AC2779-2023 (2023-03452-00)<\/p>\n
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AC2779-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03452-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cincuenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, de no ser porque se observa que fue planteado de forma anticipada. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante la primera autoridad, la Cooperativa Multiactiva de Servicios para Pensionados y Retirados de la Fuerza P\u00fablica y del Estado \u201cCoomanufacturas\u201d, promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Mauricio Agust\u00edn Pinto Rinc\u00f3n y Paula Andrea Ram\u00edrez. Fij\u00f3 su competencia \u00abpor la cuant\u00eda\u00bb y \u00abpor el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese Despacho rechaz\u00f3 la demanda por carecer de competencia dado que en \u00abel pagar\u00e9\u00bb no se estipul\u00f3 el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, motivo por el cual debe acudirse a la regla general de competencia, esto es el domicilio de los convocados que para este caso corresponde a Ibagu\u00e9. Por ello, remiti\u00f3 las actuaciones a los Jueces Civiles del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
3.- El receptor expuso su desacuerdo con lo anterior, en vista de que los deudores tienen su domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1 seg\u00fan lo indic\u00f3 la promotora, motivo por el cual debi\u00f3 asumirla. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
De cualquier modo, cuando se trata de fueros concurrentes, la escogencia y su raz\u00f3n de ser son cuestiones que deben quedar claramente determinados en el libelo o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n, pues si ello no ocurre o si su enunciado es confuso le corresponder\u00e1 al juzgador exigir las aclaraciones respectivas a trav\u00e9s del mecanismo de inadmisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido la Sala al advertir que en presencia de pluralidad de opciones para atribuir la competencia, \u00abel promotor tiene la obligaci\u00f3n de indicar cual prefiere, eso s\u00ed dejando plasmada en forma clara su intenci\u00f3n ya que de no hacerlo o quedar incierta se torna indispensable para el calificador exigir las aclaraciones pertinentes\u00bb (CSJ AC659- 2018, reiterado en CSJ AC4076-2019); dicho de otra manera, \u00abcuando el actor detenta la facultad de elegir el territorio en el que quiere acceder a la administraci\u00f3n de justicia deber\u00e1 manifestarlo expresamente ante el ente judicial preferido y, en el evento en que no lo haga o su enunciado sea confuso, deben agotarse las medidas necesarias para dilucidar esa voluntad, encontr\u00e1ndose en primer lugar la inadmisi\u00f3n del libelo\u00bb (CSJ AC3594-2019, reiterado en CSJ AC728-2021). <\/p>\n
3.- En el presente caso, la acreedora atribuy\u00f3 el conocimiento en virtud del \u00ablugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, sin que en el documento base de recaudo aparezca referencia a alguno cierto en la geograf\u00eda nacional. Adicionalmente, en contra de lo indicado por el primer funcionario, el t\u00edtulo ejecutivo que dio lugar a la acci\u00f3n no es un pagar\u00e9, ya que as\u00ed no se desprende de su tenor literal, sino que se trata de un contrato de mutuo bajo modalidad de libranza, de ah\u00ed que ni siquiera era aplicable al caso la regla establecida en el art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio para determinar el sitio donde deb\u00eda satisfacerse el compromiso adquirido. <\/p>\n
De igual forma, el fallador del Distrito Capital, tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 al considerar que la vecindad de los compelidos es en Ibagu\u00e9, en atenci\u00f3n a la informaci\u00f3n reportada para recibir notificaciones, en contra de lo que expresamente se indic\u00f3 en el libelo en el sentido de que estaban domiciliados en Bogot\u00e1, desatendiendo lo que consistentemente ha recordado la Sala en el sentido de que <\/p>\n
(\u2026) no es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado en AC3888-2017, AC2254-2018, AC2951-2018, CSJ AC3246-2018, AC3596-2018 entre otros). <\/p>\n
Ahora bien, como en el instrumento de cobro no aparece en forma expresa cu\u00e1l es \u00abel lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb, ni estaban dadas las condiciones para poderlo determinar, ya fuera con apoyo en los anexos o la normatividad aplicable al caso, fuera de la incertidumbre sobre la veracidad de la informaci\u00f3n brindada en cuanto al \u00abdomicilio\u00bb de los compelidos, era deber del funcionario primigenio, antes de separarse del asunto, indagar sobre los precisos factores que determinaban la escogencia de la sede del litigio y exigir al promotor las explicaciones necesarias para remediar cualquier inconsistencia que pudiera existir, tal como dispone el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En tal sentido, seg\u00fan se record\u00f3 en AC323-2020, <\/p>\n
(\u2026) si la ambigua redacci\u00f3n de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debi\u00f3 reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la correcci\u00f3n de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el tr\u00e1mite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional. (CSJ AC323-2020). <\/p>\n
4.- Consecuentemente, se dispondr\u00e1 el retorno de las diligencias al estrado que inicialmente las recibi\u00f3, para que tome los correctivos tendientes a esclarecer la voluntad de la demandante y recopilar los elementos que le permitan acoger o repeler con fundamento su impulso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir virtualmente, por Secretar\u00eda, el expediente digital al Juzgado Cincuenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la disparidad de criterios. <\/p>\n
Tercero: Librarlos oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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