AC2500-2023 (2023-03230-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AC2500-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03230-00 <\/p>\n
Bucaramanga, Santander, primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Catorce Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja y Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Rodrigo Escobar Morales y Jhon Jairo Arbel\u00e1ez Morales en calidad de representantes legales de la firma Servicios y Suministros JAM S.A.S., radicaron demanda verbal declarativa por incumplimiento de contrato contra la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos S.A. Ecopetrol S.A. y Montajes y Construcciones Fermar S.A.S., ante el reparto de los jueces civiles del circuito de Medell\u00edn, persiguiendo la indemnizaci\u00f3n solidaria por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados, justificando all\u00ed la competencia \u00abde acuerdo a lo estipulado en el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) y en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, y por el domicilio del demandante Jhon Jairo Arbel\u00e1ez Morales en la ciudad de Medell\u00edn\u00bb [Folio 33 Expediente Digitalizado.pdf]. <\/p>\n
2.- El libelo correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Oralidad de ese per\u00edmetro, despacho que lo rechaz\u00f3, poniendo de presente que \u00abde acuerdo al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026) revisada la presente demanda (\u2026) se tiene que el demandado MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR S.A.S., empresa con la cual presuntamente se realiz\u00f3 un negocio jur\u00eddico, tiene su domicilio en Barrancabermeja \u2013 Santander\u00bb, por lo que dispuso su remisi\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de esa localidad (5 dic. 2022) [Folios 155-156, Expediente Digitalizado, pdf.]. <\/p>\n
3.- Inconformes los gestores formularon \u00abrecurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, en tanto una de las pasivas es la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos S.A. Ecopetrol S.A., quien tiene su domicilio principal en Bogot\u00e1, por lo que \u00abcomo demandantes tienen la discrecionalidad de elegir el domicilio de una de las demandadas (\u2026) por lo que solicitan que la demanda sea remitida a la ciudad de Bogot\u00e1 (\u2026) para que asuman el conocimiento\u00bb, o en su defecto, en acato al numeral 3\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso que hace referencia a que tambi\u00e9n es \u00abcompetente el estrado del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, se env\u00ede la actuaci\u00f3n a \u00ablos Juzgados Civiles del Circuito de los Municipios de Puerto Triunfo Antioquia o a los Civiles del Circuito del Municipio de Puerto Nare Antioquia\u00bb [Folios 159-165, Expediente Digitalizado, pdf.]. Los aludidos medios de defensa fueron \u00abdenegados por improcedentes\u00bb (2 feb. 2023) [Folio 168, Expediente Digitalizado, pdf.]. <\/p>\n
4.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, al recibir en tal virtud el negocio, se neg\u00f3 a asumirlo, con sustento en \u00ablo dispuesto en el Art. 28 numeral 1 del C.G.P.\u00bb, ya que \u00abrevisado el escrito en el que se sustent\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n (\u2026) en las p\u00e1ginas 4 inciso final y 5 inciso inicial (\u2026) el demandante, peticiona, que la demanda sea remitida a Bogot\u00e1 D.C., lugar de domicilio de una de las demandadas, como lo es, Ecopetrol S.A.\u00bb, por lo que resolvi\u00f3 enviar el cartapacio a dicha autoridad (6 mar.) [Folios 171-172, Archivo Digital]. <\/p>\n
5.- Allegado el dossier al Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n se neg\u00f3 a conocerlo, porque \u00absi bien es cierto dentro de los argumentos del recurso de reposici\u00f3n aludido por el funcionario judicial [remitente] (\u2026) la parte demandante indic\u00f3 que se remitiera las diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, m\u00e1s cierto es que \u00abeste recurso no fue tenido en cuenta ni desatado por expresa prohibici\u00f3n de la parte final del inciso primero del art. 139\u00bb, por lo que \u00abse abstiene de impartir tr\u00e1mite alguno (\u2026) orden\u00e1ndose devolver las diligencias al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, para que all\u00ed se adopte la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb (19 abr.) [Folio 185, Expediente Digitalizado, pdf.]. <\/p>\n
6.- Acercado nuevamente el sumario a Barrancabermeja, el funcionario de este distrito revel\u00f3 que el l\u00edbelo debe tramitarse en la capital de la Rep\u00fablica, porque \u00abes el lugar de domicilio de una de las demandadas, como lo es, ECOPETROL S.A.\u00bb. <\/p>\n
7.- Basado en aquellos razonamientos, trab\u00f3 la presente colisi\u00f3n, ordenando el env\u00edo del legajo a esta Corporaci\u00f3n (24 jul.) [Folios 203-204, Archivo digital.pdf]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- Al tenor de lo estipulado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte, el numeral 3\u00ba del mismo canon dispone, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
A su vez, el numeral 5\u00ba de la referida norma expresa que \u00ab[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aqu\u00e9l y el de \u00e9sta\u00bb. (Se remarca). <\/p>\n
Y el numeral 10\u00ba de la id\u00e9ntica disposici\u00f3n refiere, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aqu\u00e9llas\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Como se ve, en los procesos declarativos derivados de un negocio jur\u00eddico o que est\u00e9n involucrado t\u00edtulos valores el legislador ha previsto una pluralidad de fueros que permite al actor promover su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado -regla general- (numeral 1\u00b0), o bien ante el del lugar donde deban cumplirse las obligaciones (numeral 3\u00ba). Adicionalmente, cuando la mentada acci\u00f3n se presenta contra una persona jur\u00eddica, entra en juego el fuero dispuesto en el numeral 5\u00ba pues igualmente podr\u00e1 radicarse el asunto ante el juez del lugar donde funcione la sucursal o agencia que este directamente vinculado con el asunto que se discute. <\/p>\n
Empero, cuando en la contienda se involucra una entidad p\u00fablica (numeral 10\u00ba), no permite ya ese ejercicio discrecional, habida cuenta que el legislador dispuso respecto de estas un fuero privativo vinculado al domicilio de la respectiva entidad e, incluso, determin\u00f3 que, ante el evento de pluralidad de partes, de estar integrado por este tipo de entes y cualquier otro sujeto, \u00abprevalecer\u00e1\u00bb el fuero territorial de aquellos. <\/p>\n
Valga la pena recordar que, al respecto esta Corporaci\u00f3n ha dicho, que \u00abse quiso dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb (AC1665-2023). <\/p>\n
3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como la determinada cuando son varios los demandados o por el punto geogr\u00e1fico donde se cumplen las obligaciones en pugnas originadas en negocios jur\u00eddicos. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio1, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en AC140-2020, AC800-2021, AC795-2021 y AC792-2021). <\/p>\n
4.- En la colisi\u00f3n bajo examen, el infolio declarativo se promovi\u00f3 ante los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn, al estimar los actores que esos estrados \u00aberan competentes por el domicilio del demandante\u00bb argumento que se halla desacertado por cuanto no se advierte la excepcional circunstancia que habilita tal posibilidad. <\/p>\n
Desacierto que persisti\u00f3 cuando en el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, que interpusieron frente al auto de rechazo \u00aboptaron\u00bb por los \u00abJugados Civiles del Circuito de los Municipios de Puerto Triunfo Antioquia o en su defecto por los Civiles del Circuito de Puerto Nare Antioquia\u00bb, por ser el \u00ablugar de cumplimiento de las obligaciones\u00bb, puesto que dicho criterio tampoco estaba llamado a definir en este puntual litigio el juez natural llamado a conocer del pleito sometido a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, la declinaci\u00f3n de la competencia por parte del juzgador Antioque\u00f1o estuvo acertada, aunque no por los motivos aducidos, pues pas\u00f3 por alto que en el sub judice se presentan circunstancias particulares que obligan a realizar un examen adicional para establecer cu\u00e1l es el funcionario llamado a conocer y definir la contienda. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la actuaci\u00f3n se advierte que en los planteamientos inaugurales tambi\u00e9n se encuentra involucrada, como parte, la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos S.A. Ecopetrol S.A, \u00abSociedad de Econom\u00eda Mixta de car\u00e1cter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1118 de 2006), domiciliada en Bogot\u00e1 D.C., calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural de modo privativo, al estrado capitalino. <\/p>\n
5.- Ello es as\u00ed, porque, cuando en cualquiera de los extremos procesales concurren entes p\u00fablicos, se itera, se torna ineludible la aplicaci\u00f3n del privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del canon 28 del nuevo estatuto procedimental a favor de la entidad p\u00fablica involucrada, para que ante el juez de su domicilio se adelante el litigio, puesto que es su particular naturaleza la que determina el car\u00e1cter privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 ibidem es \u00abprevalente\u00bb. <\/p>\n
6.- En efecto, cuando la entidad p\u00fablica hace parte de los implicados en la Litis, prevalece, de forma indiscutible, el lugar de su domicilio, amen que fue en su favor que el legislador estableci\u00f3 un fuero privativo, impidiendo de esta forma que se pudiera fijar la competencia atendiendo otros factores como son el lugar de cumplimiento de las prestaciones derivadas del negocio jur\u00eddico o la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de la otra codemandada, en la medida en que el fuero privativo del que se viene hablando, se sustenta en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio, el que como ya se aludi\u00f3 resulta prevalente e improrrogable (art\u00edculo 16, ejusdem). <\/p>\n
Ante la prevalencia que se reconoce al factor subjetivo, -de cara al enfrentamiento normativo surgido- en asuntos de similar temperamento se ha indicado que: <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. (CSJ AC1596-2022, 22 abr., rad. 2022-01025-00). <\/p>\n
Es claro entonces, que en situaciones como la descrita, debe predominar la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor apreciaci\u00f3n legal, esto es, la concerniente a la autoridad judicial del domicilio de la entidad p\u00fablica, dado que, como ya se dijo, se superpone la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido. <\/p>\n
7.- Y no se diga que en dichos eventos existe un vac\u00edo normativo, porque en el estatuto procesal hay una disposici\u00f3n perentoria que asigna la competencia al juez del domicilio del ente territorial o entidad p\u00fablica, sea demandante o demandada. Pero, aun de aceptarse alguna presunta deficiencia en el \u00e1mbito legal que pudiera existir para fijar la competencia en cabeza de la autoridad judicial en los juicios de esta naturaleza, habr\u00e1 que valerse de los criterios de interpretaci\u00f3n contemplados en los c\u00e1nones 26 y siguientes del C\u00f3digo Civil, a fin de escudri\u00f1ar el sentido y alcance de los art\u00edculos 28 (n\u00fam. 10) y 29 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Sobre el particular, huelga se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEs principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u201cverdadero sentido\u201d de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 Ib\u00eddem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2012, rad. 2006-00164-01; criterio reiterado en CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, resalta la Corte). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, con sano criterio, la Sala ha estimado que \u00abinterpretar va m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (CSJ SC3627-2021, 2 nov., Rad. 2014-58023-01, subraya la Corte). <\/p>\n
7.1. Cumplido esto se tiene que de la lectura del numeral 10\u00ba del estatuto procesal civil actual, se advierte, sin dificultad, que cuando el juicio involucre, con independencia del extremo procesal que ocupe, a una entidad p\u00fablica, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar del domicilio de aquella. <\/p>\n
Dicha atribuci\u00f3n se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuya apreciaci\u00f3n no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del criterio subjetivo, cuando predica que: <\/p>\n
\u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. <\/p>\n
Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
8.- Tales inferencias encuentran apoyo en la propia g\u00e9nesis del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n que el proyecto de ley No. 196 de 2011 presentado al Congreso de la Rep\u00fablica, en su texto original incorpor\u00f3 la siguiente hip\u00f3tesis: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aquella\u00bb. (negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
Sin embargo, en ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la redacci\u00f3n de esa pauta fue modificada en la segunda ponencia del proyecto, presentada ante la C\u00e1mara de Representantes, con la sola justificaci\u00f3n de \u00abofrecer mayor claridad en torno a la competencia territorial cuando sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb (Gaceta del Congreso, A\u00f1o XX, No. 745 de 4 de octubre de 2011), quedando finalmente como en la actualidad se encuentra expresada en la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
9.- Como antes se apunt\u00f3, ante la inexistencia de disposiciones que demarquen una competencia distinta, las directrices esbozadas l\u00edneas arriba resultan aplicables a la clase de litigio objeto de estudio donde est\u00e9n involucradas las entidades a que hace referencia el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
10.- S\u00edguese de lo expuesto, que estando como est\u00e1 involucrada en uno de los extremos de la litis, una entidad que por su naturaleza impone la aplicaci\u00f3n del fuero subjetivo, cuyo domicilio es Bogot\u00e1, muy a pesar de ser el municipio de Barrancabermeja, Santander el domicilio de la otra empresa demandada, o que los Municipios de Puerto Triunfo Antioquia o [\u2026] Puerto Nare Antioquia sean \u00abel lugar del cumplimiento de las obligaciones\u00bb, ninguno de los jueces de esos lugares tienen la vocaci\u00f3n de juez natural que deba conocer de esta causa, debido a la prevalencia que tiene la pauta privativa que por la naturaleza jur\u00eddica de la otra involucrada concurre en su definici\u00f3n. <\/p>\n
11.- De acuerdo con lo discurrido, si bien en l\u00ednea de principio asiste raz\u00f3n al juez capitalino, en cuanto al hecho de que si el funcionario de Barrancabermeja al recibir las diligencias del hom\u00f3logo de Antioquia consideraba que carec\u00eda de atribuci\u00f3n para asumir el litigio, debi\u00f3 proceder en los t\u00e9rminos del canon 139 adjetivo y plantear de inmediato la colisi\u00f3n de competencia, no es menos cierto que, pese a ese desacierto procesal, al ser indiscutible que llegado el asunto a su despacho y siendo como es quien tiene la atribuci\u00f3n legal para impulsarlo, debi\u00f3 en aplicaci\u00f3n a los principios de econom\u00eda procesal y celeridad, pero sobre todo en garant\u00eda del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, asumir el conocimiento y no devolverlo como lo hizo al juzgador Santandereano. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer de la demanda declarativa descrita en el encabezamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los Juzgados Catorce Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn y Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
2\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
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AC2500-2023 (2023-03230-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA AC2500-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03230-00 Bucaramanga, Santander, primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Catorce Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja y Diecinueve […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75856","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75856\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}