AC2706-2023 (2023-03057-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2706-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03057-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Segundo Civil del Circuito de Duitama, para conocer de la acci\u00f3n de cumplimiento promovida por Rubiel Ocampo, Mar\u00eda Clara Jim\u00e9nez de Ocampo y Juli\u00e1n David Mart\u00ednez contra la Direcci\u00f3n del Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n de Paipa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes interpusieron el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. All\u00ed, solicitaron el cumplimiento del acto administrativo de concepto favorable de uso del suelo del 26 de septiembre de 2022, donde se autoriz\u00f3 la construcci\u00f3n de una \u00abresidencia campestre individual\u00bb en el lote ubicado en la vereda \u00abR\u00edo Arriba\u00bb en el municipio de Paipa, que consta en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba \u00ab074-103691\u00bb. <\/p>\n
El libelo no cuenta con un ac\u00e1pite de competencia. <\/p>\n
No obstante, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n para conocer del asunto, en virtud de que al tratarse de un asunto que versa sobre una materia urban\u00edstica, y que involucra el uso de suelos y el plan de ordenamiento territorial, son competentes los jueces civiles, como ha recalcado la Corte Constitucional en su jurisprudencia (C.C. A951\/2021). Y en lo atinente a la acci\u00f3n de cumplimiento, estim\u00f3 que en virtud de la ley 393 de 1997, el juez que debe conocer del asunto es el del domicilio del accionante, que para el caso bajo examen es Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. El primer despacho en conflicto rechaz\u00f3 la demanda, porque si bien la acci\u00f3n de cumplimiento se rige por una prerrogativa especial, no es menos cierto que deben aplicarse los criterios de competencia establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso. Es por ello que deb\u00edan usarse tanto el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28, como el art\u00edculo 29 \u00eddem, los cuales determinan que al ser parte una entidad p\u00fablica, conoce de forma privativa el juez de su domicilio, y que la competencia por la calidad de las partes prevalece sobre cualquier otra. Por ello envi\u00f3 el expediente para que fuera repartido entre sus hom\u00f3logos de Duitama (circuito judicial al que pertenece el municipio de Paipa). <\/p>\n
3. El estrado destinatario rechaz\u00f3 el escrito de demanda y suscit\u00f3 el conflicto de competencia, en raz\u00f3n a que el criterio a seguir para determinar la competencia en las acciones de cumplimiento ser\u00e1 el que la ley 393 de 1997 ha configurado de manera expresa en el domicilio de la parte demandante. Indic\u00f3 que, ante la existencia de una norma especial en la materia, su contenido no puede ser obviado, y debe ser el juzgado de Bogot\u00e1 quien conozca de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 87 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho que tiene toda persona a acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Dicho precepto constitucional fue desarrollado, principalmente, a trav\u00e9s de la ley 393 de 1997, que en su art\u00edculo 3\u00ba contiene la regla de competencia sobre este tipo de acciones, radic\u00e1ndolas en cabeza del juez administrativo del domicilio del peticionario, en primera instancia. <\/p>\n
Sin embargo, la jurisdicci\u00f3n ordinaria en cabeza de los jueces civiles del circuito tambi\u00e9n conoce de los asuntos de esta estirpe, cuando se busque el cumplimiento de deberes previstos en las leyes 9 de 1989 y 3 de 1991, relacionados con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo. <\/p>\n
As\u00ed, el art\u00edculo 116 de la ley 388 de 1997 prev\u00e9 que: quien tenga inter\u00e9s en incoar una acci\u00f3n de cumplimiento \u00abpresentar\u00e1 la demanda ante el juez civil del circuito la cual contendr\u00e1, adem\u00e1s de los requisitos generales previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy C\u00f3digo General del Proceso], la especificaci\u00f3n de la ley o acto administrativo que considera no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente, la identificaci\u00f3n de la autoridad que, seg\u00fan el demandante, debe hacer efectivo el cumplimiento de la ley o acto administrativo y la prueba de que el demandante requiri\u00f3 a la autoridad para que diera cumplimiento a la ley o acto administrativo\u00bb (resaltado ajeno). <\/p>\n
La Corte Constitucional, al desatar conflictos de jurisdicci\u00f3n suscitados entre juzgados administrativos y civiles del circuito para conocer acciones de cumplimiento de actos administrativos relacionados con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo ha dicho: <\/p>\n
41. De esa forma, como fue advertido en las consideraciones de esta providencia, la ley que regula el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de cumplimiento le atribuye la competencia para conocer de estos recursos judiciales a los jueces administrativos sin especificar la materia. En contraste, cuando se pretende el cumplimiento de un deber emanado de una ley o acto administrativo relacionado con los usos del suelo de los planes de ordenamiento territorial, la ley especial establece que son los jueces civiles del circuito quienes deben conocer de estas acciones. <\/p>\n
42. Por otra parte, es preciso advertir que el criterio subjetivo que trae presuntamente la Ley 1437 de 2011, como norma posterior, seg\u00fan el cual, si se exige a una autoridad p\u00fablica el cumplimiento de un deber legal a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de cumplimiento, le corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, no es un argumento s\u00f3lido para determinar la competencia jurisdiccional. Esta interpretaci\u00f3n, sostenida por la posici\u00f3n vigente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, omite que la misma Ley 388 de 1997 establece en su art\u00edculo 116 que \u00abLa acci\u00f3n de cumplimiento se dirigir\u00e1 contra la autoridad administrativa que presuntamente no est\u00e9 aplicando la ley o el acto administrativo\u00bb. Es decir, la misma ley especial consagra que la acci\u00f3n de cumplimiento se dirige contra una autoridad administrativa, por lo que el criterio subjetivo, extra\u00eddo de la Ley 1437, no es suficiente para definir la competencia jurisdiccional. <\/p>\n
43. De manera que, en el caso concreto se trata de una acci\u00f3n de cumplimiento cuya pretensi\u00f3n se concentra en el cumplimiento de obligaciones de las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, referentes a los usos del suelo y los planes de ordenamiento territorial, se dirige contra entidades p\u00fablicas y, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el art\u00edculo 116 de la Ley 388 de 1997, la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil es la competente para conocer y resolver el asunto bajo estudio. <\/p>\n
44. Regla de decisi\u00f3n. La jurisdicci\u00f3n civil ser\u00e1 la competente para conocer de las acciones de cumplimiento cuando estas son dirigidas contra una entidad de naturaleza p\u00fablica o particulares en ejercicio de su funci\u00f3n administrativa, cuando se pretenda el cumplimiento de deberes establecidos en la Ley 9\u00aa de 1989 y la Ley 3\u00aa de 1991, relacionadas con los planes de ordenamiento territorial y usos del suelo. Ello en virtud del art\u00edculo 116 de la Ley 388 de 1997 y el principio de especialidad. (Resaltado fuera del texto original) (Corte Constitucional, Auto 951\/2021. 10 nov. 2021. Expediente CJU-565, regla reiterada en A019\/2022 y A442\/2023 de la misma corporaci\u00f3n). <\/p>\n
3. A su vez, el numeral 10\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del C.G.P. dispone: \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Y para el caso en concreto, debe tenerse en cuenta cu\u00e1l ser\u00e1 la entidad encargada de cumplir con el contenido de la ley o acto administrativo que seg\u00fan el accionante se ha desacatado. <\/p>\n
4. Lo dicho traduce que, en el caso concreto corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama, el cual corresponde al lugar donde tiene su domicilio la entidad demandada, pues se trata de un ente de car\u00e1cter p\u00fablico. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n, Desarrollo Territorial y Desempe\u00f1o Institucional de Paipa es una dependencia de la Alcald\u00eda de ese municipio, que cumple, entre otras funciones, la de velar por el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial de esa localidad, llevando a cabo tr\u00e1mites administrativos como la expedici\u00f3n de certificados de demarcaci\u00f3n o delineamiento o conceptos de uso de suelo, como se busca en el caso bajo examen1, como se desprende del documento denominado \u00abNORMATIVA URBANA Bases para la Formulaci\u00f3n de La normativa urbana Paipa – Boyac\u00e1\u00bb2. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, debe tenerse certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb (negrilla por fuera del texto original). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y como quiera que el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb, se concluye que la demandada ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y si bien es cierto que en las acciones de cumplimiento la competencia territorial la determina el domicilio del demandante, en primera instancia, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 3\u00ba de la ley 393 de 1997, esta adscripci\u00f3n en el sub lite debe ceder ante la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y arm\u00f3nica del art\u00edculo 116 de la ley 388 de 1997 con los art\u00edculos 28 [10] y 29 del C\u00f3digo General del Proceso, que establecen la prevalencia del domicilio de la entidad p\u00fablica para determinar la autoridad judicial competente para conocer el asunto, es decir que dan preeminencia al factor subjetivo sobre cualquier otro. <\/p>\n
5. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el libelo en este caso no podr\u00eda ser conocido por el despacho judicial del lugar donde tienen su domicilio los accionantes, conforme con lo consagrado por el numeral 10\u00ba, art\u00edculo 28 en concordancia con el precepto 29 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 116 de la ley 388 de 1997. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), habida cuenta que el art\u00edculo 29 mencionado da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular, res\u00e1ltese que, el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb3, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que no se dar\u00eda prevalencia al fuero subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de los cap\u00edtulos que regulan otros factores de competencia. Pero esto no significa que dicho factor sea inexistente, o haga las veces de subfactor de competencia. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cCon el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente4, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u201cla intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u201cfuero especial\u201d. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u201d. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia5, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.6), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes7. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente8\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo anotado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama por ser el competente para conocer de la mencionada demanda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.paipa-boyaca.gov.co\/Ciudadanos\/Paginas\/Tramites-y-Servicios-Secretaria-de-Planeacion.aspx <\/p>\n
2\u0002https:\/\/www.paipa-boyaca.gov.co\/Transparencia\/Paginas\/Planeaci%C3%B3n,-Gesti%C3%B3n-y-Control.aspx <\/p>\n
3\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
4\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
5\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
6\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
8\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
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AC2706-2023 (2023-03057-00) AC2706-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03057-00 Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Segundo Civil del Circuito de Duitama, para conocer de la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}