AC2345-2023 (2010-00562-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2345-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 110013103034 20100056201 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de las demandas formuladas por la promotora y por los convocados C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres y Construcciones e Inversiones AMC S.A., para sustentar los recursos de casaci\u00f3n interpuestos frente a la sentencia del 10 de noviembre de 2021 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario promovido por Olga Cecilia Salamanca Garc\u00eda, contra Humberto Hern\u00e1ndez Roa, Yolanda del Carmen L\u00f3pez Bernal, Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez Caicedo y los dos recurrentes. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3, de manera principal: i) declarar la nulidad absoluta de la estipulaci\u00f3n de \u00abno afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb obrante en el contrato de compraventa de un bien inmueble celebrado entre Humberto Hern\u00e1ndez Roa y Yolanda del Carmen L\u00f3pez Bernal como vendedores y C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres como comprador, documentado en la Escritura 5443 de 2007 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n de la adulteraci\u00f3n que sobre ese particular sufrieron los textos notariales; ii) declarar la nulidad absoluta del contrato de hipoteca abierta de cuant\u00eda indeterminada, constituida por C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres, mediante Escritura 5444 de 2007 de la misma notar\u00eda, en favor de Construcciones e Inversiones AMC S.A. sobre el referido inmueble, por ausencia de consentimiento de Olga Cecilia Salamanca Garc\u00eda; iii) declarar la nulidad absoluta del contrato de daci\u00f3n en pago celebrado entre C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres como deudor y Construcciones e Inversiones A. M. C S. A., acreedora, mediante Escritura 1443 de 2010 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1, inscrita en el mismo folio de matr\u00edcula inmobiliaria con autorizaci\u00f3n del Juez Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1; iv) declarar que C\u00e9sar Alonso Castellanos ocult\u00f3 o distrajo dolosamente del haber de su sociedad conyugal el mentado inmueble, y condenarlo a perder su porci\u00f3n conyugal quedando obligado a restituirlo doblado conforme al art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil; v) ordenar a la sociedad demandada que restituya el inmueble a C\u00e9sar Alonso Castellanos o a Olga Cecilia Salamanca, con sus correspondientes frutos civiles y naturales. <\/p>\n
Adicionalmente, tambi\u00e9n de manera subsidiaria, reclam\u00f3 la accionante declarar la simulaci\u00f3n absoluta de la cesi\u00f3n que realiz\u00f3 C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres a favor de Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez Caicedo de las 28.500 acciones que pose\u00eda en la sociedad Construcciones e Inversiones AMC S. A., el 23 de enero de 2009, como quiera que ese negocio no fue real y declarar que el se\u00f1or Castellanos Torres, al haber simulado en forma absoluta la referida cesi\u00f3n de acciones, las ocult\u00f3 o distrajo dolosamente del haber de su sociedad conyugal, en consecuencia, condenarlo a perder su porci\u00f3n en ellas, quedando obligado a restituirlas dobladas en su valor real o comercial a Olga Cecilia Salamanca, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.- Los hechos de la demanda se resumen as\u00ed: <\/p>\n
Mediante Escritura 5443 de 2007 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1, C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres, adquiri\u00f3 un inmueble ubicado en Bogot\u00e1 cuya destinaci\u00f3n era vivienda, su c\u00f3nyuge Olga Cecilia Salamanca Garc\u00eda tambi\u00e9n suscribi\u00f3 el referido instrumento y ambos manifestaron su voluntad de afectarlo a vivienda familiar. En la misma fecha y notar\u00eda, sobre tal inmueble, mediante Escritura 5444, el se\u00f1or C\u00e9sar constituy\u00f3 hipoteca abierta en favor de Construcciones e Inversiones AMC S.A., sin el consentimiento de la demandante, transgrediendo as\u00ed la exigencia de doble firma prevista en el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 258 de 1996. <\/p>\n
Las escrituras en las que se documentaron los referidos negocios resultaron adulteradas en los apartes en los que se hab\u00eda hecho constar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar por cambios en sus hojas y modificaci\u00f3n del texto, de modo que apareci\u00f3 en ellas una manifestaci\u00f3n contraria a la que en realidad expresaron los comparecientes, es decir, que el inmueble \u00abno fue afectado a tal r\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
La accionante promovi\u00f3 demanda de divorcio en el a\u00f1o 2008 que le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1; una vez su esposo se enter\u00f3 del registro del embargo sobre el referido inmueble efectuado el 18 de diciembre de 2008, junto con otros miembros de su familia procedieron a implementar \u00abla otra farsa de fraude a la sociedad conyugal\u00bb, y en Acta No. 7 de Asamblea de Propietarios de Construcciones e Inversiones AMC S.A. del 23 de enero de 2009, se consign\u00f3 haber le\u00eddo carta suscrita el 28 de diciembre de 2008 por el accionista C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres, en la cual manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de enajenar sus 28.500 acciones en esa sociedad por el valor nominal. Como ning\u00fan accionista estuvo interesado en adquirirlas, se autoriz\u00f3 la venta a Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez, amigo de toda su vida y el mismo d\u00eda se procedi\u00f3 a inscribir la cesi\u00f3n en el libro de accionistas. <\/p>\n
Dicha compraventa fue ficticia, porque ninguna de las partes tuvo un \u00e1nimo real de celebrar ese negocio y su fin no era otro que distraer esas acciones del patrimonio personal del vendedor mientras se liquidaba la sociedad conyugal. <\/p>\n
Posteriormente, practicado el secuestro de la casa por el Juzgado de Familia, la sociedad convocada formul\u00f3 demanda hipotecaria contra C\u00e9sar Castellanos, y en ese proceso se present\u00f3 tambi\u00e9n la Escritura 5444 de 2007, adulterada en lo concerniente a la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que reca\u00eda sobre el inmueble, la cual no coincide con el original que reposa en la mentada Notar\u00eda, pero s\u00ed con la copia que sirvi\u00f3 de fundamento a la inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
El demandado se notific\u00f3 del auto de apremio y guard\u00f3 silencio, tampoco present\u00f3 objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. M\u00e1s adelante, como parte del contubernio familiar para defraudar a la consorte, se efectu\u00f3 daci\u00f3n en pago que llev\u00f3 a la sustracci\u00f3n de la totalidad de la casa, solicitando y obteniendo la autorizaci\u00f3n del juez para inscribir la Escritura 1443 de 2010 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Esas simulaciones hicieron parte del entramado de la defraudaci\u00f3n patrimonial a la c\u00f3nyuge, maniobras fraudulentas que se orientaron a ocultar o distraer los bienes de la sociedad conyugal, coloc\u00e1ndolos a nombre de terceros. <\/p>\n
3.- Los accionados se opusieron a las pretensiones, y a manera de defensa, Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez Caicedo1, Construcciones e Inversiones AMC S.A. y C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres2, alegaron la excepci\u00f3n \u00abgen\u00e9rica o innominada\u00bb, pidiendo declarar de oficio cualquier hecho o circunstancia que resulte probado durante el proceso. Por su parte, Humberto Hern\u00e1ndez Roa y Yolanda del Carmen L\u00f3pez Bernal3, alegaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, aduciendo que, al ser solo los vendedores del bien, las pretensiones no pueden afectarlos o vincularlos. <\/p>\n
4.- El a quo declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n \u00abgen\u00e9rica -innominada\u00bb, y neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
5.- La sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
5.1.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n formulada por la parte actora, revoc\u00f3 parcialmente el fallo impugnado. <\/p>\n
En su lugar: i) declar\u00f3 la nulidad absoluta parcial de la estipulaci\u00f3n de los consortes Castellanos Torres y Salamanca Garc\u00eda, relacionada con la \u00abno afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb del inmueble descrito en la demanda, contenida en el contrato de compraventa que consta en la Escritura 5443 de 2007, otorgada en la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1; ii) declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de hipoteca abierta de cuant\u00eda indeterminada constituida por C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres, mediante Escritura 5444 de 2007, de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1, en favor de Construcciones e Inversiones AMC S.A. sobre el mismo inmueble; iii) declar\u00f3 la nulidad absoluta de la daci\u00f3n en pago celebrada entre C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres y Construcciones e Inversiones AMC S.A., mediante Escritura 1443 de 2010 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En todos los casos, emiti\u00f3 las \u00f3rdenes correspondientes a la Notar\u00eda y Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos; adem\u00e1s, le orden\u00f3 a Construcciones e Inversiones AMC S.A. restituirle el bien a C\u00e9sar Alonso Castellanos y a Olga Cecilia Salamanca y la conden\u00f3 al pago de los frutos causados. <\/p>\n
5.2.- Para decidir de ese modo, a partir de la valoraci\u00f3n del material probatorio arrimado al expediente, en especial, de las distintas experticias practicadas, en resumen, el Tribunal expuso: <\/p>\n
5.2.1.- Los dict\u00e1menes elaborados por Jorge Arcenio Prado Branco, Oscar Fajardo Guzm\u00e1n y Gerardo Alberto Ardila G\u00f3mez, adem\u00e1s de analizar individualmente cada uno de los dos instrumentos p\u00fablicos objeto de controversia que reposan en el protocolo de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n los compararon con los que se encuentran en el archivo de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Norte. Esa situaci\u00f3n revela que son an\u00e1lisis m\u00e1s pertinentes para el caso que se ciment\u00f3 en que dichas escrituras fueron alteradas por sustituci\u00f3n de hojas y no por borrado mec\u00e1nico o qu\u00edmico, enmendaduras, raspado o cambio de datos que fue en lo que se concentraron los expertos Carlos N\u00e9stor Rosas Beltr\u00e1n y Luis Alfredo Archila B\u00e1ez, quienes solo examinaron el protocolo de la Notar\u00eda. <\/p>\n
En las experticias se concluy\u00f3 que las p\u00e1ginas 1 y 13 de la escritura de venta no tienen numeraci\u00f3n consecutiva con las dem\u00e1s y la \u00faltima tiene un tama\u00f1o de letra distinto al resto del instrumento. Este \u00faltimo hecho se torna m\u00e1s relevante, pues el perito Archila B\u00e1ez dijo que \u00abel tama\u00f1o de los textos impresos y la fuente utilizados en la Escritura P\u00fablica 5443 obrantes en la p\u00e1gina n\u00famero 13 bajo el n\u00famero de folio sellado de la Notar\u00eda 63 en comento individualizado con el n\u00famero AA32183574 son diferentes con respecto a los dem\u00e1s folios\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la p\u00e1gina 15 de la escritura de hipoteca que se encuentra en la notar\u00eda no tiene el n\u00famero 5444 que aparece en el encabezado de las dem\u00e1s hojas y en la copia que reposa en la oficina de registro, no es similar en tama\u00f1o, espacio y tipo de letra, sumado a otras diferencias que surgen de comparar la copia de esa escritura que reposa en la notar\u00eda con la que obra en la oficina de registro de instrumentos p\u00fabicos. <\/p>\n
Las p\u00e1ginas que mayores diferencias tienen son la 13 de la escritura de compraventa y 15 de la hipoteca, y ciertamente tienen que ver con la \u00abno afectaci\u00f3n al r\u00e9gimen de afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb, reprochada por la parte actora. <\/p>\n
5.2.2.- Se deduce que la compraventa protocolizada mediante Escritura P\u00fablica 5443 de 2007, por voluntad de los comparecientes se aprob\u00f3 con afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y a la fecha ese documento no da cuenta de esa situaci\u00f3n, surgiendo di\u00e1fano que se trata de un negocio jur\u00eddico viciado de nulidad absoluta, por cuanto al tenor del inciso final del art\u00edculo 6 de la Ley 258 de 1996, quedar\u00e1n viciados de nulidad absoluta los actos jur\u00eddicos que desconozcan la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y el numeral 3 del art\u00edculo 99 de la Ley 960 de 1970, prev\u00e9 que son nulas las escrituras en que se omita el cumplimiento de los requisitos esenciales, entre otros, cuando los comparecientes no hayan prestado aprobaci\u00f3n al texto del instrumento extendido. <\/p>\n
5.2.3.- Teniendo en cuenta que la demandante respecto de la compraventa solo solicit\u00f3 que se declare la nulidad absoluta de \u00abaquella estipulaci\u00f3n de los consortes C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres y Olga Cecilia Salamanca Garc\u00eda relacionada con la no afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb, ello quiere decir que no cuestion\u00f3 la validez de todo el acto jur\u00eddico. En tal virtud, como en este caso se echa de menos prueba de que las partes no hubiesen celebrado la compraventa sin la prenotada estipulaci\u00f3n viciada de nulidad, no hay lugar a decretar la nulidad absoluta de todo el negocio, sino de esa estipulaci\u00f3n, ordenando tomar nota en ese instrumento de que s\u00ed qued\u00f3 afectado a vivienda familiar. <\/p>\n
5.2.4.- Ante la evidente alteraci\u00f3n del contenido de la escritura de compraventa que desconoci\u00f3 el derecho de la c\u00f3nyuge y de su hija a que el bien inmueble se afectara a vivienda familiar, es dable acoger la interpretaci\u00f3n garantista que proteja a la mujer en perspectiva de g\u00e9nero, imponi\u00e9ndose declarar la nulidad de la estipulaci\u00f3n que desconoci\u00f3 la limitaci\u00f3n del dominio del inmueble. <\/p>\n
Igualmente, se acoger\u00e1n las pretensiones principales de nulidad absoluta de los contratos de hipoteca y daci\u00f3n en pago, al haberse desconocido la exigencia consagrada en el art\u00edculo 3 de la Ley 258 de 1996, de ah\u00ed que, si esos dos negocios no fueron consentidos por Olga Cecilia Salamanca, tambi\u00e9n quedaron viciados de nulidad absoluta. <\/p>\n
5.2.5.- Los efectos del mentado vicio tambi\u00e9n cobijan a Construcciones e Inversiones AMC S.A., dado que su representante legal Edith Marlen Torres Garz\u00f3n, madre de C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres, no fue ajena a esa negociaci\u00f3n, estuvo presente inclusive el d\u00eda en que se suscribieron las escrituras de compraventa y se constituy\u00f3 en su favor la correspondiente hipoteca. N\u00f3tese, que la vendedora Yolanda L\u00f3pez en su interrogatorio narr\u00f3 que el 15 de noviembre de 2007, cuando fue a la notar\u00eda junto con Humberto Hern\u00e1ndez a firmar la escritura de venta, encontraron all\u00ed a los padres de C\u00e9sar Castellanos, quienes eran conocedores de que este se encontraba ligado a la actora por el v\u00ednculo del matrimonio desde \u00e9poca anterior. <\/p>\n
La misma Edith Marlen en el interrogatorio absuelto en el tr\u00e1mite penal, al preguntarle cu\u00e1l fue la raz\u00f3n por la que Olga Salamanca no acudi\u00f3 a la Notar\u00eda 63 el 15 de noviembre de 2007 a firmar las escrituras, junto con su esposo y los vendedores, contest\u00f3 que no se ten\u00eda conocimiento de que ten\u00eda que estar presente; adem\u00e1s, dijo que la escritura de hipoteca se firm\u00f3 el mismo d\u00eda en que el se\u00f1or C\u00e9sar firm\u00f3 la compraventa y ante los vendedores, manifestaci\u00f3n que adem\u00e1s de corroborar la asistencia de la se\u00f1ora Yolanda en esa oportunidad dando firmeza a su versi\u00f3n, devela que en verdad tuvo conocimiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar. <\/p>\n
5.2.6.- Proceden restituciones por la declaratoria de nulidad absoluta de la daci\u00f3n en pago, dado que el negocio de compraventa se mantiene en la vida jur\u00eddica con las anotaciones indicadas y la hipoteca en atenci\u00f3n a su naturaleza no implic\u00f3 la entrega de bienes. <\/p>\n
Entonces, se ordenar\u00e1 a la sociedad demandada restituir el inmueble a su propietario. En cuanto a los frutos civiles y naturales, que \u00e9sta percibi\u00f3 o pudo haber percibido con mediana inteligencia, se calcular\u00e1n desde que la sociedad demandada recibi\u00f3 el inmueble el 13 de octubre de 2010, hasta la fecha de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
5.2.7.- Se impone denegar la pretensi\u00f3n alusiva a condenar a C\u00e9sar Alonso Castellanos a perder su porci\u00f3n conyugal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, pues los puntos de apelaci\u00f3n sustentados en esta instancia no develan que \u00abdolosamente\u00bb hubiere ocultado o distra\u00eddo bienes de la sociedad conyugal, a pesar de lo esbozado no puede concluirse que los hechos analizados fueran el producto de la intenci\u00f3n de ese demandado, aunado a que conforme el numeral 22 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso, es al Juez de Familia a quien le corresponde definir sobre la sanci\u00f3n prevista en el mencionado art\u00edculo. <\/p>\n
La prosperidad de las pretensiones principales, relevan a la sala de analizar las subsidiarias en que se insisti\u00f3 v\u00eda recurso de apelaci\u00f3n. En consecuencia, se revocar\u00e1 parcialmente la sentencia atacada. Salvo la condena por ocultamiento de bienes, y se acoger\u00e1n las pretensiones principales. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N PRESENTADA POR LA ACCIONANTE <\/p>\n
Formul\u00f3 dos cargos, ambos con soporte en la causal 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.- En el primero, se afirm\u00f3 que la sentencia impugnada no est\u00e1 acorde con los hechos y pretensiones de la demanda, en la medida que dej\u00f3 de resolver las pretensiones principales enumeradas como 7, 8 y 9, fundamentadas en los hechos de las pretensiones principales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con tal omisi\u00f3n, el Tribunal transgredi\u00f3 los art\u00edculos 280, 281, 2, 7 y 11 del C\u00f3digo General del Proceso, el art\u00edculo 55 de la Ley 270 de 1996 y los c\u00e1nones 228 y 229 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Para explicar con exactitud la desarmon\u00eda denunciada, se efect\u00faa un cotejo del ac\u00e1pite de la demanda referente a pretensiones y hechos, con el fallo censurado, cuyo resultado muestra la inconsonancia por defecto citra petita, pues en su parte resolutiva nada se decidi\u00f3 sobre las pretensiones principales relacionadas con la imposici\u00f3n al c\u00f3nyuge demandado de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, soslay\u00e1ndose los hechos 1\u00b0 a 8\u00b0 de las pretensiones principales. <\/p>\n
En este proceso quedaron debidamente probados los hechos que le sirven de demostraci\u00f3n a las pretensiones dejadas de resolver, como son: a) el matrimonio de la demandante y C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres; b) el ingreso del inmueble al haber de la sociedad conyugal; c) la existencia del gravamen hipotecario sobre el mismo inmueble, constituido por el c\u00f3nyuge Castellanos Torres a favor de Construcciones e Inversiones AMC, S.A., sin que en tal acto su consorte hubiera expresado consentimiento suscribiendo la escritura p\u00fablica, transgredi\u00e9ndose de esta manera la exigencia legal de la doble firma prevista por el Art. 3\u00b0 de la Ley 258 de 1996; d) Las \u00abadulteraciones\u00bb que sufrieron las dos escrituras p\u00fablicas en cuanto al tema de la \u00abno afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb del inmueble objeto de la compraventa, modificando la genuina afectaci\u00f3n en ese sentido, a trav\u00e9s de los cambios o sustituciones \u00edntegras de algunas de sus hojas notariales, y la eliminaci\u00f3n de otras. <\/p>\n
Los medios suasorios, dejan al descubierto la intenci\u00f3n maligna, las maquinaciones fraudulentas del consorte demandado para engendrar enga\u00f1o a la c\u00f3nyuge, cuya decisi\u00f3n fue totalmente omitida por el ad quem. La imposici\u00f3n al c\u00f3nyuge demandado de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, era la consecuencia l\u00f3gica de la prosperidad de las pretensiones principales 1 a 6. <\/p>\n
El silencio del Tribunal frente a esas s\u00faplicas represent\u00f3 una aut\u00e9ntica lesi\u00f3n a la parte actora, quien, por tal raz\u00f3n, vio vulnerado su derecho de tutela judicial efectiva, dado que ese fallo irrespet\u00f3 elementos debatidos en el litigio constitutivos de la causa petendi. <\/p>\n
2.- La sentencia tampoco est\u00e1 en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, en la medida en que se dej\u00f3 de resolver las \u00abmal denominadas pretensiones subsidiarias enumeradas como 10\u00aa, 11\u00aa, 12\u00aa y 13\u00aa\u00bb, fundamentadas en los hechos 1\u00ba y 2\u00ba de las pretensiones principales y en los 9 a 12, 15, y 17 a 22 de las subsidiarias y si bien, aquellas y \u00e9stos, formalmente se ubicaron dentro del ac\u00e1pite de las subsidiarias, realmente no lo son, pues en su esencia forman una causa petendi diferente a la principal que fue resuelta, \u00abestructurando materialmente otras pretensiones principales\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, nada se resolvi\u00f3 sobre el petitum relacionado con la declaratoria de simulaci\u00f3n absoluta de la cesi\u00f3n o venta del paquete accionario que pose\u00eda C\u00e9sar Alonso Castellanos en Construcciones e Inversiones AMC S.A., a favor de Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez Caicedo, tema que difiere ostensiblemente de las pretensiones principales resueltas en la sentencia censurada. Aunque la ubicaci\u00f3n de esas s\u00faplicas fue equivocada, \u00abno por ello, se desnaturaliza su verdadero car\u00e1cter de ser una causa petita absolutamente diferente a la que corresponde a las que se indic\u00f3 como pretensiones principales\u00bb y esa equivocaci\u00f3n no autorizaba al juzgador para ignorarlas totalmente, puesto que contaban con \u00absus dos elementos que las integran: su objeto y su raz\u00f3n\u00bb, por lo tanto, debieron tener alguna decisi\u00f3n, pero el juzgador guard\u00f3 absoluto silencio al respecto, estructur\u00e1ndose as\u00ed la asimetr\u00eda denunciada, lo que \u00abequivale a desconocer el derecho sustancial y sacrificar la verdad objetiva por una mera ritualidad, atinente al equivocado r\u00f3tulo e inapropiada ubicaci\u00f3n dentro del libelo demandatorio\u00bb. <\/p>\n
A partir de la evaluaci\u00f3n de los medios de prueba, emerge que existe en este proceso un conjunto de indicios graves, concordantes y convergentes que, relacionados con las dem\u00e1s pruebas, conforman un entramado que apunta un\u00edvocamente hacia la simulaci\u00f3n absoluta del otro negocio jur\u00eddico, reclamada en la demanda, al revelar la mera apariencia del acto por medio del cual C\u00e9sar Alonso Castellanos y Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez fingieron realizar la venta de ese paquete accionario. <\/p>\n
Por lo expuesto, se solicita casar parcialmente la sentencia, y adicionarla en el sentido de acceder a lo pedido en pretensiones subsidiarias, con prelaci\u00f3n del derecho sustantivo sobre el formal. <\/p>\n
3.- De manera subsidiaria a la prosperidad de los cargos o censuras formuladas, se pide dar aplicaci\u00f3n a la figura de la \u00abcasaci\u00f3n oficiosa\u00bb, ante la \u00abgrave violaci\u00f3n al derecho fundamental del debido proceso de la parte actora\u00bb, para que se quiebre el fallo en todo lo que comporte una grave violaci\u00f3n u ostensible vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE C\u00c9SAR ALONSO CASTELLANOS TORRES y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AMC S.A. <\/p>\n
Formularon un solo cargo con soporte en la primera causal del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acusando violaci\u00f3n directa de normas sustanciales \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n, indebida aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las normas sustantivas, con las cuales, se apoy\u00f3 el Tribunal Superior para revocar parcialmente la sentencia del inferior\u00bb, en especial, denunciaron vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 30, 35, 37, 38, 40, 99, 100, 101 a 105 del Decreto 960 de 1970 y 2\u00b0, 3\u00b0, 5\u00ba ,6\u00b0 y 7\u00b0 de la Ley 258 de 1996, as\u00ed como de los preceptos 1502 y 1740 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la sustentaci\u00f3n del cargo se contrae a lo siguiente: <\/p>\n
1.- El juzgador de segunda instancia no evalu\u00f3 los hechos demostrados que antecedieron a la compra del inmueble ya que de haber apreciado las pruebas en todo su contexto el sentido del fallo hubiese sido distinto. Con desconocimiento de las citadas normas del Decreto 960 de 1970, dej\u00f3 sin efecto la legalidad de los instrumentos p\u00fablicos, teniendo como pilar de invalidez el dictamen rendido por Oscar Fajardo, cuyas conclusiones no fueron acordes con lo expresado por los otros tres peritos de la misma especialidad, que el ad quem dej\u00f3 de lado. <\/p>\n
La presente actuaci\u00f3n tuvo origen en la pretensi\u00f3n de nulidad absoluta de dos actos incorporados en la Escritura 5443 de 2007 de la Notar\u00eda 63 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, contentiva de la \u00abno afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb y la posterior constituci\u00f3n de hipoteca sobre un bien inmueble. Por lo tanto, ha debido tenerse en cuenta que el art\u00edculo 99 del Decreto 960 de 1970 recoge desde el punto de vista formal, los motivos de nulidad de las escrituras en los eventos de omitirse los presupuestos esenciales, as\u00ed: \u00ab1. Cuando el Notario act\u00fae fuera de los l\u00edmites territoriales del respectivo C\u00edrculo Notarial. 2. Cuando faltare la comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea directamente o por representaci\u00f3n. 3. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobaci\u00f3n al texto del instrumento extendido. 4. Cuando no aparezcan la fecha y el lugar de la autorizaci\u00f3n, la denominaci\u00f3n legal del Notario, los comprobantes de la representaci\u00f3n, o los necesarios para autorizar la cancelaci\u00f3n. 5. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificaci\u00f3n de los otorgantes o de sus representantes, o la forma de aquellos o de cualquier compareciente. 6. Cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes objeto de las declaraciones\u00bb. <\/p>\n
Una cosa es la nulidad formal de las escrituras p\u00fablicas regulada en el Decreto 960 de 1970 y otra la nulidad absoluta de un acto o contrato por falta de requisitos para el valor del mismo referida en el art\u00edculo 1740 y siguientes del C\u00f3digo Civil. Las nulidades sustantivas, pueden ser absolutas o relativas, trat\u00e1ndose de las primeras, los motivos para que se estructuren se derivan de causa il\u00edcita, objeto il\u00edcito, falta de solemnidades y cuando el acuerdo se celebra entre personas absolutamente incapaces; y en este caso, no se estructur\u00f3 ninguno de los presupuestos contemplados para el efecto. <\/p>\n
Si el ad quem soport\u00f3 el decreto de la nulidad absoluta en la presunta alteraci\u00f3n o adulteraci\u00f3n del documento p\u00fablico, ello supone la existencia de un documento verdadero y, por lo mismo, que el infractor no lo ha hecho o constituido, sino que se ha limitado a introducir variaciones maliciosas en una de sus partes: agregando, tachando, borrando las letras, las cifras o las frases del documento. Lo cual constituye una tergiversaci\u00f3n de la verdad, al dar apariencia de certeza a lo que no es, cualquiera que sea la denominaci\u00f3n que se le asigne, esta guarda relaci\u00f3n o sinonimia con la falsedad de un documento, que para el caso tiene la calidad de p\u00fablico. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de actos solemnes, el presupuesto de la falta de consentimiento del art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, \u00abse cae cuando los otorgantes acuden a plasmar su firma en el instrumento p\u00fablico\u00bb, y esa premisa no se aplic\u00f3 seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 12, 14, 35 y 38 del Decreto 960 de 1970. <\/p>\n
De otra parte, le estaba vedado al juzgador declarar supuestos de hecho que giran en torno al delito, toda vez, que ser\u00eda la jurisdicci\u00f3n penal la llamada a pronunciarse al respecto y con mayor raz\u00f3n cuando la parte actora nada dijo frente al desconocimiento del documento o su tacha de falsedad en cuyo caso se ha hecho una valoraci\u00f3n sobre prueba no ofrecida incurriendo en una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas procesales referentes a la tacha de documentos, con una incidencia determinante en el resultado del proceso. <\/p>\n
2.- En lo que toca a la inaplicaci\u00f3n de las Leyes 258 de 1996 y 854 de 2003, se tiene como noci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar, el gravamen o limitaci\u00f3n que se constituye sobre el derecho de dominio de un bien inmueble, adquirido en su totalidad por uno o ambos c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes, antes o despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del acuerdo de vida mutua. Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de las personas que se encuentran legitimadas para constituir la afectaci\u00f3n a vivienda familiar sobre un bien inmueble, se trata de una instituci\u00f3n jur\u00eddica que cumple un objetivo constitucional preciso, cual es permitir que la familia disponga siempre de un lugar de habitaci\u00f3n, para asegurar, por un lado, el desarrollo arm\u00f3nico e integral de los hijos y, por el otro, la preservaci\u00f3n de los deberes de cuidado y auxilio mutuo que surgen de la decisi\u00f3n libre y responsable de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o de cohabitar juntos. <\/p>\n
Bajo esta premisa, la sentencia viola en forma directa los art\u00edculos 2\u00b0, 3\u00b0, 5\u00ba ,6\u00b0 y 7\u00b0 de la Ley 258 de 1996, por aplicaci\u00f3n indebida al haber considerado el Tribunal que la disposici\u00f3n normativa fue omitida y as\u00ed se configur\u00f3 la causal de la nulidad absoluta por \u00abausencia de requisito o formalidad en los casos que la ley lo exige\u00bb. <\/p>\n
Para la \u00e9poca de la compraventa, C\u00e9sar Alonso y Olga Cecilia, conviv\u00edan como una familia cuyo prop\u00f3sito era adquirir una vivienda para conformar su hogar y sacar adelante un proyecto de vida com\u00fan, sin embargo, se demostr\u00f3 que la pareja no contaba con los recursos econ\u00f3micos suficientes para la compra del inmueble, por lo que era necesario recurrir al pr\u00e9stamo garantizado con una hipoteca sobre el bien adquirido, que se constituy\u00f3 a favor de Construcciones e Inversiones AMC S.A. <\/p>\n
La forma como se cre\u00f3 el documento p\u00fablico y el previo consentimiento de la pareja de \u00abno afectar el bien con el pluricitado gravamen\u00bb se revela en las declaraciones de Edith Marlen Torres Garz\u00f3n y Yolanda del Carmen L\u00f3pez Bernal. <\/p>\n
El Tribunal inaplic\u00f3 los incisos 1, 2 y 3 del art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 258 de 1996, por cuanto, si bien la afectaci\u00f3n opera por ministerio de ley, la nulidad act\u00faa por ausencia de las formalidades impuestas para proteger la mentada instituci\u00f3n, pero para el caso ello no se dio, puesto que la asistencia a firmar por parte de Olga Cecilia Salamanca se tornaba m\u00e1s que suficiente para materializar la aquiescencia de la no constituci\u00f3n del gravamen, es decir, la comparecencia de la demandante tuvo como fin verdadero no afectar la vivienda, de lo contrario, su inasistencia, daba por satisfecha la obligatoriedad de imponer la afectaci\u00f3n conforme lo demanda la Ley. <\/p>\n
En consecuencia, no pod\u00eda desconocerse que la fedataria cumpli\u00f3 con las advertencias ajustadas a las formalidades legales. La Notaria s\u00ed hizo las indagaciones pertinentes y sent\u00f3 las constancias de ley, por lo que ninguna omisi\u00f3n en este aspecto se prob\u00f3, el acto de comparecencia de la c\u00f3nyuge demuestra que s\u00ed estuvo llamada para imponer su firma lo que no ha sido negado por ella. <\/p>\n
El ad quem, apoyado en los dict\u00e1menes y testimonios ya referidos, no logr\u00f3 quebrar la presunci\u00f3n de veracidad de los negocios celebrados, si hubiese valorado con mayor profundidad el contexto de la demanda, lo probado en el tr\u00e1mite procesal y aplicado de manera objetiva las normas sustanciales mencionadas, no habr\u00eda cometido los yerros rese\u00f1ados y el fallo ser\u00eda otro. <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada permite un retracto caprichoso y extempor\u00e1neo de la actora de lo que previamente acord\u00f3 con su c\u00f3nyuge para no afectar el inmueble a vivienda familiar, dejando as\u00ed sin piso los derechos de cr\u00e9dito que de buena fe la sociedad demandada celebr\u00f3, y probado qued\u00f3 con sustento documental el pr\u00e9stamo y la hipoteca, documentos que no fueron desconocidos ni tachados de falsos por la actora; el fallo deja a la sociedad sin ninguna posibilidad de reclamar su cr\u00e9dito y ante la simulaci\u00f3n absoluta de la daci\u00f3n en pago contenida, tampoco le deja la opci\u00f3n de extinguir la obligaci\u00f3n en cabeza de C\u00e9sar Castellanos Torres y de satisfacer el cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n
En suma, se solicita casar la sentencia respecto a los numerales segundo a d\u00e9cimo, y en su lugar, confirmar la de primer grado. <\/p>\n
IV.- CONSIDERACIONES GENERALES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb4. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, se\u00f1ala que esta debe contener: <\/p>\n
(\u2026) 2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
Por otra parte, las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 ibidem. <\/p>\n
2.- La invocaci\u00f3n de la causal primera de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por infracci\u00f3n directa de disposiciones sustanciales, supone que, adem\u00e1s de se\u00f1alar cualquier disposici\u00f3n de ese talante que constituyendo soporte del fallo recurrido o habiendo debido serlo se estime vulnerada, el recurrente centre su reproche en la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, absteni\u00e9ndose de incursionar en el terreno de la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3.- Si se alega el tercer motivo de casaci\u00f3n, la sustentaci\u00f3n debe orientarse a poner en evidencia la desarmon\u00eda entre lo resuelto en la sentencia opugnada con lo que realmente se expuso en el relato f\u00e1ctico de la demanda, con lo que se pidi\u00f3 en ella o con las excepciones propuestas por la parte convocada o reconocibles oficiosamente por el juzgador, esto es, una grave alteraci\u00f3n de lo debatido en el juicio que se traduzca en la emisi\u00f3n de un fallo ajeno a la controversia. <\/p>\n
En esa medida, se trata de una causal que se inscribe en el cuestionamiento de vicios de actividad o errores in procedendo, que se presenta, <\/p>\n
(\u2026) cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestaci\u00f3n, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armon\u00eda con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos f\u00e1cticos que delimitan el litigio. <\/p>\n
Por tanto, para establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsi\u00f3n, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario5. <\/p>\n
V.- AN\u00c1LISIS DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA PARTE DEMANDANTE <\/p>\n
1.- La sustentaci\u00f3n de los dos cargos esgrimidos por la accionante presenta defectos de t\u00e9cnica que impiden su tramitaci\u00f3n, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
Tal y como se explic\u00f3 en las consideraciones generales de este prove\u00eddo, la causal tercera de casaci\u00f3n en la que se edificaron los dos ataques propuestos, se inscribe en los vicios por error in procedendo, esto es, por quebrantamiento de las normas que rigen los procedimientos, m\u00e1s no de juzgamiento, \u00faltimos que pueden ser controvertidos en esta senda extraordinaria, pero por otras causales que tienen su propia autonom\u00eda. <\/p>\n
La accionante en orden a fundamentar sus dos reproches, realiz\u00f3 una comparaci\u00f3n entre la parte resolutiva del fallo de segundo grado, con los hechos y pretensiones consignados en su demanda, y a partir de ese cotejo, en el cargo primero esgrimi\u00f3 que se dejaron de resolver las pretensiones principales 7, 8 y 9; y en el segundo, afirm\u00f3 que no se decidieron las que calific\u00f3 como \u00abmal denominadas pretensiones subsidiarias\u00bb enumeradas de 10 a 13. <\/p>\n
1.1.- Por lo que concierne al primer ataque, al revisar la sentencia del Tribunal se advierte que, si bien es cierto, en la parte resolutiva no se realiz\u00f3 un pronunciamiento puntual sobre las s\u00faplicas referidas por la casacionista, en todo caso, el ordinal primero del fallo en el que se decidi\u00f3 \u00abRevocar parcialmente la sentencia del 26 de abril de 2021, proferida por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el asunto en referencia\u00bb, guarda correspondencia con resoluciones puntuales que se anunciaron en los numerales 5 y 7 la parte motiva del prove\u00eddo, as\u00ed: <\/p>\n
5. Finalmente, se impone despachar desfavorablemente la pretensi\u00f3n alusiva a condenar a C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres a perder su porci\u00f3n conyugal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, los puntos de apelaci\u00f3n sustentados en esta instancia no develan que \u201cdolosamente\u201d hubiere ocultado o distra\u00eddo bienes de la sociedad conyugal, a pesar de lo esbozado no puede concluirse que los hechos analizados fueran el producto de la intenci\u00f3n de ese demandado, aunado a que conforme el numeral 22 del art\u00edculo 22 del C.G.P., es al Juez de Familia a quien le corresponde definir sobre la sanci\u00f3n prevista en el mencionado art\u00edculo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
7. Se revocar\u00e1 parcialmente la sentencia atacada. Salvo la condena por ocultamiento de bienes, se acoger\u00e1n las pretensiones principales. (Subraya intencional). <\/p>\n
En las descritas circunstancias infundadas resultan las afirmaciones plasmadas en el primer ataque referentes a que el ad quem omiti\u00f3 resolver sobre algunas pretensiones, pues mirada la sentencia en su conjunto, emerge con nitidez que al final de las consideraciones, de manera expresa, el juzgador indic\u00f3 los motivos por los cuales no encontr\u00f3 viable acceder a las pretensiones principales encaminadas a que se condenara al c\u00f3nyuge demandado a perder su porci\u00f3n conyugal en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, idea que reforz\u00f3 en el \u00faltimo ac\u00e1pite de la parte motiva, al anunciar la revocatoria parcial de la sentencia atacada, precisando que, salvo la condena por ocultamiento de bienes, se acoger\u00e1n las pretensiones principales . <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en esencia, el primer ordinal de la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, abarca las decisiones anunciadas en su considerativa, por lo que se cae de su peso el argumento con el que se pretende sustentar el cargo de inconsonancia, pues, en esas condiciones, es claro que el Tribunal al resolver el litigio no se alej\u00f3 del marco factual delineado en los hechos y pretensiones de la demanda, supuesto sobre el cual la casacionista enfil\u00f3 su ataque. <\/p>\n
Fluye de lo analizado que, al resultar frustradas las referidas aspiraciones, cualquier inconformidad de la convocante con lo decidido por el Tribunal para desestimarlas bien fuera por no compartir el juicio jur\u00eddico que sustenta el fallo o por hallar estructurados errores de interpretaci\u00f3n de la demandada o de apreciaci\u00f3n probatoria, ha debido ser planteada por la v\u00eda de las dos primeras causales de casaci\u00f3n, pues trat\u00e1ndose del tercer motivo que fue el aducido, la desarmon\u00eda denunciada no puede ser producto del entendimiento que el juzgador le haya dado a la demanda, a su contestaci\u00f3n o a los elementos de convicci\u00f3n, pues esas hip\u00f3tesis no est\u00e1n comprendidas dentro de dicha causal. <\/p>\n
Al respecto, vale la pena referir lo indicado por la Sala en AC003-2018: <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades extra y ultra petita, conferidas en asuntos de familia y en procesos agrarios, al igual que de la posibilidad de hacer actuar el principio inquisitivo cuando lo autoriza el legislador. <\/p>\n
2.3.1. La incongruencia f\u00e1ctica (causa petendi) implica sustituci\u00f3n arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de sus aspiraciones y no de su interpretaci\u00f3n. Sucede, por tanto, en los casos en que el juzgador, al decir de la Corte, imagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa\u201d6. <\/p>\n
Se trata, como se observa, de yerros de naturaleza distinta, cada una con gobierno propio en casaci\u00f3n. As\u00ed, \u201c[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos (\u2026) de la demanda\u201d, en el art\u00edculo 336, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso; y el \u201cerror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u201d, en el numeral 2\u00ba, ib\u00eddem; cuesti\u00f3n esta \u00faltima denunciable por la causal consistente en errores facti in iudicando, mas no, por errores in procedendo. <\/p>\n
2.3.2. La incongruencia objetiva (tocante con el petitum), predicable de los fallos estimatorios, en cambio, ocurre cuando el juzgador, tambi\u00e9n en sentir de esta Corporaci\u00f3n, \u201cpeca por exceso o por defecto (extra, ultra o m\u00ednima petita)\u201d. En tal caso, todo se reducir\u00eda a ajustar los defectos o a eliminar los excesos. <\/p>\n
Si nada de lo anterior se procura, los problemas de construcci\u00f3n de la sentencia, no son de procedimiento, esto es, de las decisiones, en s\u00ed mismas consideradas, sino de juzgamiento, respecto de su estructura o fundamentos, o de fijaci\u00f3n del contenido y alcance de los mismos hechos controvertido (errores facti in iudicando). <\/p>\n
1.2.- En cuanto al segundo cargo, se advierte que en el numeral 6\u00b0 de la parte motiva del prove\u00eddo censurado, el ad quem precis\u00f3, \u00abLa prosperidad de las pretensiones principales relevan a la sala de analizar las subsidiarias en que se insisti\u00f3 v\u00eda recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, de manera que es a todas luces contraevidente el aserto del casacionista referido a que nada se resolvi\u00f3 sobre el petitum planteado de ese modo. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la promotora le solicit\u00f3 al Tribunal adicionar el fallo de segunda instancia, \u00abdecidiendo de fondo la impugnaci\u00f3n relacionada con las pretensiones subsidiarias 10\u00aa y s.s., cuyo objeto es totalmente distinto al objeto de las pretensiones principales, las cuales se excluyen entre s\u00ed\u00bb, toda vez que la consideraci\u00f3n 6\u00aa de la sentencia, referente a que la prosperidad de las pretensiones principales relevaban a la sala de analizar las subsidiarias, \u00absoslaya la imperativa obligaci\u00f3n del operador judicial de evitar las sentencias inhibitorias\u00bb, y que el fallador como garante del acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abdebe interpretar de manera integral el escrito, extrayendo el verdadero sentido del documento y el alcance de la protecci\u00f3n judicial solicitada con la demanda\u00bb. Dicha solicitud permite inferir que la parte demandante s\u00ed encontr\u00f3 en el fallo impugnado la raz\u00f3n por la cual sus s\u00faplicas \u00absubsidiarias\u00bb no fueron estudiadas y, adem\u00e1s, que desde su punto de vista el yerro del juzgador se deriv\u00f3 de una indebida apreciaci\u00f3n de la demanda y no de una omisi\u00f3n de resolver sobre algunos de sus pedimentos. <\/p>\n
A ese respecto, es del caso destacar que el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -vigente para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda-, regulaba lo concerniente a la figura de la acumulaci\u00f3n de pretensiones, precisando los requisitos para su procedencia, entre ellos, \u00ab2. Que las pretensiones no se excluyan entre s\u00ed, salvo que se propongan como principales y subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, cuando el demandante opta por valerse de la prerrogativa de acumulaci\u00f3n de pretensiones \u00abeventual\u00bb o \u00absubsidiaria\u00bb, es consciente de que, conforme a la din\u00e1mica de esa modalidad de acumulaci\u00f3n, las subsidiarias se proponen para que sean decididas solo en el caso de que las que present\u00f3 como principales llegaren a ser desestimadas por el juzgador, pues, en esencia, al formularlas de ese modo est\u00e1 graduando sus intereses en el juicio, de manera que su mayor inter\u00e9s est\u00e1 fijado en la prosperidad de las que presenta como principales y, solo en su defecto, presenta las subsidiarias sobre las que, de alguna manera, puede predicarse un inter\u00e9s menor. <\/p>\n
En esa medida, el orden de las s\u00faplicas fijado expresamente por el promotor de la Litis, impone tambi\u00e9n aquel en que el juez las debe analizar y resolver, quien no est\u00e1 habilitado para acoger las subsidiarias mientras no haya denegado las principales, lo contrario atentar\u00eda contra el principio de congruencia. <\/p>\n
En refuerzo de lo expuesto, se destaca que, sobre esa tem\u00e1tica, la Corte en SC 10 ago. 19617, acot\u00f3: <\/p>\n
Cuando las s\u00faplicas principales prosperan es como si las subsidiarias no hubiesen existido jam\u00e1s. Queda fallida, en efecto, la condici\u00f3n a que estuvieron subordinadas, esto es, que no se despacharan favorablemente las peticiones pre\u001fsentadas con prioridad en la demanda inicial del juicio. <\/p>\n
Es as\u00ed como aun la incorrecci\u00f3n sustancial que vicie las s\u00faplicas subsidiarias carece en absoluto de incidencia en el recurso extraordinario si el sentenciador ha despachado favorablemente las peticiones principales y por ello no hubo de ocuparse en el estudio inoficioso de las solicitu\u001fdes formuladas exclusivamente para la eventua\u001flidad de pronunciamiento adverso a las s\u00faplicas subordinantes. <\/p>\n
Se colige de lo expuesto, que la omisi\u00f3n alegada no se evidencia de una simple lectura del fallo censurado, cosa distinta es que la raz\u00f3n esgrimida por el sentenciador para abstenerse de resolver sobre las pretensiones subsidiarias no sea convincente para la opugnante, pero ello no abre paso a la causal de casaci\u00f3n elegida, sino que ha debido ventilarse por otra que el legislador autorice para ese tipo de desavenencias. <\/p>\n
2.- En conclusi\u00f3n, los ataques en estudio no cumplen a cabalidad la exigencia prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, referente a la exposici\u00f3n de los fundamentos que le sirven de soporte a la acusaci\u00f3n en forma clara y precisa, toda vez que no existe correspondencia entre las dos hip\u00f3tesis alegadas y las consagradas en el numeral tercero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, quedando en evidencia que la inconformidad de la recurrente en cuanto a los motivos por los cuales el Tribunal desestim\u00f3 o dej\u00f3 de pronunciarse sobre algunas de las pretensiones incoadas en su demanda, escapa a la senda de la causal tercera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Toda vez que la recurrente en forma subsidiaria solicit\u00f3 que se case de oficio la sentencia confutada, debe decirse que dicha petici\u00f3n no se enmarca en ninguna de las causales contempladas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que contraviene abiertamente el principio de taxatividad que rige los motivos de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General de ninguna manera ampl\u00eda o extiende las causales de casaci\u00f3n, sino que consagra la casaci\u00f3n de oficio como una facultad reservada a la Corte cuyo anuncio puede hacer al momento de evaluar la demanda formulada por el recurrente extraordinario, en aquellos eventos en los que, motu proprio, advierta de manera ostensible que la sentencia impugnada compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos o garant\u00edas constitucionales, seleccion\u00e1ndola para estudio aun cuando pueda presentar falencias de t\u00e9cnica. Sobre el particular la Sala ha indicado: <\/p>\n
[En] la actualidad la Corte se encuentra investida de tres facultades oficiosas complementarias, relacionadas con el recurso de casaci\u00f3n: (i) la selecci\u00f3n negativa, o posibilidad de desprenderse del conocimiento de una demanda de sustentaci\u00f3n formalmente adecuada, pero que no sirva a los prop\u00f3sitos del remedio extraordinario (art\u00edculo 347, C\u00f3digo General del Proceso); (ii) la selecci\u00f3n positiva, o potestad de estudiar de fondo un caso, pese a la ineptitud formal de la demanda (art\u00edculo 16, Ley 270 de 1996); y (iii) la posibilidad de casar de oficio la sentencia del tribunal, que se ejerce ante la incuestionable configuraci\u00f3n de una de las hip\u00f3tesis que prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil vigente, esto es \u201ccuando sea ostensible que la [sentencia impugnada] compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d. <\/p>\n
(\u2026) En ese sentido, la instituci\u00f3n que consagra el precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso no puede convertirse en un reclamo gen\u00e9rico de parte, que \u2013ante el fracaso de sus acusaciones\u2013 constri\u00f1a a la Corte a analizar sin limitaciones formales todos y cada uno de los aspectos de la controversia sometida a su escrutinio; menos a\u00fan ensayar soluciones totalmente diversas a las que se debatieron durante la primera y segunda instancia. <\/p>\n
La aludida facultad es, ni m\u00e1s ni menos, una prerrogativa otorgada a la Corte, a la que esta debe acudir aut\u00f3nomamente, siempre que evidencie la imperiosa necesidad de ampliar el marco de sus competencias para conjurar alguna de las graves irregularidades que previ\u00f3 el legislador en la disposici\u00f3n legal precitada. No es una tabla de salvaci\u00f3n a la que pueda aferrarse el inconforme cuando sus censuras no se abran paso (CSJ SC948-2022. Reiterada en CSJ AC4260-2022). <\/p>\n
En el caso en estudio, del examen de la demanda de casaci\u00f3n y de la actuaci\u00f3n adelantada en el juicio, no emerge ninguna raz\u00f3n especial que permita en la fase actual del proceso seleccionar el asunto para casaci\u00f3n de oficio, pues, revisado el plenario, se observa que se respetaron todas las etapas procesales con las garant\u00edas del derecho de acci\u00f3n y contradicci\u00f3n; adem\u00e1s, en t\u00e9rminos generales, la decisi\u00f3n del Tribunal se sujet\u00f3 a la discusi\u00f3n jur\u00eddica planteada al tamiz de las normas que regulan la materia y la pertinente valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
VI.- AN\u00c1LISIS DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS RECURRENTES <\/p>\n
1.- Cuando el ataque en casaci\u00f3n se soporta en el primer motivo previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurrente debe centrar sus reparos a los preceptos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, sin inmiscuirse en las apreciaciones de orden probatorio realizadas por el Tribunal, por cuanto las discrepancias sobre esos \u00faltimos aspectos son debatibles por la v\u00eda indirecta prevista en la causal 2\u00b0 del mismo canon. As\u00ed lo indica puntualmente el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 344: \u00ab[t]rat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb (num. 2, lit. a.). <\/p>\n
En el caso en estudio, esa directriz no fue acatada por los casacionistas, pues lejos de contraer su disconformidad a la cuesti\u00f3n de iuris por problemas de subsunci\u00f3n, selecci\u00f3n o hermen\u00e9utica normativa del sentenciador al momento de resolver la controversia, criticaron aspectos de valoraci\u00f3n probatoria que resultan por completo ajenos a la senda de contradicci\u00f3n escogida. <\/p>\n
Ciertamente, los impugnantes orientaron el ataque propuesto a hacer notar que el ad quem no evalu\u00f3 los hechos que quedaron demostrados y que por ello declar\u00f3 la invalidez de los instrumentos p\u00fablicos, y en esa direcci\u00f3n, i) pusieron en entredicho la valoraci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales practicados, ii) alegaron la falta de valoraci\u00f3n de testimonios relacionados con la forma c\u00f3mo \u00abse cre\u00f3 el documento p\u00fablico y el previo consentimiento de la pareja de no afectar el bien al gravamen [vivienda familiar]\u00bb; iii) criticaron que no se hubiera apreciado que de la comparecencia de la demandante a la notar\u00eda se deduc\u00eda que su finalidad era no afectar el bien a vivienda familiar, y, iv) adujeron una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas procesales referentes a la tacha de documentos. <\/p>\n
Se infiere de lo expuesto, que los impugnantes entremezclaron las causales de casaci\u00f3n, en la medida que distanci\u00e1ndose del cometido de demostrar que el Tribunal err\u00f3 en la soluci\u00f3n jur\u00eddica del caso, incursionaron en la senda de los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria, cuyo debate es ajeno a la causal invocada, por lo tanto, la misma no puede abrirse paso para su tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, en CSJ SC 17 nov. 2005, rad. 7567, la Sala puntualiz\u00f3 que, en los planteamientos de un cargo propuesto por la v\u00eda directa, <\/p>\n
\u201cha de prescindirse por completo de las conclusiones a que haya arribado el fallador sobre el an\u00e1lisis f\u00e1ctico y probatorio del proceso. Si se acusa la sentencia de quebrar derechamente una norma de linaje material, ning\u00fan reparo debe hallarse al aspecto se\u00f1alado, porque precisamente en ese t\u00f3pico deben coincidir sentenciador y recurrente; o, lo que es lo mismo, el recurrente no puede separarse de las conclusiones que deriv\u00f3 el Tribunal en el examen de los hechos. \u2018En tal evento, la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier cons ideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u2019\u201d (G. J., t. CCXII, pag.34)8. <\/p>\n
2.- Y aun si se soslayara la mixtura advertida, y se entendiera que se aleg\u00f3 afrenta indirecta de las normas invocadas, de todas maneras, el recurrente incurri\u00f3 en otro yerro que igualmente torna inviable su acusaci\u00f3n, toda vez que el cargo resulta desenfocado y corresponde m\u00e1s bien a un alegato de instancia. <\/p>\n
En efecto, al reparar en los razonamientos del juzgador de segunda instancia para arribar a sus conclusiones, es incontrastable que, en esencia, de la evaluaci\u00f3n cr\u00edtica de los medios de convicci\u00f3n practicados, como fueron varios dict\u00e1menes periciales, testimonios, documentos etc., extrajo la conclusi\u00f3n que lo condujo a decidir del modo que lo hizo, particularmente, al hallar que, <\/p>\n
(\u2026) la compraventa protocolizada mediante E. P. No. 5443 del 15 de noviembre de 2007 de la Notar\u00eda 63 de Bogot\u00e1, sobre el inmueble de M. I. No. 50N-20390588 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Norte, por voluntad de los comparecientes se aprob\u00f3 su texto con afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y a la fecha ese documento no da cuenta de esa situaci\u00f3n, surgiendo di\u00e1fano que se trata de un negocio jur\u00eddico viciado de nulidad absoluta, por desconocer ese r\u00e9gimen. (Subraya intencional). <\/p>\n
Lo anterior porque el inciso final del art\u00edculo 6 de la Ley 258 de 1996, dispone que quedar\u00e1n viciados de nulidad absoluta los actos jur\u00eddicos que desconozcan la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y el numeral 3 del art\u00edculo 99 de la Ley 960 de 1970, prev\u00e9 que son nulas las escrituras en que se omita el cumplimiento de los requisitos esenciales, entre otros cuando los comparecientes no hayan prestado aprobaci\u00f3n al texto del instrumento extendido. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, es claro que la decisi\u00f3n del ad quem obedeci\u00f3 a la valoraci\u00f3n en conjunto de los elementos persuasivos allegados, de los cuales dedujo que en realidad se hab\u00eda presentado una alteraci\u00f3n del contenido original de la escritura de compraventa por adulteraci\u00f3n de la estipulaci\u00f3n relacionada con la afectaci\u00f3n del bien a vivienda familiar y de all\u00ed las repercusiones que declar\u00f3 respecto a los dem\u00e1s actos jur\u00eddicos demandados. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, el Tribunal centr\u00f3 el estudio del alcance de la pretensi\u00f3n de invalidez dirigida contra el contrato de compraventa documentado en la referida Escritura 5443 de 2007, en la expresi\u00f3n de \u00abno afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb plasmada en el mismo y, en ese labor\u00edo, por lo que respecta a ese negocio jur\u00eddico, solo declar\u00f3 la \u00abnulidad absoluta parcial\u00bb de esa estipulaci\u00f3n; de ah\u00ed que el argumento del casacionista respecto al desafuero de la sentencia censurada por haberse declarado la nulidad del contrato como tal, es igualmente desenfocada, pues ninguna decisi\u00f3n de esa entidad adopt\u00f3 el juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
Lo anterior deja al descubierto que los planteamientos de los impugnantes no pasan de ser la expresi\u00f3n de su particular punto de vista sobre lo acontecido en el juicio y de la forma en que consideran debi\u00f3 enfrentarse el estudio del material demostrativo, actividad propia de un alegato de instancia y, por lo mismo, insuficiente para sustentar un cargo en casaci\u00f3n cuyo rigor es apenas comprensible si lo que se pretende es derruir la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que arriban los fallos a esta senda extraordinaria de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
VII.- CONCLUSI\u00d3N <\/p>\n
Teniendo en cuenta que ninguno de los ataques planteados por las partes en las dos demandas objeto de escrutinio, se ci\u00f1en a los requerimientos formales, de conformidad con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, ambas se declarar\u00e1n inadmisibles. <\/p>\n
VIII.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Olga Cecilia Salamanca Garc\u00eda, frente a la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Declarar inadmisible la demanda formulada por C\u00e9sar Alonso Castellanos Torres y Construcciones e Inversiones AMC S.A., contra la sentencia del 10 de noviembre de 2021 emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el rese\u00f1ado proceso. <\/p>\n
Tercero: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Folios 158-164, c. 1 <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Folios 223-232, c. 1 <\/p>\n
3\u0002 Cfr. Folios 237-239, c. 1 <\/p>\n
4\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1nez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
5\u0002 SC 16 dic. 2005, rad. 1993-0232-01, reiterada en AC4573-2019, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencias de 3 de noviembre de 2010, expediente 03315, de 22 de abril de 2013, radicaci\u00f3n 00187, y de 3 de noviembre de 2015, expediente 00201, entre otros. <\/p>\n
7\u0002 Relator\u00eda Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. Gaceta XCVI, p\u00e1ginas 204 a 207. <\/p>\n
8\u0002 En sentido similar, pueden consultarse, entre otros, AC2339 <\/p>\n
2018, AC2886-2017, AC967- 2017\uff0cAC\uff0c21 feb\u30fb2012\uff0crad. 2008 00322-01. <\/p>\n
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AC2345-2023 (2010-00562-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2345-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 110013103034 20100056201 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Se decide sobre la admisibilidad de las demandas formuladas por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75842","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75842\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}