AC2454-2023 (2019-00163-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2454-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-31-53-004-2019-00163-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el Monasterio de las hermanas Concepcionistas del Topo para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 14 de abril de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso verbal iniciado por el recurrente contra los herederos indeterminados de Mar\u00eda Tulia, Mar\u00eda del Carmen, Elvira de Jes\u00fas, Mar\u00eda Cecilia y Ana In\u00e9s Amaya Cajigas, y dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Solicit\u00f3 la parte interesada que se declare que ha ganado, mediante usucapi\u00f3n extraordinaria, el dominio de los inmuebles denominados \u00abA. PREDIO ORATORIO 1 (\u2026) B. PREDIO ORATORIO 2 (\u2026) C. PREDIO ORATORIO 3 (\u2026) D. PREDIO ORATORIO 4 (\u2026) [y] E. PREDIO ORATORIO 5 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
La causa para pedir, en compendio, es como sigue: <\/p>\n
1. El monasterio fue administrador de los bienes objeto de la acci\u00f3n, debido a la solicitud de las titulares del derecho de dominio, quienes no contaban con los recursos necesarios para su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, tarea que el primero realiz\u00f3 rindiendo oportunamente las respectivas cuentas. <\/p>\n
2. La comunidad religiosa y las propietarias acordaron que aquella se har\u00eda cargo de los gastos de sostenimiento de \u00e9stas, quienes dejar\u00edan las fincas como respaldo de las acreencias que fueran caus\u00e1ndose, de ah\u00ed que, en 1998 el convento se sinti\u00f3 en la libertad de invertir en la compra de nuevos semovientes, la contrataci\u00f3n de arrendatarios y la siembra de cultivos a fin de poder sacarle provecho econ\u00f3mico a las tierras, puesto que, si bien \u00abLA COMUNIDAD en un principio realiz\u00f3 actos de administradora, (\u2026) por voluntad bilateral de due\u00f1as y comunidad, se produjo la interversi\u00f3n del t\u00edtulo ya que en virtud del acuerdo entre ellas efectuado, las primeras resolvieron dejar en la segunda los bienes a cambio de lo necesario para su sustento, tal y como as\u00ed se cumpli\u00f3 y que como se dej\u00f3 dicho, en tal actividad constante, la COMUNIDAD hizo gastos de sumas que en su totalidad resultan cuantiosas, inclusive superiores al valor de los inmuebles a usucapir\u00bb. <\/p>\n
3. Ante el fallecimiento de las hacendadas Elvira de Jes\u00fas (20 abr. 2008), Mar\u00eda del Carmen (30 nov. 1994), Ana In\u00e9s (17 dic. 2002), Mar\u00eda Cecilia (6 ag. 2006) y Mar\u00eda Tulia (10 sep. 2006), \u00abLA COMUNIDAD, como acreedora de las sumas enormes de dinero a ellas prestadas, decidi\u00f3 continuar la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, realizando todos los actos materiales descritos, con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a (\u2026) tales como hacer presencia diaria en los ‘predios, organizar y planificar trabajos de restauraci\u00f3n de reservorios, implementaci\u00f3n en la excavaci\u00f3n para nuevas represas indispensables para laborar la tierra y realizando toda clase de cultivos de productos propios de la regi\u00f3n, asumiendo con su peculio la compra de materiales para tales fines y desde luego respondiendo por los trabajadores que all\u00ed se requieren, como as\u00ed mismo, adquiriendo los elementos materiales indispensables para tales prop\u00f3sitos\u00bb, es decir, ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n de los bienes de forma pac\u00edfica e ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad [Fls. 7 a 17, archivo digital \u201c0001CuadernoPrincipal1Parte1]. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. La postulaci\u00f3n inicial fue admitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, el 4 de julio de 2019. [folio 112, ib.]. <\/p>\n
2. Al tr\u00e1mite concurrieron Catalina y Rafael Amaya G\u00f3mez, quienes se opusieron a las pretensiones y plantearon las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u00abFALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA\u00bb; \u00abFALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA\u00bb; \u00abRENUNCIA EXPRESA A LA POSESION\u00bb; \u00abTEMERIDAD Y MALA FE DE LA DEMANDA\u00bb [folios 232 a 254 y 449 a 466]. <\/p>\n
Paralelamente presentaron demanda reivindicatoria en reconvenci\u00f3n en la que solicitaron, entre otras cosas, que \u00abse DECLARE que los inmuebles identificados con los Folios de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 070-54111, 070-71189, 070-71190, 070-71191 y 070-71192 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja (Boyac\u00e1), que componen la finca El Oratorio, son propiedad de los herederos leg\u00edtimos de las se\u00f1oras AMAYA CAJIGAS\u00bb y, consecuencialmente se ordenara la entrega de los mismos [fls. 2 a 21, archivo digital \u201c0008CuadernoDemandaReconvenci\u00f3nMariaAmaya\u201d y 2 a 14, archivo digital \u201c0009CuadernoDemandaReconvencionRafaelAmaya\u201d]. <\/p>\n
El escrito genitor fue inadmitido el 10 de octubre de 2019 para que se aclararan distintos aspectos [Folio 22, archivo digital \u201c0008CuadernoDemandaReconvenci\u00f3nMariaAmaya\u201d y 14 archivo digital \u201c0009CuadernoDemandaReconvencionRafaelAmaya\u201d], sin que as\u00ed hubiese ocurrido, raz\u00f3n por la cual fue rechazado el 6 de mayo de 2021 [folio 66, \u201c0008CuadernoDemandaReconvenci\u00f3nMariaAmaya\u201d y 57, archivo digital \u201c0009CuadernoDemandaReconvencionRafaelAmaya\u201d]. <\/p>\n
3. Clausur\u00f3 el juzgado del conocimiento la primera instancia mediante sentencia de 9 de mayo de 2022, en la que desestim\u00f3 los ruegos de la demanda, determinaci\u00f3n que fue apelada por la impulsora [fl. 194, archivo digital \u201c0006CuadernoPrincipal1A\u201d]. <\/p>\n
4. Previo a que el Tribunal emitiera providencia definiendo el asunto, la promotora solicit\u00f3 \u00abla nulidad de las pruebas decretadas y practicadas a instancia de los aparentes demandados MARIA CATALINA y RAFAEL AMAYA GOMEZ con fundamento en la causal supralegal consagrada en el art\u00edculo 29 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb [folios 70 a 73, archivo digital \u201c0010SegundaInstanciaCuadernoApelacionSentencia\u201d], pedimento despachado desfavorablemente el 4 de noviembre de 2022 [folio 85, ib.], as\u00ed como tambi\u00e9n, el encaminado a que se decretaran pruebas en la segunda instancia [fls. 89 a 91, ib.]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. Hallando procedente la decisi\u00f3n de m\u00e9rito, el ad quem entr\u00f3 en materia para hablar de las caracter\u00edsticas y de los presupuestos sustanciales de la \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb, luego de lo cual consider\u00f3 que aquellos no se encontraban cumplidos, por cuanto \u00abel \u00e1nimo del monasterio no estaba centrado en una posesi\u00f3n en la que no reconociera a otro como due\u00f1o; pues siempre indican como propietarias de esos predios a las hermanas Amayas (sic) Cajigas e incluso se\u00f1alan que a la muerte de ellas y por ser acreedoras deciden quedarse ah\u00ed para seguir con la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica; por ello esto lo que indica es que no se cumple con uno de los elementos de la posesi\u00f3n como es el animus\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3, en punto de la reclamada falta de legitimaci\u00f3n en la causa de Catalina y Rafael Amaya, \u00abque la demanda de reconvenci\u00f3n reivindicatoria (\u2026) le fue rechazada no porque no tuviera derecho o inter\u00e9s sobre lo que se pretende en el proceso de pertenencia sino porque no fueron subsanadas las indicaciones del auto del 10 de octubre de 2020\u00bb; adem\u00e1s, que el testamento por ellos aportado, no fue tachado de falso y el hecho de no haber tramitado un juicio de sucesi\u00f3n, no les extingue el derecho a presentarse como demandados de los predios sobre los cuales tienen inter\u00e9s, tema que deviene irrelevante, si en cuenta se tiene que las razones que frustraron la declaratoria perseguida se concretaron en el incumplimiento del extremo convocante de las exigencias dispuestas para asuntos como el adelantado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la supuesta ilegalidad de las pruebas gestionadas por los se\u00f1ores Amaya, expuso que el tema se analiz\u00f3 en la providencia que resolvi\u00f3 la nulidad impetrada con apoyo en los mismos argumentos; no encontr\u00f3 evidencia de que, en verdad, hubiese tenido lugar la transformaci\u00f3n del t\u00edtulo, dado que \u00abjam\u00e1s pudieron desvirtuar la calidad de administradora todo este tiempo y prueba de ello es no solo el documento firmado por la madre Elvira en mayo de 2014, sino la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jaime Humberto Tejedor quien refiere que la madre Elvira le indic\u00f3 que ella no era la due\u00f1a sino el se\u00f1or Rafael y sus hijos, hechos que por supuesto niegan el elemento de animus dentro de la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto toca con el reparo ligado al pago de impuestos, pregon\u00f3 que \u00ablos documentos que aportaron no dan cuenta de actos de se\u00f1or y due\u00f1o, pues los documentos de impuestos datan del a\u00f1o 2003, fecha para la cual seg\u00fan la demanda y testigos reconoc\u00edan como due\u00f1as a las hermanas Amayas (sic) Cajigas y posterior a esa fecha no existe ning\u00fan pago de impuesto a excepci\u00f3n de un oficio del a\u00f1o 2019, en el que manifiestan acogerse a los beneficios de una Resoluci\u00f3n expedida por la Secretar\u00eda de Hacienda\u00bb. <\/p>\n
2. En suma, concluy\u00f3 que \u00abno se dan los elementos necesarios para decretar la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio como tampoco se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo y lo que si se encuentra plenamente demostrado es que la parte actora tuvo siempre la calidad de administradora y prueba de ello es el documento suscrito en mayo de 2014, en donde efectuaba una relaci\u00f3n de las cuentas que deb\u00edan pagarle por su trabajo reconociendo con ello dominio ajeno en este caso en los herederos de las hermanas Amayas (sic) Cajigas y si en gracia de discusi\u00f3n se pudiera establecer una posesi\u00f3n esto ser\u00eda despu\u00e9s del a\u00f1o 2014 y la presentaci\u00f3n de la demanda fue el 25 de junio de 2019, fechas que indica que no se da el tiempo que estipula la Ley para declarar la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio[,] esto es[,] 10 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tres (3) cargos formul\u00f3 la recurrente; el primero y el tercero por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba art. 336 C.G.P.); y el segundo lo enfil\u00f3 por la causal quinta de casaci\u00f3n, los cuales adolecen de fallas t\u00e9cnicas que imponen su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2512, 2531 y 2533 del C\u00f3digo Civil, y 375 numeral tercero del C\u00f3digo General del Proceso, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, contrario a la realidad exhibida en el libelo, el sentenciador estim\u00f3 que la exposici\u00f3n de los hechos conlleva a la aceptaci\u00f3n de la inexistencia de la posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o necesaria para adquirir por prescripci\u00f3n, cuando fue insistente el relato en indicar que el Monasterio, \u00abviene ejerciendo de manera continua, actos propios positivos de se\u00f1or\u00edo y dominio, sin reconocimiento de dominio ajeno, sin violencia y sin clandestinidad, al punto que, a los ojos del vecindario en general, es reconocida como la se\u00f1ora y due\u00f1a\u00bb desde el a\u00f1o 2008. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, al desconocer el verdadero contenido del escrito genitor, inaplic\u00f3 las normas invocadas, las cuales \u00able brindan el derecho de ganar la propiedad de las fincas por haberlas explotado mediante el ejercicio de su posesi\u00f3n material\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Adujo que se edific\u00f3 el quinto motivo del art\u00edculo 336 del estatuto procesal \u00abpor haberse dictado la sentencia de segunda instancia estando el proceso viciado de nulidad, vicio que no puede ser saneado al estructurarse la causal consagrada por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; esto es: \u201ces nula de pleno derecho la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso\u201d\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que los instrumentos demostrativos obtenidos y recaudados a instancia de Rafael y Catalina Amaya G\u00f3mez son il\u00edcitos, a m\u00e1s de que dichas personas no estaban legitimadas para oponerse a la prosperidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva, en tanto, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, la calidad de demandados la tienen las personas que figuran en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria como titulares de derechos reales sobre los inmuebles a usucapir, sin que los nombres de aquellos se encuentren consignados en los instrumentos p\u00fablicos que identifican los bienes objeto de disputa; por consiguiente, carecen de legitimaci\u00f3n en la lid \u00abes m\u00e1s, en su libelo, nada reclaman para la sucesi\u00f3n de las titulares de tales derechos ni para ellos mismos; por consiguiente, no son demandados, nada alegan en su favor, nadie los convoc\u00f3 ni hab\u00eda porqu\u00e9 hacerlo, no tienen ninguna clase de aspiraci\u00f3n, se limitan a responder los hechos y a oponerse a las pretensiones sin aducir ni demostrar car\u00e1cter alguno; sin expresar inter\u00e9s sobre los bienes y sin tener ni demostrar calidad de ninguna clase\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Una vez m\u00e1s, con fundamento en el segundo motivo de casaci\u00f3n, se imput\u00f3 a la Corporaci\u00f3n la \u00abviolaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2512, 2531 y 2533 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia del error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, esto es, la contenida en el art\u00edculo 191 del c\u00f3digo general del proceso, que se\u00f1ala los requisitos de la confesi\u00f3n cuyo desconocimiento acuso la sentencia\u00bb. <\/p>\n
En sustento de la censura, refiri\u00f3 que el documento contentivo de la manifestaci\u00f3n de voluntad de la religiosa Luz Adelia Barrag\u00e1n, cuya apreciaci\u00f3n fue determinante en el sentido de la determinaci\u00f3n criticada, no se acomoda a los presupuestos de la confesi\u00f3n, puesto que no proviene de la convocante, sino de la referida persona \u00abquien nunca anunci\u00f3 ni ten\u00eda facultad de representaci\u00f3n, pues a t\u00edtulo personal, reclam\u00f3 su condici\u00f3n de administradora de la finca, y en raz\u00f3n de tal actividad plasm\u00f3 sus intereses econ\u00f3micos, por consiguiente, no ten\u00eda facultad para confesar\u00bb, de ah\u00ed que le sean inoponibles al monasterio las manifestaciones de aquella y, al d\u00e1rseles valor se hizo caso omiso a la regla conforme a la cual se exige \u00abpoder dispositivo del derecho que resulte de lo confesado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada contrar\u00eda la norma probatoria en tanto la manifestaci\u00f3n de la hermana Barrag\u00e1n no fue un acto consciente y libre, sino que \u00abestuvo ella presionada, como la realidad de los hechos lo muestran, por un deseo de ser indemnizada en su labor de administradora y tuvo que decir que no era poseedora ni estaba en condiciones de ganar por el modo de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 que err\u00f3 la Colegiatura al imponer a la impulsora la carga de tachar el texto rese\u00f1ado, puesto que este no conten\u00eda ninguna falsedad material sino ideol\u00f3gica, y al brindarle valor a ese medio suasorio se equivoc\u00f3 en su apreciaci\u00f3n, \u00abporque la tacha es para cuando existe adulteraci\u00f3n o falsificaci\u00f3n de la firma o le hacen al documento tachaduras o enmendaduras\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que, con ocasi\u00f3n del aludido yerro, el iudex desconoci\u00f3 las normas de derecho sustancial invocadas en el cargo, las cuales abr\u00edan paso a la prosperidad de sus pretensiones y, justamente por ello, \u00ablo llev\u00f3 a deducir, sin raz\u00f3n alguna, que por medio de la confesi\u00f3n extrajudicial la demandante no tiene el tiempo de la posesi\u00f3n exigida para ganar por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva, el dominio de la finca EL ORATORIO\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, cuyo ejercicio debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Empero, dada su naturaleza, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, por lo que ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) [P]or la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa (CSJ AC8255-2017, 7 dic., rad. 2011-00024-02; reiterado entre otras en CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y CSJ AC5520-2022, 15 dic., rad. 2017-00690). <\/p>\n
2. As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en el \u00abfallo\u00bb, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar las presunciones de legalidad y acierto con que viene acompa\u00f1ada la providencia. <\/p>\n
3. Adicionalmente, el despliegue discursivo que se realice en la demanda deber\u00e1 atender la perentoriedad y taxatividad de las causales que habilitan el remedio extraordinario, y las acusaciones tendr\u00e1n que plantearse a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n concatenada, separando cada uno de los cargos, esbozando los argumentos que los soportan de tal forma que, sin hesitaci\u00f3n alguna, quede plenamente identificado el motivo invocado y los hechos que lo edifican, demarcando as\u00ed los hitos dentro de los cuales ha de discurrir la Corte, al estarle vedado moverse de manera oficiosa dentro de los embates, con miras a enmendar las inconsistencias en las que incurra el censor. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que \u00abadem\u00e1s de la identificaci\u00f3n de los errores, toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 en., rad. 1995-00229-01; criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
4. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos refieren a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por atropello de las normas que lo regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
4.1. La infracci\u00f3n directa ocurre cuando i) el juzgador no aplica la norma sustancial relativa al caso controvertido, ii) hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o ii) cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace. En esa direcci\u00f3n, el recriminador ce\u00f1ir\u00e1 la sustentaci\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01 y CSJ AC5521-2022, 15 dic., rad. 2020-00017-01). <\/p>\n
Significa esto, que en los eventos en que la cr\u00edtica extraordinaria se enfile por esta v\u00eda, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del \u00abfallo\u00bb o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, la manera como ocurri\u00f3 su quebranto, sin que sea dable sumergirse en los aspectos probatorios. <\/p>\n
4.2. En trat\u00e1ndose de la causal segunda, el agravio de la ley sustancial podr\u00e1 darse a consecuencia de errores de hecho o de derecho. Los primeros hallan configuraci\u00f3n \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y CSJ AC4947-2022, 23 nov., rad. 2010-00158-01). <\/p>\n
El error de derecho, por su parte, presupone que el fallador no se equivoc\u00f3 en la existencia material de las probanzas ni en su contenido objetivo, pero al apreciarlas no observ\u00f3 \u00ablos requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01 y CSJ AC5354-2022, 16 dic., rad. 2017-00141-01). <\/p>\n
5. Sea que se aduzca error de hecho o de derecho, compete al opugnante indicar las normas sustanciales que, a consecuencia de los dislates cometidos, resultaron vulneradas, precisando c\u00f3mo se dio dicha transgresi\u00f3n, y si el ataque se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda, tendr\u00e1 la carga adicional de se\u00f1alar la disposici\u00f3n probatoria desatendida, \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de aquella disposici\u00f3n, el iudex err\u00f3 en la solicitud, decreto, pr\u00e1ctica del medio de cognici\u00f3n o en cuanto al m\u00e9rito convictivo que le otorg\u00f3 al valorarlo, exponiendo en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y su incidencia en la resoluci\u00f3n del litigio, carga de demostraci\u00f3n que recae, exclusivamente, en el inconforme. <\/p>\n
6. En torno al quinto motivo de impugnaci\u00f3n excepcional, esta Sala ha sostenido que, para su exitosa invocaci\u00f3n, se requiere: <\/p>\n
\u00ab(…) a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133 del C\u00f3digo General del Proceso]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC299-2021, 15 feb., rad. 2009-00625-01 y CSJ AC203-2023, 27 feb., rad. -2015-00317-01). <\/p>\n
Se ha precisado igualmente que la formulaci\u00f3n de la causal en comento debe sujetarse a los principios que gobiernan el instituto de las nulidades procesales, esto es, los de \u00abespecificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n\u00bb, respecto de los cuales ha acotado: <\/p>\n
La especificidad alude a la necesidad de que los hechos alegados se subsuman dentro de alguna de las causales de nulidad taxativamente se\u00f1aladas en las normas procesales o en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin que se admitan motivos adicionales (cfr. CSJ, SC11294, 17 ago. 2016, rad. n\u00b0 2008-00162-01). <\/p>\n
La protecci\u00f3n se relaciona \u2018con la legitimidad y el inter\u00e9s para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el car\u00e1cter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuraci\u00f3n se supedita a que se verifique una lesi\u00f3n a quien la alega\u2019 (CSJ, SC, 1 mar. 2012, rad. n\u00b0 2004-00191-01). <\/p>\n
La trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garant\u00edas o cercenarlas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la convalidaci\u00f3n, en los casos en que ello sea posible, excluye la configuraci\u00f3n de la nulidad cuando el perjudicado expresa o t\u00e1citamente ratific\u00f3 la actuaci\u00f3n an\u00f3mala, en se\u00f1al de ausencia de afectaci\u00f3n a sus intereses\u00bb (criterio reiterado en CSJ AC2199-2021, 9 jun., rad. 2016-00370-01 y CSJ AC203-2023, 27 feb., rad. -2015-00317-01). <\/p>\n
7. Precisadas las anteriores pautas, cumple decir que los tres cargos arg\u00fcidos en la sustentaci\u00f3n, no satisfacen las exigencias que legal y jurisprudencialmente se han demarcado para el impulso de la s\u00faplica extraordinaria, por lo que ser\u00e1n inadmitidos, conforme se expone a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
7.1. Aduciendo el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el monasterio demandante censur\u00f3 la sentencia de haber infringido, por la senda indirecta, los art\u00edculos 2512, 2531, 2533 del C\u00f3digo Civil y el numeral 3\u00ba del canon 375 de la codificaci\u00f3n adjetiva a consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, y de derecho \u00abderivado del desconocimiento de una norma probatoria, esto es, la contenida en el art\u00edculo 191 del c\u00f3digo general del proceso, que se\u00f1ala los requisitos de la confesi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, ninguna de las disposiciones en que descansan dichas protestas, ostentan el car\u00e1cter de \u00abnorma sustancial\u00bb, como pasa a verse: <\/p>\n
El canon 2512 define la prescripci\u00f3n (CSJ AC5862-2021, 15 dic., rad. 2017-00217-01 y CSJ AC2411-2022, 30 jun., rad. 2012-0180-01), el 2531 regula lo atinente a las exigencias para usucapir extraordinariamente las cosas (CSJ AC5550-2022, 14 nov., rad. 2018-00017-01), el 2533 enlista los tipos de prescripci\u00f3n adquisitiva (CSJ AC4260-2018, 28 sep., rad. 2012-00549-01) y el numeral 3\u00ba del precepto 375 del C\u00f3digo General del Proceso consagra las reglas que orientan el proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia (\u00eddem), de tal manera que no \u00abdeclaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas entre las personas implicadas\u00bb, en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica tambi\u00e9n concreta (CSJ AC 18 dic. 2012, rad. 2009-00083-01; CSJ AC6229-2017, 22 sep., rad. 2005-00166-01; CSJ AC4703-2022, 9 nov., rad. 2019-0056301). <\/p>\n
Es f\u00e1cil comprender por qu\u00e9 es indispensable la satisfacci\u00f3n de la exigencia mencionada, pues, en rigor, este recurso extraordinario fue concebido como un mecanismo mediante el cual se realiza el juicio de legalidad de la sentencia de segundo grado, motivo por el cual la invocaci\u00f3n de un precepto de la estirpe mencionada, resulta un presupuesto fundamental a la hora de acudir a este escenario, porque es desde ese par\u00e1metro que la Corte puede establecer si el sentenciador quebrant\u00f3 o no la voluntad abstracta de la ley. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que la casacionista pretende hacer ver una presunta irregularidad del juzgador en la interpretaci\u00f3n del pliego tuitivo, sin que hubiese acreditado la presencia de uno de los eventos contemplados por esta Sala para la procedencia del dislate invocado. Al respecto se ha dicho, que aquel tiene lugar cuando: <\/p>\n
(i) El juzgador la interpreta pese a su clara e inequ\u00edvoca redacci\u00f3n e intenci\u00f3n. En este supuesto, el funcionario altera o desfigura el contenido del libelo. <\/p>\n
(ii) El sentenciador, si bien la falta de claridad del pliego inicial, presenta como conclusi\u00f3n un entendimiento que es radicalmente ajeno al que racionalmente puede surgir del contexto de las pretensiones y de la causa petendi. <\/p>\n
(iii) La autoridad encargada de administrar justicia, so pretexto de elucidar el alcance del escrito inicial, incorpora elementos a las pretensiones o a los hechos, que desfiguran la naturaleza que a unos y otros ha querido genuinamente dar el demandante. <\/p>\n
Por el contrario, y en la misma t\u00f3nica de lo hasta ac\u00e1 discurrido, puede decirse que el desatino f\u00e1ctico se descarta, si la interpretaci\u00f3n que se realiza de una demanda de por si falta de claridad o ambigua, est\u00e1 dentro del marco de lo racionalmente aceptable o plausible; es decir, que en tal circunstancia, se respeta, como acontece con las pruebas, la discreta autonom\u00eda del juzgador, siempre y cuando, parta de una objetiva constataci\u00f3n de la demanda, y el examen objetivo de sus diversos elementos\u00bb (CSJ SC2354-2021, 16 jun., rad. 2012-00280-01, reiterada en CSJ AC3488-2022, 26 ag., rad. 2010-00208-01). <\/p>\n
Confrontadas dichas nociones con los planteamientos de la primera embestida, salta a la vista la falta de cuestionamiento id\u00f3neo frente a la interpretaci\u00f3n del contenido del libelo ejecutada por el ad quem, pues lo que se enlista a trav\u00e9s de tales argumentaciones, son inferencias acomodadas a la conveniencia del quejoso, que derivan en la falencia t\u00e9cnica de desenfoque. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed, porque el censor hace residir la inadecuada evaluaci\u00f3n del pliego inicial, en la presunta inobservancia de las aserciones all\u00ed contenidas, seg\u00fan las cuales, la comunidad religiosa adver\u00f3 que \u00aba partir del a\u00f1o 2008, con motivo del fallecimiento de la \u00faltima de las personas que figuran en el folio de matr\u00edcula como titulares del derecho real de dominio, viene ejerciendo de manera continua, actos propios positivos de se\u00f1or\u00edo y dominio, sin reconocimiento de dominio ajeno, sin violencia y sin clandestinidad, al punto que, a los ojos del vecindario en general, es reconocida como la se\u00f1ora y due\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en contrav\u00eda de lo reprochado, lo que realmente predic\u00f3 el juzgador es que aquella afirmaci\u00f3n resultaba abiertamente contradictoria a las consignadas en los \u00abhechos cuatro, cinco, sexto y s\u00e9ptimo, cuando manifiestan que las antiguas propietarias entraron en una crisis econ\u00f3mica y que la comunidad le brindo (sic) ayuda necesaria para el sostenimiento teniendo que vender todo lo producido por esas propiedades y por ello fue que existi\u00f3 un acuerdo entre las hermanas Amayas (sic) y el Monasterio; raz\u00f3n por la cual la comunidad empieza a invertir en todo lo necesario para el mantenimiento de esos inmuebles y a la muerte de las hermanas Amaya Cajigas, el Monasterio como acreedoras (sic) de ella continua (sic) con la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica realizando todo los actos materiales de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb (se destac\u00f3), pues \u00e9stas \u00faltimas, inclu\u00edan impl\u00edcitamente un reconocimiento en cuanto a la calidad de administradora que exhib\u00eda frente a las fincas objeto de la contienda y del dominio en cabeza de \u00abotro como due\u00f1o\u00bb, como as\u00ed lo hicieron evidente otros medios de convencimiento, sin que ello quiera decir, como sugiere la parte interesada, que se hubiera \u00abacallado\u00bb lo plasmado en aquel legajo. <\/p>\n
Justamente el numeral 3.6. del ac\u00e1pite considerativo, el tribunal aludi\u00f3 directamente a la alegaci\u00f3n que se tilda de omitida. En efecto, estim\u00f3 que no pod\u00eda admitirse la tesis de la impulsora, acorde con la cual, \u00ablas monjas del Topo inicialmente fueron administradoras y despu\u00e9s poseedoras de esas fincas, es decir que despu\u00e9s del fallecimiento de la \u00faltima de las propietarias entraron a mutar su condici\u00f3n de administradoras para convertirse en poseedoras (\u2026)\u00bb, toda vez que, \u00abjam\u00e1s pudieron desvirtuar la calidad de administradora todo este tiempo\u00bb que diera paso a una condici\u00f3n diferente a la inicial, ni mucho menos exist\u00eda \u00abcerteza de la posesi\u00f3n que aluden tener\u00bb, porque las pruebas arrimadas con tal finalidad, no le aportaron credibilidad a esa aseveraci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco le asiste raz\u00f3n al proponente en cuanto a que el sentenciador de la alzada expres\u00f3, como \u00abfundamento de la sentencia que cuando el prescribiente dice que el inmueble es de propiedad de la persona que figura como tal en el folio inmobiliario, significa reconocimiento de dominio ajeno\u00bb, pues ning\u00fan raciocinio id\u00e9ntico o siquiera parecido fue consignado en el prove\u00eddo confutado, el cual siempre exterioriz\u00f3 que el reconocimiento de la propiedad se hizo visible tanto en el acta levantada ante la Notar\u00eda 4\u00aa de Tunja, como en el documento suscrito por quien en el mismo hecho segundo de la demanda fue calificada como administradora de los fundos, tarea que ejerci\u00f3 en su calidad de representante legal del monasterio, as\u00ed como en las declaraciones recibidas en la respectiva etapa de la litis. <\/p>\n
En ese orden, resulta claro que el embate primigenio gir\u00f3 en torno a consideraciones distintas de aquellas plasmadas en la decisi\u00f3n de segundo grado, haciendo gala de asimetr\u00eda y evadiendo por completo la carga que le asist\u00eda al recurrente de desvirtuar la totalidad de los medios de convicci\u00f3n de que se vali\u00f3 el ad quem para frustrar sus expectativas, circunstancia que, ineludiblemente trae consigo la incompletitud de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que el pronunciamiento examinado no solo tuvo origen en la narrativa inicial del extremo activo, sino que tambi\u00e9n se soport\u00f3 en otros elementos demostrativos cuya apreciaci\u00f3n no fue objeto de reprensi\u00f3n y, por tanto, su contenido tampoco fue desvirtuado en pro de cristalizar que, de no haber tenido lugar la falla que le endilga al enjuiciador, otras habr\u00edan sido las resultas del diligenciamiento, carencia que igualmente impide la admisi\u00f3n del cargo por intrascendente. Algunos de ellos fueron: <\/p>\n
i) las declaraciones recepcionadas en el curso del litigio atinentes a la rendici\u00f3n de cuentas que peri\u00f3dicamente hizo la comunidad religiosa a las titulares del derecho de dominio; <\/p>\n
ii) la documental aportada que ratifica lo dicho en ese sentido, valga decir, el folio suscrito en mayo de 2014 por quien para la \u00e9poca representaba a la comunidad demandante (madre Elvira), en el que estipul\u00f3 que se le adeudaba una suma de dinero \u00abcomo resultado de la operaci\u00f3n de administraci\u00f3n de la finca\u00bb, y que \u00ab[n]o existe \u00e1nimo de adquirir por prescripci\u00f3n la finca, no alego posesi\u00f3n, solicito el pago para devolver la finca\u00bb; <\/p>\n
iii) el acta que contiene la r\u00fabrica de la mencionada religiosa, en la que da cuenta de la recepci\u00f3n que hizo \u00abde los documentos que acreditan la titularidad de los derechos herenciales sobre los predios finca el oratorio en cabeza de los se\u00f1ores Rafael y Mar\u00eda Catalina Amaya G\u00f3mez\u00bb. <\/p>\n
iv) el testimonio de Aura Roc\u00edo Avenda\u00f1o que fue discordante y, por tanto, no cumpli\u00f3 la finalidad perseguida. <\/p>\n
v) las facturas de impuestos a nombre de Mar\u00eda Tulia y Mar\u00eda In\u00e9s Amaya. <\/p>\n
7.3. Respecto del yerro de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica a que alude la libelista, basta decir que los argumentos que lo componen no fueron alegados en la exposici\u00f3n de los reparos frente a la determinaci\u00f3n del a quo, los cuales se concretaron a mostrar la inconformidad de la promotora, en temas como el de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva o la imposibilidad de otorgar valor a las pruebas recaudadas en favor de los opositores por no tener aptitud para intervenir en aquel diligenciamiento. <\/p>\n
No obstante, en ninguno de dichos \u00edtems se hizo referencia a la inoponibilidad de los efectos de la manifestaci\u00f3n contenida en el documento de mayo de 2014, al provenir, aparentemente, de persona distinta a la prescribiente, o a la imposibilidad de darle la connotaci\u00f3n de confesi\u00f3n, que el censor aleg\u00f3, as\u00ed fue reconocida por el fallador, por no provenir de aquel extremo de la lid, temas que discutidos por esta v\u00eda, ponen en evidencia la configuraci\u00f3n de un medio nuevo, que indefectiblemente conduce a la inadmisi\u00f3n en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 del compendio adjetivo. <\/p>\n
Sobre el punto ha sostenido la Corte que <\/p>\n
[U]n alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o\u2026 para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u2018del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora\u2019\u00bb (CSJ SC131-2012, 12 feb., rad. 2007-00160-01, reiterada en CSJ AC1142-2022, 27 abr., rad. 2013-00285-01). <\/p>\n
Lo que si se observa n\u00edtidamente en las disertaciones encausadas por el error de derecho, es el deseo de la demandante de remediar, a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, la desidia en la forma en que edific\u00f3 la alzada frente al veredicto de primer nivel, al no controvertir la ponderaci\u00f3n que el a quo realiz\u00f3 del material de acreditaci\u00f3n en que ahora soporta su descontento, y que sirvi\u00f3 de base esencial a la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa, tanto as\u00ed que acude a esta senda a revelar, por primera vez, las quejas que con ocasi\u00f3n de los aspectos mencionados, debi\u00f3 poner de manifiesto al juez de la impugnaci\u00f3n ordinaria, actitud que desconoce el verdadero prop\u00f3sito del remedio excepcional ante la Corte, que, como se vaticin\u00f3, no es otro distinto al de hacer visibles las falencias de la sentencia confutada. <\/p>\n
En todo caso, tambi\u00e9n brota intrascendente el desacierto que pretende visibilizar el inconforme mediante la tercera ofensiva, dado que, aun teniendo por existente el yerro all\u00ed denunciado, ninguna modificaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de la litis aportar\u00eda, toda vez que, por si solo, no podr\u00eda desvirtuar la realidad que ense\u00f1an las dem\u00e1s herramientas suasorias valoradas por el tribunal, cuyo contenido no derruy\u00f3 el interesado, es m\u00e1s, ni siquiera intent\u00f3 hacerlo. <\/p>\n
7.4. Por la misma l\u00ednea, echa de menos esta Sala, el labor\u00edo del recurrente, tendiente a visibilizar el nexo de causalidad entre la supuesta desatenci\u00f3n de la regla probatoria en que resguard\u00f3 su reproche y la trasgresi\u00f3n de aquellas que calific\u00f3 de sustanciales, inobservancia que consolida el desenlace anunciado, valga decir, la desestimaci\u00f3n de la protesta. <\/p>\n
7.5. La cr\u00edtica enarbolada sobre la causal 5\u00aa del canon 336 del estatuto adjetivo, relativa a la obtenci\u00f3n il\u00edcita de los instrumentos suasorios recaudados a instancia de Rafael y Catalina Amaya G\u00f3mez, por estimar el casacionista que no estaban legitimados para oponerse a la usucapi\u00f3n, no est\u00e1 destinada a admitirse, comoquiera que, aunque se apoy\u00f3 en el evento consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica sobre la invalidez de \u00abpleno derecho\u00bb de \u00abla prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, cumpliendo as\u00ed el requisito de especificidad propio del instituto jur\u00eddico de las nulidades, al haber invocado un vicio de esa estirpe que se encuentra expresamente previsto en el ordenamiento, lo cierto es que, los supuestos f\u00e1cticos que sustentan el embate est\u00e1n dirigidos a discutir aspectos de disciplina probatoria, como lo son la aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n rese\u00f1ados por el censor, t\u00f3picos susceptibles de cuestionarse a trav\u00e9s de la segunda senda de casaci\u00f3n, en la modalidad de error de derecho, con lo cual queda en evidencia el desacierto en la elecci\u00f3n del motivo casacional, circunstancia que frustra el estudio de fondo en la sede extraordinaria. <\/p>\n
As\u00ed mismo, err\u00f3 la sedicente en la justificaci\u00f3n de la falla que refiere en su embate, habida cuenta que no precis\u00f3 la forma en que se desconocieron las garant\u00edas fundamentales consagradas en la Carta Magna o en los c\u00e1nones contenidos en los reg\u00edmenes probatorios; s\u00f3lo reiter\u00f3 la reprensi\u00f3n sobre la legitimaci\u00f3n de Rafael y Catalina Amaya para intervenir en la causa, acudiendo a los mismos t\u00e9rminos con que realiz\u00f3 tal refriega a lo largo del proceso, como si se tratara de un alegato conclusivo, dispuesto para insistir en los pedimentos antes negados, proceder que, como se anunci\u00f3 en l\u00edneas precedentes, no se acompasa con el prop\u00f3sito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
7.6. Deviene de lo dicho que los embistes no colmaron las previsiones del art\u00edculo 344 del estatuto procesal, raz\u00f3n por la cual ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, rem\u00edtase el link del expediente debidamente integrado con la actuaci\u00f3n de la Corte, a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2454-2023 (2019-00163-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC2454-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-31-53-004-2019-00163-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}