AC2306-2023 (2007-00087-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2306-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-001-2007-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Inversiones La Fogata Ltda. pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 27 de febrero de 2020. El tr\u00e1mite se adelant\u00f3 en el proceso verbal que instauraron las sociedades Inversiones Altamira Ltda. y Altamira Campestre Ocho Ltda. respecto de Elsida Tulia Castro Pedrosa y la sociedad recurrente. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Las empresas demandantes pretendieron que se declare la simulaci\u00f3n absoluta de las escrituras p\u00fablicas: (i) 5257 del 1\u00ba de septiembre de 1992 de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga, \u00abpor medio de la cual\u2026 Altamira Campestre Ocho Ltda[.,] representada por Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez transfiri\u00f3 sin \u00e1nimo de ceder el dominio a la demandada Elsida Tulia Castro Pedroza\u00bb, sobre el predio distinguido con matr\u00edcula n\u00famero 314-25091. (ii) 1920 del 23 de marzo de 1993 de la misma Notar\u00eda, \u00abpor medio de la cual \u2026 Inversiones Altamira Ltda[.,] representada legalmente por Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez escritur\u00f3 sin \u00e1nimo de transferir el dominio a la demandada Elsida Tulia Castro Pedroza\u00bb, fundo identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 314-0006795. Y (iii) 034 del 4 de enero de 1995 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, \u00abpor medio de la cual la demandada Elsida Tulia Castro Pedroza transfiere a t\u00edtulo de venta ficticia o sin \u00e1nimo de transferir el dominio, a favor de la Sociedad Inversiones La Fogata Ltda[.]\u00bb, los inmuebles identificados con matr\u00edculas n\u00fameros 314-25091 y 314-0006795. Por otra parte, requirieron librar oficio al registrador de instrumentos p\u00fablicos de Piedecuesta y a las respectivas notar\u00edas con el fin de anotar la declaratoria de simulaci\u00f3n absoluta. <\/p>\n
2. Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1. Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez, como representante legal de las sociedades Inversiones Altamira Campestre Ltda. e Inversiones Altamira Campestre Ocho Ltda., decidi\u00f3 -mediante escrituras n\u00fameros 5257 del 1\u00ba de septiembre de 1992 y 1920 del 23 de marzo de 1993, ambas de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga- traspasar a Elsida Tulia Castro Pedroza los lotes identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 314-25091 y 314-0006795, respectivamente, \u00absin recibir dineros de ninguna naturaleza de parte de ella\u00bb. Indicaron que las sociedades llevaron a cabo dicho acto \u00abcon el \u00e1nimo que ella hiciera las respectivas ventas de los lotes y devolviera los dineros a las sociedades\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alaron que el representante legal referido constituy\u00f3 la sociedad Inversiones La Fogata Ltda. -mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 6685 del 5 de diciembre de 1994 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga-, \u00absiendo sus socios fundadores Luis Alberto Ochoa Rueda, quien fue nombrado gerente, Reynaldo Fl\u00f3rez Le\u00f3n y Gladys Villamizar de Fl\u00f3rez\u00bb. Al respecto, advirtieron que esa empresa \u00abera ficticia, creada en forma simulada por \u2026 Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez\u00bb. Anotaron que, de com\u00fan acuerdo con Elsida Tulia Castro Pedroza, \u00abordenaron traspasar en confianza o lo que es igual simuladamente a la Sociedad Inversiones la Fogata Ltda[.] los lotes que ella pose\u00eda a nombre de las sociedades\u2026 demandantes\u00bb a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 34 del 4 de enero de 1995 de la Notar\u00eda Primera de Bucaramanga, \u00abaclarada mediante escritura n\u00famero 384 del 31 de enero de 1995\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mencionaron que con las sociedades demandantes \u00abtrabajaba\u2026 Sandra Cecilia Serrano Rodr\u00edguez, en ese entonces en una empresa de propiedad de Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez denominada Cedecom Ltda\u2026 y era estudiante de derecho\u00bb, la cual, \u00ab\u2026le present\u00f3 a una compa\u00f1era y amiga, igualmente estudiante de derecho a\u2026 Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez\u00bb. Indicaron que, entre estas, le \u00abhicieron trabajos de asesor\u00edas\u00bb a las demandantes. Y, asimismo, conformaron una sociedad denominada \u00abProfas\u00bb, la cual prest\u00f3 asesor\u00edas a Ra\u00fal G\u00f3mez como persona natural. <\/p>\n
2.4. Relataron que por lo acontecido, Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez cambi\u00f3 los socios de la Sociedad La Fogata por las \u00abdos\u2026 estudiantes de derecho, motivo por el cual la sociedad La Fogata Ltda tiene como gerente a Sandra Cecilia Serrano Rodr\u00edguez y Esperanza Carre\u00f1o Gualdron como subgerente, hecho que ocurri\u00f3 mediante escritura N\u00b0 6630 del 24 de octubre de 1997 de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga y mediante escritura N\u00b0 8066 del 31 de diciembre de 1997 de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga\u00bb. Destacaron que los anteriores accionistas traspasaron y vendieron sus aportes a las nuevas socias. En el punto, discurrieron que de esa manera \u00abquedaron socias y simuladamente due\u00f1as de la sociedad Inversiones La Fogata Ltda[.] y con todas las facultades otorgadas dentro de los estatutos sociales, pero como eran simuladas ten\u00edan que contar con el consentimiento de Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez representante legal de los verdaderos propietarios de dichos terrenos, de las sociedades demandantes\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anotaron que La Fogata Ltda. procedi\u00f3 a enajenar los bienes entregados en confianza \u00absin su consentimiento, auto vendi\u00e9ndose diferentes terrenos, como aparece en la escritura N\u00b0 874 del 15 de mayo del 2000 de la Notar\u00eda Sexta de [esa] ciudad, por medio de la cual Inversiones La Fogata Ltda. le transfiri\u00f3 a Esperanza Carre\u00f1o y Sandra Cecilia Serrano Rodr\u00edguez dos lotes de terreno que posteriormente se lo vendieron por escritura N\u00b0 676 del 30 de marzo del 2005 a Alberto Guti\u00e9rrez [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Posici\u00f3n de los demandados <\/p>\n
3.1. Elsida Tulia Castro Pedroza se allan\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que \u00abrealiz\u00f3 esos contratos de compraventa con Altamira Campestre Ocho Ltda[.] y con Inversiones Altamira Ltda[.], ambas representadas por Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez, de una manera simulada y solo por hacerle un favor a su jefe quien se lo solicit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3.2. La sociedad Inversiones La Fogata Ltda. plante\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abbuena fe\u00bb, dado que consider\u00f3 que esta y sus representantes han obrado bajo dicho principio. \u00abinoponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil\u00bb. \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, pues consideraron que \u00aben el remoto de declararse probada la simulaci\u00f3n, se tenga en cuenta el perjuicio irrogado de la demandada inversiones la Fogata a trav\u00e9s de sus representantes actuales, quienes fueran en definitiva las \u00fanicas perjudicadas por cuanto fueron las \u00fanicas que cancelaron el valor de los respectivos actos de compraventa\u00bb. \u00abla falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, por cuanto Inversiones La Fogata Ltda. \u00abes una persona jur\u00eddica que no puede ser objeto de un proceso de simulaci\u00f3n en los t\u00e9rminos planteados en la respectiva demanda\u00bb. Y cosa juzgada, pues la Fiscal\u00eda Tercera Seccional de Bucaramanga precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n penal n\u00famero 243646 \u00abla cual si bien no involucra a las mismas partes de este proceso\u2026 si es por los mismos hechos y circunstancias por las cuales se plantea la presente litis\u00bb. Del mismo modo, present\u00f3 excepciones gen\u00e9ricas. Y, por \u00faltimo, interpel\u00f3 prescripci\u00f3n \u00abrespecto de toda posibilidad de demandar la nulidad relativa o absoluta de cualquier acto en el que haya estado la sociedad Inversiones La Fogata Ltda[.]\u00bb. <\/p>\n
4. Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga -con sentencia del 21 de marzo de 2019- declarando la simulaci\u00f3n demandada. En consecuencia, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de lo anotado en los respectivos folios de matr\u00edcula. Y la restituci\u00f3n material de los inmuebles objeto de la litis. <\/p>\n
5. Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n fue formulado por la sociedad Inversiones La Fogata Ltda., Sandra Cecilia Serrano y Esperanza Carre\u00f1o G. El Tribunal -en audiencia del 27 de febrero de 2020- declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de aquellos vinculados como litisconsortes necesarios: Sandra Cecilia Serrano Rodr\u00edguez, Esperanza Carre\u00f1o G., Luis Eduardo Ochoa Rueda, Reynaldo Flores, Gladys Villamizar Y Ra\u00fal G\u00f3mez. En lo restante, confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Por otro lado, abord\u00f3 lo relativo a la legitimaci\u00f3n en la causa de las demandadas. En ese sentido, adujo que Elsida Tulia Castro Pedroza e Inversiones La Fogata \u00abest\u00e1n legitimadas por pasiva porque fueron parte de los contratos que se acusan de simulados, intervinieron all\u00ed como partes\u00bb. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que Sandra Serrano y Esperanza Carre\u00f1o no \u00abest\u00e1n vinculadas en los negocios jur\u00eddicos que aqu\u00ed se pueden declarar simulados, es decir, en la relaci\u00f3n sustancial de las originadas por las compraventas que se llevaron a cabo y que aqu\u00ed se piden declarar simuladas. Ellas simplemente est\u00e1n vinculadas o son socias\u2026 de inversiones la fogata, que es [la sociedad] demandada\u00bb. As\u00ed las cosas, estim\u00f3 \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de quienes fueron vinculados como litisconsortes necesarios\u00bb. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que no \u00abes cierto que en el proceso se deber\u00eda vincular como demandados a la Empresa Electrificadora de Santander y a TELECOM, por haber comprado y recibido en donaci\u00f3n, respectivamente, parte del predio \u201cla comercial\u201d que Elsida Tulia Castro dividi\u00f3 una vez le fue transferido por las sociedades demandantes. Porque esas ventas, como lo dice la parte actora son verdaderas y en todo caso, las sociedades demandantes son las que deciden a qui\u00e9n demanda\u00bb. Con base en lo referido y por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de los litisconsortes necesarios de la parte demandada, consider\u00f3 negar las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n. En adici\u00f3n, concluy\u00f3 -frente al punto- que no existe falta de legitimaci\u00f3n de las sociedades demandantes \u00abpor el hecho de que se diga en la demanda de alguna manera y claramente por algunos testigos que el verdadero propietario de estos bienes que\u2026 se debaten\u2026 era el se\u00f1or Ra\u00fal G\u00f3mez, porque\u2026 ah\u00ed est\u00e1n los documentos y los certificados de tradici\u00f3n, las escrituras p\u00fablicas que demuestran que las sociedades demandantes fueron las celebrantes de los dos primeros contratos que [\u2026] se piden declarar simulados y figuran como propietarios o figuraban como propietarios de esos bienes\u00bb. <\/p>\n
2. Aclarado el tema de la legitimaci\u00f3n, circunscribi\u00f3 los problemas jur\u00eddicos a determinar si las simulaciones alegadas se encuentran probadas. En caso afirmativo, si resultan oponibles sus efectos a terceros: Sandra Cecilia Serrano Rodr\u00edguez y Esperanza Carre\u00f1o Gualdr\u00f3n -como socias de la empresa demandada-. Sobre el particular, el Tribunal -con sustento en el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, lo manifestado y adosado en el expediente, las escrituras p\u00fablicas, los certificados de tradici\u00f3n, los contratos y las declaraciones de \u00abMarta Cecilia Castro Pedrosa, Pedro Rojas Mart\u00ednez, Miguel Pinilla, Reynaldo Flores Le\u00f3n, Margarita Torres \u00c1lvarez, Ramiro Serrano Rangel, Uriel Armando Ovalle Burgos, Luis Alberto Ochoa Rueda, Elsida Tulia Castro, Sandra Serrano, Beatriz Agudelo Guevara, Germ\u00e1n Duarte, Miguel \u00c1ngel Mantilla, Fabio Berm\u00fadez, Esperanza Carre\u00f1o, Marina Santa Mar\u00eda de Ovalle, Luis Enrique Arcilla, Basilio Rueda Jaimes, Humberto Alfonso Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez, Eliana Mar\u00eda Serrano Rodr\u00edguez, Alberto Mart\u00ednez\u00bb- consider\u00f3 que \u00abs\u00ed est\u00e1n probadas las simulaciones\u00bb. <\/p>\n
En efecto, discerni\u00f3 que \u00abRa\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez, fue, seg\u00fan algunos testigos, como Fabio Berm\u00fadez\u2026 Basilio Rueda Jaimes\u2026 Miguel Pinilla y otros\u2026 que \u00e9l fue el primero o uno de los primeros\u2026 que empez\u00f3 a parcelar en la mesa de los Santos\u00bb. Y que era propietario de unas \u00ab150 hect\u00e1reas en ese territorio\u00bb. Adem\u00e1s, anot\u00f3 que esa persona \u00abcre\u00f3 m\u00faltiples sociedades o particip\u00f3 en m\u00faltiples sociedades o era gerente de m\u00faltiples sociedades\u00bb. Conforme al com\u00fan actuar de Ra\u00fal G\u00f3mez -de cara a los terrenos que administraba-, acot\u00f3 que era su costumbre \u00absimular y por eso este es un indicio\u2026\u00bb. En ese orden, refiri\u00f3 que \u00abfinalmente despu\u00e9s de que estas sociedades e inversiones Altamira adquirieron esos bienes, [Ra\u00fal] los pasa a Elsida Tulia Castro Pedrosa de manera simulada, y Elsida Tulia se los pasa a Inversiones La Fogata sociedad que s\u00ed creo \u00e9l o fue constituida por orden de \u00e9l e integrada por \u00e9l. La figura de la simulaci\u00f3n no cabe tanto en las sociedades, pero s\u00ed podemos decir que fue montada con unos socios de papel, entre comillas. Por eso, Elsida Tulia Castro, por orden de Ra\u00fal, le transmiti\u00f3 a esa sociedad los bienes que son objeto de este proceso. Y, tambi\u00e9n por orden de Ra\u00fal, est\u00e1 demostrado que los 3 socios primigenios de inversiones la fogata les transfiri\u00f3 el inter\u00e9s social a Esperanza Carre\u00f1o y Sandra Serrano, porque eso est\u00e1 probado\u00bb. <\/p>\n
En orden a determinar si se prob\u00f3 o no que \u00abla venta de las cuotas de inter\u00e9s de Luis Alberto Ochoa, quien aparec\u00eda como socio de inversiones La Fogata a\u2026 Sandra Serrano es simulada\u00bb, destac\u00f3 que esa manifestaci\u00f3n es un hecho \u00abque tambi\u00e9n se puede probar como enunciado f\u00e1ctico m\u00e1s all\u00e1 de que no se pierda (sic) la declaraci\u00f3n o una pretensi\u00f3n al respecto para que se declare as\u00ed, pero s\u00ed se formula como hecho y en ese sentido se debate en el proceso\u2026\u00bb. Al respecto, aclar\u00f3 que \u00abtodas las compraventas que se hayan hecho de esas sociedades a\u2026 Esperanza o a\u2026 Sandra o a Inversiones La Fogata s\u00ed eran una discusi\u00f3n de hecho, absolutamente pertinente en este proceso\u2026\u00bb. Ello pues, si bien el juez de primer grado no ahond\u00f3 en dicho t\u00f3pico, dado que no resultaba el problema medular en el asunto, lo cierto es que es \u00abun indicio grav\u00edsimo de la simulaci\u00f3n, precisamente grav\u00edsimo, es la venta masiva o la venta de varios predios a la misma persona o las mismas personas, ya sean figurando como socia de una sociedad o personas naturales. S\u00ed, por las mismas personas vendedora. Y eso\u2026, se trunc\u00f3 en este proceso, porque\u2026 era pertinente, [ya que] all\u00ed surgen indicios poderosos\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, de cara a lo manifestado por Elsida Tulia Castro con respecto a que los negocios celebrados fueron simulados, determin\u00f3 que ello \u00abvale\u2026 como una confesi\u00f3n respecto de las dos primeras compras, porque la involucra solamente a ella\u2026 y, [en el mismo sentido], en relaci\u00f3n a la venta de que le hace a inversiones la fogata\u2026\u00bb. Apunt\u00f3 que el \u00abc\u00f3digo lo dispone as\u00ed. La confesi\u00f3n de litisconsorte vale como un testimonio, entonces se toma como un testimonio. Y, desde luego, las declaraciones de los socios primigenios de La Fogata, Luis Alberto Ochoa, Reynaldo Flores y Gladys Villamizar son testimonios. Pero as\u00ed se tomar\u00e1n todas bien y siempre de cualquier manera, como el testimonio son testimonios muy fuertes. Fueron ellas o ellos los que participaron en los dos negocios, en las dos primeras compraventas que se piden declarar simuladas, particip\u00f3 como compradora, por ejemplo, Elsida y en la otra compraventa como vendedora. Y los otros se\u00f1ores, no es tanto que hubieran figurado, solamente aparece como compradores representantes en esa \u00e9poca el se\u00f1or Lu\u00eds Alberto Ochoa aparece como firmando las escrituras como representante legal de inversiones la fogata. Todos ellos, en sus declaraciones, dicen de manera clara que esas compraventas son simuladas que fue en sentido figurativo\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con otros indicios, destac\u00f3 que estos \u00abayudan a demostrar, de manera muy fuerte, que estos contratos son simulados y que no hubo pago por parte de inversiones La Fogata o de Sandra o a Germ\u00e1n Duarte, por la hipoteca que figuraba sobre el predio de la recreacional\u00bb. Precisamente, estim\u00f3 que hay muchas pruebas que denotan la costumbre de Ra\u00fal G\u00f3mez de simular a trav\u00e9s de sus sociedades y \u00ab\u2026de traspasar bienes a trav\u00e9s de sus empleados a otras sociedades o inclusive a nombre de sus abogados\u00bb. Ahora, frente a la causa simulandi, defini\u00f3 que esta puede ser probada con muchos indicios de la simulaci\u00f3n, los cuales se pueden verificar con los \u00abproblemas con el doctor Arenas, quien era socio con \u00e9l y con sus sociedades porque figuraban por un lado como socios, H\u00e9ctor Arenas y su esposa y por el otro, Inversiones Altamira y\u2026 Parcelaciones Altamira\u00bb. Resalt\u00f3 lo dicho por el \u00abdoctor Fabio, [referente] con que \u00e9ste le prestaba y deb\u00eda, ten\u00eda deudas y tem\u00eda que le embargaran, ya sea a \u00e9l o a las sociedades\u00bb. Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que es \u00abtambi\u00e9n un indicio fuerte, el traspaso a Elsida Tulia Castro, que es una de sus empleadas a quien hace figurar como socia de una de las demandantes, se ve que, de manera simulada, porque alguien que gana el m\u00ednimo, pues, no tiene capacidad econ\u00f3mica para eso\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abotros indicios son si miramos, por ejemplo, la compra que Elsida les hace a las dos sociedades demandantes, si sumamos los dos precios en uno da $2.300.000 por un bien y por el otro, aunque le ponen $5.900.000 resulta que no fue $5.900.000, que de por s\u00ed era un precio muy irrisorio, muy cercano al aval\u00fao catastral. Y ese es otro indicio de la simulaci\u00f3n, el precio\u2026 muy bajo, no es usual, que tambi\u00e9n se hizo cargo de la hipoteca. Entonces, aunque en la cl\u00e1usula tercera dice que el precio fue de $5.900.000 de ese predio de la recreacional, en realidad lo adquiri\u00f3 por $25.900.000, porque ah\u00ed dec\u00eda que ten\u00eda que hacerse cargo de la hipoteca, no y cuando ella les vende esos predios a inversiones La Fogata se los venden 22. Entonces no es usual que alguien compre unos bienes y en relaci\u00f3n con 1, casi 2 a\u00f1os y medio despu\u00e9s los venden m\u00e1s baratos y en relaci\u00f3n con el otro, casi 2 a\u00f1os lo venda m\u00e1s barato\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, coligi\u00f3 como un \u00abindicio muy grave\u00bb que el objeto social consignado en los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de Inversiones La Fogata y de Altamira Campestre 8 Ltd. est\u00e9n descritos en las mismas palabras. Por ello, estim\u00f3 que \u00abtodo viene de la misma persona, de los mismos asesores, de las mismas cosas\u2026\u00bb, pues con ese objeto \u00abtan igual se cre\u00f3 una sociedad pero que coincidencia\u2026 que el objeto es igualito, la tiene un empleado de \u00e9l que era un vendedor de Luis Eduardo Ochoa, quien sigue trabajando para \u00e9l en esa \u00e9poca y le crea una sociedad con el mismo objeto social y adem\u00e1s igualitamente (sic) redactado y con dos empleados de oficios varios de muy escasa educaci\u00f3n [\u2026] quienes adem\u00e1s declaran abiertamente que es un simulado, pues obviamente cobra fuerza en todas las declaraciones que hacen ellos mismos, es decir, los socios primigenios de inversiones de la fogata y hace Elsida Tulia Castro de que todo eso era simulado\u00bb. <\/p>\n
Otro indicio que tuvo en cuenta fue la falta de capacidad econ\u00f3mica de Sandra Serrano Rodr\u00edguez, pues empez\u00f3 a \u00abtrabajar all\u00ed cuando era estudiante de derecho con el Ra\u00fal [sin haberse graduado] y era muy dif\u00edcil que\u2026 tuviera capacidad econ\u00f3mica como para adquirir esta sociedad, es otro indicio, es la cercan\u00eda y la confianza que hab\u00eda entre Sandra y Esperanza y Ra\u00fal. Con Sandra aun mayor porque trabaj\u00f3 all\u00ed con \u00e9l. Varios testigos dicen que la relaci\u00f3n de ellos era muy estrecha, muy cercana y usualmente es un indicio de simulaci\u00f3n porque se simula con los familiares o con las personas cercanas con ellos\u00bb. Precisamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abRa\u00fal G\u00f3mez y que Luis Eduardo Ochoa, su empleado prest\u00f3 su nombre para eso y lo mismo los se\u00f1ores Reynaldo Flores\u2026 y tambi\u00e9n la esposa de Reynaldo Flores, ella no declar\u00f3, pero pues Reinaldo lo di[jo]. Ellos no ten\u00edan\u2026 casi estudios y dijeron que eran empleados en la cl\u00ednica San Pablo, no ten\u00edan la capacidad realmente. Cuando Reynaldo habla de c\u00f3mo \u00e9l no concibe qu\u00e9 es una sociedad [\u2026] no concibe eso que \u00e9l hac\u00eda, simplemente que \u00e9l firm\u00f3 para adquirir, para transferir y todo lo que hac\u00eda esos papeles los hac\u00eda porque el se\u00f1or Ra\u00fal le dec\u00eda o se lo llevaba para que firmara y lo mismo dice el se\u00f1or Luis Eduardo Ochoa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en referencia con la inoponibilidad planteada por las recurrentes, consider\u00f3 que \u00abla inoponibilidad frente a terceros que hayan adquirido bienes del adquirente simulador. Y, ellas de Inversiones La Fogata no adquirieron nada, es decir, no celebraron ning\u00fan negocio con Inversiones La Fogata, no le compraron a La fogata, no constituyeron hipoteca con ella, como acreedores con Inversiones La Fogata, su relaci\u00f3n se limita a que entraron despu\u00e9s como socias, pero adem\u00e1s\u2026, no ser\u00edan de buena fe en el sentido de que ellas, de acuerdo a todas las pruebas que se han recaudado, se demuestra que ellas sab\u00edan y que compraron de manera simulada esas cuotas de inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En la demanda se formularon cinco cargos. Los reproches primero y segundo ser\u00e1n admitidos por el Magistrado Ponente. Los restantes ser\u00e1n inadmitidos por no cumplir con los requisitos de forma exigidos por el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso para su estudio de fondo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, la sociedad recurrente censur\u00f3 la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos \u00ab946, 1618 a 1627, 1633, 1634, 1645, 1646, 1766, 1849, 1857, 1880 del C\u00f3digo Civil. Por aplicaci\u00f3n indebida, los c\u00e1nones 176, 225, 240, 242 del C\u00f3digo General del Proceso. Y, por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los preceptos 669, 670, 1602, 1603, 1625, 1746, 1864, 1866, 1928, 1929, 1934, 2488 del C\u00f3digo Civil. Adem\u00e1s, los c\u00e1nones 25, 68, 98, 99, 110.6, 111, 196, 358 del C\u00f3digo de Comercio. Y el 193, 197 y 211 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Ello, como consecuencia de los errores de hecho derivados de la carencia de ponderaci\u00f3n de las pruebas practicadas al interior del juicio. Para el efecto, indic\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
El Tribunal cometi\u00f3 un error al declarar probada la causa simulandi, pues en el legajo no se encuentra evidenciado dicho elemento de la simulaci\u00f3n. Y, por tanto, adujo que el colegiado se \u00abinvent\u00f3\u00bb la prueba de ello. Aunado a lo anterior, estim\u00f3 como demostraci\u00f3n \u00abno solo de que la din\u00e1mica probatoria del caso estuvo siempre\u2026 dirigida a verificar una causa por completo distinta de aquella, que era la que, sin discusi\u00f3n, tocaba establecer, sino de los yerros que a\u00fan en esa direcci\u00f3n cometi\u00f3 el tribunal\u2026\u00bb. Afirm\u00f3 -con base en el testimonio de Martha Cecilia Castro Pedroza- que el estrado colegiado no se\u00f1al\u00f3 \u00abni de lejos\u2026 lo que con evidente yerro sostuvo\u00bb. Esto pues, no indic\u00f3 \u00aba las actoras como propietarias de las cosas, recordando que fueron ellas las que vendieron los lotes a Elsida Tulia\u00bb. Y que siempre se habla de una persona que no es parte en el proceso. Consider\u00f3 que no hay claridad sobre los bienes a los que se refieren en dicho testimonio y, tampoco a \u00abquien exactamente hac\u00eda mucho tiempo hab\u00edan sido dados esos desconocidos bienes\u00bb. Acot\u00f3 que resulta extra\u00f1o a la causa que se involucren personas que no son parte en este asunto, como lo son Sandra y Esperanza. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo expresado por \u00abLuis Alberto\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal \u00abalter\u00f3\u00bb el contenido de lo manifestado, ya que la aseveraci\u00f3n de que \u00abfue para evitar que su socio Arenas le quitara los bienes\u00bb, no la hizo el testigo de esos contratos y bienes, sino de la creaci\u00f3n de una sociedad\u00bb. Ahora, relativo a la declaraci\u00f3n de Pedro Rojas Mart\u00ednez, reliev\u00f3 que la Sala cometi\u00f3 un yerro al \u00abcitar a los prop\u00f3sitos de la citada causa simulandi la porci\u00f3n donde el deponente se\u00f1al\u00f3 \u00abque despu\u00e9s que Ra\u00fal le traspas\u00f3 la propiedad de Inversiones Altamira a Elsida Tulia, ella se los recibi\u00f3 y despu\u00e9s Ra\u00fal se los pas\u00f3 a Sandra\u2026\u00bb. Ello pues, \u00abaunque el Tribunal lo refiri\u00f3, lo cierto es que el testigo fue claro en sostener que \u00abno s\u00e9 con qu\u00e9 fin ser\u00eda, ah\u00ed ya no me acuerdo\u00bb, aseveraci\u00f3n esta \u00faltima que rompe de un solo tajo que de esta declaraci\u00f3n se dedujera causa simulandi de lo ac\u00e1 deprecado\u00bb. Estim\u00f3 que el ad quem alter\u00f3 lo aducido por \u00abSandra\u00bb, pues \u00ab\u2026le endilg\u00f3… \u00abque fue empleada de Cedecom (\u2026) asesora jur\u00eddica de Inversiones Altamira [de 1996 a 1997] (\u2026), que hubo diferencias entre H\u00e9ctor Arenas, Inversiones Altamira, Agropecuaria Santandereana y Parcelaciones Altamira, las cuales empezaron antes de la fecha en que ella prest\u00f3 asesor\u00eda\u00bb, en esto, como lo muestra esa literalidad, ella NO dijo ni dej\u00f3 entrever que esas \u00abdiferencias entre H\u00e9ctor, Inversiones Altamira, Agropecuaria Santandereana y Parcelaciones Altamira\u00bb hayan sido la causa que motiv\u00f3 a las partes del proceso a hacer en los contratos objeto de las s\u00faplicas declaraciones de voluntad disconformes con la voluntad real de quienes los celebraron, pues la respuesta en escena solo habl\u00f3 de unas diferencias que \u00abiniciaron con anterioridad a la fecha en la cual prest\u00e9 mi asesor\u00eda a Inversiones Altamira\u00bb\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la versi\u00f3n de Fabio, critic\u00f3 la motivaci\u00f3n ofrecida por el Tribunal. Adujo que se cometieron errores de hecho, por cuanto los bienes demandados, conforme a los t\u00edtulos y su tradici\u00f3n eran de propiedad de las actoras, quienes los vendieron a Elsida Tulia y esta los enajen\u00f3 a Inversiones La Fogata Ltda. En ese orden, encontr\u00f3 que \u00ablos hechos que, seg\u00fan el Tribunal, relat\u00f3 el testigo est\u00e1n referidos de persona distinta, de persona que no fue parte, ni como vendedora ni como compradora, en tales negocios y que, por lo mismo, ac\u00e1 mucho menos es parte ni demandante ni demandada; luego el Tribunal cometi\u00f3 manifiesto dislate f\u00e1ctico al adoptar esa narraci\u00f3n para de ah\u00ed deducir causa simulandi, con lo cual extrae de la prueba un efecto que ella para este proceso no genera, porque se concentr\u00f3 en hechos anejos a las partes del proceso, a las partes de los contratos censurados, a los objetos vertidos en estos, con lo cual alter\u00f3 de manera manifiesta el contenido de la prueba\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, censur\u00f3 que la Sala cuestionada cometi\u00f3 otro error cuando sostuvo, con fundamento en dos medidas cautelares impuestas al patrimonio de personas ajenas al proceso, que \u00ab\u00abtambi\u00e9n, como lo dicen muchos testigos\u2026 [y] Fabio, ten\u00eda deudas y tem\u00eda que le embargaran\u2026, a \u00e9l o a las sociedades los bienes, ya sea a trav\u00e9s de estos embargos, de las cuotas de una sus hijas\u00bb, pues el que as\u00ed haya sido, por las personas y por las prerrogativas de ellas afectadas con esas medidas, no significa, ni desde luego autorizaba al Tribunal a sostenerlo, que ello solo constituyera causa que moviera a las actoras, o a una u otra de ellas, y a sus pares negociantes a simular los actos comprendidos en los pedimentos\u00bb. Por tanto, con base en la diferencia entre los derechos y las personas afectadas con las medidas \u00abde un lado, y las personas partes de los contratos, los derechos que ellos incorporan y quienes son parte en este proceso, el Tribunal no pod\u00eda sacar hecho indicador que llevase al hecho indicado causa simulandi, si, siguiendo el cord\u00f3n que \u00e9l hala en v\u00eda de afirmar que esa causa es indicio de simulaci\u00f3n, se la considerara como indicio, pues el que todas esas personas, por deudas que tuvieran resultasen afectadas \u2013que esto tambi\u00e9n lo afirm\u00f3 el Tribunal de su propia cosecha, pues al respecto no hay prueba\u2013, no traduce, ni por despiste, que por ello solo una u otra de las actoras o las dos temieran, objetiva y l\u00f3gicamente, ser embargadas, cual es la ecuaci\u00f3n que, en forma aterradora y alucinante, asienta el Tribunal\u00bb. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que el ad quem result\u00f3 creando un m\u00f3vil. Se\u00f1al\u00f3 la imposibilidad de declarar la simulaci\u00f3n pues no existi\u00f3 el elemento esencial \u2013de la causa simulandi-. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, la recurrente tild\u00f3 la sentencia del Tribunal de haber violado indirectamente los mismos art\u00edculos citados en el cargo anterior. Ello, como consecuencia de la carencia de estudio frente al elemento del concierto simulandis y de errores de hecho derivados de la ponderaci\u00f3n de las pruebas practicadas al interior del juicio. Asever\u00f3 que el Tribunal no llev\u00f3 a cabo el an\u00e1lisis frente al elemento del concierto simulandis, dado que \u00abno aparece en parte alguna, no solo porque al respecto la demanda es silenciosa\u00bb, sino tambi\u00e9n porque no se comprobaron los elementos de juicio que as\u00ed lo determinara. En efecto, aleg\u00f3 que la Sala acusada lo fundamenta en evidencias sustra\u00eddas sobre actos y bienes distintos a los comprendidos en las pretensiones de la demanda. Adem\u00e1s, no valor\u00f3 el escrito inicial, pues de haberlo hecho, hubiese considerado que nada se dice \u00abde que entre las partes de los contratos enjuiciados haya habido, previo a su celebraci\u00f3n, acuerdo para simular; no expone que entre las partes se hubiera dado un concierto deliberado previo dentro del cual las partes de cada uno de esos negocios discutieron los detalles de cada componenda, precisaron la finalidad de cada una y, como consecuencia de ese acuerdo, a partir de \u00e9l se form\u00f3 la apariencia de y en cada uno de los contratos, y que fue as\u00ed como en cada pacto surgi\u00f3 una declaraci\u00f3n de voluntad totalmente irreal, que es lo que caracteriza el negocio jur\u00eddico simulado\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, en el caso en concreto, el concierto simulandis debi\u00f3 darse en cada uno de los negocios suscritos, en su objeto y entre las partes del tr\u00e1mite. Sin embargo, dicho elemento no fue comprobado con el rigor que se requiere. Aunado a que el juez colegiado no \u00abdedic\u00f3 ni una l\u00ednea de su \u2026 sentencia al valioso e inevitable concierto simulandis\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que el testimonio de Luis Alberto Ochoa Rueda fue alterado, por cuanto esta persona \u00abjam\u00e1s declar\u00f3 que Elsida Tulia fuera empleada de Cedecom, desde luego que mucho menos fij\u00f3 una \u00e9poca en que lo hubiese sido; nunca dijo, ni lo dej\u00f3 entrever, como con evidente alteraci\u00f3n de ese contenido lo asegur\u00f3 el Tribunal\u00bb. En relaci\u00f3n con lo manifestado por Elsida Tulia, reclam\u00f3 que \u00e9sta \u00abhabla de una propiedad de un tal Ra\u00fal, y \u00e9ste, se sabe que no es parte en este proceso y bienes de \u00e9l o que estuvieran a nombre de \u00e9l o que de 1992 para ac\u00e1 hubieran sido propiedad de \u00e9l, en este proceso no figuran\u00bb. Tambi\u00e9n, cuestion\u00f3 que dicha deponente no pudo referirse frente a los contratos celebrados en 1992, 1993 y 1995, por cuanto ella contest\u00f3 que los traspasos referidos ocurrieron en 1997. Finalmente, resalt\u00f3 que el fallador alter\u00f3 lo atestiguado por Beatriz Agudelo Guevara. Y, en ese orden, concluy\u00f3 que la Sala no pod\u00eda afirmar la concurrencia del concierto simulandis. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, la recurrente acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de vulnerar indirectamente los art\u00edculos antes citados como consecuencia de los errores de hecho al determinar la simulaci\u00f3n de los contratos celebrados. <\/p>\n
1. Destac\u00f3 que la Sala cuestionada tuvo en cuenta los indicios de (i) falta de capacidad de pago; (ii) carencia de medio econ\u00f3micos; (iii) precio irrisorio; (iv) venta masiva de inmuebles a una o varias personas en la misma fecha; (v) causa simulandi; (vi) objeto social similar; (vii) la costumbre de Ra\u00fal de realizar ventas simuladas; y (viii) la confianza entre Sandra Serrano, Esperanza Carre\u00f1o y Ra\u00fal G\u00f3mez. Al respecto, advirti\u00f3 que el Tribunal cometi\u00f3 distintos yerros al valorar las pruebas establecidas sobre aquellos indicios. A saber: \u00ab(1) porque dio por establecidos tales indicios, pese a no estar probado el respectivo hecho indicador, (2) porque dej\u00f3 de lado hechos indicadores de contraindicios, probados a trav\u00e9s de los elementos de juicio regular y oportunamente incorporados al plenario, (3) porque alter\u00f3 y omiti\u00f3 ponderar pruebas directas demostrativas de la veracidad de los contratos impugnados y (4) porque dej\u00f3 de auscultar pruebas indirectas que, de haberlas reparado, le hubieran suministrado hechos indicadores del contraindicio de simulaci\u00f3n, o sea de indicio de veracidad y realidad de los apuntados contratos, pues supuso o alter\u00f3 la prueba de los primeros y se sustrajo de ponderar o cercen\u00f3 las pruebas de los siguientes\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que el ad quem err\u00f3 en su apreciaci\u00f3n sobre la falta de capacidad de pago. Agreg\u00f3 que en \u00abel proceso todo est\u00e1 hu\u00e9rfano de prueba que establezca, contrario a lo pactado, consignado y expresado en aquellas cl\u00e1usulas relativas al precio y a su pago, de manera directa (i) que no hubo precio o (ii) que ese precio no se pag\u00f3 en ninguno de tales actos, por un lado; o de la cual brote el respectivo hecho indicador que de modo indirecto llevara, en forma l\u00f3gica y mediante el obligado v\u00ednculo causal, al hecho indicado del indicio falta de precio y\/o falta de pago del precio, por el otro\u00bb. Al respecto, con base en los testimonios de Elsida Tulia, Martha Cecilia y Pedro Rojas Mart\u00ednez, adujo que dichas apreciaciones \u00abno refieren hechos, sucesos, situaciones o problem\u00e1ticas propias de la sociedad accionada, sino de personas distintas, en concreto de Sandra y Esperanza, tanto as\u00ed que el desconocimiento acerca de d\u00f3nde sacar\u00eda para comprar, la primera lo supone de Sandra; nunca de la sociedad accionada\u00bb. Aunado a que el fallador colegiado no dimension\u00f3 la prueba testimonial en cada uno de sus puntos, por lo que estableci\u00f3 un hecho indicador que no pod\u00eda concluirse de dichas evidencias. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 al apreciar las pruebas frente al indicio de falta de capacidad econ\u00f3mica. En s\u00edntesis, acot\u00f3 que como no se prob\u00f3 ninguna circunstancia que constituyera hecho indicador \u00abque pudiera llevar a un hecho indicado de falta de capacidad econ\u00f3mica a diciembre de 1997 de Sandra y mucho menos de la sociedad accionada, el Tribunal deb\u00eda valorar, objetivamente, el contenido objetivo de las declaraciones que recoge el negocio jur\u00eddico de cancelaci\u00f3n de hipoteca incorporado en la dicha escritura; las que claramente expresan que la sociedad accionada \u2013no Sandra\u2013 pag\u00f3 la deuda garantizada con la hipoteca que tras tal acto el entonces acreedor cancel\u00f3\u00bb. Igualmente, apunt\u00f3 que \u00abTribunal tambi\u00e9n cometi\u00f3 yerro f\u00e1ctico al omitir apreciar las declaraciones que el 4 y 10 de marzo de 2009 respectivamente rindieron Humberto Alfonso Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez y Alberto Mart\u00ednez Sanabria; las cuales, de haberlas considerado a los efectos indicados sin duda lo habr\u00edan llevado a una motivaci\u00f3n y decisi\u00f3n por entero distinta de la plasmada en la sentencia [\u2026] impugna[da], pues en tales testificaciones los mencionados son suficientemente claros en aseverar que La Fogata, Sandra y Esperanza, a la \u00e9poca, ten\u00edan, sin ser adineradas, suficientes recursos econ\u00f3micos para adquirir lo que quisieran\u00bb. <\/p>\n
De cara al error por la apreciaci\u00f3n de las evidencias frente al indicio del precio irrisorio, sostuvo que la autoridad judicial soslay\u00f3 lo dictado en las escrituras 5257 del 1\u00ba de diciembre de 1992 y 34 del 4 de enero de 1995, lo cual, de haber sido apreciado habr\u00eda advertido y lo \u00abhab\u00eda contenido de afirmar o de dar a entender que este predio, en el negocio de 1995, Elsida Tulia lo vendi\u00f3 a un precio menor de aquel por el cual lo hab\u00eda comprado en 1992, que \u00abno es usual que alguien compre un bien y casi dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s lo venda m\u00e1s barato y esta cuenta tampoco es usual\u00bb. Esto, por cuanto entre uno y otro acto se dio una diferencia de 738 metros cuadrados, circunstancia que de haberse analizado \u00abcomo con notorio yerro lo rese\u00f1\u00f3, que en 1995 la vendedora enajen\u00f3 el predio por un menor precio respecto del cual lo hab\u00eda comprado en 1992 y que eso, de vender dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s m\u00e1s barato de a como lo compr\u00f3, \u00abno es usual (\u2026) y esta cuenta tampoco es usual\u00bb, puesto que nada de ello es cierto en tanto los instrumentos p\u00fablicos, en los contenidos que el Tribunal se sustrajo de ponderar, muestran predios que en su cabida son diferentes, como diferente obligadamente deb\u00eda ser el precio del pedazo vendido en 1995, a aquel vendido en 1992\u00bb. <\/p>\n
En lo que respecta a la alegaci\u00f3n por error de la Sala en la apreciaci\u00f3n alrededor del indicio venta masiva o m\u00faltiple de predios \u00abo de varios predios a la misma persona o a las mismas personas o varias compras efectuadas en la misma fecha o \u00e9poca\u00bb, indic\u00f3 que, de los 6 contratos, solo en 2 Inversiones Altamira es vendedora, pues en otro entreg\u00f3 el inmueble en daci\u00f3n en pago por honorarios que deb\u00eda a Esperanza Serrano. As\u00ed las cosas, resalt\u00f3 que \u00abinventa el Tribunal al afirmar venta masiva, venta de varios predios a la misma persona\u2026, disposici\u00f3n masiva de bienes, disposici\u00f3n de varios bienes y disposici\u00f3n m\u00faltiple de bienes\u00bb. En efecto, resalt\u00f3 que \u00abel hecho probado de que apenas en dos contratos Inversiones Altamira vendi\u00f3, imposibilita asegurar que en ello hubo venta de una gran cantidad de predios\u2026, porque vender apenas dos lotes muy lejos est\u00e1 de traducir venta de una gran cantidad de inmuebles o de numerosos o de algunos o de unos cuantos terrenos, por supuesto que dos, son eso, dos y nada m\u00e1s\u2026\u00bb. Lo anterior implica que \u00abel Tribunal, cegado por su deseo de ver a toda costa indicios de simulaci\u00f3n, alter\u00f3 el contenido objetivo de tales instrumentos, los cuales sin dubitaci\u00f3n dicen, en cuanto a esos seis contratos, que apenas en dos fue vendedora una de las actoras; el otro no tiene esa cualificaci\u00f3n porque en \u00e9l, para zanjar la deuda que ten\u00eda para con Esperanza por asesor\u00edas jur\u00eddicas, se vio precisada a transferirle la cosa en daci\u00f3n en pago\u00bb. <\/p>\n
Relativo al yerro acotado sobre la apreciaci\u00f3n de las pruebas alrededor de la causa simulandi, mencion\u00f3 que as\u00ed se avizor\u00f3 dado que \u00abatendiendo el marco del proceso, delimitado por los contratos implicados, las personas que en ellos fueron parte, los objetos de los mismos, lo pedido en la demanda y las partes del proceso, \u00e9ste carece de todo elemento de juicio que reporte hecho relativo a una causa simulandi que convergiera al dicho marco, de donde \u00e9l, al tenerla por probada, pese a la mostrada ausencia de toda prueba al respecto, no hizo entonces otras m\u00e1s que invent\u00e1rsela, porque quien aduce algo como prueba de algo que inventa, est\u00e1 en esas, inventando\u00bb. <\/p>\n
Acerca del error en la valoraci\u00f3n de las pruebas alrededor del indicio por objeto social igual, aludi\u00f3 que dicha situaci\u00f3n no puede llevar a concretar la simulaci\u00f3n en el caso. Tampoco impide el desarrollo de su objeto social, \u00abese que es igual en ellas y que ac\u00e1 reconozco como \u201checho cierto\u201d. Es m\u00e1s, como la literatura entre ambos es \u201cigualitiquitica\u201d, dijo el Tribunal, es probable que la haya concebido la misma persona o los mismos asesores; de ser as\u00ed, \u00bfello, por s\u00ed solo, tendr\u00eda el obligado v\u00ednculo de causalidad con los contratos detallados, de tal modo que generase hecho indicador de indicio que horadara la veracidad de ellos?\u00bb. Por lo tanto, abord\u00f3 que no es posible determinar el v\u00ednculo de causalidad \u00abentre lo deprecado y el se\u00f1alado hecho cierto, pues, desde lo l\u00f3gico, lo racional, lo intelectivo, el que ese hecho cierto sea eso, hecho cierto, no lleva inexorablemente ni siquiera a suponer que por ello mismo los negocios en discusi\u00f3n pueden o puedan ser simulados o que en ellos no hay una voluntad verdadera o que la voluntad en ellos declarada por las partes no concuerda con la verdadera voluntad de ellas\u00bb. <\/p>\n
Tocante con el error en la valoraci\u00f3n del indicio sobre la costumbre de llevar a cabo contratos simulados, adujo que el ad quem aplic\u00f3 exclusivamente a la recurrente la consecuencia, hechos que \u00abno est\u00e1n referidos en ninguna de las partes de este asunto y tampoco a ninguno de los contratos que concentran las s\u00faplicas\u00bb, por lo que estim\u00f3 que el colegiado \u00abpuso a decir a las pruebas\u00bb afirmaciones que no se pueden desprender de los medios de convicci\u00f3n, por cuanto alter\u00f3 el contenido objetivo de estas. <\/p>\n
En referencia con el yerro sobre la apreciaci\u00f3n de las pruebas, relativas al indicio sobre la confianza entre Sandra, Esperanza y Ra\u00fal, refiri\u00f3 -al discutir los testimonios de Pedro Rojas Mart\u00ednez, Beatriz Agudelo Guevara Eliana y Mar\u00eda Serrano Rodr\u00edguez- que no les consta la cercan\u00eda aducida. Adem\u00e1s, la autoridad judicial se \u00absustrajo de valorar, los pedimentos de declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n\u00bb, por cuanto en nada se sostienen sobre los contratos inscritos en las escrituras objeto de demanda. En ese orden, se aludi\u00f3 a inmuebles ajenos a aquellos involucrados en la litis. <\/p>\n
2. De cara a los otros medios probatorios atacados, aleg\u00f3 que aquellos declarantes requeridos por las demandantes en el asunto, nada refirieron en favor de estas, pues \u00ablos temas sobre los que versionaron todos los refirieron con exclusividad de Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez como persona natural, quien (i) no es parte en este proceso, (ii) no fue ni es contratante en ninguno de los contratos ac\u00e1 implicados, (iii) a la saz\u00f3n \u20131992-1993\u2013 no era propietario y ni siquiera poseedor de ninguno de los dos predios ac\u00e1 involucrados y (iv) ni siquiera era socio de ninguna de las personas jur\u00eddicas que en este proceso son partes\u00bb. Frente a la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n a partir de pruebas directas, refiri\u00f3 que ello carece de fuerza, pues de acuerdo con la literalidad de esas versiones \u00abellos solo afirman o emiten, como aut\u00f3matas, las palabras: ficticio, simulado, de confianza, etc\u00e9tera, sin dar ni ofrecer ninguna explicaci\u00f3n que permita comprender la raz\u00f3n de la ciencia de esas puntuales expresiones. Es que lo que hace simulado un negocio jur\u00eddico no es el mero y escueto hecho de que una sola de las partes de asegure, sin m\u00e1s, sino los propios hechos desarrollados por las partes implicadas alrededor del acto de que se trata y, adem\u00e1s, no es a una sola de las partes a quien le compete definir la calidad de veraz o falaz del acto, sino, desde luego, al juez a trav\u00e9s de las pruebas regular y oportunamente incorporadas al plenario que lo lleven, de la mano de la ley, la doctrina y jurisprudencia, a una conclusi\u00f3n en ese sentido\u00bb. Cuestiona que el Tribunal incurri\u00f3 en error al no ponderar pruebas directas demostrativas de que la sociedad accionada desde siempre ha tenido vida activa, ejecuta \u00aby viene ejecutando su objeto social, lo cual demuestra que no hay nada simulado ni hay simulaci\u00f3n en nada, y pruebas indirectas (contraindicios) de su capacidad econ\u00f3mica y de pago de obligaciones que contrae\u00bb. <\/p>\n
De cara al yerro del Tribunal al omitir ponderar prueba directa de la realidad y veracidad de los contratos enjuiciados, de la cesi\u00f3n de las cuotas de inter\u00e9s y contraindicios de simulaci\u00f3n, adujo -con fundamento en los testimonios de Luis Enrique Arcila P\u00e9rez, Uriel Armando Ovalle Burgos, An\u00edbal C\u00e1ceres Adarme, Margarita Torres \u00c1lvarez Torres, Basilio Rueda Jaimes, Miguel Pinilla Bueno, Humberto Alfonso Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez y Alberto Mart\u00ednez Sanabria- que lo soslayado es \u00abmuestra fehaciente [\u2026], de veracidad, realidad, verdad de la creaci\u00f3n y fundaci\u00f3n de La Fogata, de las ventas de aquel predio de Inversiones Altamira a Elsida Tulia, de que a ra\u00edz de ello \u00e9sta, propietaria, dio el arrendamiento a Margarita y Miguel el \u00e1rea del mismo donde opera el restaurante, raz\u00f3n por la cual ella empez\u00f3 a recibir y a ella los inquilinos le pagaban los c\u00e1nones de arrendamiento; y de que tal heredad Elsida Tulia la vendi\u00f3 a La Fogata, por su representante legal se apropi\u00f3 del tema de los arrendamientos, sobre lo cual hubo problemas, lo que llev\u00f3 a los inquilinos a consignarle la renta a trav\u00e9s del sector financiero; y como en \u00faltimas, producto de las cesiones, Sandra y Esperanza fueron las nuevas socias de La fogata, en representaci\u00f3n de \u00e9sta se apersonaron del tema, sin problema, hasta el d\u00eda de hoy\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la ponderaci\u00f3n de los indicios endoprocesales, se\u00f1al\u00f3 que la Sala \u00abalter\u00f3\u00bb el verdadero contenido de la declaraci\u00f3n de Fabio Berm\u00fadez Suarez, pues este jam\u00e1s limit\u00f3, \u00abconcentr\u00f3, concret\u00f3 ni determin\u00f3 que ese \u201cpasaron\u201d haya sido, con precisi\u00f3n, de los bienes que a Ra\u00fal o a Inversiones Altamira le tocaron en esa liquidaci\u00f3n, como enseguida lo muestro, pues \u00e9l no solo no ment\u00f3 a la persona jur\u00eddica respecto de la cual pudiera estar refiriendo una \u201cliquidaci\u00f3n\u201d, sino que jam\u00e1s expres\u00f3 que ese \u201cpasaron\u201d fuera puntualmente de los bienes que en esa liquidaci\u00f3n le correspondieron a Ra\u00fal o a inversiones Altamira, como all\u00ed con inocultable yero lo expone el Tribunal; es entonces evidente que el Tribunal en los puntuales aspectos de nuevo puso a decir al testificante lo que \u00e9l no expres\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, la sociedad recurrente aleg\u00f3 un error de derecho por parte del Tribunal al dar por establecido que Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez era propietario de los predios objeto de litis, de las sociedades inmersas en el proceso, especialmente, de las demandantes. Y, de todos los bienes de Altamira de La Mesa de los Santos de Piedecuesta. Al respecto, indic\u00f3 que la sala enjuiciada \u00abcometi\u00f3 evidente error de derecho, por cuanto la ley exige, para probar el dominio de la propiedad inmueble y de la calidad de socio de sociedad de responsabilidad limitada, prueba conducente. En el primer caso, es la escritura donde conste el derecho en favor de quien se lo atribuye, acompa\u00f1ado con el respectivo certificado de tradici\u00f3n que lo demuestre. En el segundo, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad de responsabilidad limitada donde figure el fulano como socio y se determine el n\u00famero de cuotas de las que es titular\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00aben el proceso no obra ninguna de estas pruebas, con lo cual el Tribunal infringi\u00f3, a m\u00e1s de aquellos art\u00edculos, los art\u00edculos 168 y 225 del CGP. Luego el Tribunal err\u00f3 al poner en el fuero de Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez el dominio de todas aquellas propiedades y derechos\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Al amparo de la causal tercera de casaci\u00f3n, censur\u00f3 la sentencia de violar el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso por no estar en \u00abconsonancia\u00bb con los hechos ni las pretensiones de la demanda, toda vez que el Tribunal conden\u00f3 a la sociedad demandada a restituir unos predios sin que alguna de las partes lo hubiere solicitado, lo que conlleva a la \u00abincongruencia\u00bb de la providencia. Se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 281 ibidem establece que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y no puede resolver un objeto y causa distintos a los planteados en el escrito inicial, pues de hacerse, el juez dictar\u00eda un prove\u00eddo incongruente. <\/p>\n
En lo particular, cuestion\u00f3 que los hechos planteados en el escrito de demanda no dan lugar a pensar que alguno de los requerimientos podr\u00eda ser la restituci\u00f3n de los bienes. Sin embargo, el sentenciador de primer grado, al proferir la decisi\u00f3n de 21 de marzo de 2019, conden\u00f3 a la demandada a restituir \u00aben favor de la sociedad Altamira Campestre Ocho Limitada, el bien inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria #314-25091\u00bb y a \u00abla sociedad Inversiones Altamira Limitada el bien inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria #314-6795\u00bb. Asever\u00f3 que ambas determinaciones fueron impugnadas mediante recurso de apelaci\u00f3n. Y que el Tribunal confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n, pese a que en la audiencia manifest\u00f3 \u00abla falta de congruencia del fallo\u2026, [funda] esa falta de incongruencia en el hecho de que se hubiera ordenado la restituci\u00f3n de los bienes, aunque no se pidi\u00f3 en la demanda\u00bb, sin motivar la incongruencia que puso de presente. Por lo anterior, adujo que la incongruencia alegada es clara y que se infringi\u00f3 el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Ello pues, la consonancia se vulnera cuando hay discrepancia entre lo pedido y lo resuelto, configur\u00e1ndose as\u00ed el \u00abfen\u00f3meno extra petita\u00bb. Ciertamente, sostuvo que no era dable pensar que los reintegros ordenados eran consecuencia de declarar la simulaci\u00f3n de los actos, pues el objeto del proceso es establecer la veracidad de las declaraciones manifestadas en los contratos, raz\u00f3n por la cual la restituci\u00f3n no es un tema que el sentenciador pueda conocer oficiosamente. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
En este cargo, la sociedad recurrente reproch\u00f3 la sentencia de violar directamente el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil. Destac\u00f3 que los derechos ac\u00e1 discutidos est\u00e1n inversos en los dos predios incorporados en las tres escrituras cuestionadas. Y de ellos, \u00aby con relaci\u00f3n a ellos, el Tribunal asegur\u00f3, a partir de las pruebas a las que se les ofreci\u00f3 merito, que son de propiedad de Ra\u00fal G\u00f3mez Suarez\u00bb. Despu\u00e9s de transcribir apartes del fallo, puntualiz\u00f3 que \u00abel Tribunal, de la mano de la prueba de que se vali\u00f3 admite que los bienes reclamados son de Ra\u00fal, significa que era \u00e9l legitimado en la causa para reclamar el correlativo derecho y no, para nada ninguna de las actoras\u00bb. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abdichas entidades al carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por activa nada pueden reclamar\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los cargos tercero, cuarto y quinto no cumplen con los requisitos de forma exigidos por el C\u00f3digo General del Proceso para ser admitidos. Tal como se explicar\u00e1 en el devenir: <\/p>\n
2. El cargo tercero se plante\u00f3 por la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho y de derecho. Frente al primero, se aleg\u00f3 un yerro en la apreciaci\u00f3n de un c\u00famulo de pruebas relacionadas en extenso bajo la siguiente titulaci\u00f3n: (i) falta de capacidad de pago; (ii) carencia de medio econ\u00f3micos; (iii) precio irrisorio; (iv) venta masiva de inmuebles a una o varias personas en la misma fecha; (v) causa simulandi; (vi) objeto social similar; (vii) la costumbre de Ra\u00fal de realizar ventas simuladas; (viii) la confianza entre Sandra Serrano, Esperanza Carre\u00f1o y Ra\u00fal G\u00f3mez; y (ix) al omitir ponderar la prueba directa y la prueba indirecta demostrativas de que no hubo simulaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Frente al particular, se debe resaltar el hibridismo del cargo. Ello pues, si bien al amparo del error de hecho se transcribieron en extenso las pruebas que err\u00f3 el Tribunal en su apreciaci\u00f3n, lo cierto es que en uno de los apartes de la demanda se puntualiz\u00f3 lo que viene1: \u00ab[d]e no haberse sustra\u00eddo de auscultar en los puntos espec\u00edficos esos otros elementos de juicio, de haber valorado la declaraci\u00f3n de la demandada Elsida Tulia acompasada con esas otras probanzas, de haber reparado de \u00e9stas las circunstancias explanadas p\u00e1rrafos arriba, que broten de ellas, sin hesitaci\u00f3n el Tribunal hubiera arribado a la conclusi\u00f3n de que por circunstancias que afecten su credibilidad e imparcialidad, por razones de dependencia econ\u00f3mica, de sentimientos y de inter\u00e9s en relaci\u00f3n con la actora inversiones Altamira, de la cual es due\u00f1a principal, esa versi\u00f3n de Elsida Tulia carec\u00eda de fuerza y credibilidad\u2026\u00bb. Esto es, la valoraci\u00f3n en conjunto de los medios de convicci\u00f3n es propio del error de derecho y no de hecho.2 <\/p>\n
Lo anterior es a\u00fan m\u00e1s evidente en la p\u00e1gina 163, cuando el recurrente sostiene que \u00abante (1) la ausencia demostrada (a) de prueba directa, (b) de supuesto indicador de cualquier indicio y (2) ante la presencia palpable de prueba de hechos indicadores de los contraindicios atr\u00e1s identificados, el Tribunal por carencia de prueba directa e indirecta no pod\u00eda declarar simulado ninguno de los contratos comprometidos en la causa, mayormente cuando en materia de prueba indirecta el art\u00edculo 242 del C.G del P le impone al juez el deber de apreciar \u00ablos indicios en conjunto, teniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb (subrayo); precepto este del que resulta que as\u00ed se diera por mostrado un solo indicio, ello jam\u00e1s llevar\u00eda a la simulaci\u00f3n no solo porque en el proceso no habr\u00eda, como lo no hay, un \u201cconjunto indiciario\u201d, sino porque en tal v\u00eda de hip\u00f3tesis nada habr\u00eda de grave y, por su car\u00e1cter de solitario no habr\u00eda c\u00f3mo medir concordancia o predicar convergencia con algo; antes bien, ello visto con las dem\u00e1s pruebas muestra la sinceridad de las declaraciones de voluntad expuestas en los tres negocios\u00bb, lo cual es propio del error de derecho. <\/p>\n
Aunado a ello, su discrepancia es abstracta y confusa -carente de claridad-, porque parte de elucubraciones3 en aras de que se vuelva a ponderar la evidencia acoplada al plenario. Y, como si se tratara de un alegato de instancia, sugiere una nueva lectura probatoria en la forma y hac\u00eda la direcci\u00f3n que anhela el casacionista. Esto es, puntualmente, que era imposible afirmar la simulaci\u00f3n declarada, \u00abpor cuanto de las pruebas recaudadas no surge el hecho indicador de ninguno de los indicios, am\u00e9n que tampoco se recogi\u00f3 prueba directa que condujera al supuesto del art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que esta v\u00eda no sirve para provocar una lectura de la prueba -indiciaria- en sentido opuesto a aquella del ad quem, sino para hacer ver yerros notorios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundamentar la decisi\u00f3n impugnada, toda vez que no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del veredicto fustigado. Por tanto, se exige que la labor del impugnante apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre los ingredientes f\u00e1cticos o demostrativos que sustentan sus premisas. Ello pues, tal variable, por m\u00e1s refinada y persuasiva que sea, se sale del \u00e1mbito de la casaci\u00f3n, ya que el remedio extraordinario \u00absupone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable\u00bb (SC948-2022). Siguiendo este derrotero, esta Sala -con AC760-2020- reiter\u00f3 que, en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01, AC2195-2016 y AC3134-2022). <\/p>\n
Ello ocurre en el sub examine, porque el recurrente de ninguna forma hizo visibles los equ\u00edvocos que le endilga al fallador, ya que, a pesar de mencionar varios defectos en la valoraci\u00f3n de las probanzas -y transcribir apartes de la fundamentaci\u00f3n del fallo-, su exposici\u00f3n no pas\u00f3 de ser una simple alegaci\u00f3n conclusiva, como si el remedio extraordinario se tratara de una instancia adicional. Es preciso recordar que \u00abextractar el sentido que debe darse a las pruebas, representa un juicio de valor que, en principio, resulta intangible para la Corte\u00bb, \u00fanicamente si el resultado de esa actividad resulta ser \u00abtan absurdo o descabellado, que en verdad implique una distorsi\u00f3n absoluta del contenido objetivo\u00bb de los medios de convicci\u00f3n, puede abrirse paso un ataque en sede casacional fundado en la presencia de yerros de facto (CSJ SC, 9 dic. 2011, Rad. 1992-05900). En virtud de esto, se ha sostenido pac\u00edficamente, que la carga de demostrar ese tipo de desatinos recae, exclusivamente, en el censor. Empero, \u00abesa labor no puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u00bb (CSJ SC, 15 jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 mar. 2013, Rad. 1995-00037-01, reiterado SC5034-2021). <\/p>\n
Asimismo, se impon\u00eda a la sociedad recurrente invocar las normas con ese car\u00e1cter, se\u00f1alar espec\u00edficamente los preceptos de ese tipo infringidos por el Tribunal, demostrar c\u00f3mo aquellos fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia y explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido y la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo cuestionado. No obstante, esas premisas, en el escrito de sustentaci\u00f3n est\u00e1n ausentes, pues simplemente fueron enlistadas las normas por el recurrente, sin explicar de qu\u00e9 forma habr\u00edan sido infringidas y c\u00f3mo debieron haber fundamentado la sentencia, en orden a demostrar su relevancia y evidenciar c\u00f3mo se dejaron de aplicar o se aplicaron indebidamente -tal como se alega-. Por supuesto, limit\u00e1ndose a elevar una denuncia gen\u00e9rica de la supuesta transgresi\u00f3n, a todas luces insuficiente en sede extraordinaria. <\/p>\n
En el punto, no se desconoce que en el cargo se anotaron los art\u00edculos \u00ab946, 1618 a 1627, 1633, 1634, 1645, 1646, 1766, entre otros del C\u00f3digo Civil, 333 de la Carta Pol\u00edtica, 98, 99, 111, 196 entre otros del C\u00f3digo de Comercio y 193, 197 y 211 del C.G.P\u00bb. Sin embargo, simplemente fueron enunciados, en olvido de las reglas sustanciales violentadas con el fallo impugnado. Se insiste, esta orfandad argumentativa impide a la Corte comprender la alegaci\u00f3n invocada respecto de la inaplicaci\u00f3n de las normas o su aplicaci\u00f3n indebida. En palabras de la Sala, esta exigencia \u00abno deviene vacua, sino que tiene importantes finalidades: permite establecer con precisi\u00f3n el contenido de la acusaci\u00f3n, garantiza el derecho de contradicci\u00f3n de los opositores y hace posible que la Corte cumpla con el objetivo hist\u00f3rico de la casaci\u00f3n, como es la nomofilaquia, esto es, la correcta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho (art\u00edculo 333 del C.G.P.)\u00bb (CSJ AC554-2023). <\/p>\n
El proceder denunciado dista de corresponder a una acusaci\u00f3n casacional, pues en lugar de controvertir la sentencia de segunda instancia, se limit\u00f3 a proponer una hermen\u00e9utica demostrativa alterna, basada en su particular visi\u00f3n del contenido y alcance de las pruebas. Recu\u00e9rdese que la sentencia confutada es el tema en discusi\u00f3n en casaci\u00f3n, no las pruebas del proceso, por lo que el impugnante tiene la carga de derruirla, de all\u00ed que el planteamiento de una nueva valoraci\u00f3n probatoria, en verdad descubre una alegaci\u00f3n de instancia contraria a la t\u00e9cnica casacional. La jurisprudencia tiene decantado: <\/p>\n
\u00abEl escrito [casacional], de ninguna manera, puede ser an\u00e1logo a un alegato de instancia, pues se requiere una explicaci\u00f3n y demostraci\u00f3n clara de las espec\u00edficas trasgresiones en que incurri\u00f3 el sentenciador, por ello \u00ablos argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que har\u00e1n inadmisible la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule\u00bb (CSJ AC8516, 13 dic. 2017, rad. 2011-00529-01; CSJ AC2820, 5 jul. 2018, rad. 2013-00033-02; AC339, 15 feb. 2021, rad. 2017-00009-01; CSJ SC1226-2022, 23 ag., rad. 2013-01116-01)\u00bb (CSJ AC4148-2022). <\/p>\n
2.2. En cuanto al error de derecho alegado, se destaca que el recurrente -en su demostraci\u00f3n- desciende a la base f\u00e1ctica, pues combate las conclusiones probatorias del Colegiado respecto de la calidad de propietario de Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez y no de las demandantes. Ciertamente, puntualiz\u00f3 que \u00abTribunal cometi\u00f3 error de derecho al dar por establecido que Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez era due\u00f1o y propietario (1) de los predios ac\u00e1 implicados, (2) de todas las sociedades mencionadas en este proceso, en particular y en especial de las dos actoras y de la demanda y (3) todos los predios de Altamira de la Mesa de los Santos de Piedecuesta, Santander\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, se destaca la falta de claridad del cargo. En efecto, si bien anot\u00f3 que el Tribunal cometi\u00f3 un evidente error de derecho, por cuanto \u00abla ley exige para probar el dominio de la propiedad inmueble y de la calidad de socio de sociedad de responsabilidad limitada, prueba conducente. En el primer caso, es la escritura donde conste el derecho en favor de quien se lo atribuye, acompa\u00f1ado con el respectivo certificado de tradici\u00f3n que lo demuestre. En el segundo, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad de responsabilidad limitada donde figura como socio y determine el n\u00famero de cuotas de las que es titular\u00bb, lo cierto es que -no enunci\u00f3 ni explic\u00f3- la norma que consagra la prueba solemne del dominio y la calidad de socio. Ello impide a la Corte determinar \u00abde qu\u00e9 manera se habr\u00eda trasgredido la ley sustancial, labor que no puede emprender la Sala de oficio dado el car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario\u00bb (CSJ SC3463-2022). <\/p>\n
3. El cargo cuarto est\u00e1 cimentado en la causal tercera de casaci\u00f3n por inconsonancia entre las pretensiones de la demanda y lo decidido en la sentencia impugnada. Sobre el particular, se debe destacar que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 347 del CGP habilita a la Sala -aun cuando los requisitos formales se cumplan- a inadmitir el cargo cuando el error procesal aducido no existe. Ciertamente, en el caso en concreto, si bien en la demanda no se consagr\u00f3 ninguna pretensi\u00f3n dirigida a la restituci\u00f3n de los predios, lo cierto es que el efecto de la declaraci\u00f3n judicial es retroactivo -al prosperar la pretensi\u00f3n simulatoria-. Esto es, por razones de equidad y justicia, se impone retrotraer las cosas al estado en que se hallaban con antelaci\u00f3n al acto jur\u00eddico fingido. De all\u00ed el surgimiento de las obligaciones de restituir las cosas que constituyeron su objeto. Mem\u00f3rese la aplicabilidad del art\u00edculo 961 y siguientes del C\u00f3digo Civil en esta clase de juicios, de acuerdo con la remisi\u00f3n que, por v\u00eda jurisprudencial, se ha efectuado al mandato en comento, postura consignada en la providencia CSJ SC5235-2018, 4 dic, rad. 2006-000307-01) donde la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u2018la ley, no ha reglamentado expresamente las consecuencias que deben desprenderse en el evento de que haya que impon\u00e9rsele al demandado la obligaci\u00f3n de restituir la cosa a su verdadero due\u00f1o (\u2026); pero se comprende f\u00e1cilmente que la soluci\u00f3n a que debe llegarse al respecto es la misma que la ley consagra en las aludidas acciones de nulidad, reivindicatoria y rescisoria, no s\u00f3lo porque subsisten los mismos motivos de equidad que para \u00e9stas la han determinado, sino porque razones de analog\u00eda imponen al juzgador el deber de aplicar las leyes que regulan casos o materias semejantes (art. 8\u00ba, Ley 153 de 1887), y tambi\u00e9n porque las disposiciones sobre prestaciones mutuas tienen tal generalidad que de suyo son aplicables para regular las indemnizaciones rec\u00edprocas, en todos los casos en que un poseedor vencido pierda la cosa y sea obligado a entregarla a quien le corresponde\u2019 (G.J. LXIII, p\u00e1g. 658) sent. cas. sust. de 12 de diciembre de 2000 exp. 5225)\u00bb (CSJ SC 12 dic. 2000, rad. CSJ SC 21 jun. 2011, rad. 2007-00062-01 citada en CSJ SC5235-2018). <\/p>\n
La restituci\u00f3n ordenada descansa en el principio de equidad previsto en el art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887. En esencia, procura el restablecimiento de las cosas a fin de colocar a los extremos de la relaci\u00f3n contractual en la situaci\u00f3n en que se encontrar\u00edan de no haber celebrado el contrato. Y, por tanto, el pronunciamiento del juzgador es, pues, oficioso, en tanto hace parte del thema decidendum del litigio. <\/p>\n
4. Finalmente, el cargo quinto sustentado en la causal primera de casaci\u00f3n por violar directamente el art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, no es claro. En efecto, si bien se alega la transgresi\u00f3n directa de la norma sustancial mencionada, lo cierto es que la recurrente obvi\u00f3 por completo explicar la mec\u00e1nica de la transgresi\u00f3n alegada con relaci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n que se cuestiona. Esta orfandad argumentativa es contraria a las exigencias formales de este recurso extraordinario. Adem\u00e1s, imposibilita la labor de cotejo propia del control de legalidad de la sentencia impugnada, que es uno de los objetivos del recurso de casaci\u00f3n. Adicionalmente, el casacionista desciende a la base f\u00e1ctica, pues al amparo de la v\u00eda directa combate conclusiones probatorios del Tribunal respecto de la calidad de propietario de Ra\u00fal G\u00f3mez Su\u00e1rez. Ciertamente, sostuvo que \u00ablos derechos ac\u00e1 discutidos est\u00e1n inversos en los dos predios incorporados en las tres escrituras cuestionadas; y de ellos, y con relaci\u00f3n a ellos, el Tribunal asegur\u00f3, a partir de las pruebas a las que se les ofreci\u00f3 merito, que son de propiedad de Ra\u00fal G\u00f3mez Suarez\u00bb. Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que \u00abcomo en este cargo no me aparto de la valoraci\u00f3n que el Tribunal le dio a la prueba en punto al se\u00f1alado aspecto\u2026\u00bb. <\/p>\n
Para terminar, los argumentos centrales en la motivaci\u00f3n de la sentencia frente al punto se mantuvieron al margen de la breve sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, lo que deja en evidencia su incompletitud. Ciertamente, se limit\u00f3 a transcribir un aparte de la sentencia, para concluir lo siguiente: \u00abPor tanto si en tales pasajes y otros del fallo de id\u00e9ntica significaci\u00f3n el Tribunal, de la mano de la prueba de que se vali\u00f3 admite que los bienes reclamados son de Ra\u00fal, significa que era \u00e9l legitimado en la causa para reclamar el correlativo derecho y no, para nada ninguna de las actoras\u00bb. Por supuesto, el Tribunal destac\u00f3 que \u00ab[t]ampoco existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa de las sociedades demandantes, por el hecho de que se diga en la demanda de alguna manera y claramente por algunos testigos que el verdadero propietario de estos bienes que aqu\u00ed se debaten y discuten era el se\u00f1or Ra\u00fal G\u00f3mez, porque como lo se\u00f1al\u00e9 antes, ah\u00ed est\u00e1n los documentos y los certificados de tradici\u00f3n, las escrituras p\u00fablicas que demuestran que las sociedades demandantes fueron las celebrantes de los dos primeros contratos que aqu\u00ed se piden declarar simulados y figuran como propietarios o figuraban como propietaria de esos bienes\u00bb. Este argumento no fue combatido por el censor. En ese escenario, se impone insistir en que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, <\/p>\n
\u00ab\u2026 los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, esto es, los que se dirigen directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia. La raz\u00f3n de ser de esa exigencia, entre otras, estriba, por una parte, en que dicho recurso es de naturaleza dispositiva y exceptiva, en cuanto responde a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario; y por otra, permite diferenciarlo de otros medios de defensa, en concreto, de las instancias ordinarias del proceso, como thema decidendum, en las cuales se puede discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas. Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia, como thema decissum, nada m\u00e1s, en donde, bajo la premisa de que el juzgador no se equivoc\u00f3, lo decidido ingresa al recurso cobijado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. Por esto, el casacionista, asido de causales legales, debe circunscribir su actividad a desvirtuar dicha presunci\u00f3n; y la Corte, por su parte, a responder dentro del estricto marco propuesto por el recurrente, de ah\u00ed que, en l\u00ednea de principio, no se encuentra facultada para replantear cargos mal formulados, suplir sus deficiencias o ajustarlos cuando son incompletos\u00bb (CSJ AC3671-2019). <\/p>\n
5. Por las consideraciones expuestas, los cargos relatados ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Inadmitir los cargos tercero, cuarto y quinto de la demanda presentada por la sociedad Inversiones La Fogata Ltda., por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Segundo: El Magistrado Ponente admite los cargos primero y segundo de la demanda presentada por Inversiones la Fogata Ltda. contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 27 de febrero de 2020. <\/p>\n
Tercero. Notificada esta providencia, regrese el expediente al Despacho para correr el traslado previsto en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso, con el fin de garantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa de los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 63 de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Esta Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar la inviabilidad de entremezclar dichos tipos de faltas al interior de un mismo cargo por cuanto \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, Rad. 6898). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2306-2023 (2007-00087-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC2306-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-001-2007-00087-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75836","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75836"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75836\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75836"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75836"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75836"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}