AC2540-2023 (2013-00069-03)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2540-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-007-2013-00069-03 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En el escrito inicial, el se\u00f1or Jorge Enrique Proa\u00f1os Cabrera solicit\u00f3 declarar que adquiri\u00f3, por el modo originario de la prescripci\u00f3n, el dominio del inmueble con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 060-163834, ubicado en el corregimiento de Punta Canoa del Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena de Indias. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El tribunal revoc\u00f3 la sentencia estimatoria de primera instancia y neg\u00f3 el petitum, arguyendo que \u00abno hay plena identidad entre el bien descrito en la pretensi\u00f3n y el bien se\u00f1alado por su matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb.<\/p>\n
3. Inicialmente, la referida colegiatura concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que interpuso el demandante; sin embargo, la Corte declar\u00f3 prematura dicha determinaci\u00f3n, dado que la tasaci\u00f3n del inter\u00e9s del impugnante se bas\u00f3 en un documento que no satisfac\u00eda los requisitos formales de un dictamen pericial (CSJ AC2341-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n retorn\u00f3 al ad quem, quien concedi\u00f3 de nuevo el recurso extraordinario, sirvi\u00e9ndose ahora del aval\u00fao catastral del predio a usucapir, aumentado en una mitad. Dado que esa metodolog\u00eda \u2013propia de los procesos ejecutivos\u2013 no es procedente para determinar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, se declar\u00f3 por segunda vez prematura la concesi\u00f3n del recurso (CSJ AC1594-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Luego de estas vicisitudes, la corporaci\u00f3n de segundo grado emiti\u00f3 el auto recurrido en queja. All\u00ed rese\u00f1\u00f3 los pronunciamientos a los que se hizo menci\u00f3n, y concluy\u00f3 que no era viable conceder el remedio, en tanto que no existe \u00abprueba que demuestre cual ser\u00eda el inter\u00e9s para recurrir, carga que, como lo ha dicho la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, le correspond\u00eda al recurrente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El convocante formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio queja, al amparo de estos razonamientos: <\/p>\n
\u00abEs de nuestra consideraci\u00f3n que existen por lo menos dos elementos de juicio obrantes en el expediente para que esta magistratura llegue a la conclusi\u00f3n que el inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir supera la cuant\u00eda exigida por el art\u00edculo 338; el primer elemento, como lo hemos sostenido, se encuentra representado en el valor que fue pagado por cada uno de los cesionarios en favor del cedente en el negocio jur\u00eddico de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, por lo que no podemos compartir, con el debido respeto, lo que consideramos un exceso ritual manifiesto de esta Honorable magistratura, cuando considera que las dichas negociaciones no pasan de ser intangibles, que no se encuentran soportadas en valuaciones t\u00e9cnicas que permitan materializar, no solo la justeza de su monto; y no lo compartimos, porque a nuestro juicio no solo ir\u00eda en contra de los principios de la autonom\u00eda de la voluntad de los contratos, sino que llegar a dicho extremo ser\u00eda tanto como requerirse que cada vez que se llevase a cabo la realizaci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico en el que se encuentre de por medio un inmueble, tendr\u00eda que estar obligadamente precedido de valuaciones t\u00e9cnicas como expresamente s\u00e9 indica en la providencia. <\/p>\n
(…) El segundo elemento de juicio acompasado con el anterior, se encuentra determinado por el documento aval\u00fao presentado por el Se\u00f1or Jorge Enrique Donado Sojo, en el cual se determina y concluye que el lote de terreno materia de la presente Litis est\u00e1 avaluado en la suma de $4.056.477.800, sobre el cual coincidimos no poderse tener como dictamen pericial y como prueba \u00fanica para determinar la cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n por no reunir los requisitos exigidos por los numerales 3 a 7, 8, 9 y 10 del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, pero, es una prueba m\u00e1s aportada al proceso que debe ser analizada y evaluada con las dem\u00e1s, en este caso, con los contratos de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, tal como lo ha indicado la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil mediante Sentencia de Tutela STC2066-2021, de fecha 3 de marzo de 2021 donde se despejan dudas respecto a la Prueba Pericial y su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
En la antes mencionada Sentencia precisa la sala de casaci\u00f3n Civil que el Juez ahora es un \u201cjuzgador-pensador-razonador\u201d que debe evaluar cada medio y exponer motivadamente la credibilidad que le da, y que se ha dejado de lado la l\u00ednea o el r\u00e9gimen de prueba tasada, en el que cada prueba val\u00eda seg\u00fan el alcance que anticipadamente se\u00f1alaba el legislador para que el juez no estimara , sino contara los medios obrantes; es as\u00ed como bajo el esquema probatorio actual , el juzgador se encuentra llamado a realizar una apreciaci\u00f3n racional de los medios de pruebas que a bien tengan aportar las partes, siendo medios de pruebas todos los que traigan la convicci\u00f3n del juez, y su valor. En palabras de la Sala de Casaci\u00f3n Civil \u201cno es el indicado en la norma fr\u00eda, sino el que racionalmente advierte el fallador\u201d, siendo las \u00fanicas limitaciones aquellas impuestas por las reglas de la sana cr\u00edtica (art.176 del C\u00f3digo General del Proceso) y el respeto por las garant\u00edas constitucionales\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
7. Como en sede de reposici\u00f3n se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para surtir el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante auto del Magistrado Sustanciador, conforme lo disponen los art\u00edculos 30-3 y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n en procesos de pertenencia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acorde con el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, se refiere a la estimaci\u00f3n objetiva (cuantitativa) del impacto patrimonial de la decisi\u00f3n contraria a los intereses del impugnante, lo que, por v\u00eda de ilustraci\u00f3n, equivaldr\u00eda al monto de la condena que se le impuso, o del reclamo que le neg\u00f3, agravio que la jurisprudencia identifica con \u00ab…la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb \u2013AC7638-2016\u2013). <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLa prescripci\u00f3n adquisitiva supone alterar el derecho real de dominio, uno de los m\u00e1s importantes en la construcci\u00f3n de la historia de la humanidad y de la riqueza, al punto que cuenta con decisiva raigambre legal en todos los c\u00f3digos civiles modernos, con un registro inmobiliario aut\u00f3nomo, con acciones judiciales propias, e inclusive con estatura constitucional, como en el caso colombiano en el art\u00edculo 58 de la Carta de 1991\u201d (SC17141-2014, 16 dic. 2014, rad. 2005-00037-01). <\/p>\n
A tono con lo decantado, la Sala de forma invariable, tanto en el r\u00e9gimen procesal actual como en el anterior, ha requerido la cuantificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n desfavorable cuando se trata de pretensiones relacionadas con la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, estableciendo regla constante conforme a la cual \u201cel monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n est\u00e1 representado \u00fanicamente por el valor del inmueble materia de la acci\u00f3n de pertenencia\u201d (Subrayado fuera de texto) (AC de 4 may. 2012, rad. 2012-00301, AC2014-2014, AC3910-2015, AC6307-2016 y AC7084-2016)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dada esa conexi\u00f3n entre el valor en el comercio del bien y el agravio de la parte vencida en el proceso de pertenencia, la jurisprudencia ha insistido en la necesidad de auscultar prolijamente las caracter\u00edsticas del objeto material de la pretensi\u00f3n, con el prop\u00f3sito de captar adecuadamente todos los detalles que pueden incidir en su precio. Incluso, resulta aconsejable \u2013aunque no imperativo\u2013 que esas variables sean procesadas por un experto, y presentadas al juez en forma de dictamen pericial. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, la Sala ha descartado tasar el agravio sufrido con el fallo recurrido en casaci\u00f3n a trav\u00e9s del val\u00fao catastral del predio, aun cuando se actualice mediante f\u00f3rmulas matem\u00e1ticas, toda vez que <\/p>\n
\u00abel aludido certificado representa simplemente un indicador fiscal, salvo lo dispuesto para el proceso ejecutivo, lo cual significa que \u201c(\u2026) no sirve en todo caso para fijar el aludido monto econ\u00f3mico, en la medida en que el art\u00edculo 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil traza unas pautas especiales para los eventos en que el valor para recurrir por la indicada v\u00eda no aparezca determinado en el proceso\u201d (autos de 25 de abril de 2002, exp. 0403-01 y de 29 de junio de 2004, exp. 11001-0203-000-2003-00261-01)\u201d. Tampoco es admisible la actualizaci\u00f3n con base en el \u00cdndice de Precios al consumidor, como hizo el Tribunal, por la misma raz\u00f3n que tal variable expresa una realidad econ\u00f3mica diferente de la que se requiere averiguar.\u00bb (CSJ., AC808-2017, 16 feb., rad. 2013-00580-01, citado tambi\u00e9n en AC3300-2019, 14 ago., rad. 2011-00184-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y si no es aconsejable acudir al valor que fijan las autoridades para liquidar los tributos prediales, con mayor raz\u00f3n debe descartarse el m\u00e9todo consistente en \u00abincrementar\u00bb ese aval\u00fao catastral en una mitad, siguiendo el m\u00e9todo previsto en el art\u00edculo 444-4 del C\u00f3digo General del Proceso. Recu\u00e9rdese que esa pauta no fue dispuesta para estimar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, sino para avaluar el precio base para el remate de bienes ra\u00edces en procesos ejecutivos. <\/p>\n
Por ese sendero, esta Sala ha puntualizado: <\/p>\n
\u00abEl \u00fanico medio de convicci\u00f3n que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotaci\u00f3n que, ciertamente, no ostenta la \u201ccertificaci\u00f3n catastral\u201d que aport\u00f3 el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempl\u00f3 la ley para ese caso espec\u00edfico, como es la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, que no es una tasaci\u00f3n cualquiera, sino una determinaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el monto en t\u00e9rminos econ\u00f3micos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del aval\u00fao de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. Adem\u00e1s, bien se sabe que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableci\u00f3, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC4423-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Caso concreto <\/p>\n
Las reglas que previamente se expusieron dejan en evidencia que el recurso extraordinario que interpuso el demandante fue bien denegado, pues en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso no reposa informaci\u00f3n acerca del precio comercial actual del predio que pretend\u00eda usucapirse (afirmaci\u00f3n que el recurrente no disputa), ni se aport\u00f3 un dictamen pericial para suplir esa falencia (seg\u00fan aquel tambi\u00e9n lo acepta, y seg\u00fan se sostuvo en auto CSJ AC2341-2022, que cobr\u00f3 ejecutoria). <\/p>\n
A ello se agrega que las alternativas que propuso el recurrente para suplir ese vac\u00edo probatorio no son de recibo, pues se basan en lecturas fragmentarias \u2013o simplemente equivocadas\u2013 de la ley procesal y la jurisprudencia: <\/p>\n
<\/p>\n
i. En una primera oportunidad, el quejoso pidi\u00f3 que se considerara \u00abel valor que fue pagado por cada uno de los cesionarios en favor del cedente en el negocio jur\u00eddico de cesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb. Y aunque, en efecto, obran en el expediente varios contratos de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, en los que se pact\u00f3 el pago de un precio como contraprestaci\u00f3n, lo cierto es que no se tratan propiamente de pruebas; y tampoco demuestran el valor actual del predio que interesa a este proceso, ubicado en el corregimiento de Punta Canoa del Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena de Indias. <\/p>\n
Sobre este punto, destaca el precedente: <\/p>\n
\u00abLa fijaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n responde al principio de necesidad de la prueba (AC2708-2018), esto es que \u201cdebe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u201d (art. 164 C.G.P.), y que su apreciaci\u00f3n debe hacerse en conjunto de conformidad con las reglas de la sana cr\u00edtica, \u201csin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u201d, y sobre todo, exponiendo \u201crazonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d (art. 176 ib\u00eddem), con una carga argumentativa que impida predicar que la concesi\u00f3n del recurso extraordinario se fundament\u00f3 exclusivamente en el arbitrio judicial\u00bb (AC2286-2022). <\/p>\n
Retomando la cuesti\u00f3n, los documentos a los que alude el quejoso son relevantes para el procedimiento, pero ajenos por completo al debate sustancial. Por ello, los contratos de cesi\u00f3n de derechos litigiosos de marras no fueron decretados como prueba, ni fueron objeto de contradicci\u00f3n o valoraci\u00f3n en la sentencia; solo eran id\u00f3neos y necesarios para sustentar decisiones instrumentales, como aceptar la cesi\u00f3n y admitir a los cesionarios como litisconsortes o sucesores, en los t\u00e9rminos del canon 68 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En cambio, carece de efectos demostrativos de cara a la tasaci\u00f3n del agravio irrogado al impugnante \u2013asunto que, como es evidente, tiene relaci\u00f3n directa con la faceta sustancial del debate\u2013. La expresi\u00f3n \u00abelementos de juicio\u00bb del art\u00edculo 339, se insiste, equivale a elementos de prueba, y esto \u00faltimo significa la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las pautas formales que permiten asignar racionalmente a un objeto ese r\u00f3tulo \u2013de prueba judicial\u2013: las reglas del debido proceso probatorio. Los contratos aludidos por el quejoso no cumplen esas pautas, y por lo mismo, no pueden servir para sustentar la decisi\u00f3n de conceder el remedio casacional. <\/p>\n
A ello se agrega que el precio pagado en distintas operaciones de cesi\u00f3n de derechos litigios (algunas de las cuales datan del a\u00f1o 2013) no parece tener relaci\u00f3n de necesaria equivalencia con el valor actual del derecho o de la cosa que se disputa. Intuitivamente podr\u00eda decirse que, en la generalidad de los casos, deber\u00eda existir alguna relaci\u00f3n entre esas dos cosas, pero ese juicio normativo no presta ning\u00fan sustento s\u00f3lido para la decisi\u00f3n judicial, sino que requerir\u00eda confirmaci\u00f3n, justamente mediante el elemento de juicio que aqu\u00ed hace falta (el que revele el valor comercial del bien al tiempo de la sentencia de segunda instancia). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esa inferencia no es solo inicua por basarse en una percepci\u00f3n subjetiva, sino tambi\u00e9n porque abre la puerta a que, mediante acuerdos privados entre una parte y un tercero con el que comparte intereses, termine defini\u00e9ndose de manera subjetiva el monto del derecho o de la cosa litigiosa, o alterando a voluntad la cuant\u00eda de una causa. Y esto, consecuencialmente, podr\u00eda modificar las reglas de orden p\u00fablico sobre competencia, o incluso habilitar la interposici\u00f3n de remedios extraordinarios improcedentes desde una perspectiva objetiva. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 el recurrente que se tuviera en cuenta el aval\u00fao que present\u00f3 al interponer el recurso, aunque el mismo no fuera propiamente un dictamen pericial. Para ello cit\u00f3 varios pronunciamientos jurisprudenciales, en los que se destaca el principio de libertad probatoria, y la posibilidad de que una probanza sea valorada por el juez como un documento declarativo u otra evidencia semejante, aunque no tenga la condici\u00f3n de dictamen pericial. <\/p>\n
No obstante, obvia el se\u00f1or Proa\u00f1os Cabrera que en materia de justiprecio la libertad probatoria no campea a sus anchas. Es claro que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n puede definirse a trav\u00e9s de cualquiera de los medios de prueba que obran en el expediente, es decir, los aportados, decretados y practicados oportunamente, y que, por ende, integraron el dossier que consider\u00f3 (o pudo considerar) el tribunal al dictar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Pero si ello no fuera suficiente (como ocurre en este caso), el legislador autoriz\u00f3 el dictamen pericial como \u00fanica prueba suced\u00e1nea; es decir, implant\u00f3 una formalidad ad probationem. Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 339 citado prev\u00e9 que \u00abel recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario\u00bb, lo que quiere decir que es necesario allegar una experticia, que satisfaga los requisitos de ley para considerarse como tal, pues es ese, y no otro, el medio de prueba que eligi\u00f3 el ordenamiento para tasar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n cuando tal cosa no pueda hacerse vali\u00e9ndose de las probanzas oportunamente allegadas. <\/p>\n
Sobre el particular, ense\u00f1a el precedente invariable de la Corte: <\/p>\n
\u00ab(…) Al concederse el instrumento extraordinario, el ad quem acogi\u00f3 el \u201cdictamen pericial\u201d allegado por la interesada, sin advertir que \u00e9ste no satisface las condiciones para ser valorado, por lo que su decisi\u00f3n fue prematura. En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la resoluci\u00f3n que se emita en sentido contrario (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01)\u00bb (CSJ AC6081-2017, 15 sep.). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab[p]ara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. <\/p>\n
Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente. Pero, de elegir hacer uso de tal prerrogativa, habr\u00e1 de ce\u00f1irse en su aportaci\u00f3n a las normas probatorias que regulan la aducci\u00f3n de este tipo de prueba, pues, aunque al dictamen allegado por la parte no se le someta a contradicci\u00f3n, ello no le resta rigurosidad en su materialidad probatoria. De manera que, ese dictamen pericial aportado por el recurrente no es cualquier documento. Por el contrario, bien claro dispuso el legislador que la carga consiste en aportar un \u201cdictamen pericial\u201d, luego debe cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 de la misma codificaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 may.). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No existe evidencia que permita afirmar, con la certeza exigible en un escenario judicial, que el dem\u00e9rito que se irrog\u00f3 al convocante con el fallo desestimatorio supera el m\u00ednimo fijado como inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. Y siendo carga de la recurrente despejar dicha inc\u00f3gnita, su persistencia frustra la procedencia del remedio extraordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas, por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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AC2540-2023 (2013-00069-03) AC2540-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-007-2013-00069-03 Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. En el escrito inicial, el se\u00f1or Jorge Enrique Proa\u00f1os Cabrera solicit\u00f3 declarar que adquiri\u00f3, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}