AC2327-2023 (2020-00135-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2327-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-046-2020-00135-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la accionante, frente a la sentencia de 1\u00ba de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que adelant\u00f3 Grupo Promotor G.U. S.A.S. contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. <\/p>\n
a.-)ANTECEDENTES <\/p>\n
b.-)La promotora ejerci\u00f3 acci\u00f3n posesoria para obtener la restituci\u00f3n de los inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-316830 y 50N-573548, de cuyo se\u00f1or\u00edo fue despojada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., con cargo de reparar los perjuicios \u00aben su modalidad de da\u00f1os emergente y\/o lucro cesante\u00bb estimados en $666\u2019400.000, por la renta dejada de percibir desde el desalojo. <\/p>\n
Bas\u00f3 sus reclamos en que ejerce posesi\u00f3n sobre los predios \u00aben virtud de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos que mediante documento privado de fecha 21 de mayo de 2018, le realizara Jaime Orlando S\u00e1nchez Buitrago (\u2026) en el proceso de pertenencia No. 2016-00207 que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, quien \u00ab[a]gregando la posesi\u00f3n de sus antecesores a la suya (\u2026) ha ejercido la posesi\u00f3n por m\u00e1s de treinta y tres (33) a\u00f1os\u00bb y por eso intent\u00f3 la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Los bienes estuvieron involucrados en \u00abproceso de extinci\u00f3n de dominio radicado bajo el No. 11001-31-20-003-2012-00032-02\u00bb que se adelant\u00f3 contra Camilo Zapata S\u00e1nchez y culmin\u00f3 con fallo del 12 de enero de 2017 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio que la neg\u00f3, pero que apel\u00f3 el Ministerio de Justicia. <\/p>\n
Celebr\u00f3 contrato de arrendamiento de los lotes con Masivo Capital S.A. en Reorganizaci\u00f3n el 4 de enero de 2019, mientras que el 28 de febrero siguiente la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. profiri\u00f3 Resoluci\u00f3n 03447 en la que \u00abestableci\u00f3 que el 23 de abril de 2019 realizar\u00eda la diligencia de desalojo de los inmuebles\u00bb, que se adelant\u00f3 en esa data sin identificarlos y dejando de resolver la oposici\u00f3n que present\u00f3 a su pr\u00e1ctica, sobre cuyas pruebas no se pronunci\u00f3. <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. fij\u00f3 el 14 de junio postrero a las 9.00 a.m. \u00abpara adelantar la diligencia de entrega\u00bb, que se logr\u00f3 suspender con medida provisional obtenida en acci\u00f3n de tutela iniciada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que si bien culmin\u00f3 con sentencia que ampar\u00f3 los derechos se\u00f1alados como vulnerados, esta fue revocada por la Sala Civil ante la existencia de \u00abotro mecanismo de defensa judicial\u00bb, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 111 a 113 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
Finalmente se llev\u00f3 a cabo el desalojo el 22 de octubre de 2019, a la cual se opuso infructuosamente y a pesar de llevar m\u00e1s de 33 a\u00f1os de posesi\u00f3n \u00aben virtud a la suma de posesiones\u00bb y que en el \u00faltimo a\u00f1o ejerci\u00f3 actos de se\u00f1or\u00edo consistentes en \u00abla aprehensi\u00f3n material (\u2026) la celebraci\u00f3n de un contrato de arrendamiento con Masivo Capital S.A.S. en Reorganizaci\u00f3n; la adecuaci\u00f3n y construcci\u00f3n de estructuras para el funcionamiento del patio y\/o parqueadero\u00bb exigido por la inquilina y la \u00abautorizaci\u00f3n a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 E.S.P. para la construcci\u00f3n de red de acueducto por el costado sur del predio\u00bb1. <\/p>\n
c.-)La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. se opuso y excepcion\u00f3 la \u00abimprocedencia del mecanismo legal invocado para alegar las inconformidades relacionadas con el tr\u00e1mite de la diligencia de entrega\u00bb, \u00abausencia de despojo ilegal o injusto por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.\u00bb y la \u00abimprocedencia de los perjuicios reclamados\u00bb2. <\/p>\n
d.-)El Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en audiencia de 26 de enero de 2022, profiri\u00f3 fallo en el que neg\u00f3 las pretensiones, porque no se cumplen los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n, al estar desvirtuada la posesi\u00f3n que aduce la gestora y por recaer sobre bienes que no pueden adquirirse por prescripci\u00f3n adquisitiva, ya que desde junio de 2006 sobre los inmuebles reca\u00eda medida cautelar de \u00abembargo en proceso de Fiscal\u00eda y consecuente suspensi\u00f3n del poder adquisitivo\u00bb, que buscaba su aseguramiento para evitar transferencias o deterioros, implicando limitaciones a los atributos de la propiedad privada, esto es, el ius utendi, ius fruendi y poder de disposici\u00f3n, con efectos erga omnes3. <\/p>\n
e.-)El superior, al desatar la apelaci\u00f3n de la accionante, lo confirm\u00f3 luego de enmarcar la disputa dentro de los contornos de la restituci\u00f3n por despojo o interdictos de destituci\u00f3n, que exigen demostrar: una posesi\u00f3n quieta y tranquila del demandante por un a\u00f1o ininterrumpido, con la posibilidad de \u00abagregar posesiones de sus antecesores\u00bb; que la cosa sea susceptible de tal reclamaci\u00f3n y los \u00abhechos turbadores\u00bb. <\/p>\n
No se comparte la apreciaci\u00f3n del a quo sobre la imposibilidad de que se ejercieran actos posesorios con posterioridad a 2006 cuando se inscribi\u00f3 la \u00abafectaci\u00f3n que implicaba la suspensi\u00f3n del poder adquisitivo\u00bb de los inmuebles, porque extralimita postulados legales y precedentes jurisprudenciales sobre el tema. Los inmuebles en disputa no se consideran fiscales desde el embargo ordenado en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, ya que por su naturaleza de car\u00e1cter preventivo est\u00e1 sujeto \u00aba las resultas del tr\u00e1mite que le dio origen\u00bb y solo con sentencia en firme que ordene la extinci\u00f3n, inscrita, \u00abse podr\u00e1 entender que los inmuebles dejan de ser de dominio particular para entrar a ser del estado\u00bb, por lo que en ese entretanto \u00absobre aquellos pueden ejercerse actos sugerentes de posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se mantiene la determinaci\u00f3n adversa porque no se acreditaron los \u00abactos volitivos que en cabeza de quien se reputa poseedor debieron ser demostrados y allegados al devenir procesal, lo que se traduce en el ejercicio de una posesi\u00f3n, ejercida por la actora, con una temporalidad de un a\u00f1o antes de sucedido el despojo\u00bb y sin que pudieran \u00abconfundirse con \u201clos de mera tolerancia o los fundados en un t\u00edtulo precario o de mera tenencia (arrendamiento, secuestro, acreedor prendario, en fin)\u201d\u00bb, desde que se cedieron los derechos el 21 de mayo de 2018 y durante el a\u00f1o subsiguiente, aunque se indica que continuaron hasta el \u00ab22 de octubre de 2020\u00bb cuando \u00abse materializ\u00f3 la diligencia de entrega efectuada por la SAE\u00bb, lo que torna innecesario estudiar la agregaci\u00f3n de posesiones alegada. <\/p>\n
Al sopesar los medios de convicci\u00f3n se advierte que \u00abla cesi\u00f3n del derecho en litigio y el contrato de arrendamiento, (\u2026) no rodean verdaderos sucesos de posesi\u00f3n, tampoco tienen la venalidad de mutar por s\u00ed solos para ser interpretados como una revelaci\u00f3n de se\u00f1or\u00edo\u00bb y contener \u00abmanifestaciones desprovistas de animus pues con uno jur\u00eddicamente se cede una mera expectativa sobre un pleito, no en espec\u00edfico sobre los bienes que lo involucran\u00bb, mientras el otro \u00abtransfiere la tenencia de parte de los inmuebles mediante su alquiler\u00bb y est\u00e1 permitido por ley que obre como arrendador quien no necesariamente sea due\u00f1o al tratarse de \u00abun acto de administraci\u00f3n que puede ser ejercido por el propietario, usufructuario, un secuestre etc.\u00bb. <\/p>\n
Los testimonios se centraron en \u00e9pocas anteriores a la delimitada y \u00aben ning\u00fan momento fueron contundentes en afirmar que la comunidad ve\u00eda a aquella persona jur\u00eddica como propietaria o que de ella hubieran emanado comportamientos sobre los predios que dieran a entender que la detentaci\u00f3n se hac\u00eda con la significaci\u00f3n de se\u00f1or\u00edo\u00bb. En el dicho de Mirian Cecilia Fajardo Ortiz y Jaime Orlando S\u00e1nchez Buitrago \u00abnada se fomenta en torno a la posesi\u00f3n que se dice es ejercida por la demandante\u00bb, e incluso el \u00faltimo \u00abno fue contundente en cuanto a la negociaci\u00f3n que involucr\u00f3 los derechos litigiosos\u00bb y la concibi\u00f3 m\u00e1s bien como \u00abuna representaci\u00f3n legal, esto, de atender a la respuesta emitida cuando se indag\u00f3 por aquel convenio y a lo que exalt\u00f3 \u201cced\u00ed los derechos porque ellos tienen una empresa, tienen sus abogados y pueden llevar mejor el proceso\u201d \u201cse lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n que llevaran el proceso ellos\u201d\u00bb. La versi\u00f3n de la asesora externa sobre el estudio de t\u00edtulos que llevo a cabo refleja un descuido en su labor al atenerse a documentos desactualizados que no reflejaban la verdadera condici\u00f3n de los bienes, que estaban entrabados desde el 28 de junio de 2006. <\/p>\n
El corpus es insuficiente para establecer el se\u00f1or\u00edo, ya que es necesaria su exteriorizaci\u00f3n \u00aby su valoraci\u00f3n debe hacerse conforme a las reglas del sentido com\u00fan y de la percepci\u00f3n social del respectivo hecho\u201d y aqu\u00ed existe una verdadera incertidumbre o vacilaci\u00f3n en los medios suasorios para demostrar la posesi\u00f3n lo que hace deleznable tener por cumplido ese axial requisito para que la acci\u00f3n prospere\u00bb. <\/p>\n
A pesar de la suficiencia de lo expuesto, no sobra se\u00f1alar que la entrega adelantada por \u00abla SAE como administradora del FRISCO\u00bb estuvo permitida por \u00ablas facultades administrativas conferidas por la ley 1708 de 2014 a la sociedad de activos especiales\u00bb y fue debidamente enterada a los ocupantes por oficio del 9 de abril de 2019, acompa\u00f1ado de la Resoluci\u00f3n 0347 del 28 de febrero de 2019 donde se explica \u00abla intervenci\u00f3n de los predios sobre los cuales ya se hab\u00eda practicado diligencia de secuestro por parte de la fiscal\u00eda, desde el 19 de noviembre de 2008, dej\u00e1ndose los mismos a disposici\u00f3n del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado\u00bb, lo que refuerzan \u00ablas decisiones de las autoridades penales y tambi\u00e9n las que actuaron en sede de tutela, que no advirtieron u observaron una vulneraci\u00f3n al debido proceso\u00bb, desvirtu\u00e1ndose la ilegalidad del acto \u00abporque adem\u00e1s y a juicio de los superiores hubo un actuar pasivo por parte de los supuestos poseedores, esto porque no se opusieron \u201ca la diligencia de secuestro\u201d \u201cpese a que asegur\u00f3 que para dicha fecha ya ostentaba el bien\u201d\u00bb y era esa la oportunidad para plantear sus reclamos \u00abno s\u00f3lo a la entidad administradora a cargo del inmueble, sino a la Fiscal\u00eda que orden\u00f3 la cautela y al juez competente en el asunto, para que lo vincularan\u201d enfatiz\u00e1ndose que la parte actora \u201cse mostr\u00f3 desinteresada frente a la suerte del bien\u201d\u00bb, fuera de que la actuaci\u00f3n desarrollada por la SAE \u00ab\u201cemerge enmarcada en las funciones de polic\u00eda administrativa otorgadas en el numeral 14 del art\u00edculo 11 del Decreto 2897 de 2011, en materia de cumplimiento de decisiones judiciales proferidas en procesos de extinci\u00f3n de dominio, [por lo que] deviene l\u00f3gico colegir que su proceder se ajust\u00f3 al debido proceso\u201d\u00bb 4. <\/p>\n
f.-)Grupo Promotor G.U. S.A.S. interpuso recurso de casaci\u00f3n, el cual sustenta en tres cargos, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
g.-)El primero denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 762, 778, 780, 787, 974, 977, 979 y 982 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
No se controvierte la deducci\u00f3n del Tribunal de que \u00abla sociedad actora no demostr\u00f3 la posesi\u00f3n que ejerci\u00f3 sobre los inmuebles objeto del litigio, toda vez que las pruebas aportadas al proceso s\u00f3lo acreditaron la posesi\u00f3n de sus antecesores\u00bb, ya que su error fue jur\u00eddico al desatender el art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil que \u00abpermite agregar a la posesi\u00f3n propia la de los antecesores que el sentenciador encontr\u00f3 demostrada\u00bb. <\/p>\n
Fue interpretado err\u00f3neamente el art\u00edculo 974 ib\u00eddem que consagra qui\u00e9n puede instaurar la acci\u00f3n posesoria y contempla solo \u00abun t\u00e9rmino m\u00ednimo de un a\u00f1o para ser titular de la acci\u00f3n posesoria, pero en ning\u00fan caso dispone -contrario a la falsa creencia del Tribunal- que ese a\u00f1o debe ser \u201canterior al acto de despojo\u201d\u00bb, de ah\u00ed que \u00abese lapso m\u00ednimo se puede acreditar en cualquier tiempo, siempre y cuando, claro est\u00e1, no se haya perdido la posesi\u00f3n de la cosa de la manera prevista en el art\u00edculo 787 del C\u00f3digo Civil, esto es cuando otro se apodera de ella\u00bb. <\/p>\n
Se desentendi\u00f3 el ad quem del art\u00edculo 979 id al predicar que la entrega que hizo la \u00abSAE como administradora del FRISCO no obedece ni entra\u00f1a antijuridicidad\u00bb, con base en el t\u00edtulo de propiedad alegado por la contraparte para desconocer la posesi\u00f3n de la gestora, cuando dicho precepto se\u00f1ala que en esta clase de procesos \u00abno se tomar\u00e1 en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n qued\u00f3 desfigurado el art\u00edculo 982 ejusdem, al considerar que \u00abel despojo de la posesi\u00f3n del actor no fue injusto o antijur\u00eddico porque tuvo su origen en decisiones judiciales y administrativas proferidas al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb, pues \u00abno es cierto que una decisi\u00f3n judicial o administrativa, por el simple hecho de emanar de autoridad p\u00fablica y presumirse legal, deba ser considerada justa, leg\u00edtima o no antijur\u00eddica\u00bb, de ah\u00ed que se \u00abconfundi\u00f3 el concepto jur\u00eddico de \u201clegalidad o validez formal\u201d con el de \u201cantijuridicidad o legitimidad f\u00e1ctica\u201d\u00bb y \u00abno obstante la presunci\u00f3n de legalidad de tal actuaci\u00f3n o decisi\u00f3n, la misma es ileg\u00edtima o injusta si se profiere \u201csin previo juicio\u201d, o en juicio en el que no se debate ni se decide sobre la posesi\u00f3n, o en juicio en el que no se escucha al poseedor\u00bb, o sin siquiera \u00abhaberle dado la oportunidad de ser o\u00eddo dentro del respectivo proceso, o, inclusive, aunque el poseedor se hubiese hecho parte en el mismo, cuando el objeto de ese tr\u00e1mite no consisti\u00f3 en debatir acerca de esa posesi\u00f3n, ni siquiera de manera incidental\u00bb, como aconteci\u00f3 en este caso donde \u00abel proceso de extinci\u00f3n de dominio vers\u00f3 exclusivamente sobre la titularidad del derecho real de propiedad, sin que en el mismo se ventilara lo concerniente a la controversia posesoria\u00bb. <\/p>\n
h.-)El segundo, con base en la causal segunda, acusa la ocurrencia de vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 778, 787, 974, 977, 979 y 982 del C\u00f3digo Civil por error de derecho al desconocer las reglas probatorias de los art\u00edculos \u00ab762 (inciso segundo) y 780 (inciso primero) del C\u00f3digo Civil y art\u00edculos 164, 166, 167 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
No se tuvieron en cuenta las presunciones legales de los art\u00edculos 762 y 787 del C\u00f3digo Civil, el primero que \u00abexonera a quien ha demostrado ser poseedor en cualquier momento, de la carga de probar la permanencia o continuidad de su posesi\u00f3n sobre la cosa\u00bb y el segundo seg\u00fan el cual \u00abmientras no se pruebe en el proceso que el poseedor ha perdido la posesi\u00f3n de la cosa, siendo esa una carga de quien alega dicha p\u00e9rdida, se debe reputar que el poseedor sigue conservando el bien en su poder con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o\u00bb, de ah\u00ed que al estar demostradas \u00ablas posesiones anteriores de las cuales la sociedad demandante deriv\u00f3 su posesi\u00f3n, ten\u00eda que reputarse que segu\u00eda conservando la aprehensi\u00f3n de los inmuebles y su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, pues tales presunciones legales no fueron desvirtuadas en el proceso\u00bb. En el mismo sentido qued\u00f3 inaplicada la presunci\u00f3n del art\u00edculo 780 del C\u00f3digo Civil que reitera lo anterior. <\/p>\n
El desconocimiento de los preceptos del estatuto procesal deriva de la valoraci\u00f3n aislada del contrato de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, el contrato de arrendamiento y los tres testimonios escuchados en audiencia, omitiendo apreciar las actas de diligencias de 23 de abril, 22 de mayo y 14 de junio de 2019, donde figura la demandante oponi\u00e9ndose \u00abpor ser poseedora de los bienes objetos del litigio\u00bb; la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el 12 de junio de 2019 al desconoc\u00e9rsele sus derechos; la solicitud de control de legalidad elevada ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el dictamen allegado \u00abseg\u00fan el cual la demandante hizo cuantiosas mejoras e inversiones en los inmuebles objeto de la controversia, como solo suelen hacerlo los verdaderos poseedores\u00bb. <\/p>\n
i.-)El \u00faltimo se\u00f1ala como infringidos indirectamente los art\u00edculos \u00ab762, 778, 780, 787, 974, 977, 979 y 982 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciaci\u00f3n material de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
El primer yerro consisti\u00f3 en estimar que el despojo ocurri\u00f3 el 22 de octubre de 2020, cuando en realidad fue en 2019 y as\u00ed se reconoci\u00f3 en fallo de tutela de 5 de noviembre de 2019, figura en el testimonio de Margarita Mej\u00eda, consta en documento emanado de la SAE y se admiti\u00f3 en la contestaci\u00f3n, de ah\u00ed que resulta desafortunado el c\u00f3mputo del \u00aba\u00f1o en que supuestamente debieron acreditarse los actos posesorios\u00bb. <\/p>\n
j.-)CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar los embates las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
Ahora bien, si se acude a las causales previstas en los numerales primero y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionados con la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a), numeral 2\u00ba, de dicho precepto, en la v\u00eda directa la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que se debe expresar en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n, ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertar en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Mientras que en lo que respecta a la causal segunda, es necesario precisar si el vicio deriva de un \u00aberror de derecho\u00bb por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de un \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En esta oportunidad los tres cargos propuestos incumplen las exigencias de t\u00e9cnica antes esbozadas, toda vez que su exposici\u00f3n se cimenta en una visi\u00f3n desfigurada del fallo del Tribunal, lo que los torna en desenfocados, adem\u00e1s de que son incompletos y entremezclan diversas v\u00edas, resultando por ende insuficientes para derruir los pilares que lo sustentan. <\/p>\n
Dos fueron las razones que sirvieron de faro para confirmar la determinaci\u00f3n adversa del a quo y no tres como equivocadamente anuncia la censora, puesto que los primeros planteamientos del pronunciamiento confutado avalaron la sustentaci\u00f3n de la alzada en el sentido que era posible el ejercicio de posesi\u00f3n sobre bienes cautelados, pero resultando insuficientes para sus prop\u00f3sitos de \u00e9xito. <\/p>\n
De ah\u00ed que el fracaso devino principalmente de la ausencia de probanzas sobre los actos de posesi\u00f3n que deb\u00eda acreditar el accionante, eso s\u00ed, luego de precisar que tal esfuerzo debi\u00f3 comprender por lo menos un a\u00f1o con antelaci\u00f3n al despojo y admitiendo la viabilidad de la agregaci\u00f3n de posesiones solo si el ejercicio de quien dijo resultar privado del se\u00f1or\u00edo no alcanzaba dicho lapso de ley, pero para el caso y seg\u00fan el relato factual ese escudri\u00f1amiento era innecesario, ya que entre la data en que la gestora adujo adquirir la calidad de poseedora y la diligencia de entrega se superaba con creces. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, como argumento accesorio, resalt\u00f3 que la diligencia de entrega de los inmuebles que adelant\u00f3 \u00abla SAE como administradora del FRISCO\u00bb estuvo amparada por la Ley 1708 de 2014 y el numeral 14 del art\u00edculo 11 del Decreto 2897 de 2011, fuera de que estuvo precedida de diligencia de secuestro practicada el 19 de noviembre de 2008, en la cual no se present\u00f3 alg\u00fan tipo de oposici\u00f3n, siendo ese el momento oportuno para hacerlo. <\/p>\n
Frente a esa situaci\u00f3n, los desaciertos de la opugnadora consisten en: <\/p>\n
<\/p>\n
a. En el primer cargo, partiendo por aceptar los supuestos de hecho advertidos por el Tribunal y, por ende, admitir que no logr\u00f3 demostrar actos de posesi\u00f3n propios, pretende superar tal deficiencia con el supuesto desconocimiento del art\u00edculo 778 del C\u00f3digo Civil, que s\u00ed fue contemplado pero dejado de lado por no tener incidencia en el debate. <\/p>\n
Adicionalmente, se busca dar alcances a una apreciaci\u00f3n particular de la inconforme sin asidero en el contenido de la providencia confutada, en el sentido de que se tuvo por establecida la posesi\u00f3n de terceros antecesores con el prop\u00f3sito de derivar de ellos la continuidad de los actos de se\u00f1or\u00edo, como si se tratara de una discusi\u00f3n de pertenencia dis\u00edmil de la que fue materia de estudio. <\/p>\n
Al respecto el fallador de segundo grado se limit\u00f3 a se\u00f1alar que <\/p>\n
[c]on el fin de verificar aquella antig\u00fcedad en el contradictorio se hicieron valer de manera documental el memorial dirigido al juez de la pertenencia y en el que se realiza la cesi\u00f3n de los derechos que del litigio hizo Jaime Orlando S\u00e1nchez Buitrago a Grupo Promotor GU SAS y el contrato de arrendamiento del 4 de enero de 2019 suscrito por la convocante con la arrendataria Masivo Capital SAS9, hay que decir que la dem\u00e1s copiosidad de legajos y que en su mayor\u00eda datan de fechas no solo anteriores a las que aqu\u00ed importan, sino que relacionan actos y circunstancias atribuidas al presunto anterior poseedor, no tienen ninguna trascendencia porque ellas tienden a demostrar una suma o cadena de posesiones que no le compete a la sala entrar a analizar, so pena de inmiscuirse y extralimitar el alcance de su competencia; en efecto, ya se advirti\u00f3 como abre bocas de manera introductoria, lo especial\u00edsima de esta acci\u00f3n, adem\u00e1s de que esos espec\u00edficos eventos deben ser debatidos en el escenario procesal dispuesto ante el juez que tiene bajo su arbitrio la pertenencia, sin que sea necesario aqu\u00ed sumar aquellos actos, porque el requisito ultraanual se encuentra en su totalidad se itera cumplido por Grupo Promotor GU SAS. -se resalta- <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante, al sopesar los testimonios recaudados se duele de que <\/p>\n
(\u2026) tampoco tienen influencia las atestiguaciones recopiladas pues con ellas m\u00e1s que probar y revelar los deponentes actos positivos en cabeza de la sociedad grupo promotor, se dedicaron o profundizaron en la acreditaci\u00f3n de las \u00e9pocas en que pret\u00e9ritamente se posey\u00f3 el bien por otras personas (\u2026). <\/p>\n
Quiere decir que ning\u00fan alcance le confiri\u00f3 a los acontecimientos pasados o que precedieron a la fecha en que se\u00f1al\u00f3 el comienzo de su posesi\u00f3n la promotora y ni siquiera admiti\u00f3 como irrefutable que alguna persona natural o jur\u00eddica en particular la hubiera ejercido y transferido, a cualquier t\u00edtulo, a Grupo Promotor G.U. S.A.S. <\/p>\n
Incluso se le rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio al documento del cual pretend\u00eda derivar la sucesi\u00f3n posesoria, al precisar que <\/p>\n
(\u2026) los instrumentos demostrativos no resultan ser suficientes para dotar de convicci\u00f3n el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la posesi\u00f3n en cabeza de la sociedad demandante, pues trat\u00e1ndose de la cesi\u00f3n del derecho en litigio y el contrato de arrendamiento, ellos no rodean verdaderos sucesos de posesi\u00f3n, tampoco tienen la venalidad de mutar por s\u00ed solos para ser interpretados como una revelaci\u00f3n de se\u00f1or\u00edo y ese \u00e1nimo es el que marca la diferenciaci\u00f3n entre una mera tenencia para usufructuar, con la posesi\u00f3n, pues el simple transcurso del tiempo no muda. Y es que esos documentos en realidad contienen manifestaciones desprovistas de \u00e1nimus pues con uno jur\u00eddicamente se cede una mera expectativa sobre un pleito, no en espec\u00edfico sobre los bienes que lo involucran (\u2026). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la inquisici\u00f3n de los alcances de la \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb qued\u00f3 cubierta con un velo de duda al contrastarla con lo que dijo el supuesto cedente Jaime Orlando S\u00e1nchez Buitrago, ya que \u00e9ste <\/p>\n
(\u2026) no fue contundente en cuanto a la negociaci\u00f3n que involucr\u00f3 los derechos litigiosos, m\u00e1s sin embargo, s\u00ed luce extra\u00f1o que siendo la persona que supuestamente transfiere su posesi\u00f3n, al parecer entienda que la cesi\u00f3n m\u00e1s que abarcar ese fen\u00f3meno, lo que en realidad envuelve es una representaci\u00f3n legal, esto, de atender a la respuesta emitida cuando se indag\u00f3 por aquel convenio y a lo que exalt\u00f3 \u201cced\u00ed los derechos porque ellos tienen una empresa, tienen sus abogados y pueden llevar mejor el proceso\u201d \u201cse lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n que llevaran el proceso ellos\u201d; det\u00e1llese, que pas\u00f3 desapercibido tanto para el deponente como para el apoderado actor, la relaci\u00f3n de tiempo, modo y lugar de las tratativas, como tampoco afirm\u00f3 y se confirm\u00f3 que para el cedente se detentaran los bienes por la sociedad como si fuera la propietaria, porque eso nunca lo descubri\u00f3. <\/p>\n
Esas deducciones, que se mantienen inalterables en la senda directa propuesta, truncaban de entrada cualquier expectativa acumulativa de posesiones bajo el discurso propuesto por la vencida, lo que tornar\u00eda en inocuos sus reclamos. <\/p>\n
En cuanto a la complementaria legitimidad de la diligencia de entrega de los inmuebles, se estructur\u00f3 en el ordenamiento legal exclusivo para la extinci\u00f3n de dominio (Ley 1708 de 2014 y el numeral 14 del art\u00edculo 11 del Decreto 2897 de 2011), as\u00ed como la falta de oposici\u00f3n en la diligencia de secuestro, como fue expuesto por la misma demandante en el libelo. Eso indica que no tuvo ninguna trascendencia la titularidad inscrita, sino la pasividad de los ocupantes para la \u00e9poca en que se perfeccion\u00f3 la cautela y sus repercusiones futuras, tema sobre el cual guard\u00f3 silencio la impugnadora. <\/p>\n
Como se puede otear las discordancias de la gestora atacan una visi\u00f3n desfigurada del fallo de segundo grado, para acomodar su discurso a una perspectiva ama\u00f1ada del debate, conducta a la que se opone la impugnaci\u00f3n extraordinaria ya que como se memor\u00f3 en CSJ AC6075-2021, reiterado entre otros en AC5548-2022, <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864, CSJ AC7729-2017 y AC2394-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
b. El segundo cargo se contrae a reparos generalizados sobre deficiencias en la valoraci\u00f3n probatoria encasillados en el yerro de iure, pero qued\u00e1ndose corto al dejar de estructurar la forma como se materializ\u00f3 la equivocaci\u00f3n endilgada al ad quem, tal cual si pretendiera el opugnador que la Corte supliera el esfuerzo argumentativo que requiere un embate de esa naturaleza. <\/p>\n
Es as\u00ed como, sin rebatir la ausencia de medios de convicci\u00f3n sobre sus propios actos de se\u00f1ora y due\u00f1a desde la fecha en que afirma haber asumido la posesi\u00f3n de los bienes hasta que se produjo el desalojo, aspira que se le d\u00e9 primac\u00eda a las presunciones de los art\u00edculos 762, 780 y 787 del C\u00f3digo Civil que parten del supuesto de que esa condici\u00f3n est\u00e9 plenamente establecida. <\/p>\n
En cuanto a la deficiencia de no sopesar en conjunto los medios de convicci\u00f3n a la luz del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, simplemente se duele de una \u00abvaloraci\u00f3n aislada\u00bb de algunos, que en realidad fueron concatenados para conducir al resultado adverso, y la prescindencia de otros que se limita a enunciar, sin desmenuzar su contenido ni los alcances que, en forma individual y luego con una revisi\u00f3n panor\u00e1mica, pudieran tener para los fines del litigio. <\/p>\n
Como bien lo pregona el art\u00edculo 344 del estatuto procesal vigente, la invocaci\u00f3n del error de derecho exige la enunciaci\u00f3n de los preceptos probatorios afectados, con una explicaci\u00f3n de la forma como opera la infracci\u00f3n, as\u00ed como la demostraci\u00f3n de la equivocaci\u00f3n y \u00absu trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb, labor que a pesar de lo sucinta no puede resultar insuficiente o meramente enunciativa y as\u00ed se dijo en CSJ AC 2930-2022 al precisar que <\/p>\n
(\u2026) el labor\u00edo del casacionista no se limita a enunciar la trasgresi\u00f3n del postulado en comento, sino, que estar\u00e1 compelido a determinar e individualizar cada una de las probanzas que considere no fueron apreciadas conjuntamente, precisando los puntos de enlace y divergencias entre estas que ponga evidencia la falta absoluta de su debida integraci\u00f3n y, especialmente, como estas resultaban id\u00f3neas para derruir el fallo rebatido. <\/p>\n
Por si fuera poco, como el descontento trasciende de la forma en que fueron apreciadas las pruebas a la falta de valoraci\u00f3n de siete piezas incorporadas al plenario, termina entremezclando aspectos propios del motivo de disconformidad en que se encasill\u00f3 al error de hecho, pues tal cual se record\u00f3 en el prove\u00eddo antes referenciado al traer a colaci\u00f3n el AC 29 oct. 2009, rad. 2002-00211-01, proferido estando en rigor el C\u00f3digo de Procedimiento Civil pero que guarda vigencia por no haberse alterado las condiciones sobre el particular, <\/p>\n
(\u2026) cuando de la falta de valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas se trata (art. 187 C. P. C.), [que hoy en d\u00eda corresponde al 176 C.G.P.] esta Corporaci\u00f3n ha habilitado su denuncia como un error de derecho; empero, tal eventualidad tiene un condicionamiento inconfundible, consistente en que las pruebas adosadas al expediente, ciertamente, debieron ser apreciadas o valoradas por el juzgador, aunque de manera aislada, sin conexidad alguna; pero, cuando, como en el caso presente, se acusa al Tribunal de pretermitir alg\u00fan medio persuasivo, cuando se le recrimina de pasar por alto los elementos adosados al expediente, no gesta, con tal proceder, una equivocaci\u00f3n de derecho sino de hecho, consistente, precisamente, en desconocer la existencia f\u00edsica de alg\u00fan medio probatorio, o, como igualmente se le enrostra al juzgador, por escrutar erradamente su contenido material.) <\/p>\n
Por lo dicho, en esta oportunidad lo restringido en la formulaci\u00f3n de la censura resulta insuficiente y contiene visos de mixtura, ambos defectos que son inaceptables frente a la claridad y precisi\u00f3n que se espera para sacar a la luz un desatino flagrante del Colegiado por yerro de iure. <\/p>\n
<\/p>\n
De todas formas, exista o no el lapsus se\u00f1alado, el estudi\u00f3 temporal en el fallo confutado sobre el se\u00f1or\u00edo aducido por la accionante se hizo a partir del 21 de mayo de 2018, data del escrito de cesi\u00f3n de derechos que supuestamente le dieron origen, hasta el momento en que culmin\u00f3 la diligencia que se endilga constitutiva de perturbaci\u00f3n, sin encontrar evidencia del mismo, por lo que de darse la falencia resultar\u00eda irrelevante para los fines de este excepcional medio de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
A partir de esa aparente confusi\u00f3n, aprovecha la gestora para proponer una valoraci\u00f3n en su favor de diversas manifestaciones de ser poseedora, todas en el transcurso de las actuaciones de extinci\u00f3n de dominio o con incidencia en el, como es el caso de la acci\u00f3n de tutela, en las cuales no se le reconoci\u00f3 dicha condici\u00f3n y que resultar\u00edan insuficientes para redireccionar el resultado del pleito en su favor. Adem\u00e1s, el que el Tribunal omitiera hacer menci\u00f3n expresa a cada una de las fechas en que se suspendi\u00f3 la entrega y lo que en ellas se dijo, no significa que fueran desatendidas puesto que todas hacen parte integrante de un mismo diligenciamiento que fue apreciado al desarrollar el punto complementario de demerito de las aspiraciones de la promotora. <\/p>\n
En lo que respecta a la experticia con la que se pretend\u00eda acreditar la realizaci\u00f3n de obras en los inmuebles, al corresponder a una tasaci\u00f3n sobre situaciones consumadas con anterioridad y con efectos cuantitativos, la misma es insuficiente para demostrar se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
La propuesta de la inconforme, a manera de alegato de instancia en el que da prevalencia a lo que considera favorable a sus intereses, carece del peso suficiente para destrozar la minuciosa labor de escudri\u00f1amiento del juzgador de segundo grado que, muy en contra de lo que se expone, sopes\u00f3 en conjunto las pruebas, pero no encontr\u00f3 asidero a las pretensiones por la ausencia de los presupuestos de rigor para el litigio promovido. <\/p>\n
Como se evidenci\u00f3 recientemente en CSJ AC1614-2023, en un caso que guarda similitud de materia con el presente, el ataque <\/p>\n
(\u2026) carece de la claridad, precisi\u00f3n y completitud necesarias, constituy\u00e9ndose en un mero alegato de instancia que pugna por sobreponer el criterio de la parte interesada al vertido en la sentencia de segundo grado, pasando por alto que \u00e9sta arriba a casaci\u00f3n precedida de las presunciones de legalidad y acierto, de tal forma que en el escenario de infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial propuesto solo podr\u00eda ser quebrada si se demuestra la existencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Por otro lado, limitado como queda el ataque a que \u00abs\u00ed est\u00e1 suficientemente probada en el proceso la posesi\u00f3n que la demandante ha ejercido de manera quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida por m\u00e1s de 40 a\u00f1os, la cual fue echada de menos por el Tribunal debido a los errores probatorios en los que incurri\u00f3\u00bb y que por esa sola circunstancia \u00abhabr\u00eda tenido por demostrado el elemento que ech\u00f3 de menos para la prosperidad del interdicto posesorio y habr\u00eda tenido que acceder, necesariamente, a las pretensiones de la demanda\u00bb, en \u00faltimas se quedar\u00eda corto ya que se desentiende del otro pilar en que se cimenta la providencia opugnada, esto es, que la entrega adelantada por \u00abla SAE como administradora del FRISCO\u00bb estuvo amparada por la ley y no constitu\u00eda acto de perturbaci\u00f3n susceptible de proteger por ese medio. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en gracia de discusi\u00f3n, a\u00fan de acogerse que la demandante acredit\u00f3 ser poseedora por lo menos durante un a\u00f1o al momento en que se vio obligada a desocupar los predios, la determinaci\u00f3n adversa a sus intereses se mantendr\u00eda en vista de la legitimidad que justificaba tal proceder de la SAE y que no fue cuestionada en la \u00faltima censura. <\/p>\n
Como se memor\u00f3 en CSJ AC1585-2022 en tales eventos <\/p>\n
(\u2026) el embate es incompleto, comoquiera que omite confrontar todas las premisas sobre las cuales se edific\u00f3 el fallo rebatido, falencia que atenta contra el principio de integralidad del cargo, y que consiste en discutir todos argumentos sobre los que fund\u00f3 la sentencia contra la que se dirija la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al no ce\u00f1irse las acusaciones a las formalidades de rigor, es inviable su aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
k.-)DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Grupo Promotor G.U. S.A.S., frente a la sentencia de 1\u00ba de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo que adelant\u00f3 contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. <\/p>\n
Segundo: Devolver por Secretar\u00eda virtualmente el expediente al Tribunal de origen, con la inserci\u00f3n de lo actuado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF 01Demanda \u2013 Carpeta Primera Instancia. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF 10ContestacionDemanda id. 1. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta 42 audiencia de 26 ene 2022 id. 1. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF 07Sentencia cno. Tribunal. <\/p>\n
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AC2327-2023 (2020-00135-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC2327-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-046-2020-00135-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75838","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75838","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75838"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75838\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75838"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75838"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75838"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}