AC2780-2023 (2023-03500-00)<\/p>\n
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AC2780-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03500-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Santiago de Tol\u00fa y D\u00e9cimo Civil Municipal Oral de Barranquilla. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer despacho, Alba Marina Ram\u00edrez Londo\u00f1o demand\u00f3 a Iv\u00e1n Fernando Arias Ortiz y Yolis del Carmen Mart\u00ednez Romero para obtener el pago de la obligaci\u00f3n dineraria contenida en la escritura p\u00fablica No.1022 de 9 de julio de 2020 objeto de recaudo, junto con los intereses moratorios generados desde su exigibilidad, que se encuentra garantizada con \u00abhipoteca abierta de primer grado sin l\u00edmite de cuant\u00eda\u00bb; asunto cuyo conocimiento le atribuy\u00f3 por lo \u00abestablecido en la Secci\u00f3n Segunda Proceso Ejecutivo T\u00edtulo \u00danico Capitulo Primero Y Capitulo VI Articulo 422, 25 y 26, 268 del C.G.P. \u00bb. <\/p>\n
2.- Ese estrado rechaz\u00f3 el pleito, con fundamento en los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que al advertir que los deudores residen en Barranquilla y que fue en dicha ciudad que se pact\u00f3 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n cobrada, dispuso remitir las diligencias a los juzgados civiles municipales de dicha urbe. <\/p>\n
3.- El receptor contradijo la referida determinaci\u00f3n, toda vez que, a su juicio, deb\u00eda prevalecer la competencia privativa establecida en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ibidem, y, en consecuencia, como el inmueble dado en garant\u00eda est\u00e1 ubicado en Santiago de Tol\u00fa, consider\u00f3 que era el juzgado de dicha localidad el llamado a tramitar el asunto. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que dirimiera la diferencia. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a la Corte le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb; mandato aplicable cuando se trata de t\u00edtulos valores debido a que estos son una especie de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad e indica, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garant\u00eda real, como la hipoteca, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, lo que constituye un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC1452-2020, que reiter\u00f3 lo dicho en AC5699-2017 y en AC8186-2017, esta Sala precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) trat\u00e1ndose de procesos de esa naturaleza [hipotecario], no es el domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n las reglas a ser usadas para establecer el funcionario competente, sino el lugar de ubicaci\u00f3n de la cosa con relaci\u00f3n a la cual se ejercitan los respectivos derechos reales, pues la norma acabada de aludir, al contrario de como lo hac\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art. 23, num. 9\u00b0), no previ\u00f3 una atribuci\u00f3n concurrente entre el mentado domicilio o sitio de cumplimiento y el sitio de ubicaci\u00f3n de los efectos patrimoniales, sino una competencia \u00ab(\u2026) de modo privativo (\u2026)\u00bb a partir del lugar \u00ab(\u2026) donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb. <\/p>\n
3.- En el sub lite, la acreedora hace valer una \u00abhipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda\u00bb, que le otorgaron los propietarios del predio ubicado en \u00abla variante Tol\u00fa – Cove\u00f1as\u00bb, para respaldar las obligaciones incorporadas en una escritura p\u00fablica, predio que seg\u00fan el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 340-39654 est\u00e1 ubicado en Santiago de Tol\u00fa, documentos anexos al l\u00edbelo que constituyen el fundamento de recaudo coercitivo. <\/p>\n
Con ese panorama, es palmario el yerro del Juzgado de ese municipio al rehusar el conocimiento del caso, pues no tuvo en cuenta que estaba ante el t\u00edpico ejercicio de una acci\u00f3n real que involucra el bien referido, adscrito judicialmente al circuito de esa poblaci\u00f3n, circunstancias que de acuerdo con la regla s\u00e9ptima del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso radicaban all\u00ed la competencia para tramitar el asunto. En otras palabras, pese a la existencia de otros fueros, era el \u00abfuero real\u00bb el que se impon\u00eda ante dicho escenario. <\/p>\n
4.- Por tanto, se dispondr\u00e1 el retorno de la actuaci\u00f3n a esa \u00faltima autoridad para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tol\u00fa es el competente para asumir el conocimiento de la demanda de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir la actuaci\u00f3n al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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