00f3n de 31 de mayo de 2004, que fuere confirmada el 16 de diciembre hoga\u00f1o, sin manifestar ning\u00fan hecho alusivo a la renuncia del se\u00f1or\u00edo reclamado y su posterior retoma. <\/p>\n
9.- Paralelamente, se aprecia que el censor no perfil\u00f3 un ataque completo y envolvente, que controvirtiera la juridicidad de los fundamentos basilares de la decisi\u00f3n cuestionada, pues no confront\u00f3 directa e inequ\u00edvocamente los argumentos del tribunal, en donde se manifestaba que los actos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, que el actor dijo haber exteriorizado, coinciden con el objeto social de la demandada determinada; y, que no se comprob\u00f3 el momento en que se abandon\u00f3 la detentaci\u00f3n que realizaba como socio gestor, administrador y representante legal de la sociedad convocada, para pasar a comportarse como verdadero poseedor. <\/p>\n
En vez de derruir la juridicidad de esos ejes torales, el recurrente se content\u00f3 con plantear alegaciones de instancia, consistentes en sostener que no se comprob\u00f3 que la demandada administrar\u00e1 el bien; la posesi\u00f3n que reclama para s\u00ed no se contrapone con el ejercicio de las calidades de socio gestor o representante legal; los dem\u00e1s asociados reconoc\u00edan la simulaci\u00f3n del t\u00edtulo de propiedad de la persona jur\u00eddica; y, la falta de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria comportaba indicio del reconocimiento del se\u00f1or\u00edo del actor sobre el fundo. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2537-2017, puntualiz\u00f3 la Sala, <\/p>\n
\u00abcuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, (\u2026) y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario\u00bb (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01, subraya la Sala). <\/p>\n
10.- Junto con lo expuesto, se advierte que la censura incorpora un cargo desenfocado, es decir, que disiente de la providencia recurrida a partir de ataques dirigidos en contra de razonamientos que ella no contiene, tal como ocurri\u00f3 con las sindicaciones realizadas a la valoraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de parte del demandante. <\/p>\n
Alrededor de esta falencia t\u00e9cnica, la Corporaci\u00f3n en reiteradas ocasiones, de las cuales se destaca el AC de 15 de diciembre de 2000, Rad. 1996-8690-02 estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abel fen\u00f3meno del desatino de la acusaci\u00f3n ocurre \u2018cuando la argumentaci\u00f3n del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos dis\u00edmiles\u2019, por lo que las razones del casacionista \u2018carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisi\u00f3n, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma raz\u00f3n anotada, le resta todo m\u00e9rito de prosperidad a la censura\u00bb (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638). <\/p>\n
Y, apuntal\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el com\u00fan de las veces, el desenfoque de la impugnaci\u00f3n se establece al momento del estudio de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa, esto es, en el fallo propiamente dicho, siempre y cuando el sentenciador de casaci\u00f3n haya verificado que la acusaci\u00f3n se orient\u00f3 en sentido muy diverso de los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal. Sin embargo, cuando al momento del examen de la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n resulta claramente tangible el desenfoque de la acusaci\u00f3n, cuando \u00e9ste sobresale en forma palmaria, cuando ese desatino se constata sin mayor esfuerzo por parte del juzgador, puede entonces entenderse que el casacionista dej\u00f3 de lado la insoslayable carga de la precisi\u00f3n exigida para la formulaci\u00f3n del cargo, y por tanto su demanda \u2013en tales circunstancias- se torna inadmisible, en la medida en que desatendi\u00f3 los c\u00e1nones formales contemplados por la ley procesal, particularmente el deber de ser preciso en el ataque o en la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En efecto, se ataca la valoraci\u00f3n del ad quem del interrogatorio de parte, en cuanto colige que el proceso de pertenencia no es el escenario para controvertir la realidad del contrato de compraventa, y recapitula que, en la declaraci\u00f3n, el demandante manifest\u00f3 que no ha incoado la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, alegando como contraste una situaci\u00f3n que no fue planteada en la providencia fustigada, como es que se dedujo un indicio de la realidad del negocio a partir de la inacci\u00f3n del actor. <\/p>\n
Con base en esa deficiente comprensi\u00f3n, aleg\u00f3 que tal indicio no deb\u00eda ser deducido, por cuanto el demandante no ten\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico para pretender la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n, ya que los socios de la persona jur\u00eddica demandada, de quien dice son sus hijos, reconocen la apariencia del negocio y su posesi\u00f3n exclusiva. <\/p>\n
Alegaci\u00f3n que es extra\u00f1a al presente litigio, pues el juzgador no trajo a colaci\u00f3n ning\u00fan indicio sobre la realidad de las compraventas, am\u00e9n de que este no era el tema a decidir en la providencia que desat\u00f3 la litis, donde se estaba resolviendo si concurr\u00edan los presupuestos necesarios para adquirir un bien por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, y no una aspiraci\u00f3n de reconocimiento de la simulaci\u00f3n sobre el contrato de compraventa. <\/p>\n
En su concepto se adicion\u00f3 una circunstancia que no constaba en el acta que condens\u00f3 la pr\u00e1ctica de esa prueba, como es que el testigo \u00c1lvaro Vergara Oyola represent\u00f3 judicialmente a la aqu\u00ed demandada en el proceso ejecutivo seguido de Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n en contra de Agropecuaria Palmarito. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, a pesar de que se esgrime una tergiversaci\u00f3n por adici\u00f3n, el reproche resulta incompleto, por cuanto el descarte de la valoraci\u00f3n de ese testimonio no sobrevino \u00fanicamente por el an\u00e1lisis de la inspecci\u00f3n judicial, pues tambi\u00e9n se le rest\u00f3 m\u00e9rito porque los actos de explotaci\u00f3n referidos no daban cuenta del animus del actor, por estar imbricados dentro del objeto social de la demandada, raz\u00f3n que fue un norte de la estimaci\u00f3n conjunta del material probatorio allegado a la litis. <\/p>\n
Y, a\u00fan dando por supuesta la pifia, la misma ser\u00eda intrascendente para las resultas del litigio, ya que ese testimonio fue una prueba de referencia de las actuaciones del incidente de desembargo, y directa de la actividad agropecuaria realizada con posterioridad al secuestro, que a juicio del ad quem no comportaban, per se, el tr\u00e1nsito de la posici\u00f3n de socio y representante legal a la de poseedor exclusivo. <\/p>\n
En punto de la regla de trascendencia, la Sala en AC-3788 de 2017, adver\u00f3 que s\u00f3lo son admisibles en esta sede extraordinaria <\/p>\n
\u00ablos cargos que tienen la idoneidad de derruir la sentencia opugnada, por develar dislates que llevar\u00edan a modificar el sentido de la decisi\u00f3n, esto es, debe tratarse de yerros que, de no haber ocurrido, conducir\u00edan a un fallo diferente. Por el contrario, si a\u00fan de admitirse la prosperidad del ataque, la resoluci\u00f3n jurisdiccional ser\u00eda id\u00e9ntica, resulta inocuo acceder a su estudio, en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal\u00bb <\/p>\n
12.- Finalmente, debe indicarse que formalmente hablando el recurrente plante\u00f3 debidamente el cargo por error de derecho, en el cual se duele por no presumir la certeza de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda, derivada de la falta de contestaci\u00f3n y de la inasistencia del convocado a la audiencia inicial, pues cit\u00f3 las normas probatorias contentivas de esos efectos jur\u00eddico \u2013 probatorios. <\/p>\n
Empero, la rogativa deviene inadmisible, pues desconoce que en materia de declaraci\u00f3n de pertenencia, el contradictorio se encuentra integrado por una parte compleja, compuesta por el titular de derechos reales principales, las personas indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien materia de la litis, y los acreedores que tengan garant\u00edas reales sobre \u00e9ste. <\/p>\n
Y, al margen de lo anterior, se encausa a que se reconozcan hechos que no fueron incluidos en la demanda de pertenencia, como que la actora renunci\u00f3 a su posesi\u00f3n el d\u00eda de celebraci\u00f3n de los contratos de compraventa y permuta, pero la retom\u00f3 inmediatamente despu\u00e9s de esos actos jur\u00eddicos, ya que la presunci\u00f3n en comento opera sobre circunstancias expresamente planteadas en el libelo introductorio, no sobre supuestos que no fueron compendiados en esa pieza procesal. <\/p>\n
13.- Recorrido este sendero, cumple anotar que la demanda de casaci\u00f3n deber\u00e1 ser inadmitida por no incorporar los requisitos formales, tal como lo dispone el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
V.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta para sustentar el recurso de casaci\u00f3n formulado frente a la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2022, por la Sala Civil- Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Gustavo Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
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AC2231-2023 (2015-00098-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2231-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-31-03-001-2015-00098-01 (Aprobado en sala de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}