AC2545-2023 (2023-03250-00)<\/p>\n
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AC2545-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03250-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de Medell\u00edn y Tercero de Familia de Manizales. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer Despacho, Inversiones Papiro S.A.S. radic\u00f3 demanda de jurisdicci\u00f3n voluntaria para que se autorice la insinuaci\u00f3n de la donaci\u00f3n gratuita e irrevocable de dinero en efectivo de dicha sociedad a favor la menor de edad representada por Mar\u00eda Juliana Jaramillo G\u00f3mez y Javier Valencia Duque. Se\u00f1al\u00f3 que la competencia de esa agencia obedec\u00eda a \u00ablo dispuesto en el literal c del numeral 13 del art\u00edculo 28 del C.G.P., por ser este el domicilio de los interesados\u00bb. <\/p>\n
2.- Esa autoridad rechaz\u00f3 el tr\u00e1mite y lo remiti\u00f3 a sus hom\u00f3logos en la capital del departamento de Caldas, toda vez que es all\u00ed donde se encuentra el domicilio de la donataria. <\/p>\n
3.- A su turno, el segundo despacho involucrado se rehus\u00f3 a asumirlo con amparo en el literal c del numeral 13 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, es competente el juez del domicilio de quien promueva el tr\u00e1mite de jurisdicci\u00f3n voluntaria, en este caso, en la capital de Antioquia dado el domicilio principal de la sociedad libelista. Por lo expuesto, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que la dirima. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como la presente divergencia se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e resolverla, en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan de ellos, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLa donaci\u00f3n entre vivos que no se insinuare, s\u00f3lo tendr\u00e1 efecto hasta el valor de dos mil pesos, y ser\u00e1 nula en el exceso. <\/p>\n
Se entiende por insinuaci\u00f3n la autorizaci\u00f3n de juez competente solicitada por el donante o donatario. <\/p>\n
El juez autorizar\u00e1 las donaciones en que no se contravenga a ninguna disposici\u00f3n legal\u00bb (Subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
Sin embargo, el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1712 de 1989, \u00ab[p]or el cual se autoriza la insinuaci\u00f3n de donaciones ante notario p\u00fablico\u00bb, modific\u00f3 ese precepto en estos t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abCorresponde al notario autorizar mediante escritura p\u00fablica, las donaciones cuyo valor excede la suma de cincuenta (50) salarios m\u00ednimos mensuales, siempre que donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de com\u00fan acuerdo y no se contravenga ninguna disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
Las donaciones cuyo valor sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios m\u00ednimos mensuales, no requieren insinuaci\u00f3n. <\/p>\n
Queda en estos t\u00e9rminos modificado el art\u00edculo 1458 del C\u00f3digo Civil\u00bb (Subraya intencional). <\/p>\n
De igual forma, el art\u00edculo 2\u00ba del mismo Decreto se\u00f1al\u00f3 que en estos casos: <\/p>\n
\u00abLa solicitud deber\u00e1 ser presentada personal y conjuntamente por el donante y el donatario o sus apoderados, ante el notario del domicilio del primero de ellos. <\/p>\n
Si el donante tuviere varios domicilios, la solicitud se presentar\u00e1 ante el notario del c\u00edrculo que corresponda al asiento principal de sus negocios. <\/p>\n
Si en el lugar hubiere m\u00e1s de un notario, la solicitud podr\u00e1 presentarse ante cualquiera de ellos\u00bb (Subrayas fuera del texto original). <\/p>\n
Pero debe anotarse que nada indic\u00f3 sobre la competencia del funcionario encargado de tramitar aquellos asuntos en los que la donaci\u00f3n vincula a una persona que no goza \u00abplenamente\u00bb de capacidad, entendida en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 34, 1503 y 1504 del C\u00f3digo Civil, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 57 de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 2272 de 19891, asignaba a los \u00abjueces de familia\u00bb, en primera instancia, el conocimiento de \u00abla insinuaci\u00f3n de donaciones entre vivos en cantidad superior a cincuenta (50) veces el salario m\u00ednimo mensual, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios\u00bb (cfr. n\u00fam. 17), asunto que por mandato del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 649 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil deb\u00eda tramitarse por el \u00abprocedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria\u00bb all\u00ed previsto, aunque se trata de normas que fueron derogadas por el literal c) del art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En la actualidad el estatuto adjetivo no incorpora menci\u00f3n expresa sobre esta clase de asuntos o el tr\u00e1mite que deben seguir, en tanto el legislador elimin\u00f3 cualquier referencia a ellos. Con todo, siguen consider\u00e1ndose procesos de \u00abjurisdicci\u00f3n voluntaria\u00bb dada la ausencia de conflicto de intereses o de voluntades que, en principio, supone la conjunta solicitud de autorizaci\u00f3n del acto de donaci\u00f3n entre vivos, como lo acot\u00f3 la Sala en CSJ AC418-2023 al precisar que: <\/p>\n
Por la naturaleza del asunto, es claro que corresponde a un asunto de jurisdicci\u00f3n voluntaria, pues como se\u00f1ala la doctrina vern\u00e1cula \u00ablo que caracteriza el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria civiles es que, inicialmente, no existe conflicto de intereses ni de voluntades, en cuanto a la petici\u00f3n en s\u00ed misma que inicia el proceso, y el hecho, por lo tanto, de que la declaraci\u00f3n del juez se solicita respecto de cierta o ciertas personas y no en contra de otras\u2026\u00bb [Devis Echand\u00eda, Compendio de Derecho Procesal, t. I 2\u00aa ed. Bogot\u00e1, Edit. ABC, 1972 p\u00e1g. 135] <\/p>\n
Lo anterior permitir\u00eda afirmar que la regla de \u00abcompetencia territorial\u00bb llamada a aplicarse en estos casos es la consagrada en el numeral 13 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abEn los procesos de jurisdicci\u00f3n voluntaria la competencia se determinar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
a) En los de guarda de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, interdicci\u00f3n y guarda de personas con discapacidad mental o de sordomudo, ser\u00e1 competente el juez de la residencia del incapaz. <\/p>\n
b) En los de declaraci\u00f3n de ausencia o de muerte por desaparecimiento de una persona conocer\u00e1 el juez del \u00faltimo domicilio que el ausente o el desaparecido haya tenido en el territorio nacional. <\/p>\n
c) En los dem\u00e1s casos, el juez del domicilio de quien los promueva\u00bb (Subrayas intencionales). <\/p>\n
No obstante, esta \u00faltima pauta es suficiente para asignar el conocimiento en situaciones en las que el donante y donatario comparten la misma vecindad, no as\u00ed en aquellas en las que no coincide el domicilio de los convocantes, caso en el cual la interpretaci\u00f3n de dicho precepto debe tener en cuenta que el acto de la \u00abinsinuaci\u00f3n\u00bb de la donaci\u00f3n fue instituido como un \u00abm\u00e9todo adicional de protecci\u00f3n al patrimonio del donante\u00bb, como se indic\u00f3 en CSJ SC3725- 2021, de manera que ser\u00e1 su \u00abdomicilio\u00bb el llamado a prevalecer en la fijaci\u00f3n de la competencia territorial. <\/p>\n
N\u00f3tese que es justamente esa necesidad de protecci\u00f3n del patrimonio del donante y la salvaguarda de los intereses de sus eventuales acreedores la raz\u00f3n que justifica el tr\u00e1mite de la insinuaci\u00f3n \u00abante el notario del domicilio del [donante]\u00bb o del \u00abasiento principal de sus negocios\u00bb, como lo determina el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 1712 de 1989. <\/p>\n
As\u00ed lo dijo la Corte en CSJ AC418-2023, al definir un conflicto de competencia suscitado en un caso de id\u00e9ntica connotaci\u00f3n, en el que precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) en lo que hace a la definici\u00f3n del funcionario competente para adelantar los asuntos jurisdicci\u00f3n voluntaria, por el factor territorial, el art\u00edculo 28 numeral 13 del C\u00f3digo General del Proceso ha fijado algunas pautas que privilegian el juzgador del domicilio de sujetos de especial protecci\u00f3n, como los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, o personas con discapacidad, o el \u00faltimo de quien se pretenda la declaraci\u00f3n de ausencia o muerte por desaparecimiento, y \u00aben los dem\u00e1s casos, el juez del domicilio de quien los promueva\u00bb. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la insinuaci\u00f3n de donaciones, de una mirada ligera de la norma podr\u00eda pensarse, que no siendo el asunto contencioso y que la demanda puede estar suscrita por donante y donatario, cuando esto ocurre, la competencia podr\u00eda asignarse al juez del domicilio de cualquiera de estos, en los eventos en que no tengan uno com\u00fan. <\/p>\n
Empero, tal inferencia no se aviene plausible, en la medida que el inter\u00e9s del donatario deviene derivado de la intencionalidad previa del donante de beneficiarlo econ\u00f3micamente, puesto que la donaci\u00f3n constituye un t\u00edtulo traslaticio del dominio, de suerte que la insinuaci\u00f3n, como tal, tiene el prop\u00f3sito no solo el de garantizar su validez, sino que, al constituir acto de desprendimiento patrimonial, busca prevenir que en su realizaci\u00f3n se afecten injustificadamente los intereses de terceros. <\/p>\n
De igual forma, en un caso de similares contornos promovido por la aqu\u00ed libelista en el que se radic\u00f3 la demanda de jurisdicci\u00f3n voluntaria en una ciudad distinta a la del domicilio de la donante, esta Sala predic\u00f3 (AC754-2023): <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque las partes de consuno optaron por una dependencia judicial vecina del donatario para que tramitara ese negocio, lo cierto es que esa elecci\u00f3n no tuvo en cuenta que el domicilio de la empresa donante se encuentra en Medell\u00edn, como lo revela el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal anexa al l\u00edbelo introductor circunstancia que resulta determinante para atribuir la competencia territorial en cabeza del juzgador de familia de esta \u00faltima ciudad, dada la naturaleza y finalidad del proceso instaurado y la preceptiva legal que regula esta especial clase de asuntos\u00bb. (Subrayas fuera del texto original). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es claro que la licencia notarial de las donaciones superiores al valor de cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales, por expreso mandato del art\u00edculo 1458 del C\u00f3digo Civil, solo ser\u00e1 factible en la medida que \u00abdonante y donatario sean plenamente capaces\u00bb, que se trate de una solicitud conjunta o \u00abde com\u00fan acuerdo\u00bb y que \u00abno se contravenga ninguna disposici\u00f3n legal\u00bb, de suerte que si alguna de estas condiciones no se cumple ser\u00e1 al juez competente a quien corresponder\u00e1 emitir la respectiva autorizaci\u00f3n, que no es otro que el de familia, acorde con lo previsto en el numeral 13 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso que les atribuye, en \u00ab\u00fanica instancia\u00bb, el conocimiento de aquellos asuntos relacionados con la \u00ablicencia para disponer o gravar bienes, en los casos previstos por la ley\u00bb (Subrayas intencionales). <\/p>\n
3.- En el presente asunto Inversiones Papiro S.A.S., con asiento principal en la capital del departamento de Antioquia2, acude al proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para obtener la autorizaci\u00f3n de la \u00abinsinuaci\u00f3n\u00bb de una \u00abdonaci\u00f3n gratuita e irrevocable de dinero en efectivo\u00bb que la citada sociedad pretende realizar en favor de la menor representada legalmente por Mar\u00eda Juliana Jaramillo G\u00f3mez y Javier Valencia Duque. <\/p>\n
De all\u00ed que conforme a las consideraciones expuestas resulte imperante atribuir la competencia del asunto al juzgador de esta \u00faltima ciudad, debido a la naturaleza y teleolog\u00eda del tr\u00e1mite impetrado y la normativa que gobierna esta particular clase de causas. <\/p>\n
4.- Desde esa perspectiva err\u00f3 el primer despacho al rehusar el conocimiento de las actuaciones sin un motivo plausible, por lo que se le retornar\u00e1n, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente sin dilaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Segundo de Familia de Medell\u00edn es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver virtualmente, por Secretar\u00eda, el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u201cPor el cual se organiza la Jurisdicci\u00f3n de Familia, se crean unos Despachos Judiciales y se dictan otras disposiciones\u201d <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan certificado de existencia y representaci\u00f3n legal obrante a folio 36 del escrito de demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
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