AC2451-2023 (2019-00834-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2451-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-31-10-006-2019-00834-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por los herederos determinados de Fernando Torres Roa1, frente a la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C., dentro del proceso adelantado por Elsa Mar\u00eda Pinz\u00f3n Santamar\u00eda en contra de los recurrentes y de los herederos indeterminados de ese causante. <\/p>\n
1. La demandante pretende que se declare que mantuvo con Fernando Torres Roa uni\u00f3n marital de hecho desde el 10 de marzo de 2005 hasta el 23 de mayo de 2019, y que debido a esta surgi\u00f3 sociedad patrimonial. <\/p>\n
2.- Los demandados se opusieron a las pretensiones, aduciendo que la actora manten\u00eda uni\u00f3n marital con Jaime Adolfo Loaiza Polo. <\/p>\n
El curador ad litem de herederos indeterminados manifest\u00f3 que atender\u00eda la decisi\u00f3n del fallador. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 3 de junio de 2022, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en sentencia de 13 de diciembre de 2022, revoc\u00f3 la providencia de primera instancia; en su lugar declar\u00f3 que la demandante y Fernando Torres Roa existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre el 1\u00ba de febrero de 2016 y el 23 de mayo de 2019, la cual se declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n; sin costas por la prosperidad parcial de las pretensiones. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL. <\/p>\n
1. Rememor\u00f3 que la familia se constituye por v\u00ednculos naturales y jur\u00eddicos, bien sea por la decisi\u00f3n de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla; precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico, consist\u00eda en determinar si del material probatorio se deduce la uni\u00f3n marital de hecho, o si su declaraci\u00f3n debe ser revocada en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Recapitul\u00f3 que las s\u00faplicas fueron denegadas en primera instancia, por cuanto las confesiones incorporadas en la escritura p\u00fablica No. 724 de 15 de marzo de 2016, y la afiliaci\u00f3n de la actora como beneficiaria de Fernando Torres Roa en la EPS Compensar, fueron infirmadas por los testimonios de los demandados; las declaraciones de los hijos de la demandante fueron imprecisos y discordantes con otros medios de prueba; y, no hay evidencia de la configuraci\u00f3n de un proyecto familiar. <\/p>\n
3. Consider\u00f3 que el entendimiento del juzgado fue equivocado, pues la demandante cumpli\u00f3 con la carga de demostrar la comunidad de vida, permanente y singular durante el lapso de tiempo requerido por el legislador para derivar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, dando cuenta de elementos objetivos, como la convivencia, ayuda, permanencia, socorro rec\u00edproco y relaciones sexuales; y subjetivos, como el \u00e1nimo de mutua pertenencia, la unidad y la \u00abafectivo maritalis\u00bb. <\/p>\n
4. Esgrimi\u00f3 que no pod\u00edan acogerse las s\u00faplicas desde la fecha indicada, pues la demandante manten\u00eda uni\u00f3n marital de hecho con Jaime Rodolfo Loiza Polo, seg\u00fan consta en la compraventa y constituci\u00f3n de patrimonio de familia contenida en la escritura p\u00fablica No. 668 de 15 de febrero de 2007 de la Notar\u00eda 53 de Bogot\u00e1; aunado a que media discordancia sobre la data de inicio de la convivencia, los testigos la encuentran desde el 2010, y la demandante, al absolver interrogatorio, manifest\u00f3 que inici\u00f3 en el 2012. <\/p>\n
Sin embargo, del examen tanto de las declaraciones extraprocesales de Denis Rosario Loaiza Polo, Paula Andrea Pinz\u00f3n Ram\u00edrez y Aceneth Mieles Sierra, como del testimonio de Luis Fernando Loiza Pinz\u00f3n, hijo de la demandante, concluy\u00f3 que la relaci\u00f3n marital entre la actora y Jaime Rodolfo Loaiza Polo finiquit\u00f3 en el a\u00f1o 2008. <\/p>\n
5. El testigo David Vulkovsky Arzayus, quien dijo ser sobrino de Fernando Torres Roa, expuso que su t\u00edo le ayudaba a la actora y sus hijos, al punto de montarle un bar; por ende, la relaci\u00f3n no era pasajera o de simple amistad, m\u00e1s cuando se produjeron comportamientos indicativos de vida familiar, compartir los fines de semana en el apartamento para ir al parque o ver pel\u00edculas. <\/p>\n
6. Hizo menci\u00f3n a las manifestaciones constitutivas de confesi\u00f3n que permiten inferir que la uni\u00f3n marital de hecho entre la actora y el se\u00f1or Torres Roa inici\u00f3 el 1\u00ba de febrero de 2016, las cuales se consignan en los siguientes documentos. <\/p>\n
La certificaci\u00f3n expedida por Compensar EPS el 10 de junio de 2019, donde se constata que en vida del causante estaba activo en condici\u00f3n de pensionado; e informa que hab\u00eda afiliado en calidad de beneficiarias a la demandante y las hijas de ella \u2013 Laura Vanessa y Luisa Fernanda Loaiza Pinz\u00f3n – desde febrero de 2016, asign\u00e1ndole a la primera la condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
La escritura p\u00fablica 724 de 15 de marzo de 2016 de la Notar\u00eda 16 de Bogot\u00e1 incorpora una compraventa realizada en vida del causante, donde \u00e9l se identifica como soltero con uni\u00f3n marital de hecho, y la demandante se presenta como compa\u00f1era permanente, y ambos acuerdan no constituir patrimonio familiar sobre el inmueble comprado por el var\u00f3n. <\/p>\n
7. Esas confesiones no fueron desvirtuadas con los testimonios de los demandados, pues no se acompasan con la voluntad del causante; ni con la promesa donde \u00e9l manifest\u00f3 que era soltero, ya que fue celebrada dos d\u00edas despu\u00e9s de afiliar a la actora y sus hijas a la Eps, y un mes y doce d\u00edas antes de suscribir de la escritura p\u00fablica de compraventa, en donde el comprador declar\u00f3 que manten\u00eda uni\u00f3n marital de hecho con la actora. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de la demandante, rendida durante el curso de la investigaci\u00f3n penal por la muerte del causante, tampoco puede mirarse como una negaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, por cuanto era l\u00f3gico que se identificar\u00e1 como ex compa\u00f1era si su pareja hab\u00eda muerto el d\u00eda anterior; adem\u00e1s ella se encontraba en la cl\u00ednica porque fue informada por la empleada dom\u00e9stica que hab\u00eda asistido a su compa\u00f1ero, quien a la postre fue quien le dio su n\u00famero porque no era l\u00f3gico que lo tuviera con tan s\u00f3lo dos d\u00edas de labor. <\/p>\n
Y, el reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho no requiere de convivencia bajo el mismo techo, por ende es irrelevante que en la compraventa se consignaran direcciones diferentes, menos cuando los testigos e hijos de la demandante dijeron que la pareja viv\u00eda en el tercer piso de la casa 208, y los fines de semana se iban para Hayuelos. <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
La parte demandada solicit\u00f3 la ruptura del fallo, formulando un cargo por la causal 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y otro con apoyo en la causal 3\u00ba de dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Adujo que la sentencia quebrant\u00f3 el art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto analiz\u00f3 las declaraciones extraprocesales de Denis Rosario Loaiza Polo, Aceneth Mieles Sierra y Paula Andrea Pinz\u00f3n Ram\u00edrez, desconociendo que su aducci\u00f3n fue extempor\u00e1nea y no se decretaron en la providencia de apertura, lo cual fue reiterado en auto de 4 de marzo de 2022. <\/p>\n
2. Incurri\u00f3 en los siguientes errores de hecho: <\/p>\n
2.1. Evalu\u00f3 los testimonios practicados a instancia de la demandante, otorg\u00e1ndoles un alcance que no ten\u00edan, a pesar de tener m\u00faltiples inconsistencias y no demostrar los elementos de la uni\u00f3n marital de hecho contenidos en la Ley 54 de 1990, como la comunidad de vida, singularidad, permanencia, inexistencia de impedimentos y convivencia ininterrumpida por m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. Otorg\u00f3 valor demostrativo al interrogatorio de la demandante, a pesar de constatar que el apoderado le estaba insinuando las respuestas, y de calificar tal comportamiento como contrario a la lealtad procesal e indicativo de inseguridad de la deponente; as\u00ed pas\u00f3 por alto que ese comportamiento imped\u00eda el an\u00e1lisis de esa prueba y materializa el delito de fraude procesal descrito en el art\u00edculo 453 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
2.3. No observ\u00f3 que en la promesa de compraventa ajustada el 16 de febrero de 2016 en la Notar\u00eda 73 de Bogot\u00e1, el difunto manifest\u00f3 que era \u00absoltero sin uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, por ende, desatendi\u00f3 una manifestaci\u00f3n de voluntad libre y exenta de vicios, que no fue disputada por la demandante a pesar de servir como testigo del otorgamiento del acto. <\/p>\n
2.4. Asign\u00f3 m\u00e9rito probatorio a la afiliaci\u00f3n de la demandante y sus hijas al plan de beneficios de la Eps Compensar, desconociendo que esta no atendi\u00f3 los requisitos previstos en el art\u00edculo 22 del Decreto 2353 de 2015, y que la demandante no cumpli\u00f3 con la carga de desvirtuar la irregularidad o comprobar el acatamiento de esa normatividad. <\/p>\n
3. Cometi\u00f3 yerros f\u00e1cticos que determinaron la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, pues llev\u00f3 a que no se reconociera que en el caso no concurren \u00ablos presupuestos de la ley 54 de 1990 para establecer existencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb; estos desafueros se produjeron porque el tribunal: <\/p>\n
3.1. Valor\u00f3 con desatino las evidencias recogidas en el marco de los \u00abactos urgentes\u00bb desplegados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en la noticia criminal No. 1100160000282019146, que consistieron en documentos y los testimonios de Mar\u00eda Camila Quintero Montero, Elsa Mar\u00eda Pinz\u00f3n Santamar\u00eda, David Vurkovitsky Arzayus y H\u00e9ctor Alfonso Torres Arzayus; as\u00ed pas\u00f3 por alto que estos elementos ten\u00edan mayor peso, por haber sido obtenidos \u00aben un momento inmediato\u00bb al fallecimiento de Fernando Torres Roa, no estar contaminados por los intereses de las partes, y converger con las reglas de la sana cr\u00edtica a demostrar la inexistencia de los requisitos de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
3.2. No le dio el alcance debido a los testimonios solicitados por los demandados, en especial el de Balbina Ojeda, quien fue amiga de Fernando Torres Roa y vecina del apartamento ubicado en la Carrera 88 No. 21-42 donde aquel resid\u00eda desde 2002; as\u00ed dej\u00f3 de observar que la testigo declar\u00f3 que el causante adquiri\u00f3 la casa del Conjunto Alameda San Jos\u00e9 5 por inversi\u00f3n y se la ofreci\u00f3 en venta, no ten\u00eda una pareja fija, nunca le present\u00f3 ninguna se\u00f1ora, ni le mencion\u00f3 a la demandante. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia no est\u00e1 en consonancia con las excepciones propuestas por el demandado Alfonso Torres Roa, denominadas \u00abtemeridad y mala fe\u00bb, \u00abvulneraci\u00f3n del principio de la buena fe\u00bb y \u00abdoctrina de los actos propios\u00bb, toda vez que no fueron resueltas en ninguna instancia a pesar de estar acreditadas. <\/p>\n
2. Adujo que la \u00abtemeridad y mala fe\u00bb se demuestra con la misma sentencia atacada, como quiera que reconoci\u00f3 la uni\u00f3n marital por un lapso menor al solicitado en las pretensiones, atendiendo la escritura p\u00fablica No. 668 de 15 de febrero de 2007, en donde la demandante manifest\u00f3 que ten\u00eda uni\u00f3n marital de hecho con Jaime Rodolfo Loaiza Polo, quien falleci\u00f3 en un accidente automovil\u00edstico ocurrido el 3 de agosto de 2017 en la v\u00eda Urumita \u2013 La Jagua del Pilar. <\/p>\n
3. La \u00abvulneraci\u00f3n del principio de la buena fe\u00bb y \u00abla doctrina de los actos propios\u00bb tambi\u00e9n se comprob\u00f3, visto que la actora invoc\u00f3 hechos contrarios a sus propios comportamientos, como no referirse a la uni\u00f3n marital de hecho que mantuvo con Jaime Rodolfo Loaiza Polo, cuesti\u00f3n que condujo a la emisi\u00f3n de una sentencia equivocada y materializ\u00f3 el delito de fraude procesal. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida (art. 333 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Esa naturaleza extraordinaria conlleva a que la demanda mediante la cual se promueva dicho recurso debe cumplir ciertos requisitos que han de observarse rigurosamente, so pena de que se declare inadmisible (art. 344, 346 y 347 ibidem). <\/p>\n
La admisibilidad est\u00e1 supeditada a que se designen las partes, se efect\u00fae una s\u00edntesis del proceso, de las pretensiones y de los hechos materia del litigio, a la formulaci\u00f3n \u00abpor separado\u00bb de los cargos, junto con los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso), sin que pueda incurrirse en defectos de forma tales como mixtura, oscuridad, incompletitud, desenfoque e intrascendencia (AC340-2021)2. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso contempla como causal de casaci\u00f3n la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, la cual puede presentarse \u00abcomo consecuencia de error de hecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
Este motivo de casaci\u00f3n se distingue del contemplado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 ejusdem, atinente a la vulneraci\u00f3n directa de la norma jur\u00eddica sustancial, en la medida en que la infracci\u00f3n no se contrae a la determinaci\u00f3n de las reglas aplicables a la resoluci\u00f3n del caso o de su respectivo alcance, ya que se presenta durante la valoraci\u00f3n probatoria que adelanta el sentenciador para esclarecer los hechos probados en el debate, en otros t\u00e9rminos el desconocimiento del ordenamiento aflora de desafueros en la identificaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos sobre el cual deben aplicarse. <\/p>\n
Sin perjuicio de esta distinci\u00f3n, con independencia de que el quebranto del ordenamiento sea directo o indirecto, ha de recaer sobre normas jur\u00eddicas de \u00edndole sustancial, de lo contrario carecer\u00e1 de relevancia casacional; rememorase que esas reglas se caracterizan por constituir, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas, en otras palabras son una regla de adjudicaci\u00f3n de derechos u obligaciones frente a una situaci\u00f3n espec\u00edfica; para determinar si un precepto le asiste ese calificativo, debe verificarse si se adecua dentro de los contornos de esta noci\u00f3n, de manera que no lo tendr\u00e1n las disposiciones procedimentales o probatorias, ni las contentivas de definiciones o enumeraciones, entre otras. <\/p>\n
Sobre la importancia de su menci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cSe trata de un requisito primordial, por cuanto en la hip\u00f3tesis de errores probatorios, nada se sacar\u00eda con verificar la existencia material de los medios de convicci\u00f3n en el proceso o con fijar su real contenido objetivo, o darles el alcance jur\u00eddico respectivo, sino se indica en d\u00f3nde cabe el correspondiente ejercicio de subsunci\u00f3n normativa; o siendo pac\u00edfica una u otra cosa, cu\u00e1l fue el precepto inaplicado, mal aplicado o indebidamente interpretado. <\/p>\n
De ah\u00ed, su incumplimiento deja en principio incompleta la acusaci\u00f3n, al decir de la Sala, en doctrina que mantiene vigencia \u2018(…) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u201d (CSJ, AC7729 Nov. 22 de 2017). <\/p>\n
3. La violaci\u00f3n indirecta de la ley puede presentarse por errores de derecho o de hecho. <\/p>\n
Los yerros de derecho se producen durante la diagnosis jur\u00eddica de los medios de prueba, debido a la correlativa desatenci\u00f3n de preceptos probatorios, los cuales son los que regulan la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, les asignan o niegan valor para demostrar determinados hechos o trazan pautas de valoraci\u00f3n individual o conjunta; por esta raz\u00f3n, el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso (literal a), determina que el postular un desafuero de esa estirpe \u00abse indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de este tipo de errores, la Corporaci\u00f3n los distingui\u00f3 de los errores de facto, sosteniendo que <\/p>\n
\u00abA objeto de perfilar el [error] de derecho (\u2026), bien convenido se tiene que \u00e9l dice relaci\u00f3n con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, precisamente para resaltar que en ese \u00e1mbito queda excluida toda controversia de tipo f\u00edsico o material, pues \u00e9l s\u00f3lo podr\u00eda estructurarse en un escenario que le es muy propio: el de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba. El reproche que cabe hacerle al juzgador, ya no es el de que vea mucho o poco, que invente o mutile pruebas; en fin, el problema ya no es de desarreglos visuales, porque el desacierto se ubica es en el pensamiento probatorio del juzgador; ya porque no muestra el debido respeto al apreciad\u00edsimo postulado del contradictorio (aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al proceso de elementos de juicio), ora porque entra a re\u00f1ir con el legislador acerca del m\u00e9rito de las probanzas. Bien podr\u00eda decirse metaf\u00f3ricamente que aqu\u00ed el problema no es de \u201cpupila\u201d sino de discernimiento\u00bb. (CSJ SC 057 de 13 de abril de 2005, Exp. 00056). <\/p>\n
4. Respecto de los errores de hecho, se observa por un lado que se presentan durante el an\u00e1lisis f\u00e1ctico de la demanda, su contestaci\u00f3n o determinado medio de prueba; por el otro que su relevancia pende de su ostensibilidad y trascendencia, es decir que no emergen de simples discordancias entre el an\u00e1lisis del tribunal y el contenido de los elementos f\u00e1cticos aludidos, sino del poder ser observados a simple vista sin necesidad de intrincados razonamientos, y de tener el calibre de determinar el sentido de la decisi\u00f3n de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Con respecto a la denuncia del error de hecho, la Corporaci\u00f3n ha insistido en que: <\/p>\n
\u201c….el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con establecer la visi\u00f3n del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino que se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u201d (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en SCJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01, AC de 21 de agosto de 2014, Rad. 2010-00227-01, AC5160 Dic. 5 de 2018). <\/p>\n
5. Bajo las anteriores premisas, se advierte que el planteamiento de los errores atribuidos a la sentencia alberga una falencia com\u00fan, consistente en no mencionar la norma sustancial que se quebrant\u00f3 con su presunta comisi\u00f3n, bien sea porque no se cit\u00f3 ninguna disposici\u00f3n o porque la citadas no tienen tal connotaci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. En efecto, el recurrente cuestion\u00f3 al fallador por valorar declaraciones extraprocesales que no fueron incorporadas al acervo probatorio, se\u00f1alando la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, que regula las oportunidades de las partes para aportar y solicitar pruebas, entre otras disposiciones; m\u00e1s dej\u00f3 de identificar la norma sustancial que se inaplic\u00f3 o malinterpret\u00f3 como consecuencia de la preterici\u00f3n del precepto probatorio que invoc\u00f3. <\/p>\n
Aqu\u00ed debe enfatizarse que si el prop\u00f3sito del demandante era esbozar un error de derecho, no le bastaba con acusar la preterici\u00f3n de una disposici\u00f3n de naturaleza probatoria, pues ese tipo de situaciones es extra\u00f1a a la sede de casaci\u00f3n cuando no redunda en la vulneraci\u00f3n de una norma sustancial desconocida, malinterpretada o indebidamente aplicada en la sentencia atacada. <\/p>\n
5.2. Luego le atribuy\u00f3 al sentenciador la comisi\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de los testimonios solicitados por la demandante y la promesa de compraventa ajustada por el causante el 16 de febrero de 2016, pero no se\u00f1al\u00f3 la norma jur\u00eddica sustancial que result\u00f3 lesionada por la situaci\u00f3n comentada, cuya falta de menci\u00f3n reduce la cr\u00edtica al nivel de mera inconformidad con lo decidido en segunda instancia. <\/p>\n
5.3. A su vez cuestion\u00f3 el an\u00e1lisis del interrogatorio de la demandante, pero no endilg\u00f3 el desconocimiento del precepto sustancial llamado a regular la relaci\u00f3n jur\u00eddico \u2013 privada discutida en este proceso; por el contrario, se limit\u00f3 a atribuir al absolvente la comisi\u00f3n del delito de fraude procesal, olvidando que el esclarecimiento de esa situaci\u00f3n no es materia de este proceso civil, ni del recurso de casaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n que lo resolvi\u00f3. <\/p>\n
5.4. Tambi\u00e9n critic\u00f3 el an\u00e1lisis que realiz\u00f3 el tribunal sobre la afiliaci\u00f3n de la demandante y sus hijas al plan de beneficios en salud, aseverando que se aval\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 22 del Decreto 2353 de 2015; sin embargo, el reproche no es de recibo porque la mentada norma no es sustancial sino probatoria, como quiera que se limita a regular la acreditaci\u00f3n de la calidad de beneficiario en el procedimiento de afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
5.5. En lo que concierne con las transgresiones atribuidas a las evidencias recogidas en el marco de la noticia criminal presentada a ra\u00edz de la muerte de Fernando Torres Roa, y del testimonio de Balbina Ojeda, se observa que se denunci\u00f3 la conculcaci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso y de las disposiciones de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Frente a esa acusaci\u00f3n, cumple anotar que el canon 176 ejusdem no es una norma sustancial sino probatoria, que regula el deber del juzgador de apreciar las pruebas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, con observancia de las solemnidades prescritas para la existencia y validez de ciertos actos; por consiguiente su infracci\u00f3n no pod\u00eda ser ventilada como fundamento de un error de hecho, y para denunciar la ocurrencia de uno de derecho se requer\u00eda su articulaci\u00f3n con un precepto regulador de relaciones jur\u00eddicas concretas. <\/p>\n
Y, aunque se se\u00f1al\u00f3 la Ley 54 de 1990, el censor no precis\u00f3 sobre cu\u00e1l art\u00edculo se concret\u00f3 la infracci\u00f3n, defecto que no puede ser conjurado por esta Corporaci\u00f3n, pues de hacerlo se contrariar\u00eda la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, para entrar a surtir una revisi\u00f3n oficiosa de la sentencia impugnada, pretermitiendo que el censor debe presentar una demanda por las causales determinadas por el legislador, y acatando las exigencias previstas para la exposici\u00f3n de los cargos. <\/p>\n
6. Sin perjuicio de los desaciertos expuestos, lo cierto es que el recurrente no plasm\u00f3 los desaciertos de facto con sujeci\u00f3n a las reglas legales, por cuanto no recapitul\u00f3 la valoraci\u00f3n que el ad quem otorg\u00f3 a cada una de las pruebas cuya inobservancia acusa, ni compar\u00f3 tal interpretaci\u00f3n con la que en su criterio deb\u00eda asign\u00e1rseles; partiendo de esa omisi\u00f3n, no refiri\u00f3 el modo en que el contenido de cada elemento suasorio fue adicionado, cercenado o pretermitido, ni explic\u00f3 la ostensibilidad y trascendencia de los desatinos que aleg\u00f3. <\/p>\n
7. El numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso enlista la incongruencia como causal de casaci\u00f3n, previendo que esta se presenta por \u00abNo estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
Su tipificaci\u00f3n atiende a las reglas de consonancia contempladas en el ordenamiento procesal civil, que, en l\u00ednea de principio, reconocen que los diferendos civiles son de naturaleza dispositiva, la cual implica que el ejercicio de los derechos de acci\u00f3n y contradicci\u00f3n normalmente recaen sobre las respectivas partes, al punto que la decisi\u00f3n del juzgador se encuentra restringida por el contenido de los actos de postulaci\u00f3n, salvo en las excepciones legales. <\/p>\n
Bajo ese entendido, de cara a la acci\u00f3n se ha dispuesto que \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda. y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas s\u00ed as\u00ed lo exige la ley\u00bb (art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso), enfatiz\u00e1ndose que \u00abNo podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta\u00bb (ejusdem); y alrededor de la defensa se prescribi\u00f3 que \u00abEn cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (art\u00edculo 282 Ibidem). <\/p>\n
8. Atendiendo estos referentes, al formular el cargo el recurrente debe reconstruir el marco f\u00e1ctico integrado por las pretensiones de la demanda, excepciones de la demanda y los hechos en que se fundamentan; informar cuales fueron las determinaciones adoptadas en la parte resolutiva; e, indicar c\u00f3mo se apart\u00f3 el tribunal del cuadro trazado en los actos de formulaci\u00f3n, refiriendo el desbordamiento del objeto y causa incorporado en las s\u00faplicas, o el reconocimiento de una excepci\u00f3n que no pod\u00eda ser acogida de oficio. <\/p>\n
En este punto, la Corporaci\u00f3n ha sostenido que, <\/p>\n
\u201cSi se omite el mencionado parang\u00f3n el cargo devendr\u00e1 en incompleto, por cuanto el casacionista habr\u00e1 faltado a la carga de particularizar las pretensiones \u2013 excepciones- pretermitidas o adicionadas, o c\u00f3mo se produjo el distanciamiento total de los fundamentos f\u00e1cticos que informan la controversia, constituy\u00e9ndose en un error t\u00e9cnico la simple manifestaci\u00f3n \u2018que el fallo no estuvo en consonancia con su contestaci\u00f3n… sin siquiera cotejar, de forma concreta, lo resuelto por el juzgador, lo pedido en la demanda y el contenido de su excepci\u00f3n\u2019 \u201d (CSJ, AC8732 Dic. 19 de 2017) <\/p>\n
As\u00ed mismo, se aclara que el cometido de la causal de inconsonancia reside en afrontar el error in procedendo en que incurre el sentenciador cuando se aleja de los limites f\u00e1cticos que le imponen los actos de postulaci\u00f3n y las reglas legales de congruencia; m\u00e1s no en cuestionar la aplicaci\u00f3n o intelecci\u00f3n normativa, ni la apreciaci\u00f3n probatoria que se realiza en la sentencia cuestionada, pues esa cr\u00edtica debe encausarse a trav\u00e9s de la violaci\u00f3n de la norma sustancial, ora directa o indirecta. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n ha avalado este entendimiento, al discernir que: <\/p>\n
\u201c[L]as caracter\u00edsticas de este vicio aparejan que no sea permitido evaluar el acierto de la decisi\u00f3n o de los argumentos sobre los que ella est\u00e1 soportada, pues, como lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, \u00ab… la inconsonancia implica siempre un error en la mec\u00e1nica del proceso porque ‘… se trata de una causal que goza de autonom\u00eda y a la que la ley ha investido de autoridad propia, ha de interpretarse en forma tal que no traspase su espec\u00edfica finalidad ni altere su naturaleza. S\u00f3lo lo que est\u00e1 dentro del concepto puramente formal de desarmon\u00eda entre lo demandado y lo fallado es lo que puede estructurarla; consiguientemente, como en forma constante lo ha expuesto la Corte, esta causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al Juzgador como motivos determinantes de su fallo’3, porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador yerros de apreciaci\u00f3n en cuanto a lo pedido y lo decidido, ‘y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente a como se le solicit\u00f3, no comete incongruencia sino un vicio in – judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casaci\u00f3n’ \u00bb (sentencia de 7 de marzo de 1997, exp. 4636, reiterada SC de 16 de diciembre de 2005, Rad. 1993-0232-01, AC1473 30 abr. de 2019). <\/p>\n
Al soportar el cargo, el censor afirm\u00f3 que la sentencia no resolvi\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abtemeridad y mala fe\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n del principio de buena fe y doctrina de los actos propios\u00bb, a pesar de haberse comprobado que la demandante ocult\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho que mantuvo con Jaime Rodolfo Loaiza Polo, la cual perdur\u00f3 hasta el fallecimiento de aquel ocurrido el 3 de agosto de 2017 en un accidente de tr\u00e1nsito en la v\u00eda Urumita \u2013 La Jagua del Pilar, como quiera que fue informada ante notario en la extensi\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 668 de 15 de febrero de 2007. <\/p>\n
Sobre el particular, se advierte que el cargo no est\u00e1 llamado a admitirse, por cuanto el censor no cumpli\u00f3 con el deber de singularizar el marco f\u00e1ctico por donde deb\u00eda discurrir la actividad del juzgador ni lo compar\u00f3 con lo decidido en la sentencia cuestionada, con miras a dejar en claro la falta de resoluci\u00f3n de una excepci\u00f3n oportunamente promovida o de otra que deb\u00eda reconocerse de manera oficiosa; por el contrario, su dial\u00e9ctica se limit\u00f3 a proclamar que los hechos alegados en las defensas se encontraban probados, ignorando que la causal de incongruencia propende por la definici\u00f3n de los t\u00f3picos sometidos a debate, pero no es una instancia adicional para desdecir lo resuelto por el tribunal. <\/p>\n
Por otro lado, se observa que el cargo, en buenas cuentas, no est\u00e1 denunciando la falta de resoluci\u00f3n de esas excepciones, sino solicitando su despacho favorable, con base en la contemplaci\u00f3n de un documento p\u00fablico y del comportamiento exteriorizado por la demandante durante el litigio; es decir, comporta la inconformidad del recurrente respecto de la forma en que se analizaron espec\u00edficos elementos de convicci\u00f3n, la cual no tiene que ver con el ajuste de la sentencia a los actos de postulaci\u00f3n y las pautas de consonancia, y que deb\u00eda denunciarse a trav\u00e9s de la infracci\u00f3n indirecta. <\/p>\n
9. Conforme a lo expuesto, al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, se declarar\u00e1 inadmisible la demanda de casaci\u00f3n analizada porque el cargo no satisface los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, <\/p>\n
Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n de la referencia; por lo tanto, no la recibe a tr\u00e1mite. En consecuencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, D.C., Sala de Familia, para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Alfonso Torres Roa, Mar\u00eda Teresa del Rosario Torres Roa; Jaime Alfonso, Carol Janneth y Claudia Isabel Torres Ruiz; Javier Ernesto Torres Cabarcas. <\/p>\n
2\u0002 AC340-2021. \u201cmixtura (defecto donde se mezclan indebidamente embistes que no ameritan estar juntos), obscuridad (argumentaci\u00f3n ininteligible, deshilvanada o sin sentido), incompletitud (forma de combatir la sentencia sin atacar todos sus pilares), desenfoque (planteamiento de temas que no fueron ni debieron ser materia de la decisi\u00f3n), intrascendencia (como ocurre cuando se traen a colaci\u00f3n defectos que no conducen al quiebre del fallo)\u201d. <\/p>\n
3\u0002G.J. Tomo CXLII, p\u00e1gs. 196 y 197. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2451-2023 (2019-00834-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2451-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-31-10-006-2019-00834-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75850\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}