AC2497-2023 (2012-00165-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2497-202 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05209-31-89-001-2012-00165-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Carlos Adolfo Gonz\u00e1lez Escobar sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 respecto de la sentencia de 23 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. El tr\u00e1mite se adelanta al interior del juicio reivindicatorio promovido por Mar\u00eda Teresa Osorno V\u00e9lez, en causa propia y en inter\u00e9s de la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Manuel Salvador Osorno V\u00e9lez, frente al recurrente fallecido. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, Mar\u00eda Teresa Osorno V\u00e9lez, actuando en las condiciones anotadas, pidi\u00f3 que se declarara que ella era la due\u00f1a de un predio situado en el municipio de Betulia (Antioquia), distinguido con el folio de matr\u00edcula 035-21251. Y que la sucesi\u00f3n de su hermano fallecido1, Manuel Salvador Osorno V\u00e9lez, era la propietaria de otro fundo situado en el mismo ente territorial, individualizado con el F.M.I. 035-21253. Solicit\u00f3, asimismo, que se condenara al demandado a restituir ambos inmuebles y a pagar los frutos civiles dejados de percibir. Adem\u00e1s, que se declarara que no se estaba en la obligaci\u00f3n de reconocerle al convocado las expensas necesarias, ya que \u00e9ste era poseedor de mala fe2. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
En sustento de su reclamo, narr\u00f3 que adquiri\u00f3 el inmueble distinguido con la matr\u00edcula 035-21251 con ocasi\u00f3n de la repartici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de sucesi\u00f3n doble intestada de los causantes Rafael A. Osorno y Margarita V\u00e9lez de Osorno. Adquisici\u00f3n que se materializ\u00f3 con la sentencia de 25 de febrero del 2000, proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, dentro de la causa mortuoria doble, debidamente inscrita en el folio respectivo. Indic\u00f3 que, en relaci\u00f3n con ese predio, no lo hab\u00eda prometido en venta ni negociado. Adem\u00e1s, los vecinos del sector la reconoc\u00edan a ella como due\u00f1a. Frente al otro fundo (el individualizado con el F.M.I. 035-21253), indic\u00f3 que su hermano desaparecido (Manuel Salvador Osorno V\u00e9lez) lo adquiri\u00f3 tambi\u00e9n a partir de la sucesi\u00f3n de los se\u00f1ores Rafael A. Osorno y Margarita V\u00e9lez de Osorno. <\/p>\n
En lo ata\u00f1edero a la posesi\u00f3n desplegada por el interpelado, sostuvo que era de \u00abmala fe\u00bb y principi\u00f3 \u00abmediante compra de las hijuelas correspondientes a m[i] hermano RAFAEL ANTONIO (HIJUELA N\u00daMERO DOS LITERAL A) y al fallecimiento de la persona [que] me administraba el inmueble\u00bb, se\u00f1or Hernando Pimienta, muerto el 7 de enero de 2010. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
Oportunamente, el convocado contest\u00f3 la demanda. Acept\u00f3 algunos hechos, dijo no constarle otros y neg\u00f3 varios. Propuso la excepci\u00f3n \u00abprevia\u00bb y de \u00abfondo\u00bb de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb3. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia (Antioquia) el 26 de octubre de 2018. Accedi\u00f3, parcialmente, a lo pretendido por la promotora. En el sentido de que conmin\u00f3 al demandado a restituir los predios vindicados, no obstante, se abstuvo de condenarlo al pago de frutos4. Y no le reconoci\u00f3 derecho a la indemnizaci\u00f3n por mejoras. <\/p>\n
Inconforme, el interpelado apel\u00f35. Discuti\u00f3 lo atinente a que (i) no fue reconocida la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria; (ii) su posesi\u00f3n la ejerci\u00f3 de buena fe y deb\u00edan reconoc\u00e9rsele las mejoras que levant\u00f3; y (iii) ten\u00eda derecho a retener los inmuebles mientras se le pagaba lo que en ellos invirti\u00f36. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
Modific\u00f3, en parte, la determinaci\u00f3n de primera instancia. En el entendido de que la restituci\u00f3n ordenada la habr\u00edan de practicar los herederos de Carlos Adolfo Gonz\u00e1lez Escobar, fallecido en el trasegar del proceso7. En lo dem\u00e1s, dej\u00f3 inc\u00f3lume el pronunciamiento impugnado (sent. de 23 de junio de 2021). <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. A dos cuestiones circunscribi\u00f3 los problemas jur\u00eddicos a absolver: (i) \u00bfestaba probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, alegada por el convocado?; y (ii) \u00bfpod\u00eda la parte demandada ser considerada como poseedora de buena fe?, y, en caso afirmativo, \u00bfhab\u00eda que reconocerle \u00abprestaciones en su favor como poseedor vencido\u00bb? <\/p>\n
1.1. La primera la respondi\u00f3 negativamente. Esto, pues el opositor no demostr\u00f3 haber pose\u00eddo los inmuebles por el tiempo suficiente para adquirirlos por el modo de la prescripci\u00f3n. Para llegar a esa conclusi\u00f3n, record\u00f3 que los dos inmuebles vindicados hicieron -en alg\u00fan momento- parte de otro m\u00e1s grande identificado con la matr\u00edcula 035-10527. Y que fueron adquiridos por sus propietarios (la promotora y el fallecido Manuel Osorno V\u00e9lez) mediante la adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de Rafael Antonio Osorno y Margarita V\u00e9lez. Causa mortuoria que finaliz\u00f3 el 25 de febrero de 2000 con la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n
Despu\u00e9s, memor\u00f3 que conforme a las escrituras p\u00fablicas 1114 de 1994 y 1 de 1996, el interpelado Carlos Adolfo le compr\u00f3 a Virgilio de Jes\u00fas y a Margarita Osorno V\u00e9lez los derechos que ten\u00edan sobre la sucesi\u00f3n il\u00edquida de sus padres -Rafael Osorno y Margarita V\u00e9lez de Osorno-. Vinculados tales derechos, exclusivamente, con el inmueble 035-10527. Y fue en esa virtud que, en la sucesi\u00f3n de aquellos, al demandado le fue adjudicado, en el fallo de 25 de febrero de 2000 y \u00aben calidad de cesionario de los derechos adquiridos\u00bb, el bien distinguido con el F.M.I. 035-21254. Sigui\u00f3 luego se\u00f1alando que mediante la E.P. 1208 de 2006, el convocado le compr\u00f3 a Rafael Antonio V\u00e9lez Osorno el predio individualizado con la matr\u00edcula 035-21252, que -tambi\u00e9n- se derivaba del mayor (el 035-10527). Y que fue repartido al vendedor en la ya mencionada mortuoria. <\/p>\n
Evidenci\u00f3 c\u00f3mo, en la contestaci\u00f3n de la demanda, el apoderado judicial del convocado afirm\u00f3 que la posesi\u00f3n de su prohijado inici\u00f3 el 28 de abril de 1994, \u00abpor raz\u00f3n de la escritura p\u00fablica 1114 (\u2026) otorgada en esa fecha\u00bb. Aseveraci\u00f3n \u00e9sta que deb\u00eda tenerse \u2013a voces del art\u00edculo 195 CGP- como una confesi\u00f3n de que era un mero tenedor, \u00abcondici\u00f3n\u00bb que confirm\u00f3 \u00abcon el contenido del mencionado documento escritural, pues all\u00ed el comprador de los derechos herenciales reconoci\u00f3 el dominio ajeno de la universalidad hereditaria para esa fecha (1994)\u00bb. De all\u00ed, dedujo que el se\u00f1or \u00abGonz\u00e1lez Escobar aleg\u00f3 la posesi\u00f3n de un bien inmueble frente al cual ostentaba la calidad de cesionario de derechos herenciales, esto es, un bien que pertenec\u00eda a la masa sucesoral\u00bb. Las mismas conclusiones las reforz\u00f3 parando mientes en el contenido de la E.P. 1 de 1996. Y, en relaci\u00f3n con uno de los predios vindicados (el 035-21253), con la vista puesta en la E.P. 510 de 2018, en cuya fuerza el demandado Gonz\u00e1lez Escobar adquiri\u00f3 derechos herenciales en la sucesi\u00f3n de Manuel Salvador Osorno V\u00e9lez, en lo que a ese fundo respectaba. <\/p>\n
Contrario a cuanto razon\u00f3 el a quo8, advirti\u00f3 que s\u00ed iba a valorar los \u00abdocumentos que reposa[ban] en los folios 391 a 431 el expediente principal, los que dan cuenta de las ventas efectuadas a favor del llamado a resistir en este proceso (\u2026)[,] de los derechos hereditarios que en la sucesi\u00f3n del difunto Manuel Salvador Osorno V\u00e9lez les correspondiere a los se\u00f1ores Rafael Antonio, Duver, Mary, Alia Fernanda y Virgilio de Jes\u00fas Osorno V\u00e9lez, quienes eran hermanos y herederos del precitado Manuel Salvador\u00bb. Lo anterior, porque el derecho de contradicci\u00f3n -a la parte demandada- se le \u00abgarantiz\u00f3 en la audiencia que agot\u00f3 la etapa de alegatos de conclusi\u00f3n, y se profiri\u00f3 fallo\u00bb. Entonces, era el demandado a quien le incumb\u00eda acreditar que mut\u00f3 su t\u00edtulo de tenedor a poseedor. Y en esa empresa fracas\u00f3, m\u00e1xime que \u00abdebido a que la sentencia del 25 de febrero de 2000, proferido por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, adjudic\u00f3 los bienes (\u2026) [reclamados], a Mar\u00eda Teresa Osorno V\u00e9lez y al fallecido Manuel Salvador Osorno V\u00e9lez, a partir de tal momento, la parte actora debi\u00f3 demostrar la interversi\u00f3n de su condici\u00f3n de tenedor a poseedor, hecho que no acredit\u00f3 desde esa \u00e9poca (2000), principalmente porque sigue insistiendo en que ostentaba la posesi\u00f3n de estos inmuebles desde el a\u00f1o 1994\u00bb. Actitud \u00e9sta -sostuvo el ad quem-, que iba \u00aben contrav\u00eda del art\u00edculo 777 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Al margen de cuanto precede, acot\u00f3 que a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n, y \u00abentendiendo que el accionado ejerci\u00f3 actos posesorios\u00bb, el t\u00e9rmino requerido para adquirir por usucapi\u00f3n no estaba reunido. Esto, porque entre el 27 de diciembre de 2002 (fecha de entrada en vigor de la Ley 791 de 2002) y el 27 de septiembre de 2012 (cuando se radic\u00f3 la demanda9) no hab\u00edan transcurrido diez a\u00f1os. <\/p>\n
Resalt\u00f3, como argumento adicional, que los testimonios recabados (los de Jos\u00e9 Dar\u00edo Toro, Roberto V\u00e9lez Quintero y Pedro Gonz\u00e1lez Escobar) y algunos medios documentales (E.P. 154 de 1990, registrada en el F.M.I. 035-10528; E.P. 452, 510 y 1852 de 2018, as\u00ed como los \u00abcontratos de compraventa de derechos herenciales\u00bb) no desvirtuaban las conclusiones precedentes. Por el contrario, \u00abreafirma[ban] la tesis que a lo largo de los considerandos ha sido expuesta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1.2. Tampoco le hall\u00f3 raz\u00f3n al recurrente en lo que concern\u00eda a la idea de que era poseedor de buena fe. Para el efecto, memor\u00f3 que conforme a los art\u00edculos 768, 769 y 2531.3 CC, los t\u00edtulos de mera tenencia hac\u00edan presumir la mala fe -y no daban p\u00e1bulo a la adquisici\u00f3n del dominio por prescripci\u00f3n-. Como aquellos aducidos por el demandado (escrituras p\u00fablicas 1114 de 1994, 1 de 1996, 452 y 510 de 2018) revest\u00edan de esa connotaci\u00f3n, no pod\u00eda reconoc\u00e9rsele la buena fe que alegaba, como, tampoco, prestaci\u00f3n ninguna en favor suyo. En refuerzo de esas deducciones, adujo que \u00abse podr\u00eda pensar en la posibilidad de un error de derecho\u00bb debido a que el demandado \u00abignor\u00f3 que por su calidad de cesionario de los derechos hereditarios carec\u00eda del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. Todo lo cual, tambi\u00e9n, era indicativo de la mala fe con que aqu\u00e9l actu\u00f3. Y esto \u00faltimo, por as\u00ed disponerlo el precepto 768 CC. <\/p>\n
2. Para finalizar, refiri\u00f3 que como, por virtud del deceso del demandado, \u00aboper\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal en cabeza de sus herederos (\u2026)\u00bb, eran ellos quienes habr\u00edan de quedar compelidos a restituir los bienes vindicados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El recurrente propuso tres cargos. El primero, bajo la \u00e9gida de la causal quinta de casaci\u00f3n. Y los otros dos, al amparo del motivo segundo (errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas). De ellos, ser\u00e1n inadmitidos el primero y el tercero, por no cumplir los requisitos de forma prescritos en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. El segundo ser\u00e1 admitido por el magistrado ponente. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Lo sustent\u00f3 aduciendo que se incurri\u00f3 en invalidez por cuanto el \u00abmagistrado ponente orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica del recurso [de apelaci\u00f3n], conforme a lo establecido en el art\u00edculo 14 del decreto legislativo 806 de (\u2026) 2020\u00bb. Con lo cual se desconoci\u00f3 la preceptiva del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso -modificatorio del 40 de la L. 153 de 1887-. Norma \u00e9sta en cuya fuerza, sostuvo el disidente, el asunto debi\u00f3 seguirse tramitando bajo el Estatuto Procesal, justamente, porque la alzada se propuso en vigencia de \u00e9l. Ordenamiento \u00e9ste cuyas disposiciones (arts. 107 y 327) estipulaban que s\u00ed se deb\u00eda celebrar audiencia de sustentaci\u00f3n oral (f\u00edsica o virtual) del recurso de apelaci\u00f3n. Y como \u00e9sta no se hizo, concluy\u00f3 que el juicio estaba afectado de la nulidad a que se refer\u00eda el precitado canon 107 CGP. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Bajo la causal segunda de casaci\u00f3n, censur\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 947, 950, 952, 961 del C\u00f3digo Civil y el 53 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia del error de hecho cometido al dar por probado, sin estarlo, el presupuesto procesal de capacidad para ser parte de la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Manuel Salvador Osorno. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que no se alleg\u00f3 ning\u00fan medio suasorio que acreditara que la demandante era heredera de Manuel Salvador Osorno. Y es que los registros civiles allegados demostrar\u00edan, a lo sumo, el parentesco, \u00abpero no la calidad de heredero, por cuanto los hermanos, por ministerio de la ley, se encuentran en el tercer orden sucesoral (art. 1047 C\u00f3digo Civil, modificado por el art. 6 de la ley 29 de 1982) y no en el primero\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Amparado en el motivo segundo de casaci\u00f3n, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 768, 966 y 2531, inciso 2, del C\u00f3digo Civil, como consecuencia del error de hecho cometido al dar por probada, sin estarlo, la mala fe del demandado. Critic\u00f3 la tergiversaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 1114 del 28 de abril de 1994, de la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn; 1 del 9 de enero de 1996, de la Notar\u00eda de Betulia; 452 del 27 de febrero de 2018, de la Notar\u00eda \u00danica de Caldas; y 510 del 7 de marzo de 2018 de la Notar\u00eda \u00danica de Caldas. De los cuales afloraba objetivamente que al demandado \u00able fueron vendidos \u201cderechos y acciones\u201d en una sucesi\u00f3n, esto es \u201cderechos hereditarios\u201d (\u2026) y no propiamente el derecho real de dominio sobre este bien, es decir, como un \u201ccuerpo cierto\u201d\u00bb. De manera que \u00abel vendedor entreg\u00f3 al comprador \u201clo vendido\u201d y este declar\u00f3 recibidos los derechos que adquiri\u00f3\u00bb. El ad quem, al valorarlas, las tergivers\u00f3. Y concluy\u00f3, en forma contraevidente, \u00abque eran \u201ct\u00edtulos de mera tenencia\u201d que hac\u00edan presumir la mala fe del demandado, cuando lo que aflora en forma objetiva de ellas es que existi\u00f3 una compraventa perfecta de derechos herenciales que fueron entregados por los enajenantes y recibidos por el adquirente de los mismos\u00bb. <\/p>\n
A su turno, frente a la \u00abposibilidad de un error de derecho\u00bb, asever\u00f3 que este se derivaba de la incursi\u00f3n en un yerro f\u00e1ctico \u00aben la interpretaci\u00f3n de la r\u00e9plica de la demanda, en la que, como antes se memor\u00f3, el entonces demandado aleg\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria, aspecto que plante\u00f3 como excepci\u00f3n previa y de fondo\u00bb. De este modo, al considerar que las escrituras eran t\u00edtulos de mera tenencia, \u00abcuando contienen verdaderos contratos de derechos herenciales, y con esta peregrina consideraci\u00f3n, aunada a la posible existencia de un error de derecho -claramente inexistente- concluy\u00f3 que hab\u00eda mala fe de mi representado y deneg\u00f3 las mejoras en las restituciones mutuas\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El cargo primero adolece de defectos formales que impiden su admisi\u00f3n. <\/p>\n
1.1. Cuando el embate se encamina por la v\u00eda del motivo quinto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es indispensable que el recurrente precise en cu\u00e1l causal de nulidad, de las previstas en la legislaci\u00f3n adjetiva, se incurri\u00f3. As\u00ed lo ha clarificado esta Sala: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
En otras palabras, el inconforme tiene la carga de demostrar que los hechos alegados se subsumen dentro de alguna de las causales de invalidaci\u00f3n consagradas en la legislaci\u00f3n, que la misma no fue saneada, que est\u00e1 legitimado para invocarla y que la vulneraci\u00f3n es trascendente\u00bb (CSJ AC4497-2018, citado en AC5808-2021. Criterio reiterado en AC5033-2022). <\/p>\n
1.2. Esta exigencia, que ata\u00f1e a los requisitos de claridad y precisi\u00f3n referidos en el numeral 2\u00b0 del canon 344 CGP, fue desatendida. Se observa que la \u00fanica alusi\u00f3n a una causa de invalidez que se hace corresponde a la articulada en torno a la hip\u00f3tesis prevista en la regla 1\u00aa del art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abLa ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuaci\u00f3n\u00bb). En dicha norma, lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, el \u00ablegislador estableci\u00f3 como motivo de nulidad la ausencia de los magistrados en la respectiva audiencia (forma plural)\u00bb (CSJ AC196-2021). Sin embargo, tal hip\u00f3tesis es distinta de la que trae el recurrente ante la Corte, en tanto aqu\u00e9l hizo girar la argumentaci\u00f3n tendiente a demostrar la estructuraci\u00f3n de la invalidez que denuncia alrededor de la idea de que la actuaci\u00f3n estaba viciada por cuanto se le imprimi\u00f3 al asunto un tr\u00e1mite diferente de aquel que correspond\u00eda. En una palabra, se reclam\u00f3 la celebraci\u00f3n de una audiencia en la cual se le permitiera sustentar oralmente la alzada. As\u00ed y todo, lo rogado no encaja dentro del supuesto de nulidad del art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.3. Incluso si lo anterior se dejara de lado, tambi\u00e9n habr\u00eda lugar a inadmitir el cargo en comento. <\/p>\n
1.3.1. El art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00ab[l]a Sala, aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales, podr\u00e1 inadmitirla en los siguientes eventos: (\u2026) 2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento\u00bb. <\/p>\n
1.3.2. El vicio denunciado por el recurrente aparece saneado. Y es que, en efecto, se advierte que, frente al auto de 12 de agosto de 2021, por el cual el Tribunal adecu\u00f3 el tr\u00e1mite al procedimiento establecido en el Decreto 806 del 2020 (art. 14), nada se aleg\u00f3. Esta era, pues, la oportunidad id\u00f3nea para presentar el reproche -a trav\u00e9s de los remedios y mecanismos que la ley prev\u00e9 para controvertir las decisiones del juez-. Luego, la anomal\u00eda enrostrada se convalid\u00f3, seg\u00fan las previsiones del numeral 1\u00ba del canon 136 del C\u00f3digo General del Proceso. Norma \u00e9sta que establece que la \u00abnulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En un caso similar, esta Sala refiri\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
\u00ab1.1. Revisado el expediente, se tiene que la sentencia de primera instancia se emiti\u00f3 en audiencia del 22 de octubre de 2019, momento en el cual el apoderado del demandante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n (r\u00e9cord 2:13:58 a 2:15:46), cuyos reparos alleg\u00f3 en escrito del 25 de octubre de ese mismo a\u00f1o (fls. 746 a 757 c1). <\/p>\n
Admitido el recurso de apelaci\u00f3n el 16 de junio de 2020 (p\u00e1g. 15) se corri\u00f3 traslado al recurrente para su sustentaci\u00f3n y a la contraparte para la r\u00e9plica correspondiente (art\u00edculo 14, Decreto 806 de 2020). Seguidamente, el apoderado de V\u00edctor Hugo Galvis Forero el 23 de junio de 2020 lo sustent\u00f3 (p\u00e1gs. 17 a 24), los demandados por su parte descorrieron el traslado (p\u00e1gs. 26 a 29). El 30 de noviembre de 2020 el ad quem confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia (p\u00e1gs. 31 a 38). <\/p>\n
Del anterior recuento procesal se constata que el se\u00f1or V\u00edctor Hugo Galvis Forero nada aleg\u00f3, contra el auto del 16 de junio de 2020 por medio del cual se corri\u00f3 traslado para sustentar de manera escrita el recurso de apelaci\u00f3n (art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020), siendo esa la oportunidad procesal para el efecto y no con posterioridad a la sentencia, convalid\u00f3 entonces la irregularidad ahora alegada conforme a las previsiones del numeral 1, art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que adem\u00e1s conlleva cerrarle el paso al cargo de casaci\u00f3n tal como lo prev\u00e9 el numeral 2, canon 347 Ib., al indicar que as\u00ed la demanda extraordinaria atienda los requisitos formales se inadmitir\u00e1 cuando los yerros procesales fueron saneados\u00bb (CSJ AC4117-2022). <\/p>\n
Al respecto esta Corte, en el ya anotado prove\u00eddo CSJ AC4117-2022, acot\u00f3: <\/p>\n
\u00abLo ocurrido tambi\u00e9n desvanece cualquier afectaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales del demandante, m\u00e1xime cuando no se suprimi\u00f3 al recurrente la oportunidad de ejercer su derecho a presentar alegatos o mejor sustentar sus reparos, permiti\u00e9ndole expresar con amplitud los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia el 23 de junio de 2020, para luego, en la etapa subsiguiente el tribunal emitir la sentencia correspondiente, por lo que el defecto invocado result\u00f3 intrascendente ya que ninguna garant\u00eda al debido proceso se le cercen\u00f3, lo que impide abrir paso a la demanda de casaci\u00f3n respecto de este cargo\u00bb. <\/p>\n
1.4. En corolario, se inadmitir\u00e1 el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n auscultada. <\/p>\n
2. El tercer cargo tampoco cumple con los requisitos exigidos en la norma adjetiva para su admisi\u00f3n. Ello debido a la falta de demostraci\u00f3n del cargo esbozado bajo la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Recu\u00e9rdese que cuando se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, incumbe al casacionista demostrar el presunto error de hecho o de derecho, que imputa a la sentencia de segunda instancia. Tal ejercicio se debe llevar a cabo a trav\u00e9s de \u00abuna labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u00bb11. <\/p>\n
2.2. Se advierte que el casacionista no efectu\u00f3 tan indispensable labor: \u00fanicamente se limit\u00f3 a transcribir apartes de los documentos que estim\u00f3 indebidamente apreciados -no se indic\u00f3 en d\u00f3nde radicaba el desatino del fallador de segundo nivel-. Al respecto, tan solo manifest\u00f3 que \u00abel Tribunal consider\u00f3 que las escrituras 1114 de 1994, 1 de 1996, 452 y 510 de 2018 era \u201ct\u00edtulos de mera tenencia\u201d sobre los inmuebles materia de reivindicaci\u00f3n, cuando en realidad contienen perfectos contratos de compraventa de derechos herenciales\u00bb. V\u00e9ase que el reproche no muestra una inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de la prueba y la lectura efectuada por el ad quem. Por el contrario, la queja se dirige a cuestionar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que el Colegiado otorg\u00f3 a dichos medios suasorios, al considerar que la posesi\u00f3n ejercida sobre el bien estuvo amparada en unos contratos que otorgaron al casacionista la mera tenencia de los bienes. En ese orden, el juez de segundo nivel no desconoci\u00f3 el contenido de dichos actos. De manera puntual, indic\u00f3 que \u00abel hoy fenecido Carlos Adolfo Gonz\u00e1lez Escobar, mediante la escritura p\u00fablica N\u00ba 1114 del 28 de abril de 1994 de la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn, compr\u00f3 a Virgilio de Jes\u00fas Osorno V\u00e9lez las acciones y derechos que le correspond\u00edan en la \u201csucesi\u00f3n il\u00edquida\u201d de Rafael Antonio Osorno Osorno y Margarita V\u00e9lez Chavarriaga, \u201cvinculados exclusivamente\u201d al inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 035-10527\u00bb. As\u00ed mismo, se aclar\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
\u00abAsimismo, en vida, el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Escobar, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica N\u00ba 1 del 09 de enero de 1996 de la Notar\u00eda de Betulia, compr\u00f3 a Margarita Osorno V\u00e9lez las acciones y derechos que les correspond\u00edan en la \u201csucesi\u00f3n il\u00edquida de sus fallecidos padres se\u00f1ores RAFAEL OSORNO Y MARGARITA VELEZ DE OSORNO, cuya sucesi\u00f3n se tramita en el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn\u201d, vinculadas estas acciones y derechos exclusivamente\u2026\u201d al fundo identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 035-10527 (fls. 106 a 110 C-1). <\/p>\n
De tal guisa, al aqu\u00ed demandado Carlos Adolfo Gonz\u00e1lez Escobar, en calidad de cesionario de los derechos adquiridos en la sucesi\u00f3n de Rafael Antonio Osorno Osorno y Margarita V\u00e9lez Chavarriaga sobre el predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 035-10527, le fue adjudicado el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 035-21254, mediante la sentencia del 25 de febrero de 2000 proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn (fls. 147 a 149 C-1). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de lo que viene de trasuntarse, se infiere que el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Escobar aleg\u00f3 la posesi\u00f3n de un bien inmueble frente al cual ostentaba la calidad de cesionario de derechos herenciales, esto es, un bien que pertenec\u00eda a la masa sucesoral, circunstancia esta que le impon\u00eda la carga de probar la interversi\u00f3n de su condici\u00f3n de tenedor a poseedor, es decir, que pose\u00eda el fundo como due\u00f1o \u00fanico, sin reconocer dominio ajeno e inequ\u00edvoca, p\u00fablica y pac\u00edficamente y no en calidad de cesionario de la herencia, pues ten\u00eda los mismos derechos y obligaciones del heredero\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, valga decirlo, esta consideraci\u00f3n no fue cuestionada por el censor en ninguno de los cargos esbozados en la demanda. As\u00ed las cosas, no se advierte cu\u00e1l es el error de hecho cometido por el sentenciador en la valoraci\u00f3n objetiva del contenido de los enunciados instrumentos p\u00fablicos. Pues, como se vio, para el ad quem aquellos s\u00ed contienen \u00abverdaderos contratos de derechos herenciales\u00bb. Por ende, la censura no aparece ni clara ni precisa. <\/p>\n
2.3. Aunado a lo anterior, se observa que el casacionista omiti\u00f3 precisar c\u00f3mo los supuestos errores de hecho vulneraron las normas sustanciales aducidas. Se limit\u00f3 a enunciar el contenido de las disposiciones, sin indicar la forma en que la transgresi\u00f3n se present\u00f3. Para el efecto, el censor indic\u00f3 que \u00ab[l]os yerros del Tribunal adem\u00e1s de ser may\u00fasculos, fueron trascendentales en la decisi\u00f3n contenida en el fallo impugnado, pues lo condujeron a aplicar indebidamente los arts. 768 y 2531.2 el C\u00f3digo Civil que, en su orden, regulan la presunci\u00f3n de mala fe por error en materia de derecho y por la existencia de t\u00edtulos de mera tenencia; por \u00faltimo, a inaplicar el art. 966 del mismo C\u00f3digo que consagra las restituciones mutuas a que tiene derecho el poseedor en la reivindicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre la exigencia extra\u00f1ada, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] siendo el motivo de casaci\u00f3n invocado la vulneraci\u00f3n de normas sustanciales, aun cuando sea por la v\u00eda indirecta, era de su cargo exponer c\u00f3mo, a consecuencia de los yerros probatorios imputados, las disposiciones sustanciales resultaron infringidas, pues como ha sostenido esta Corte \u00abno basta con invocar gen\u00e9ricamente las normas \u00absustanciales\u00bb que, a juicio del recurrente, habr\u00eda infringido el fallador de segundo grado, sino que aquel debe demostrar que dichas disposiciones constituyeron base esencial de la sentencia impugnada, o debieron serlo; ello sin perder de vista la necesidad de explicar de qu\u00e9 manera se habr\u00edan transgredido esos preceptos, as\u00ed como la relevancia que esa \u00abviolaci\u00f3n\u00bb tuvo en lo resolutivo de la sentencia de segunda instancia\u00bb. (CSJ AC2136-2020 de 7 de sept. Rad. 2016-00397-01)\u00bb (CSJ AC1404-2023) <\/p>\n
3. Corolario de lo expuesto, los cargos primero y tercero habr\u00e1n de ser inadmitidos. <\/p>\n
4. El embate restante, formulado bajo la \u00e9gida de la causal segunda de casaci\u00f3n, ser\u00e1 admitido por el magistrado sustanciador: satisface las exigencias formales previstas en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. INADMITIR los cargos primero y tercero de la demanda de casaci\u00f3n, presentada dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. El suscrito Magistrado, con auto de ponente, ADMITIR\u00c1 a tr\u00e1mite el segundo reproche planteado en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, regrese al despacho del ponente para correr el traslado previsto en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso, para garantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa a los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En la demanda se relata que Manuel Salvador V\u00e9lez Osorno fue declarado muerto presunto por desaparecimiento (hecho sexto). <\/p>\n
2\u0002 Fols. 7-9, archivo digital \u00ab2012-00165 C.P.pdf.\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Fols. 184-212 y 304-306, archivo digital \u00ab2012-00165 C.P.pdf.\u00bb. Tambi\u00e9n: fols. 2-6, archivo digital \u00ab2012-00165 C.4 EXEP. PREV.pdf.\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Fols. 245-271, archivo digital \u00ab2012-00165 CONTINUACI\u00d3N C.1.pdf.\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Fol. 248, archivo digital \u00ab2012-00165 CONTINUACI\u00d3N C.1.pdf.\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. mins. 1:33:00 y ss. del archivo digital \u00ab2012-00165.mp3\u00bb. Tambi\u00e9n: archivo digital \u00ab0018_Sustentacion.pdf.\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 La muerte del demandado ocurri\u00f3, seg\u00fan certificado de defunci\u00f3n visible a folio 243 del archivo digital \u00ab2012-00165 CONTINUACI\u00d3N C.1.pdf\u00bb el 11 de abril de 2018. <\/p>\n
8\u0002 El estrado de primera instancia, frente a este puntual t\u00f3pico, determin\u00f3 que no pod\u00eda apreciar dichos documentos habida cuenta que la parte demandada no goz\u00f3 de la oportunidad de contradecirlas. <\/p>\n
9\u0002 Y oper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n ya que se notific\u00f3 al demandado del contenido del auto admisorio -de 8 de octubre de ese a\u00f1o- dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
10\u0002 El 24 de agosto de 2021 el recurrente en alzada alleg\u00f3 escrito por el cual sustent\u00f3, ante el ad quem, el recurso de apelaci\u00f3n (cfr. archivo digital 0018_Sustentacion.pdf). <\/p>\n
11\u0002 CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de dic. de 2012, rad. 2006-00164-01, AC. de 21 de ago. de 2014, rad. 2010-227-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC2497-2023 (2012-00165-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC2497-202 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05209-31-89-001-2012-00165-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Carlos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}