AC2776-2023 (2023-03340-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2776-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03340-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de Buga y Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1.- Ante el primer estrado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), formul\u00f3 demanda verbal contra Luis Enrique Gonz\u00e1lez y otros, para que se ordene la \u00abdivisi\u00f3n material del inmueble (sic) denominado Sandrana y Samaria\u00bb ubicados en los municipios de Guadalajara de Buga y San Pedro \u2013 Valle del Cauca, cuyo conocimiento atribuy\u00f3 a esa sede en raz\u00f3n \u00abdel domicilio de los demandados\u00bb. <\/p>\n
2.- Esa autoridad luego de inadmitir el libelo al revelar el incumplimiento de requisitos formales, rechaz\u00f3 el asunto y lo remiti\u00f3 a sus pares en la capital del pa\u00eds, dada la prevalencia del fuero personal de la entidad p\u00fablica demandante y su domicilio, acorde con lo dispuesto en los art\u00edculos 28, numeral 10\u00ba, y 29 del C\u00f3digo General del Proceso (27 jun. y 17 jul. 2023). <\/p>\n
3.- A su turno, el segundo despacho involucrado se rehus\u00f3 a asumirlo, fundamentalmente, con soporte en lo dispuesto por el numeral 7\u00b0 del canon 28 del estatuto adjetivo y que el fuero privativo est\u00e1 previsto exclusivamente para los procesos contenciosos, no siendo el divisorio uno de ellos. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que la dirima (9 ago. 2023). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto de competencia se plantea entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponder\u00eda a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb al radicar la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la disputa. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre divisi\u00f3n, entre otros, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los divisorios\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira adquirir el dominio pleno, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala, plasmado en AC140-2020, tiene soluci\u00f3n en el inciso primero del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites que participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. En tal sentido, se indic\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues como all\u00ed se dijo, <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Pese a que el suscrito ponente disiente de la postura adoptada en esa determinaci\u00f3n unificadora, como lo expres\u00f3 en el respectivo salvamento de voto, desde entonces ha utilizado aquel criterio para solventar los casos semejantes, con todas sus consecuencias, puesto que la finalidad de esa resoluci\u00f3n conjunta fue precisamente superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes magistrados de la Sala frente a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica id\u00e9ntica, todo ello en aras de salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica (cfr. CSJ AC388-2020). <\/p>\n
Asimismo, aunque esas conclusiones se adoptaron en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos, ha sido aplicada por la Sala a variados pleitos en los que es parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
3.- Con ese panorama, se observa que el juzgado de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, comoquiera que no tuvo en cuenta las directrices que sent\u00f3 la Sala en AC140-2020 y que respaldan la posici\u00f3n del estrado de Guadalajara de Buga, toda vez que la promotora es una entidad p\u00fablica, por lo que resulta aplicable el fuero personal fijado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que en los t\u00e9rminos de dicho precedente contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelaci\u00f3n (art. 29), torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer por tratarse de un tema de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Es necesario precisar que si bien la promotora radic\u00f3 el libelo en el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes y adujo que escog\u00eda como factor el \u00abdomicilio de los demandados\u00bb, la declinaci\u00f3n del fuero resulta inviable precisamente por el car\u00e1cter \u00abimprorrogable [de] los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni a\u00fan bajo el consentimiento de las partes\u00bb, dada la forma especial como est\u00e1 regulada la competencia por el factor subjetivo. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto refiere a la naturaleza de los procesos divisorios, que fue la raz\u00f3n por la cual se desprendi\u00f3 del asunto la funcionario de la capital y contrario a lo sostenido por ella, dicho asunto tiene un car\u00e1cter contencioso conforme nuestro ordenamiento procesal, puesto que se clasifica como un declarativo especial, que busca poner fin a la propiedad involuntariamente compartida y cuyos titulares precisamente acuden al citado rito para solucionar dicha situaci\u00f3n e incluso los comuneros tienen a su alcance la posibilidad oponerse a la pretensi\u00f3n partitoria, es decir, admite contradicci\u00f3n y por tanto se traba la litis; de all\u00ed que en tal orden resulte aplicable el fueron privativo de la entidad demandante. <\/p>\n
4.- Por tanto, al ser Bogot\u00e1 el domicilio de la gestora, seg\u00fan se desprende de la demanda, los anexos y el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2363 de 2015, es ese y no otro el lugar donde debe ser adelantado el ritual, por lo que se ordenar\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n al funcionario de la citada urbe para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver virtualmente, por Secretar\u00eda, el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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