AC2348-2023 (2013-00833-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2348-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n no. 25286-31-03-001-2013-00833-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Camilo Enrique Casta\u00f1eda Diaz frente a la sentencia del 16 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso que adelant\u00f3 el recurrente contra Brunhilde Anita Correal Mart\u00ednez, Jaime Correal Mart\u00ednez en su calidad de herederos determinados de Jaime Correal Monroy, as\u00ed como contra los herederos indeterminados de Jaime Correal y dem\u00e1s personas indeterminadas, habi\u00e9ndose vinculado a Avianca S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El demandante pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio los bienes inmuebles denominados El Prado y La Alejandr\u00eda; que, como consecuencia, se ordene inscribir la sentencia en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente a cada uno de los inmuebles, y, en caso de oposici\u00f3n, se condene en costas a los demandados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento de lo pedido, invoc\u00f3 los siguientes hechos a modo de resumen: <\/p>\n
2.1. Que los inmuebles El Prado y la Alejandr\u00eda se encuentran situados en el municipio de Madrid (Cundinamarca), que en cada predio se construy\u00f3 una casa de habitaci\u00f3n con servicios p\u00fablicos domiciliarios. El primero tiene una cabida aproximada de 6 fanegadas, se distingue con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-446161, y el segundo mide 2 hect\u00e1reas, se identifica con el folio de matr\u00edcula 50C-535867, bienes que \u00abfueron englobados y actualmente son uno solo conforme con la escritura p\u00fablica No. 913 del 4 de diciembre de 1979 de la Notar\u00eda 13 de Bogot\u00e1, debidamente registrada en los folios de matr\u00edcula\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Que el demandante viene poseyendo los bienes ra\u00edces desde 1999, sin reconocer dominio ajeno y sin interrupci\u00f3n alguna, cuyos actos han consistido en el mantenimiento, edificaci\u00f3n, explotaci\u00f3n de ganader\u00eda, la realizaci\u00f3n de mejoras necesarias y el pago de impuestos prediales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Que el demandante, dentro del proceso 2000-24059-00 iniciado por Avianca S.A. contra los herederos aqu\u00ed demandados que cursa en el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se opuso al secuestro practicado respecto del predio denominado El Prado, el que prosper\u00f3 y se dispuso la restituci\u00f3n del referido bien. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Civil del Circuito de Funza, en auto del 12 de marzo de 2014, admiti\u00f3 la demanda contra Jaime Correal Mart\u00ednez y Brunhilde Anita Correal Mart\u00ednez en calidad de herederos determinados de Jaime Correal Monroy, igualmente contra los herederos indeterminados de Jaime Correal Monroy y dem\u00e1s personas indeterminadas (Exp. Digital, Primera instancia, C. principal, fl. 394). <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Civil del Circuito de Funza (Cundinamarca) profiri\u00f3, el 26 de mayo de 2020, sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la parte actora. Contra la anterior decisi\u00f3n la parte demandante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de diciembre de 2022, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de cosa juzgada, para, en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de improcedencia de la declaratoria de pertenencia, al no haber transcurrido el t\u00e9rmino prescriptivo, y confirm\u00f3, en lo dem\u00e1s, la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, analiz\u00f3 la situaci\u00f3n respecto de cada uno de los bienes inmuebles objeto del proceso; en cuanto a La Alejandr\u00eda, estim\u00f3 que la diligencia de secuestro realizada por el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, puesto que el demandante \u00abno pudo derribarlo porque no certific\u00f3 actos posesorios\u00bb, que no existe prueba de que la medida cautelar se haya levantado, y que, en el hipot\u00e9tico caso de que se hubiera finalizado, se tiene que desde su pr\u00e1ctica, 2011, y la anualidad que se radic\u00f3 el proceso, 2013, habr\u00edan transcurrido aproximadamente dos a\u00f1os, que no colma la d\u00e9cada prescriptiva invocada. <\/p>\n
En cuanto al inmueble denominado El Prado, que tambi\u00e9n fue objeto de secuestro por parte del Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el aqu\u00ed demandante formul\u00f3 incidente de oposici\u00f3n que encontr\u00f3 prosperidad. Igualmente refiri\u00f3 que respecto de este bien, en el proceso anterior que se tramit\u00f3, dej\u00f3 sentado que el actor no inici\u00f3 su se\u00f1or\u00edo en 1990 o en el 2003, respecto de la primera fecha indic\u00f3 que, para ese momento, el accionante ten\u00eda 14 a\u00f1os, y que, para la segunda, uno de los propietarios segu\u00eda vivo, lo cual resultaba trascendente, dado que el demandante entr\u00f3 al bien \u00aben raz\u00f3n a que sus padres eran trabajadores del se\u00f1or Jaime Correal\u00bb; y aceptando hipot\u00e9ticamente que hubiera pose\u00eddo, no podr\u00eda ser antes del deceso de los se\u00f1ores Jaime Correal Monroy y Sonia Mart\u00ednez de Correal, lo que ocurri\u00f3 el 10 de marzo de 1999 y 13 de abril de 2003, raciocinio que acogi\u00f3 el ad quem al estimar que se trat\u00f3 de un an\u00e1lisis coherente. <\/p>\n
Que el actor inici\u00f3 esta demanda se\u00f1alando que su actividad posesoria inici\u00f3 en 1999, por lo que desde ah\u00ed existe dificultad para \u00abdefinir el momento en el que mut\u00f3 su condici\u00f3n de tenedor a poseedor\u00bb. Que, de los testimonios de Carlos Angarita Nemoc\u00f3n, Helver Forero, Francisco Cote y Juan Isidro Guio, se extrae que conocieron al recurrente en el 2001, 2007 y 2008, empero, sus versiones son d\u00e9biles \u00abporque no ofrecen contundencia respecto de la calenda exacta en que el inconforme se convirti\u00f3 en poseedor, pues, a lo sumo, sin indicaci\u00f3n de fechas precisas informan sobre las acciones posesorias desarrolladas\u00bb. <\/p>\n
Respecto del pago de los servicios p\u00fablicos domiciliarios y la celebraci\u00f3n de los contratos de alquiler que fueron arrimados al expediente, estim\u00f3 que no confieren posesi\u00f3n, dado que su recaudo y celebraci\u00f3n, incluso, puede acometerlos un simple tenedor. Y que el \u00fanico elemento que indicar\u00eda posesi\u00f3n es el pago del impuesto predial, pero que dichos documentos se remontan al a\u00f1o 2010, por lo que \u00abpodr\u00eda presumirse la variaci\u00f3n de tenedor a poseedor\u00bb desde dicha \u00e9poca, pero la pretensi\u00f3n tambi\u00e9n fracasar\u00eda dado que transcurrieron aproximadamente tres a\u00f1os. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Pretende el recurrente se case parcialmente la sentencia respecto del predio denominado El Prado, para tal efecto formul\u00f3 dos cargos fundados en la causal 2\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. En el primer cargo se invoca la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 755, as\u00ed como 777 del C\u00f3digo Civil, y la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 762, 768, 769, 2518, incisos 1\u00b0 y 2\u00b0 del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 2531, 2532, del C\u00f3digo Civil, como consecuencia del error de derecho por dejar de apreciar las pruebas en conjunto conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aduce el recurrente que el ad quem dio por demostrado, no est\u00e1ndolo, \u00abque no hay fecha exacta de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor a poseedor del se\u00f1or Camilo Enrique Casta\u00f1eda D\u00edaz\u00bb; no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la fecha a partir de la cual dej\u00f3 de ser tenedor y empez\u00f3 a ser poseedor fue el 13 de abril de 2003, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de la se\u00f1ora Sonia Mart\u00ednez, como se deduce de la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas testimoniales, las trasladadas y las documentales arrimadas al proceso; dar por demostrado, sin estarlo, que hasta el a\u00f1o 2010 no hubo \u00e1nimo de poseer por parte de Camilo Enrique Casta\u00f1eda D\u00edaz; no dar por demostrado que la realizaci\u00f3n de mejoras, el arrendamiento as\u00ed como la percepci\u00f3n de la renta, el pago de los servicios p\u00fablicos domiciliarios \u00abadquieren relevancia y eficacia jur\u00eddica que ense\u00f1an posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El segundo cargo se soporta en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 775 y 777 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 762, 768, 769, 2518, incisos 1 y 2 del numeral 3 del art\u00edculo 2531 y 2532, como consecuencia del manifiesto y protuberante error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas documentales al dar por demostrado, sin estarlo, que los se\u00f1ores Carlos Angarita Nemoc\u00f3n, Helver Forero, Francisco Cote y Juan Isidro Guio Carvajal conocieron al demandante en los a\u00f1os 2004, 2001, 1996 y 2002 respectivamente; dar por demostrado, sin estarlo, que los citados testigos no indican fechas precisas sobre \u00ablos actos de posesi\u00f3n desarrollados respecto de la calenda exacta en que, el demandante se convirti\u00f3 en poseedor\u00bb; no dar por demostrado que los referidos testigos si indican fecha exacta, f\u00e1cilmente determinable sobre los actos desarrollados por el demandante, \u00abque lo convierten en poseedor en funci\u00f3n a la interversi\u00f3n del t\u00edtulo que no hall\u00f3 en las declaraciones por ser estas vertidas precisamente luego de esa interversi\u00f3n en el a\u00f1o 1999\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Tribunal apreci\u00f3 mal las pruebas testimoniales, pues cercen\u00f3 lo que los testigos comunicaron en el proceso, al no encontrar acreditadas las fechas sobre los actos de posesi\u00f3n ejercidos por el demandante, a pesar de que estos conocieron al demandante y su relaci\u00f3n con los terrenos desde el a\u00f1o 1999 para uno y desde 2001 para los otros dos, consider\u00e1ndolo desde esa \u00e9poca como la persona que tomaba las decisiones sobre la disposici\u00f3n y administraci\u00f3n del predio denominado El Prado. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El recurso de casaci\u00f3n se caracteriza por su naturaleza extraordinaria, de modo que no toda inconformidad con la decisi\u00f3n atacada permite a la Corte pasar a su estudio \u00absino que es requerido que la censura este soportada en las causales taxativamente previstas en la ley\u00bb1; as\u00ed mismo tiene un car\u00e1cter limitado, \u00abporque, en consideraci\u00f3n a su fin \u00faltimo, veda todo lo que puede ser extra\u00f1o a su consecuencia y sea ajeno al verdadero fin perseguido\u00bb1, que implica, entre otras cosas, que s\u00f3lo est\u00e1 consagrado respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, en las hip\u00f3tesis all\u00ed previstas, concordado con el art\u00edculo 338 ibidem. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso en comento s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar ante la existencia de alguna de las causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso cuyo rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
La demanda, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos y con sujeci\u00f3n a las reglas all\u00ed impuestas, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se generar\u00eda la inadmisi\u00f3n de la demanda (art. 346 Ib.). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n de anta\u00f1o ha orientado: <\/p>\n
(\u2026) para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente. (CSJ, sentencia No. 009 exp. 5149 del 26\/03\/1999. Reiterado, entre otras, en SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01, AC4034, 13 sep. 2021 y AC828 de 2022). <\/p>\n
2. Siendo as\u00ed, antes de analizar el cargo formulado, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar el cumplimiento de los requisitos a saber a) La designaci\u00f3n de las partes; b) La s\u00edntesis del proceso; c) La exposici\u00f3n del sustento de la acusaci\u00f3n \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb. d) La enunciaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial, cuando constituya la \u00abbase esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb. <\/p>\n
Respecto del literal c) se exige que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. (CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020 y AC5810 de 2021). <\/p>\n
2.1. Cuando se invocan las causales de que tratan los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil debe se\u00f1alarse la violaci\u00f3n de una norma sustancial, de manera tal que la selecci\u00f3n de los preceptos en que el censor funde su reproche no puede ser antojadiza \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (AC2386, 20 jun. 2019, rad. 2015-00692-01, reiterada en AC2194 de 2021). <\/p>\n
2.2. La violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta puede ser de hecho o derecho, la primera hip\u00f3tesis ocurre cuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio de prueba o cuando realiza la interpretaci\u00f3n de manera equivocada de las pruebas existentes; la segunda posibilidad, de derecho, ocurre cuando el ad quem apreci\u00f3 objetivamente la prueba, pero le da un alcance que la ley le niega, o no le concede el que la ley le reconoce. <\/p>\n
Al invocarse el error de derecho la jurisprudencia de esta Sala tiene clarificado que, aunque tambi\u00e9n es exigible el contraste de la sentencia atacada con el medio, aquella ser\u00e1 para: <\/p>\n
patentizar que conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que\u2026consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria (CSJ SC5686-2018, 19 dic., rad. 2004-00042-01, reiterada en SC4667 de 2021). <\/p>\n
2.2.1. Cuando el cargo se encauza por la v\u00eda indirecta es necesario indicar la manera como se desconocieron las pruebas, esto es, si el error fue de hecho o de derecho y cu\u00e1l fue su incidencia en la decisi\u00f3n cuestionada, yerros en los que existen diferencias sustanciales como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n al referir que \u00abmientras el primero implica la omisi\u00f3n, suposici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de lo que una prueba dice o deja de decir, el segundo parte de la base de que \u2018la prueba fue exacta y objetivamente apreciada, pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia\u2019 (CSJ SC, 19 Oct, 2000, Rad. 5442)\u00bb (CSJ AC242 de 2016). <\/p>\n
3. La demanda allegada no re\u00fane los requisitos anteriores como enseguida se explica. <\/p>\n
3.1. Los cargos adolecen de incompletitud ya que el recurrente no atac\u00f3 todos los fundamentos del Tribunal toda vez que, la decisi\u00f3n se edific\u00f3 en que la posesi\u00f3n del demandante \u00abno pudo iniciar en 1990 ni el 13 de abril de 2003\u00bb, como lo encontr\u00f3 el funcionario del primer proceso de pertenencia formulado por el actor; que el demandante invoca su posesi\u00f3n desde 1999 lo que dificulta la labor establecer el momento en que dej\u00f3 de ser tenedor e inici\u00f3 su condici\u00f3n de poseedor, igualmente se indic\u00f3 que del acervo probatorio aportado al expediente s\u00f3lo el pago de los impuestos que ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2010 podr\u00eda permitir deducir la calidad de poseedor, por lo que desde dicha fecha al momento de presentaci\u00f3n de la demanda s\u00f3lo hab\u00edan transcurrido tres a\u00f1os, sin que los dos primeros argumentos hubieran sido objeto de este recurso extraordinario. <\/p>\n
3.2. Los cargos se fundamentan en la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 775, 777, 762, 768, 769, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil. Para que un canon pueda catalogarse como sustancial, no basta con que se encuentre plasmado dentro un c\u00f3digo sustantivo como, por ejemplo, el Civil, o incluso dentro de la misma Constituci\u00f3n, sino que resulta imperioso que tenga incidencia directa en determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica para declararla, generarla o alterarla; por tal raz\u00f3n, la acepci\u00f3n de aquel concepto ha sido decantada por la Corte as\u00ed: <\/p>\n
Son de este tipo las disposiciones que, \u00abfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella[s] contempla[n], declara[n], crea[n], modifica[n] o extingue[n] derechos subjetivos o impone[n] obligaciones\u00bb, estirpe de la cual carecen las que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb (SC4794, 27 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00488-01).. Citada en AC706 de 2022. <\/p>\n
De las normas invocadas para sustentar los cargos, s\u00f3lo ostenta el car\u00e1cter de sustancial el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, pero el recurrente no indic\u00f3 como fue vulnerado por el ad quem al resolver la instancia; los dem\u00e1s art\u00edculos referidos no tienen la connotaci\u00f3n de material, tal como enseguida se ver\u00e1. <\/p>\n
El art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil no es sustancial pues como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n \u00abno se ocupa de regular ninguna relaci\u00f3n de hecho a la que debe seguirle una determinada consecuencia jur\u00eddica\u00bb (AC 4589 de 2018). A su turno el art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil que define la buena fe no ostenta tal car\u00e1cter (AC5862 de 2021). El art\u00edculo 769, ibidem, que prev\u00e9 que la buena fe se presume tampoco tiene la calidad de sustancial (AC5862 de 2021). El art\u00edculo 775, ejusdem, que define la mera tenencia tampoco ostenta tal car\u00e1cter (AC3323 de 2023). A su turno el art\u00edculo 777, idem, es meramente enunciativo (AC 4771 de 2018). <\/p>\n
Situaci\u00f3n similar ocurre con los art\u00edculos 2531 y 2532 el estatuto civil, pues no crean, modifican o extinguen derechos subjetivos, sino que se limitan a definir situaciones jur\u00eddicas, conforme se ha precisado en pret\u00e9ritas ocasiones.2 <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con el primer cargo que se soporta en la violaci\u00f3n indirecta por error de derecho, al no haberse valorado de manera integral los medios probatorios arrimados al expediente, se advierte que el censor se limit\u00f3 a referir las pruebas obrantes, mas no demuestra que no fueron valoradas de manera conjunta e integrada por parte del juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
3.4. Aduce el recurrente que para el computo de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n resultaba suficiente que el se\u00f1or Camilo Casta\u00f1eda \u00abejerciera la posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, lo que de entrada descarta el puntal que estima confusa, el fallo de segunda instancia\u00bb, pero tal afirmaci\u00f3n constituye un alegato de instancia, habida cuenta que omiti\u00f3 indicar de que pruebas se deduce la misma y en que forma el Tribunal omiti\u00f3 su an\u00e1lisis. <\/p>\n
3.5. N\u00f3tese que el recurrente presenta una propuesta alterna de valoraci\u00f3n probatoria, que no derruye la realizada por el ad quem, que goza de la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto, aunado a que la labor del actor era demostrar la existencia de un error grave en la valoraci\u00f3n del juzgador, que llevaba a tomar una decisi\u00f3n diferente, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3, aunado a que el recurrente lo que pretende es disputar el criterio del Tribunal, lo que es ajeno a este recurso extraordinario, pues, como lo ha precisado de manera reiterada esta Sala3: <\/p>\n
La casaci\u00f3n no est\u00e1 para escenificar una simple disputa de criterios y de esta suerte, para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dial\u00e9ctico o con mayor rigor l\u00f3gico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casaci\u00f3n y particularmente dentro del \u00e1mbito del error de hecho, debe presentarse a \u00e9sta argumentos incontestables, al punto de que (la) sola exhibici\u00f3n haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista. <\/p>\n
3.6. Respecto del segundo cargo, atinente a la violaci\u00f3n indirecta por error de hecho, en la valoraci\u00f3n de los testimonios de Carlos Angarita Nemoc\u00f3n, Helver Forero, Francisco Corte y Juan Isidro Guio, el recurrente se limit\u00f3 a hacer un resumen de lo que, en su parecer, dijeron \u00e9stos, pero no realiz\u00f3 el contraste entre lo que dec\u00edan las pruebas de manera objetiva y lo que consider\u00f3 el juzgador, para de all\u00ed patentizar el error en que se incurri\u00f3. A lo que debe agregarse que, a\u00fan se aceptase el cercenamiento aducido, lo cierto es que resulta intrascendente, dado que el restante acervo probatorio sirve de soporte a la decisi\u00f3n recurrida. Sobre el particular la Sala ha precisado que \u00abel impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinraz\u00f3n, otra hubiera sido la resoluci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC1853 de 2018). <\/p>\n
4. En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que Camilo Enrique Casta\u00f1eda Diaz frente a la sentencia del 16 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca dentro del proceso adelantado por el recurrente contra los herederos determinados e indeterminados de Jaime Correal. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC3495 de 2014 <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular ver CSJ AC4260 de 2018, AC706 de 2020, AC2897 DE 2019, AC4210 de 2021. <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC 22 de octubre de 1998 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2348-2023 (2013-00833-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2348-2023 Radicaci\u00f3n no. 25286-31-03-001-2013-00833-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75843","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75843","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75843"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75843\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75843"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75843"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75843"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}