AC2602-2023 (2019-00547-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2602-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-010-2019-00547-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Gustavo Ares Guerrero Avil\u00e9s, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia del 20 de abril de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, que promovi\u00f3 Jenny Patricia Latorre Ospina contra el recurrente. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 la demandante declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial, conformada con el demandado desde el 30 de noviembre de 1994 hasta el 3 de agosto de 2018. <\/p>\n
Para sustentar sus aspiraciones, expuso que, durante 24 a\u00f1os, la pareja convivi\u00f3 bajo el mismo techo, compartiendo todos los gastos del hogar, brind\u00e1ndose ayuda econ\u00f3mica y espiritual permanente, comport\u00e1ndose socialmente como marido y mujer. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, dentro de la uni\u00f3n marital, fue procreada Nicolle Ari\u00e1n Guerrero Latorre, nacida el 19 de diciembre de 1999. <\/p>\n
Indic\u00f3 que las situaciones de violencia intrafamiliar y la infidelidad por parte del convocado, motivaron la separaci\u00f3n el 3 de agosto de 2018.1 <\/p>\n
2. Notificado del auto admisorio, el conminado se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, proponiendo como excepciones de m\u00e9rito: \u00abIMPOSIBILIDAD DE SURGIMIENTO DE LA UNI\u00d3N MARITAL POR AUSENCIA DE LOS REQUISITOS LEGALES\u00bb, \u00abFALTA DE LOS REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO\u00bb y \u00abPRESCRIPCI\u00d3N PARA LA DECLARACI\u00d3N JUDICIAL DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO\u00bb.2 <\/p>\n
3. El a quo, en sentencia del 10 de junio de 2021, resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre los se\u00f1ores JENNY PATRICIA LATORRE OSPINA y GUSTAVO ARES GUERRERO AVIL\u00c9S, desde el 13 de septiembre de 1998 hasta el 24 de marzo de 2016\u00bb, y \u00abNEGAR parcialmente la pretensi\u00f3n primera de la demanda en lo referente a la declaratoria de sociedad patrimonial de hecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva y en consecuencia declarar la procedencia de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N\u201d\u00bb.3 <\/p>\n
4. El superior, al desatar la apelaci\u00f3n formulada por ambas partes, modific\u00f3 el fallo del a quo, declarando la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre Jenny Patricia Latorre Ospina y Gustavo Ares Guerrero Avil\u00e9s, \u00abdesde el 13 de septiembre de 1998 hasta el 3 de agosto de 2018\u00bb, y revoc\u00f3 la parte resolutiva que reconoci\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, para, en su lugar, declarar su improsperidad y que entre los contendientes \u00abexisti\u00f3 una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes desde el 13 de septiembre de 1998 hasta el 3 de agosto de 2018\u00bb.4 <\/p>\n
Para decidir de ese modo, en resumen, consider\u00f3: <\/p>\n
4.1. \u00abSe allegaron serios elementos de convicci\u00f3n a partir de los cuales es v\u00e1lido se\u00f1alar que constituyen prueba de confesi\u00f3n por parte del demandado, (\u2026) [como] declaraciones extraprocesales (\u2026) en las que los se\u00f1ores JENNY PATRICIA LATORRE OSPINA y GUSTAVO ARES GUERRERO AVIL\u00c9S bajo la gravedad de juramento manifestaron (\u2026) convivimos en uni\u00f3n marital de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Material persuasivo que \u00abhalla pleno respaldo\u00bb en los testimonios recepcionados, que fueron corroborados con documentos aportados. <\/p>\n
De ah\u00ed concluy\u00f3 que \u00abel acopio probatorio valorado en su conjunto, bajo el tamiz de la sana critica, permite razonar que entre JENNY PATRICIA LATORRE OSPINA y GUSTAVO ARES GUERRERO AVIL\u00c9S existi\u00f3 una comunidad de vida, una relaci\u00f3n entre compa\u00f1eros permanentes que fue continua en el tiempo, pues existen comunicaciones afectivas y registro fotogr\u00e1fico en diferentes \u00e9pocas y sitios y en \u00e9l se les ve normalmente en actitud afectiva, adem\u00e1s, coincidieron en sus interrogatorios al informar que conformaron un proyecto econ\u00f3mico denominado \u201cGuerrero y Latorre Asociados\u201d, en el que prestaban servicios de asesor\u00eda contable, frente a lo que orientan las m\u00e1ximas de la experiencia que es com\u00fan que marido y mujer, en desarrollo de esa labor conjunta y de sostenimiento de la familia, creen proyectos econ\u00f3micos juntos, como en este caso ocurri\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Todo lo que se prob\u00f3 son actos reveladores de apoyo entre la pareja, lo que normalmente no ocurre entre simples novios, pues denotan una colaboraci\u00f3n en su desarrollo personal, social y laboral. Que el demandado sirviera de \u201cdeudor solidario\u201d a la demandante en un contrato de arrendamiento, que le propusiera continuar juntos con su proyecto de padres y socios, constituye un empoderamiento en querer asumir su rol de compa\u00f1ero permanente, lo que no puede tener justificaci\u00f3n diferente a la existencia de una alianza con disposici\u00f3n familiar, tal y como hace casi 15 a\u00f1os declar\u00f3 ante notario bajo la gravedad de juramento\u00bb. <\/p>\n
4.2. No encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n rotulada \u00abPRESCRIPCI\u00d3N PARA LA DECLARACI\u00d3N JUDICIAL DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA UNI\u00d3N MARITAL\u00bb, que su fund\u00f3 en que \u00abno puede tenerse [el] viaje [a Orlando] como prueba de una uni\u00f3n marital y mucho menos como una posible reconciliaci\u00f3n de los ex amantes (\u2026), [porque] hubo necesidad de compartir la misma habitaci\u00f3n, por razones de econom\u00eda, [con] cuatro personas [que] pernoctaron en la misma habitaci\u00f3n en camas separadas (\u2026)\u00bb; [por lo que] la relaci\u00f3n marital finiquit\u00f3 el 24 de marzo de 2016\u00bb. <\/p>\n
Sustrato factual que, en criterio del ad quem, no fue acreditado, ya que \u00abla prueba recaudada muestra que la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros tuvo lugar hasta el mes de agosto de 2018 (\u2026) [pues] lo ocurrido en el a\u00f1o 2016 (\u2026) ocasion\u00f3 una herida letal a la relaci\u00f3n de las partes que origin\u00f3 un alejamiento afectivo y f\u00edsico entre los compa\u00f1eros, pero no condujo al rompimiento definitivo de la relaci\u00f3n marital necesario para tener por concluida la uni\u00f3n marital de hecho en esa \u00e9poca, presupuesto que es uno de los previstos por el legislador para dar finiquito a la uni\u00f3n marital y que fue la alegada por el demandado en su respuesta a la demanda\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, advirti\u00f3 \u00abla improsperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n formulada en relaci\u00f3n con la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital, habida cuenta que la demanda se radic\u00f3 el 24 de mayo de 2019, es decir, dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, contado a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros\u00bb. <\/p>\n
5. Contra la providencia de segunda instancia, el demandado interpuso recurso de casaci\u00f3n, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos, se formularon por v\u00eda indirecta, con soporte en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Se acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de violar los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, por los evidentes y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; precis\u00e1ndose que \u00abel ataque aqu\u00ed propuesto \u00fanicamente involucra (\u2026) [e]l momento de clausura de la uni\u00f3n marital de hecho judicialmente declarada (\u2026), al igual que, lo concerniente a la denegaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por el convocado y a la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
1.1. En sentir del recurrente, el error judicial denunciado se configur\u00f3 porque el Tribunal omiti\u00f3 y tergivers\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n que dan cuenta de la fecha cierta en que culmin\u00f3 la relaci\u00f3n marital, siendo ver\u00eddico que ello tuvo lugar el 24 de marzo de 2016, mas no el 3 de agosto de 2018, como equivocadamente se coligi\u00f3 en la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
1.2. Tal inferencia es calificada por el impugnante como un yerro \u00abevidente, protuberante y trascendente\u00bb, al darse por demostrado, sin estarlo, que el v\u00ednculo marital finiquit\u00f3 en la prenotada fecha, pese a que el material persuasivo no valorado y el apreciado de manera distorsionada, corroboran lo confesado por la accionante en su escrito de 22 de mayo de 2016, esto es, que la data final de la comentada relaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 24 de marzo anterior. <\/p>\n
1.3. Por esa senda, asever\u00f3 que el dislate es trascedente en la resoluci\u00f3n del caso, al tenerse por acreditado, sin estarlo, \u00abel requisito temporal previsto en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990 para adelantar la acci\u00f3n encaminada a obtener la declaratoria y consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb; considerando que la demanda no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo, toda vez que se interpuso el 24 de mayo de 2019, es decir, pasada la anualidad de que trata el canon referido, que comenz\u00f3 a contarse a partir del 24 de marzo de 2016, cuando se materializ\u00f3 la separaci\u00f3n definitiva de los aqu\u00ed enfrentados, hito temporal que es exigido por el comentado precepto. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
2. Se critic\u00f3 el fallo emitido por ad quem por desconocer los art\u00edculos 164, 167, 176, 191, 211, 242, 244, 247, 250, 260 y 272 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de los evidentes y trascendentes errores de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria, vulner\u00e1ndose, a su vez, indirectamente los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990; precis\u00e1ndose, adem\u00e1s, que \u00abel ataque aqu\u00ed propuesto (\u2026) \u00fanicamente se encamina a rebatir (\u2026) [e]l momento de culminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho judicialmente declarada (\u2026) y el consecuente reconocimiento de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
2.1. En criterio del casacionista, el vicio se estructur\u00f3 porque el Tribunal, de manera infundada, coligi\u00f3 que la uni\u00f3n marital de hecho judicialmente declarada culmin\u00f3 el 3 de agosto de 2018, y no el 26 de marzo de 2016, \u00absin prueba regular y oportunamente allegada al proceso\u00bb, como lo previene el art\u00edculo 167 del C.G.P.; tampoco, en ese ejercicio demostrativo, \u00abvalor\u00f3 las pruebas en conjunto como lo impone el art\u00edculo 176 ibidem, que, por tanto, quebrant\u00f3, pues de haberlo hecho, su desenlace hubiera sido distinto\u00bb. <\/p>\n
2.2. Adem\u00e1s, omiti\u00f3 considerar el grado de sospecha percibido en los testigos, de acuerdo con el art\u00edculo 211 ibidem, cuya credibilidad o imparcialidad qued\u00f3 en entredicho, ante su relaci\u00f3n de consanguinidad y afinidad con la demandante. <\/p>\n
2.3. Asimismo, sostuvo que el sentenciador desconoci\u00f3 el art\u00edculo 167 ejusdem, ya que no reconoci\u00f3 que el convocado s\u00ed acredit\u00f3 que la mencionada uni\u00f3n marital finaliz\u00f3 el 24 de marzo de 2016. <\/p>\n
2.4. Destac\u00f3 que, si no se hubieran desatendido esas normas probatorias, el ad quem habr\u00eda concluido que el referido v\u00ednculo feneci\u00f3 el 24 de marzo de 2016, como fue confesado por la demandante en su escrito de 22 de mayo de 2016, documento aut\u00e9ntico a la luz de art\u00edculos 244 y 272, ibidem, y que debi\u00f3 valorarse en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 250 y 260, idem, lo cual no aconteci\u00f3. <\/p>\n
2.5. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que el fallador colegiado no tuvo en cuenta el hecho confesado sobre la culminaci\u00f3n de la referida relaci\u00f3n marital, de conformidad el art\u00edculo 191, ejusdem, que fue inobservado al darse por establecido, sin estarlo, que la ruptura sucedi\u00f3 el 3 de agosto de 2018 <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que, al preterirlo, desconoci\u00f3 el canon 242, ibidem, que impone la apreciaci\u00f3n de los indicios juntamente con el material probatorio obrante en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Por todo lo anterior, manifest\u00f3 que \u00ab[d]e haber tenido en cuenta la integridad de medios persuasivos y las citadas normas de estirpe probatorio, el Tribunal no hubiera podido sostener que la comunidad de vida judicialmente declarada entre los contendientes, hab\u00eda perecido el 3 de agosto de 2018 y, de contera, tampoco hubiera podido tener por satisfecho el requisito temporal exigido por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, ni declarar, como err\u00f3neamente lo hizo, la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
III.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Por la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n y la finalidad con \u00e9l perseguida, el legislador estableci\u00f3 rigurosas exigencias formales para presentar debidamente la demanda (art. 344, C.G.P.), que deben ser verificadas con el prop\u00f3sito de determinar su admisibilidad (art. 346, ibidem), dentro del estrecho delineado por las causales que taxativamente han sido consagradas en el texto legal, para la procedencia de este medio impugnativo (art. 336, ejusdem). <\/p>\n
2.- Cuando se invoca la transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial, constitutiva de la causal segunda de casaci\u00f3n tipificada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se impone al recurrente indicar, en t\u00e9rminos precisos, si su cuestionamiento a la sentencia emitida por el ad quem, encuentra g\u00e9nesis en el error de derecho originado en la inobservancia de una norma probatoria, o en el error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una prueba determinada. Exigi\u00e9ndosele, adem\u00e1s, explicitar en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n judicial denunciada, con puntual demarcaci\u00f3n de las disposiciones de car\u00e1cter sustancial aplicables en la resoluci\u00f3n del caso, que fueron infringidas, as\u00ed como las preceptivas de estirpe suasorio que se estiman quebrantadas. <\/p>\n
3. De entrada, debe puntualizarse que, en el sub judice, para estructurar adecuadamente ambas acusaciones, fundadas en el numeral 2\u00ba del canon 336 de la codificaci\u00f3n adjetiva civil, correspond\u00eda al casacionista satisfacer el requerimiento de invocar expresamente el texto legal de naturaleza material que sirvi\u00f3 de soporte jur\u00eddico, o ha debido serlo, a la decisi\u00f3n recurrida y que, en su opini\u00f3n, fue objeto de afrenta por parte del fallador. <\/p>\n
Sin embargo, de los preceptos de la Ley 54 de 1990 enlistados como transgredidos indirectamente con el fallo acusado, \u00fanicamente ostentan el car\u00e1cter de sustancial sus art\u00edculos 2\u00ba y 8\u00ba, pero no el canon 1\u00ba de dicho cuerpo normativo, que \u00abes de tipo conceptual (\u2026) por lo que su protesta incumple con el requisito esencial para estructurar la causal 2, art. 336 del C.G. del P.\u00bb (CSJ AC1567-2022).5 <\/p>\n
Y aunque el censor estim\u00f3 infringido el art\u00edculo 2 del citado ordenamiento, en modo alguno se ocup\u00f3 de explicitar \u00absu texto literal, escenario que revela el incumplimiento del opugnador a su carga de poner de presente la infracci\u00f3n \u00abindirecta de la ley sustancial\u00bb (AC5864-2021), y simplemente invoc\u00f3 la disposici\u00f3n normativa\u00bb. (CSJ AC1567-2022); adem\u00e1s de no exponer la forma en que la aludida preceptiva fue conculcada, como era de su resorte, para cotejarla con los supuestos yerros atribuidos al ad quem. <\/p>\n
Hecha esas precisiones, individualmente se analizar\u00e1 la admisibilidad de los cargos planteados, por fundarse en el quebrantamiento indirecto del art\u00edculo 8 de la Ley 54 de 1990, que s\u00ed cuenta con la connotaci\u00f3n de ser norma material. <\/p>\n
4. El primer cargo esgrimido se sustent\u00f3 en ser la sentencia de segunda instancia violatoria del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, por los evidentes y trascendentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
4.1. Acusaci\u00f3n que, al transitar por la v\u00eda indirecta, con ocasi\u00f3n de errores probatorios, exig\u00eda acreditar en qu\u00e9 forma se patentiz\u00f3 la inobservancia del aludido canon y su incidencia en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Yerro que, a voces de la jurisprudencia, se configura: \u00abcuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y c), cuando se valora la prueba que si existe, pero sin embargo se altera su contendido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u00bb (CS JSC\uff0c10 Ago. 1999\uff0cRad. 4979\uff1bCSJ SC\uff0c15 Sep. 1998, Rad. 4886\uff1bCS JSC. 21 0ct 2003\uff0cRad\uff0e7486; CSJ SC 18 Sep. 2009\uff0cRad. 00406). <\/p>\n
Adicionalmente, se requiere que ese desatino pueda ser catalogado de protuberante y manifiesto, al advertirse que las inferencias y deducciones del fallador son abiertamente contrarias a la realidad procesal; siendo necesario, adem\u00e1s, que la equivocaci\u00f3n judicial resulte trascedente, esto es, que haya repercutido, de modo significante, en la resoluci\u00f3n del debate con la trasgresi\u00f3n de las invocadas normas materiales. <\/p>\n
No obstante, la Corte ha destacado, reiteradamente, la autonom\u00eda que asiste a los juzgadores, al valorar el material probatorio para definir la respectiva instancia, en virtud del art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De ah\u00ed que la Corporaci\u00f3n haya resaltado que \u00ab(\u2026) \u2019el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la \u00fanica ponderaci\u00f3n y conclusi\u00f3n que tolera y acepta la apreciaci\u00f3n de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente\u2019, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, \u2018(\u2026) luego de examinar cr\u00edticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la l\u00f3gica y lo razonable, en oposici\u00f3n a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las caracter\u00edsticas de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situaci\u00f3n no hay absoluta certeza del desatino cometido\u2019 (casaci\u00f3n de 27 de mayo de 2005, exp. 2005-00472)\u00bb. (CSJ, SC-2, jul. 2010). <\/p>\n
Adem\u00e1s, siendo del resorte exclusivo del casacionista evidenciar el error endilgado al ad quem, ese cometido impone traer las razones por las que la determinaci\u00f3n recurrida ser\u00eda diferente a la adoptada por el tribunal, y, por lo tanto, favorable a los intereses del censor. (CSJ AC519-2020). <\/p>\n
Tarea argumentativa que, en palabras de la Sala, \u00abno puede reducirse a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley\u00bb (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-0257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01). <\/p>\n
4.2. Desde esa \u00f3ptica, el primer cargo presenta defectos de t\u00e9cnica, que impiden dar curso a su tramitaci\u00f3n, como pasa a explicarse: <\/p>\n
4.2.1. N\u00f3tese que el recurrente sustenta el error judicial denunciado, en la preterici\u00f3n y tergiversaci\u00f3n de pruebas, que condujo a tener como fecha de finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n marital, conformada con la demandante, el 24 de marzo de 2016 y no el 3 de agosto de 2018. <\/p>\n
En su sentir, el fallador de segunda instancia distorsion\u00f3 y hasta cercen\u00f3 el correo electr\u00f3nico que Jenny Patricia Latorre Ospina dirigi\u00f3 al demandado el 22 de mayo de 2016, confesando la culminaci\u00f3n del v\u00ednculo el 24 de marzo anterior. <\/p>\n
Tergiversaci\u00f3n tambi\u00e9n observada en las comunicaciones de 2, 5, 6 y de agosto de 2016, en las que la accionada jam\u00e1s le propuso al accionante que regresaran a realizar vida marital, pero el Tribunal \u00able atribuy\u00f3 a esa prueba un sentido distinto al que le cumpl\u00eda dispensarle, circunstancia que incidi\u00f3 en el proferimiento de la sentencia cuestionada\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que el sentenciador reforzara su valoraci\u00f3n probatoria en las fotograf\u00edas tomadas durante el viaje que hizo la pareja a Estados Unidos, que \u00abfueron aportadas por la iniciadora del pleito y no por el convocado, [y] tampoco dan cuenta de que la relaci\u00f3n termin\u00f3 el 3 de agosto de 2018\u00bb; m\u00e1xime si ese desplazamiento a la exterior tuvo por finalidad acompa\u00f1ar a su hija com\u00fan al campeonato mundial de chalaner\u00eda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el ad quem desconoci\u00f3 que Blanca Adriana Latorre Ospina Y Erika Viviana D\u00edaz G\u00f3mez, hermana y cu\u00f1ada, respectivamente, de la actora, no acompa\u00f1aron a los extremos del litigio al mencionado viaje internacional, por lo que no pod\u00edan testificar que la relaci\u00f3n feneci\u00f3 el 3 de agosto de 2018, sumado a su imparcialidad derivada del parentesco. <\/p>\n
4.2.2. En su argumentaci\u00f3n, el impugnante, a manera de un alegato de instancia, propone una ponderaci\u00f3n demostrativa alterna, que no logra dejar sin piso la valoraci\u00f3n efectuada por el juzgador colegiado, revestida de la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto; pese a que su trabajo discursivo debi\u00f3 encaminarse a patentizar la existencia de un yerro garrafal en dicho ejercicio probatorio, que condujera a la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n distinta, situaci\u00f3n que no tuvo ocurrencia; observ\u00e1ndose que el recurrente confronta el criterio del fallador, proceder incompatible con esta v\u00eda impugnativa extraordinaria, como ha sido reiterado por esta Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar: <\/p>\n
La casaci\u00f3n no est\u00e1 para escenificar una simple disputa de criterios y de esta suerte, para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dial\u00e9ctico o con mayor rigor l\u00f3gico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casaci\u00f3n y particularmente dentro del \u00e1mbito del error de hecho, debe presentarse a \u00e9sta argumentos incontestables, al punto de que (la) sola exhibici\u00f3n haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista. (CSJ SC, 22 Oct.1998). <\/p>\n
Es de ver, desde ese panorama, que, en contraposici\u00f3n a lo afirmado por el censor, el Tribunal no indic\u00f3 que Blanca Adriana Latorre Ospina y Erika Viviana D\u00edaz G\u00f3mez hubieran concurrido al viaje que realiz\u00f3 la pareja al extranjero, sino que sus testimonios dieron cuenta de la ruptura definitiva de la relaci\u00f3n marital, cuando la demandante y el demandado regresaron de los Estados Unidos, en el mes de agosto de 2018; de quienes previamente precis\u00f3 que \u00abno se advierte (\u2026) motivos para faltar a la verdad y cuyo relato espont\u00e1neo le brinda a la Sala plena credibilidad en sus dichos, dada su cercan\u00eda familiar y habitacional, la regularidad de sus visitas al hogar de las partes, incluso el hecho de que el se\u00f1or GUSTAVO ARES es el padrino del hijo de la testigo BLANCA ADRIANA LATORRE\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, opuesto a lo sugerido por el gestor del recurso, ninguna confesi\u00f3n proveniente de la accionante es posible extraer de su comunicaci\u00f3n emitida el 22 de mayo de 2016, ni de las misivas que subsecuentemente se cruzaron los entonces compa\u00f1eros permanentes, pues el sentenciador razonablemente infiri\u00f3 que \u00ab[a] pesar de que a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico que la se\u00f1ora JENNY PATRICIA dirigi\u00f3 al se\u00f1or GUSTAVO el 22 de mayo de 2016, aquella se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 24 de marzo de 2016 como la fecha de terminaci\u00f3n de su v\u00ednculo sentimental dado el conocimiento que tuvo de la infidelidad del accionado con una mujer de nombre \u201cDeisy\u201d, lo cierto es que con posterioridad a dicha comunicaci\u00f3n se intercambiaron los mensajes que l\u00edneas atr\u00e1s fueron transcritos en extenso, los que como ya se vio denotan intensos sentimientos y un \u00e1nimo del se\u00f1or GUSTAVO ARES de retomar la relaci\u00f3n y el proyecto de vida con do\u00f1a JENNY, manifestaciones que estuvieron seguidas justamente por el viaje tantas veces mencionado, en el que se tomaron las fotograf\u00edas allegadas al plenario, donde lejos de mostrarse a las partes inc\u00f3modas por estar en el mismo ambiente, se les ve alegres de vivir esa experiencia juntos y al lado de su hija y del menor de los hijos del demandado\u00bb. <\/p>\n
Entonces, el sentido que el ad quem atribuy\u00f3 a cada una de las pruebas examinadas no se muestra absurdo ni descabellado, que hubiera comportado una total distorsi\u00f3n de su contenido, por el contrario, se aprecia una seria y fundada ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n que \u00abrepresenta un juicio de valor que, en principio resulta intangible para la Corte\u00bb (CSJ. SC, 9 Dic. 2011, Rad. 1992-05900) <\/p>\n
Siendo llamativo que, para demostrar el dislate denunciado, el recurrente relacion\u00f3 varios elementos de persuasi\u00f3n, acompa\u00f1ados de extensas, pero pormenorizadas y minuciosas disquisiciones; esfuerzo valorativo que, en l\u00ednea de principio, desdibuja el car\u00e1cter de evidente que debe ostentar el error judicial fundante del cargo en casaci\u00f3n, pues la equivocaci\u00f3n ostensible, por definici\u00f3n, se presenta a los sentidos y al intelecto sin mediar un arduo desarrollo demostrativo; por eso, jurisprudencialmente se ha acotado que el \u00abyerro (\u2026) emerja con esplendor bajo su sola circunstancia \u00abde su enunciaci\u00f3n\u00bb. (CSJ. SC, 17 Jun. 1964, GJ. Nro. 107, p\u00e1g. 228). <\/p>\n
4.3. Si eso es as\u00ed, ning\u00fan desprop\u00f3sito se avizora en el computo temporal llevado a cabo por el sentenciador de segunda instancia, a partir del mes de agosto de 2018, para concluir que no hab\u00eda prescrito la acci\u00f3n destinada a obtener la declaratoria y consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
5.- En el segundo cargo propuesto se cuestion\u00f3 la sentencia por desconocer los c\u00e1nones 64, 167, 176, 191, 211, 242, 244, 247, 250, 260 y 272 del C\u00f3digo General del Proceso, con evidentes y trascendentes errores de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria, infringi\u00e9ndose indirectamente los preceptos 1\u00ba, 2\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990.6 <\/p>\n
Sobre esa tem\u00e1tica, la Sala tiene decantado: <\/p>\n
[E]l error de derecho supone la conformidad con el contenido material de la prueba, pero se reclama su indebida estimaci\u00f3n, por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de la misma. Esto es, el desacierto surge porque en la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica del medio demostrativo el enjuiciador no observa \u00ablos requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01, ac 4145-2022 de 4 de oct, Rad. 2010-00090-01). (CSJ. SC065-2023, Rad. 2010-00259-01). <\/p>\n
5.1. En la acusaci\u00f3n planteada por el casacionista se enquistan insalvables falencias que obstruyen su admisi\u00f3n, porque a pesar de relacionar cada una de las normas probatorias supuestamente inobservadas por el Tribunal, circunstancia que, en su opini\u00f3n, dar\u00eda lugar a la conculcaci\u00f3n de la preceptiva material invocada, nada dijo respecto de la errada interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan la producci\u00f3n, aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, valoraci\u00f3n o eficacia de las pruebas analizadas por el fallador de segundo orden, para contabilizar el fen\u00f3meno prescriptivo de marras, desde el mes de agosto de 2018 y no a partir de mayo de 2016, como lo pregona el censor. <\/p>\n
5.2. V\u00e9ase que el casacionista, no obstante endilgarle al fallador errores de derecho, claramente finc\u00f3 su cargo en meras deficiencias f\u00e1cticas, cuando asever\u00f3: a) fue desconocido el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso, porque \u00abel sentenciador (\u2026) infundadamente sostuvo que la uni\u00f3n marital de los aqu\u00ed contendientes judiciales feneci\u00f3 el \u201c3 de agosto de 2018\u201d (\u2026). Esa conclusi\u00f3n carece de soporte probatorio y quebranta la antedicha disposici\u00f3n (\u2026)\u00bb; b) el art\u00edculo 176, ibidem, fue inadvertido, en tanto que no se valoraron las pruebas en conjunto, \u00absi hubiera analizado con objetividad lo se\u00f1alado por las se\u00f1oras BLANCA ADRIANA LATORRE y ERIKA VIVIANA D\u00cdAZ G\u00d3MEZ, hermana y cu\u00f1ada, respectivamente de la demandante, no hubiera podido soportar su decisi\u00f3n en esos dichos\u00bb; c) el art\u00edculo 191, ejusdem, se inobserv\u00f3, ya que el juzgador \u00abprefiri\u00f3 tener como soporte de su decisi\u00f3n, los dichos de la demandante, de su hermana y su cu\u00f1ada, en lugar de las pruebas originales y directas, particularmente la confesi\u00f3n de la accionante\u00bb; d) el precepto 167, idem, fue desconocido, toda vez que el demandado \u00abs\u00ed acredit\u00f3 de manera fehaciente el suceso consistente en que la relaci\u00f3n en comento, culmin\u00f3 el 24 de marzo de 2016\u00bb; e) el canon 242, ibidem, tampoco se tuvo en cuenta \u00abpara analizar en su conjunto, la prueba indiciaria, derivada de la conducta observada por las partes\u00bb <\/p>\n
5.3. Desde esa perspectiva, la rese\u00f1ada falencia da al traste con la admisibilidad del cargo a tr\u00e1mite, comoquiera que el recurrente, se itera, pese a alegar errores de derecho, no dirigi\u00f3 su ataque a la aportaci\u00f3n, producci\u00f3n, admisi\u00f3n o estimaci\u00f3n de la prueba, pues se limit\u00f3 a refutar la apreciaci\u00f3n que hiciera el Tribunal de las piezas probatorias que lo llevaron a tener por acreditado el requisito temporal exigido por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, y, consiguientemente, denegar la excepci\u00f3n de \u00abPRESCRIPCI\u00d3N PARA LA DECLARACI\u00d3N JUDICIAL DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO\u00bb. <\/p>\n
6. En suma, como lo ataques elevados por el recurrente no se ci\u00f1en a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, la demanda se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Gustavo Ares Guerrero Avil\u00e9s, frente a la sentencia proferida el 20 de abril de 2022, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devu\u00e9lvase el expediente al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Folios 102-107 Archivo: 01. EXPEDIENTE ESCANEADO 2019-00547-U.M.H.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folios 249-319 Archivo: 01. EXPEDIENTE ESCANEADO 2019-00547-U.M.H.pdf <\/p>\n
4\u0002 Archivo: 45 SentenciaSegundaInstancia.pdf <\/p>\n
5\u0002 \u00ab\u00danicamente los c\u00e1nones 2, 3, 5, 6 y 8 de la Ley 54 de 1990 tienen la aptitud indispensable para fundamentar el embate del censor2, pues las reglas 1\u00aa, 4\u00aa y 7\u00aa de la misma normativa, ha dicho esta Corporaci\u00f3n3, tienen como finalidad definir aspectos netamente procedimentales que no generan ni alteran derechos, obligaciones ni relaciones jur\u00eddicas subjetivas entre sujetos determinados y, por ende, no se erigen en mandatos sustanciales pasibles de invocaci\u00f3n en esta excepcional sede\u00bb. (CSJ AC5864-2021). <\/p>\n
6\u0002 En este punto se precisa que, como se explic\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, solo esta \u00faltima norma est\u00e1 revestida de sustancialidad. <\/p>\n
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AC2602-2023 (2019-00547-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2602-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-010-2019-00547-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda formulada por Gustavo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}