AC2783-2023 (2021-00741-01)<\/p>\n
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AC2783-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 54405 31 10 001 2021 00741 01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide el recurso de queja que interpuso Jos\u00e9 Miguel Valdele\u00f3n Bonilla frente al auto proferido el 10 de julio de 2023 por la Magistrada sustanciadora de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que no le concedi\u00f3 el de casaci\u00f3n contra la sentencia emitida el 14 de junio anterior dentro del proceso verbal que le adelantaron Aneidy Brigitt y Meybi Brigitt Camero Neira como herederas de Deisy Brigitte Neira Mora. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Las accionantes pidieron declarar que entre \u00abmediados\u00bb de mayo de 2009 y el 19 de diciembre de 2015 el convocado y la madre de ellas tuvieron una uni\u00f3n marital de hecho y su consecuente sociedad patrimonial. <\/p>\n
2.- El Juzgado de Familia de Los Patios declar\u00f3 que el v\u00ednculo familiar tuvo lugar del 1\u00ba de enero de 2010 al 18 de diciembre de 2015, pero acogi\u00f3 la defensa de m\u00e9rito que el convocado denomin\u00f3 \u00abPrescripci\u00f3n extintiva de la pretensi\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
3.- Apelada la sentencia por ambas partes, el 14 de junio pasado el Tribunal la confirm\u00f3 en lo que concierne al lazo marital, al tiempo que la revoc\u00f3 en lo que ata\u00f1e al reconocimiento de esa defensa, en lugar de lo cual \u00abdeclar[\u00f3] conformada la sociedad patrimonial\u2026\u00bb. <\/p>\n
4.- Oportunamente el demandado interpuso recurso de casaci\u00f3n, al tiempo que arrim\u00f3 un \u00abinforme pericial\u00bb rendido por un contador p\u00fablico y abogado quien manifest\u00f3 que el patrimonio social est\u00e1 constituido por $50\u2019000.000 m\u00e1s tres inmuebles que aqu\u00e9l tiene en posesi\u00f3n, y concluy\u00f3 que su inter\u00e9s \u00ab\u2026asciende a la suma de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000)\u00bb. <\/p>\n
5.- Mediante el auto impugnado, el ad quem neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario propuesto al advertir que la prueba adjunta no re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 226 procedimental, pues quien lo elabor\u00f3, \u00abpartiendo de que el demandado tiene \u2018posesi\u00f3n material\u2019 de los bienes que, al parecer, componen la masa social\u2026no especific\u00f3 ni aclar\u00f3, y menos inform\u00f3, cual fue la base, el m\u00e9todo o an\u00e1lisis realizado para efectuar esa tasaci\u00f3n, ni tampoco indic\u00f3 la f\u00f3rmula que emple\u00f3 para arribar a esa cuant\u00eda\u00bb, am\u00e9n de que no \u00abacredit\u00f3 estar registrado como Perito Avaluador\u00bb. Por otra parte, los folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba. 260-286033 y n\u00ba. 260-229425 indican que los respectivos predios fueron adquiridos en los a\u00f1os 2012 y 2013 en vigencia de la uni\u00f3n marital, \u00abcontrario a lo acontecido con la mejora con matr\u00edcula n\u00ba. 260-199347\u00bb, el primero por $41.000.000 y el segundo por $6.000.000, montos que incluso si se actualizaran a la fecha de la sentencia de segunda instancia y se complementaran con los \u00ab$50\u2019000.000,00 que se dice fueron consignados \u2018con el fin de adquirir un inmueble en el municipio de Villa del Rosario\u2019\u00bb no se acercan a los mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que este a\u00f1o se requieren para el prop\u00f3sito. <\/p>\n
6.- Frente a esa determinaci\u00f3n, el promotor formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja, aduciendo que el justiprecio que alleg\u00f3 s\u00ed cumple con los requisitos establecidos en la citada norma, que el tribunal deb\u00eda respetar las reglas que lo regulan y que si no estaba de acuerdo con el mismo debi\u00f3 decretar de oficio otro \u00abo en su defecto interrogar al perito acerca de la idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen\u00bb, comoquiera que \u00absolo puede establecer la cuant\u00eda con los elementos de juicio que obren en el expediente cuando no se opte por allegar dictamen pericial, ya que en este caso con la finalidad de respetar el debido proceso las reglas que se deber\u00e1n respetar ser\u00e1n las de los art\u00edculos 226 a 235 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
7.- Mediante auto de 1\u00ba de agosto de este a\u00f1o, la ponente mantuvo la decisi\u00f3n y dio tr\u00e1mite a la queja, destacando que como el interesado aport\u00f3 dictamen pericial y se debe resolver de plano no tiene cabida la contradicci\u00f3n ni el decreto oficioso de otro, pero la prueba debe satisfacer lo previsto en el art\u00edculo 226 adjetivo, sin que nada obste para que, si carece de m\u00e9rito persuasivo, deba examinar los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el plenario. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en la elaboraci\u00f3n del dictamen anexado no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 que reglamenta el tema ni la resoluci\u00f3n 620 de 2008 del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, entidad facultada para fijar reglas para la realizaci\u00f3n de los aval\u00faos, que se\u00f1ala varios m\u00e9todos, pero como el perito no manifest\u00f3 \u00abcu\u00e1l fue el que tuvo en cuenta, es altamente dispendioso e incierto para la judicatura establecer a cu\u00e1l de ellos aplic\u00f3. Sin embargo, lo que s\u00ed es menester indicar es que de haber optado por cualquiera de los que se encuentran previstos, deb\u00eda llevar a cabo las etapas debidamente definidas en el art\u00edculo 6\u00ba de la resoluci\u00f3n; deb\u00eda identificar f\u00edsicamente el predio en la forma prevista en el art\u00edculo 7\u00ba y deb\u00eda tener en cuenta la identificaci\u00f3n legal conforme a los aspectos indicados en el art\u00edculo 8\u00ba\u00bb, lo cual se echa de menos. Adem\u00e1s, \u00aba partir de la expedici\u00f3n de la Ley 1673 de 19 de julio de 2013, quienes act\u00faen como Avaluadores deben estar inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores\u00bb, lo que no acredit\u00f3 el perito Jes\u00fas Humberto Jaimes Cavad\u00edas. Por tanto, su informe no colma los requisitos del art\u00edculo 226 procedimental ni existen otros elementos de juicio que permitan establecer que la cuant\u00eda requerida se satisface. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La viabilidad del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a la satisfacci\u00f3n de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que este excepcional medio, procede, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el canon 338 ibidem, consagra que <\/p>\n
Cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil. <\/p>\n
Como puede apreciarse, el actual compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n desfavorable que tra\u00eda el que lo antecedi\u00f3, fij\u00e1ndola en mil (1000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia, en los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificaci\u00f3n de ese requisito, su art\u00edculo 339 dispone que <\/p>\n
Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n. <\/p>\n
2.- La inconformidad planteada por el demandado se circunscribe a que considera que, con el prop\u00f3sito de verificar el requisito del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, el Tribunal debi\u00f3 aceptar el dictamen que adjunt\u00f3 cuando interpuso el recurso y, de no hacerlo, promover su contradicci\u00f3n o decretar otro de oficio. <\/p>\n
En cuanto a lo primero se refiere, sin duda el peritaje que Valdele\u00f3n Bonilla enarbol\u00f3 para acreditar su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n no satisface los requisitos que fija el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que carece de la m\u00e1s m\u00ednima claridad, precisi\u00f3n, exhaustividad y detalle, am\u00e9n de cualquier explicaci\u00f3n sobre los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos o art\u00edsticos de sus conclusiones. <\/p>\n
Al efecto basta ver que si bien comienza por relacionar unos activos consistentes en tres inmuebles y dinero que pertenecer\u00edan a la sociedad de bienes, enseguida se\u00f1ala que Valdele\u00f3n Bonilla tiene la posesi\u00f3n de aquellos, pero en ning\u00fan momento, al menos con la claridad necesaria, concluye que el valor que indica corresponde a los mismos, en cuanto lo que sostiene reiteradamente es que \u00abel inter\u00e9s del demandado en el presente proceso asciende a la suma de \u2026$1.200\u2019000.000\u00bb. <\/p>\n
Y aunque se admitiera lo contrario, es decir, que esa cifra corresponde al valor de dichos activos, la discusi\u00f3n igualmente resultar\u00eda est\u00e9ril, pues en tal caso evidentemente no podr\u00eda predicarse que coincidir\u00eda con el inter\u00e9s del convocado, toda vez que en el escenario de la liquidaci\u00f3n de una sociedad patrimonial \u00e9ste apenas tendr\u00eda derecho a la mitad de la universalidad, es decir, $600\u2019000.000, cantidad notoriamente insuficiente para el fin que persigue, en cuanto para el presente a\u00f1o en que se dict\u00f3 la sentencia que se pretende recurrir el m\u00ednimo acreditado deber\u00eda ascender a $1.000\u2019000.000. <\/p>\n
Por otra parte, no se presenta ning\u00fan m\u00e9todo de aval\u00fao ni en ese marco se se\u00f1alan fundamentos t\u00e9cnicos o investigaciones que se hubiesen hecho, y aunque en gracia de discusi\u00f3n se dijera lo contrario, lo cierto es que caer\u00edan en el vac\u00edo, pues, se reitera, no existe relaci\u00f3n directa entre el valor se\u00f1alado en el dictamen y los bienes relacionados, en tanto aquel se asign\u00f3 al inter\u00e9s del demandado. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en punto a la idoneidad del autor del estudio, no se acredit\u00f3 que se encuentra inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, seg\u00fan lo exige el art\u00edculo 22 de la Ley 1673 de 2013 (AC1880-2020, AC2465-2020 y AC783-2021). <\/p>\n
Atinente a la necesidad de que al no acoger el dictamen presentado, el tribunal decretara uno de oficio, es pertinente se\u00f1alar que la ley no contempla dicho procedimiento, por cuanto impone al juzgador resolver de plano con base en aqu\u00e9l o en los elementos de juicio obrantes en el plenario. <\/p>\n
As\u00ed lo hizo el fallador de instancia, cuando al encontrar que aquella prueba no era id\u00f3nea para el fin perseguido puso su vista en los valores indicados en documentos que obran en la actuaci\u00f3n referidos a dos bienes inmuebles adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial, es decir, $47\u2019000.000, que incluso contempl\u00f3 la posibilidad de actualizar, los que adicionados a los $50\u2019000.000 que el recurrente relacion\u00f3, encontr\u00f3 manifiestamente escasos, como en efecto se aprecia. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, la resoluci\u00f3n desfavorable de este medio impugnativo dar\u00eda lugar a condenar en costas al quejoso; empero, la Corte se abstendr\u00e1 de hacerlo al no evidenciar su causaci\u00f3n (arts. 365 n\u00fam. 8 y 361 inc. 2 ib\u00eddem). <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jos\u00e9 Miguel Valdele\u00f3n Bonilla frente a la sentencia emitida el 14 de junio de 2023 dentro del proceso verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial que le adelantaron Aneidy Brigitt y Meybi Brigitt Camero Neira como herederas de Deisy Brigitte Neira Mora. <\/p>\n
Segundo: Sin costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver digitalmente la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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