AC2441-2023 (2017-00081-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2441-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Maga Ltda. para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 10 de febrero de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso declarativo iniciado por la recurrente contra Enertolima S.A. E.S.P., hoy Latin American Capital Corp S.A. E.S.P., tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a Inversiones Chipauta S.A., AP Wireless Colombia Investments S.A.S. y Perenco Oil And Gas Colombia Limited. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En el escrito mediante el cual se enmend\u00f3 la demanda inicialmente presentada [archivo digital: 03. SUBSANA_DEMANDA] se pidi\u00f3 declarar lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Que la demandada es propietaria de las \u00abl\u00edneas el\u00e9ctricas\u00bb que atraviesan el predio de la convocante, situado en la vereda \u00abChimbi\u00bb del municipio de Melgar (Tolima), sin gozar de \u00abservidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica relativas a su tendido (tres l\u00edneas) siendo su obligaci\u00f3n hacerlo […] desde el a\u00f1o 1998\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Que se \u00abdeclare y constituya la servidumbre desde el a\u00f1o 1998\u00bb que impuso la empresa de energ\u00eda accionada sobre la heredad, en consecuencia, se le condene al desembolso de \u00ab$634\u2019026.191\u00bb a t\u00edtulo \u00abde incomodidad y por dejar el lote en el \u00e1rea mencionada inservible\u00bb. <\/p>\n
2.- En sustento de esas s\u00faplicas, se adujeron los hechos que enseguida se resumen: <\/p>\n
2.1.- Maga Ltda. es due\u00f1a del fundo referido. Desde \u00ab1999\u00bb, sobre \u00e9l cruzan de \u00aboriente [a] occidente\u00bb, en una extensi\u00f3n aproximada de \u00ab14.678 m2\u00bb, redes de alta tensi\u00f3n, de propiedad de la enjuiciada, las cuales, a su vez, descansan en un sinf\u00edn de \u00abpostes\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Enertolima S.A. E.S.P. \u00abno posee ning\u00fan derecho real de servidumbre\u00bb en la heredad, en consecuencia, \u00abdeber\u00e1 pagar por su uso al demandante\u00bb, pues en raz\u00f3n de este \u00abse constituye como arrendatario de dicha extensi\u00f3n, por lo tanto, deber\u00e1 pagar c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
3.- Tras subsanarse el escrito inicial, fue admitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar (Tolima), el 23 de agosto de 2017. [Archivo digital: 04 AUTO_ADMITE_DEMANDA]. <\/p>\n
4.- La accionada repeli\u00f3 en tiempo el libelo, all\u00ed se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los hechos alegados, oponi\u00e9ndose al acogimiento de las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3: \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; falta de cumplimiento de los elementos de la responsabilidad; falta de reclamaci\u00f3n oportuna de los supuestos da\u00f1os reclamados en la presente acci\u00f3n; primac\u00eda de la realidad; falta de jurisdicci\u00f3n; [y] falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario\u00bb. [Archivo Digital: 08 CONTESTACI\u00d3N_ENERTOLIMA]. <\/p>\n
En escrito separado plante\u00f3 las defensas dilatorias de \u00abindebida escogencia de la acci\u00f3n; falta de jurisdicci\u00f3n; caducidad de la acci\u00f3n; indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones; falta de cumplimiento de los requisitos formales descritos en los art\u00edculos 82, 2016 y 226 del C\u00f3digo General del Proceso; las pretensiones de la demanda no tienen fundamento en los hechos de la misma\u00bb [Archivo Digital: ExcepcionesPrevias]; las que se denegaron en audiencia de 10 de agosto de 2018 [Archivo Digital: 14 ACTA_AUD_ART_372]. <\/p>\n
5.- El 30 de agosto de 2021, se dispuso la vinculaci\u00f3n de las sociedades Inversiones Chipauta S.A. y AP Wireless Colombia Investments S.A.S., en calidad de copropietaria y \u00abusufructuaria\u00bb del terru\u00f1o, respectivamente. As\u00ed mismo, se llam\u00f3 a Perenco Oil And Gas Colombia Limited, titular de una \u00abservidumbre permanente\u00bb en el fundo. Ninguna de ellas compareci\u00f3 a la causa, pese a que fueron enteradas. [Archivo Digital: 40 CONTI_AUDIENCIA]. <\/p>\n
6.- El juzgado del conocimiento clausur\u00f3 la primera instancia con providencia de 30 de marzo de 2022, en la que dio paso a las s\u00faplicas de la empresa actora. Declar\u00f3 que Enertolima S.A. E.S.P. es la \u00abpropietaria\u00bb de las \u00abl\u00edneas el\u00e9ctricas y sus componentes\u00bb que surcan el inmueble \u00abPOR SERVIDUMBRE DE FACTO\u00bb y la conden\u00f3 a sufragar a favor de Maga Ltda., Inversiones Chipauta S.A. y AP Wireless Colombia Investments S.A.S. \u00aben proporci\u00f3n a sus derechos de titularidad sobre dicho predio, la suma de $1.250.744.740, por indemnizaci\u00f3n de perjuicios, da\u00f1os causados\u00bb [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
7.- La sentencia estimatoria de primera instancia fue revocada por el Tribunal al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandada, que en su lugar dio por probada la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb de la convocante. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Luego de historiar el proceso y de concluir que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, enfrent\u00f3 el ad quem la situaci\u00f3n planteada en el proceso, as\u00ed: <\/p>\n
1.- Repar\u00f3 en primer lugar, que el prove\u00eddo apelado conten\u00eda serias \u00abfalencias jur\u00eddicas\u00bb, las cuales procedi\u00f3 a examinar del siguiente modo: <\/p>\n
1.1.- Para el iudex plural hubo un exceso en el monto reconocido en beneficio de la gestora a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, toda vez que en el memorial introductorio \u00e9sta pretendi\u00f3 el importe de \u00ab$634\u2019.026.191\u00bb, pero el a quo dispuso el desembolso de \u00ab$1.250.744.740\u00bb, por lo mismo resultaba incongruente, a voces de lo establecido en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.2.- Las compa\u00f1\u00edas Inversiones Chipauta S.A. y AP Wireless Colombia Investments S.A.S. no son condue\u00f1as del predio motivo de la lid, m\u00e1s bien, detentan un \u00abderecho real de servidumbre\u00bb, adem\u00e1s, nunca acudieron al tr\u00e1mite, aunque fueron vinculadas como \u00ablitisconsortes\u00bb de la accionante, ni aportaron \u00abprueba alguna del posible o eventual da\u00f1o y su indemnizaci\u00f3n que pudiera ocasionar esta servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb. <\/p>\n
1.3.- En opini\u00f3n de la Magistratura, se vulner\u00f3 la prerrogativa al \u00abdebido proceso\u00bb de los contendientes, comoquiera que aun cuando la promotora denomin\u00f3 el libelo como \u00abindemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb, en verdad, el asunto hac\u00eda alusi\u00f3n a una \u00abimposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica, regulada por la ley 56 de 1981 y el decreto 2580 de 1985\u00bb. <\/p>\n
2.- Sobre esto \u00faltimo puso especial acento. Tras hacer remembranza de varios pronunciamientos de esta Corte en torno a la \u00abfacultad-deber\u00bb del juez de interpretar la demanda cuando es confusa, paso a examinar el poder otorgado por la sociedad enjuiciante a su mandatario, de donde dedujo que su intenci\u00f3n inicial fue promover un pleito de \u00abresponsabilidad civil extracontractual\u00bb, luego, analiz\u00f3 el memorial de apertura, para colegir que sus anhelos se encaminaron a obtener, bien, \u00abla declaraci\u00f3n de un contrato de arrendamiento, o la petici\u00f3n de perjuicios por el no pago de c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb, ora, \u00abla solicitud de indemnizaci\u00f3n por una servidumbre de hecho\u00bb, incluso, cit\u00f3 normas regulatorias del \u00abderecho de servidumbre\u00bb, no siendo di\u00e1fano su sincero querer. <\/p>\n
Por eso fue que, prosigui\u00f3 la Corporaci\u00f3n, el juez de primer grado inadmiti\u00f3 el libelo y una vez emendado, la impulsora vari\u00f3 sus aspiraciones, no obstante, persisti\u00f3 la vaguedad, pues aun cuando solicit\u00f3 el resarcimiento de los menoscabos padecidos en el predio de su propiedad por la \u00abinstalaci\u00f3n de los cables de alta tensi\u00f3n\u00bb, insisti\u00f3 en la declaratoria de una \u00abservidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb en beneficio de la encausada, al tenor de lo previsto en las leyes 56 de 1981 y 142 de 1994, pretensiones que se reafirmaron en la fase de fijaci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Ante esa notoria ambig\u00fcedad, dijo el Tribunal, era menester averiguar el sentido genuino del libelo, encontrando que la propulsora no entabl\u00f3 una acci\u00f3n de da\u00f1os propiamente dicha, m\u00e1s bien, quiso enarbolar una contienda de \u00abimposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica\u00bb con un componente indemnizatorio, \u00absin que se confunda (\u2026) con un proceso de responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed tom\u00f3 pie para se\u00f1alar que, el juzgado adelant\u00f3 la controversia por el cauce equivocado, en tanto que, el rito de la \u00abimposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb establece \u00abun r\u00e9gimen probatorio, procedimental y f\u00e1ctico bien distinto al previsto para un proceso declarativo\u00bb, lo cual signific\u00f3 una \u00abflagrante violaci\u00f3n al debido proceso de las partes\u00bb. <\/p>\n
3.- Definidos de esta manera los contornos del asunto y despu\u00e9s de citar textualmente un sinf\u00edn de precedentes de esta Sala, relativos a la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb en general, afirm\u00f3 que Maga Ltda. persigui\u00f3 que se \u00abdeclare o constituya judicialmente la servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre el predio denominado \u201cProyecto II\u201d de su propiedad, y, se condene a la demandada Enertolima S.A. E.S.P., hoy Latin American Capital Corp S.A. E.S.P., al pago de los perjuicios ocasionados por la instalaci\u00f3n de la infraestructura el\u00e9ctrica\u00bb. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 enseguida de estudiar lo atinente a la habilitaci\u00f3n para instaurar el juicio especial aludido y, tras reproducir los art\u00edculos 27 de la Ley 56 de 1981, 1\u00ba del Decreto 2580 de 1985 -reglamentario de esta \u00faltima disposici\u00f3n- y 2.2.3.7.5.1. del Decreto 1073 de 20151, asegur\u00f3 categ\u00f3ricamente que la actora carec\u00eda de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb para iniciar esa clase de asuntos, pues el legislador reserv\u00f3 aquel inter\u00e9s \u00fanicamente en cabeza de \u00abla entidad de derecho p\u00fablico o prestadora del servicio que haya adoptado el proyecto energ\u00e9tico y ordenado su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cuatro (4) cargos formul\u00f3 el recurrente; el primero por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P.); el segundo y el tercero por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la \u00abley sustancial\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba ib\u00eddem); y el cuarto por no estar la sentencia acusada en consonancia con los \u00abhechos y las pretensiones de la demanda, ni con las excepciones propuestas por el demandado o las que el juez deb\u00eda reconocer de oficio\u00bb (n\u00fam. 3\u00ba \u00eddem). El censor los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la infracci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, de los art\u00edculos 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 939 del C\u00f3digo Civil -subrogado por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 95 de 1890-, 27 de la Ley 56 de 1981 y 57 de la Ley 142 de 1994. <\/p>\n
El impugnante, a vuelta de transcribir algunos preceptos invocados, anot\u00f3 que el legislador fund\u00f3 la \u00abobligaci\u00f3n funcional\u00bb de promover los juicios especiales de \u00abimposici\u00f3n de servidumbre\u00bb en cabeza de las entidades p\u00fablicas, \u00absin perjuicio de los derechos inherentes a los propietarios de los predios a actuar como demandantes\u00bb. <\/p>\n
Conforme a la hermen\u00e9utica empleada por el ad quem, el due\u00f1o del bien afectado con la \u00abservidumbre\u00bb debe esperar a que la \u00abentidad p\u00fablica\u00bb entable el respectivo tr\u00e1mite, para obtener el resarcimiento del da\u00f1o padecido, lo cual, en opini\u00f3n de opugnante, ri\u00f1e con la l\u00f3gica. <\/p>\n
En sentir del casacionista, un entendimiento \u00abteleol\u00f3gico\u00bb de los mandatos aludidos ense\u00f1ar\u00eda que el deber de los entes p\u00fablicos de promover los pleitos de \u00abimposici\u00f3n de servidumbres el\u00e9ctricas\u00bb, no puede coartar ni restringir a los \u00abpropietarios de los predios sirvientes\u00bb para adelantar, en calidad de demandantes, ese tipo de procesos judiciales, \u00aba fin de lograr la constituci\u00f3n de las servidumbres y, procurar, el resarcimiento de los perjuicios que de ella se derivan\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con sustento en el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, censur\u00f3 la sentencia por el desconocimiento indirecto a consecuencia de \u00aberror de hecho en materia probatoria, al no estar en consonancia la sentencia del Tribunal (\u2026), con las pruebas obrantes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el inconforme, err\u00f3 el sentenciador al pretermitir las pruebas de los da\u00f1os irrogados por la enjuiciada a Maga Ltda., a Inversiones Chipauta S.A. y a AP Wireless Colombia Investments S.A.S., esto es: i) El dictamen allegado con el \u00abescrito de demanda\u00bb y; ii) El aval\u00fao dispuesto de oficio en el curso de la lid; medios que le sirvieron al a quo para calcular el \u00abvalor real de los perjuicios\u00bb generados con la \u00abservidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 otra vez violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por \u00aberror de derecho\u00bb, derivado del desconocimiento de los art\u00edculos 206 y 281 de la nueva ley de enjuiciamiento civil. <\/p>\n
En procura de su demostraci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, que el Tribunal hall\u00f3 incongruente el fallo de primer grado, porque conden\u00f3 a la convocada al pago de una suma de dinero mayor a la pedida en la causa petendi. <\/p>\n
No obstante, dice la censura, el ad quem aplic\u00f3 exeg\u00e9ticamente el canon 281 de la codificaci\u00f3n procedimental, dejando de lado que la pauta 206 ib\u00eddem, relativa al juramento estimatorio, le permit\u00eda variar el monto de la condena en la medida en que la demandada lo objet\u00f3 (inciso 5\u00ba \u00eddem), m\u00e1xime cuando obraban otras piezas demostrativas que acreditaban la extensi\u00f3n de los menoscabos sufridos por la impulsora superiores a los inicialmente calculados. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Bajo la egida de la causal tercera (art. 336 C.G.P.) el impugnante acus\u00f3 el prove\u00eddo de segunda instancia de ser inconsonante con los hechos y las pretensiones del escrito incoativo. <\/p>\n
Sostuvo la protesta, que en el memorial inaugural se anhel\u00f3 que Enertolima S.A. E.S.P. era la \u00abpropietaria de las l\u00edneas instaladas y que ocupaban el predio [de Maga Ltda.], sin t\u00edtulo v\u00e1lidamente y legalmente constituido\u00bb, posteriormente, al subsanar el petitum se solicit\u00f3 que \u00abse declare y se constituya la servidumbre desde el a\u00f1o 1998 que impone la demandada, en el predio de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Al juzgar el asunto, el a quo estim\u00f3 que como ya exist\u00eda una \u00abservidumbre de facto\u00bb, lo procedente era averiguar si ese gravamen suscitaba un detrimento a la gestora y hallando probado esto, reconoci\u00f3 a su favor un importe equivalente a \u00ab $1.250.744.740\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, asegur\u00f3 el recurrente, la Magistratura al \u00abreinterpretar la demanda\u00bb lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n distinta; que el fundamento f\u00e1ctico y las aspiraciones de la compa\u00f1\u00eda actora iban encaminados a conseguir la constituci\u00f3n de \u00abuna servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, regida, a su juicio, por normas procesales especiales, entre estas la Ley 56 de 1981\u00bb, siendo que lo verdaderamente acuciado fue el \u00abderecho a la indemnizaci\u00f3n de la sociedad demandante\u00bb por la \u00abocupaci\u00f3n de hecho de (\u2026) un bien de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como bien se sabe, es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, habida cuenta que no constituye una instancia adicional para persistir en el debate del aspecto f\u00e1ctico de la controversia (thema decidendum), pues su finalidad es evaluar la legalidad de la decisi\u00f3n confutada (thema decissus), con miras a evidenciar la ocurrencia o no de los yerros denunciados que conlleven al eventual quiebre de la sentencia proferida. <\/p>\n
Por ello, el recurso interpuesto deber\u00e1 asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen. Labor\u00edo frente al cual, ha sido insistente esta Corte al se\u00f1alar, que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC998-2022, 31 mar., y en CSJ AC799-2023, 19 abr.). <\/p>\n
2.- El legislador ha previsto la posibilidad de controvertir las sentencias a trav\u00e9s de la s\u00faplica extraordinaria, entre otros supuestos, por errores in iudicando, derivados de la trasgresi\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), lo cual ocurre \u00abcuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto del litigio, no obstante haber constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica (CSJ SC de 25 de feb. de 2002 Rad. 5925, criterio reiterado en CSJ AC799-2023, 19 abr.), o bien por \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb2 (indirecta), supuesto que le impone indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
Esta Corte ha expresado que en los eventos en que se critique el ejercicio valorativo del juzgador deviene imperativo que: <\/p>\n
… el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2006-00164-01, AC. de 21 de agosto de 2014, Rad. 2010-227-01). <\/p>\n
2.1.- A lo anotado se suma que, en atenci\u00f3n a la discreta autonom\u00eda que la Carta Pol\u00edtica reconoce a los juzgadores en el ejercicio de valoraci\u00f3n de las pruebas en la definici\u00f3n de los juicios, es indispensable que el desacierto tenga la connotaci\u00f3n de evidente y trascendente: lo primero, que brote a simple vista \u00abde tal modo que am\u00e9n de que no fueran requeridos mayores estudios para establecer que se estructur\u00f3 un yerro, el an\u00e1lisis presentado por la censura necesariamente se erig\u00eda en el \u00fanico admisible para solucionar el litigio, y, por su parte, las consideraciones del juzgador resultaban contraevidentes e insostenibles\u00bb (CSJ AC4144-2017 de 27 de jun. de 2017 Exp. 2014-00555-01, reiterado AC8426-2017 de dic. Rad. 2011-00086-01); lo segundo, que su ocurrencia hubiere sido determinante en el sentido de la decisi\u00f3n, al punto que de no haber ocurrido la determinaci\u00f3n ser\u00eda contraria a la adoptada. <\/p>\n
Consecuente con esto, la simple inconformidad del recurrente respecto del resultado de aquel ejercicio de valoraci\u00f3n, resulta insuficiente para abrir paso al estudio de fondo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, dada \u00abla necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas\u00bb (CSJ SC del 15 de abril de 2011 (Exp. 2006-0039, reiterada AC1074-2022 de 22 de abril Rad. 2015-00958-01) y en ese orden, \u00ab\u2018all\u00ed donde se ense\u00f1oree la dubitaci\u00f3n, no puede salir airoso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya procedencia privativamente finca en la certeza, en s\u00ed misma ajena a la hesitaci\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ SC 31 de marzo de 2003, Exp. N\u00b0 7141, reiterada SC4361-2018 de 9 de oct. Rad 2011-00241-01). <\/p>\n
3.- En cuanto al tercer motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, se ha dicho que constituye un yerro que atenta contra las formas esenciales del procedimiento, el cual se materializa cuando la sentencia desacata el principio contenido en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, al decidir sobre puntos ajenos a la controversia; deja de resolver los temas objeto de la litis; realiza una condena m\u00e1s all\u00e1 de lo pretendido; o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de m\u00e9rito, cuando es del caso hacerlo. <\/p>\n
As\u00ed, se ha puntualizado que tiene lugar una transgresi\u00f3n de esta naturaleza, cuando \u00abel juzgador decide el [juicio] por fuera de las pretensiones o excepciones probadas en el caso (extra petita), o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (citra petita). Tambi\u00e9n se configura cuando la sentencia no guarda correlaci\u00f3n con las \u2018afirmaciones formuladas por las partes\u2019, puesto que es obvio que el juez no puede hacer m\u00e9rito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas. Y se ha reconocido, asimismo, que la incongruencia como causal de casaci\u00f3n se da en los eventos en los que se presenta \u2018una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb (La subraya es para resaltar) (AC280-2021, 8 feb., rad. 2013-00031-02; criterio reiterado en AC5521-2022, 15 dic.). <\/p>\n
3.1.- El proceso civil contiene una relaci\u00f3n jur\u00eddico\u2013procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisi\u00f3n del juez quedan vinculados a los t\u00e9rminos de la demanda y su contestaci\u00f3n. Por tanto, \u00ab(…) los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado trazan, en principio, los l\u00edmites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 281 del C\u00f3digo General del Proceso]; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas (CSJ SC, 6 Jul. 2005, rad. 5214; CSJ SC, 1\u00ba nov. 2006, rad. 2002-01309-01)\u00bb (CSJ SC11331-2015, 27 ago., rad, 2006-00119-01; reiterado en CSJ AC2115-2021, 2 jun., rad. 2013-00193-01). <\/p>\n
4.- En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos previstos el en art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que la Sala los inadmitir\u00e1, como pasa a verse. <\/p>\n
4.1.- El recurrente enfil\u00f3 el primer ataque por la senda directa, acusando al iudex plural de haber interpretado indebidamente los art\u00edculos 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 939 del C\u00f3digo Civil -subrogado por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 95 de 1890-, 27 de la Ley 56 de 1981 y 57 de la Ley 142 de 1994. <\/p>\n
4.1.1.- Con miras a sustentar la cr\u00edtica el impugnante dijo que el legislador estableci\u00f3 una \u00abobligaci\u00f3n funcional\u00bb a cargo de las \u00abentidades p\u00fablicas\u00bb para promover el \u00abjuicio de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, lo cual no quiere decir que se limite la posibilidad al propietario de una heredad el reclamo por v\u00eda judicial de dicho gravamen y la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os generados a causa de su imposici\u00f3n. <\/p>\n
En la otra orilla descansa la postura del ad quem, seg\u00fan la cual solamente las \u00abentidades p\u00fablicas\u00bb ostentan la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb para instaurar aquellos pleitos especiales, conforme lo dispuesto en los art\u00edculos 27 de la Ley 56 de 1981, 1\u00ba del Decreto 2580 de 1985 -reglamentario de esta \u00faltima disposici\u00f3n- y 2.2.3.7.5.1. del Decreto 1073 de 2015. <\/p>\n
En el horizonte se avizora dos planteamientos frente a un mismo aspecto: qui\u00e9n tiene la habilitaci\u00f3n para suscitar el tr\u00e1mite \u00abimposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb. Pero, as\u00ed y todo, prevalece la expuesta en el fallo confutado, por cuanto el recurrente no hizo el m\u00ednimo esfuerzo por patentizar lo absurdo y alejado que resulta la hermen\u00e9utica que hizo el Tribunal de los mandatos memorados; su incordio se encamin\u00f3 a dejar en evidencia un mero desacuerdo con lo resuelto en la segunda instancia, no trajo al debate, verbigracia, la interpretaci\u00f3n que de aquellas pautas ha efectuado la jurisprudencia o la doctrina o, por lo menos, si de ellas surge palpable que el due\u00f1o del fundo, ciertamente, cuenta con la posibilidad de entablar ese tipo de causa. <\/p>\n
4.1.2.- De cualquier modo, la ex\u00e9gesis del sentenciador no se muestra absurda ni contraevidente. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 27 de la Ley 56 de 1981, establece que \u00ab[c]orresponde a la entidad de derecho p\u00fablico que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecuci\u00f3n, promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2580 de 1985 -reglamentario de la ley referida- dispone que: \u00ab[l]os procesos judiciales que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, ser\u00e1n promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho p\u00fablico que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecuci\u00f3n, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, se\u00f1alados en este Decreto\u00bb, disposici\u00f3n que fue compilada en el Decreto 1073 de 2015. <\/p>\n
De all\u00ed tom\u00f3 pie para ultimar que solamente las \u00abentidades de derecho p\u00fablico\u00bb contaban con \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb para instaurar juicios atinentes a la \u00abimposici\u00f3n de servidumbres de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, no as\u00ed el due\u00f1o del bien afectado con ese gravamen. <\/p>\n
Se trata, desde luego, de un entendimiento que no luce distante de lo preceptuado en las pautas mencionadas, de ah\u00ed que, aun cuando la reflexi\u00f3n del casacionista pudiera ser tambi\u00e9n respetable, en este escenario extraordinario resulta insuficiente para derruir la doble presunci\u00f3n de legalidad y de acierto con que viene investido el prove\u00eddo atacado. <\/p>\n
4.2.- En lo tocante con los embistes segundo y tercero, hay que decir que tampoco satisfacen los presupuestos para su estudio de fondo, por lo siguiente: <\/p>\n
4.2.1.- Si bien es cierto que con la reforma que introdujo la ley 2591 del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 de la nueva ley de enjuiciamiento civil ordena que en trat\u00e1ndose de infracci\u00f3n de \u00abnormas de derecho sustancial\u00bb es necesario invocar aquellas que \u00abconstituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb haya sido quebrantada por el Tribunal, selecci\u00f3n que ha indicado esta Corte \u00abno puede ser arbitraria, ni caprichosa, en tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (AC2386-2019 de 20 de jun. Rad. 2015-00692-01). <\/p>\n
Es necesario recalcar que, a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n de la demanda, no puede el casacionista sustraerse de especificar los preceptos que poseen esa calidad, siendo tales, los que \u00abdebido a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 943, 19 mar. 2020, rad. 2016-00299; CSJ AC3484, 14 dic. 2020, rad. 2016-00112-01; CJS AC3661,18 dic. 2020, rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
Pero sucede que, justamente, esa carga fue desatendida por el impugnante al sustentar los reproches segundo y tercero, porque no hizo el m\u00ednimo esfuerzo en poner de manifiesto cu\u00e1les habr\u00edan sido las reglas de linaje sustancial vulneradas por el ad quem. <\/p>\n
El deber de enunciar los preceptos infringidos en materia de las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, no es de poca monta, pues si el objetivo en esta sede extraordinaria es examinar la legalidad de la sentencia de segunda instancia, la funci\u00f3n de la Corte est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento que al respecto haga el impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no su inobservancia, siendo vedado para la Sala completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica. <\/p>\n
4.2.2.- Pero todav\u00eda, soslayando lo anterior, las censuras referidas presentan deficiencias adicionales que truncan su admisi\u00f3n. <\/p>\n
En el segundo embate, el opugnante le achac\u00f3 un yerro de facto al ad quem, porque pretermiti\u00f3 el peritaje aportado con el escrito inicial y el justiprecio ordenado de oficio en el desarrollo de la causa, piezas, seg\u00fan las cuales, se acredit\u00f3 el \u00abvalor real de los perjuicios\u00bb sufridos por la demandante con la \u00abservidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb. <\/p>\n
La tercera molestia pregona un dislate de iuris, ya que, el juzgador no tuvo en cuenta que al haber sido objetado el \u00abjuramento estimatorio\u00bb por la contraparte, pod\u00eda modificarse sin l\u00edmite el monto de la condena, rest\u00e1ndole valor. <\/p>\n
Empero, en la exposici\u00f3n de dichos reclamos se omiti\u00f3 traer al debate el contenido objetivo de aquellas probanzas y el debido contraste con lo resuelto por el iudex plural. Es que, en la dif\u00edcil tarea de combatir el fallo de segundo grado a trav\u00e9s de la v\u00eda indirecta (n\u00fam. 2\u00ba art. 336 C.G.P.), es deber del censor no solamente indicar los medios suasorios indebidamente valorados, desatendidos o ponderados, sino, adem\u00e1s, es imperioso que ponga en evidencia el desatino cometido por el colegiado en la actividad mental que hizo de aquellos y la trascendencia que ten\u00edan para resoluci\u00f3n de la contienda, siendo insuficiente su mera enunciaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, era carga del suplicante en casaci\u00f3n aproximar las experticias, exponer sus conclusiones y patentizar su importancia en el desenlace del pleito. Y en cuanto a la estimaci\u00f3n jurada que hizo en el libelo, a m\u00e1s de exponer su contenido, su quehacer estaba circunscrito a demostrar el m\u00e9rito demostrativo y la relevancia de la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica en el caso sometido a la jurisdicci\u00f3n. Y como esa labor fue omitida, no es posible abordar el estudio de fondo de dichos embates. <\/p>\n
Con todo, las referidas reclamaciones resultan a la postre intrascendentes, habida cuenta que al margen de que el tribunal hizo menci\u00f3n del desacierto del juzgador de primer grado en cuanto al monto de los perjuicios que reconoci\u00f3 al promotor, es irrefutable que el argumento esencial para la desestimaci\u00f3n de las pretensiones fue que se estim\u00f3 ausente la legitimaci\u00f3n en la causa por activa del propietario del predio afectado para incoar acciones como la presente, al estar reservada \u00e9sta a la entidad encargada de desarrollar la obra o el proyecto de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que requiera de la imposici\u00f3n de estos grav\u00e1menes, de suerte que ni quita ni pone ley la apreciaci\u00f3n correcta o no de los elementos de prueba existentes para definir la cuant\u00eda que eventualmente tendr\u00edan los perjuicios irrogados al promotor del pleito, o los efectos o alcance que pudiera tener la objeci\u00f3n al juramento estimatorio como par\u00e1metro de dicha definici\u00f3n. <\/p>\n
4.3.- Finalmente, el cuarto reproche se erigi\u00f3 bajo el amparo de la causal tercera de casaci\u00f3n, esto es, \u00abno estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb (n\u00fam. 3\u00ba art. 336 C.G.P.). <\/p>\n
El cimiento de esa protesta es que la Magistratura al \u00abreinterpretar la demanda\u00bb sostuvo que los hechos y las s\u00faplicas de la convocante estaban enderezados a obtener la \u00abimposici\u00f3n de una servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, dejando de lado que el aut\u00e9ntico prop\u00f3sito de la disputa fue el reconocimiento de los da\u00f1os padecidos por la \u00abocupaci\u00f3n de hecho de (\u2026) un bien de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Bien mirada esa acusaci\u00f3n, pronto se advierte una falencia obvia en su planteamiento que contradice lo dispuesto en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 de la ley adjetiva, puesto que la recurrente realiz\u00f3 alegaciones propias de la causal segunda de casaci\u00f3n, al endilgarle al ad quem un desatino a la hora de apreciar el libelo incoativo. <\/p>\n
De tajo, la casacionista desconoci\u00f3 el aut\u00e9ntico prop\u00f3sito del motivo alegado, el cual se erige sobre la base objetiva de comparar el escrito inaugural y las excepciones formuladas frente a lo decidido por el juzgador; contrariamente, en su arremetida, se insiste, se dedic\u00f3 a cuestionar la \u00abreinterpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb que efectu\u00f3 la colegiatura, dirigiendo toda su argumentaci\u00f3n a demostrar c\u00f3mo esos desatinos en la valoraci\u00f3n del escrito inaugural llevaron a un mal entendimiento de los extremos de la causa, olvidando que para ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 otra v\u00eda, la indirecta. <\/p>\n
De modo que, frustr\u00e1nea resulta la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, por entremezclar los motivos segundo y tercero contemplados en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.- Deviene de lo dicho, que el inconforme no satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 de la ley de enjuiciamiento civil, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para patentizar las equivocaciones atribuidas al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n del recurrente no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar las causales de casaci\u00f3n ac\u00e1 planteadas; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
6.- Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las cuatro acusaciones y, consecuentemente, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ\u00eda. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2441-2023 (2017-00081-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC2441-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Maga Ltda. para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75846","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75846"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75846\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}