AC2787-2023 (2023-03023-00)<\/p>\n
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AC2787-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03023-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1- Cundinamarca- dentro del proceso declarativo de servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica promovida por Codensa Colombia S.A. ESP- hoy Enel Colombia-, contra Blanca Cecilia Ochoa y los herederos indeterminados de Julio Adona\u00ed Ochoa Gonz\u00e1lez (q.e.p.d). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Codensa Colombia S.A. ESP- hoy Enel Colombia- present\u00f3 demanda ante los jueces civiles del circuito de esta ciudad, en la que solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre el predio denominado \u00abSanta Isabel\u00bb, de c\u00e9dula catastral No. 25-290-00-02-00-00-0008-0023-0-00-00-0000, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 157-60777 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Fusagasug\u00e1. <\/p>\n
Indic\u00f3 que atribu\u00eda la competencia en virtud del numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- La demanda se asign\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y fue admitida mediante auto de 28 de marzo de 2022. No obstante, con posterioridad, en providencia de 15 de marzo de 2023, se revoc\u00f3 el auto admisorio y se declar\u00f3 la falta de competencia con fundamento en que de acuerdo con la participaci\u00f3n accionaria que aparece publicada en su p\u00e1gina web, Enel Colombia S.A E.S.P., es una empresa de naturaleza jur\u00eddica privada, pues Enel Am\u00e9rica posee una participaci\u00f3n superior al 57%. <\/p>\n
Por lo tanto, remiti\u00f3 el proceso a los jueces civiles del circuito de Fusagasug\u00e1, ya que no existe una tensi\u00f3n entre el fuero real y el subjetivo, siendo solo el primero aplicable al caso en concreto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte corresponde dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de diversos factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
Con respecto al factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n a diferentes fueros, regulados en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, mientras que el factor subjetivo responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otros, un fuero preferente para las entidades del Estado. <\/p>\n
3.- Trat\u00e1ndose de procesos relacionados con servidumbres, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra una \u00abcompetencia privativa\u00bb, que atiende el denominado fuero real, en el que se prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 10\u00ba del mencionado art\u00edculo, tambi\u00e9n contempla una \u00abcompetencia privativa\u00bb, pero en atenci\u00f3n al fuero personal, al disponer, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, cuando en un proceso se pretende la imposici\u00f3n de una servidumbre por parte de una entidad del Estado, en principio podr\u00eda entenderse que es competente tanto el juez del domicilio de la entidad como el del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros, la Sala resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 ejusdem reconoce al fuero personal. <\/p>\n
En dicha providencia, reiterada entre otras en AC527-2022, y AC4063-2022, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
De manera que cuando se trata de procesos relacionados con servidumbres en los que es parte una entidad p\u00fablica, la competencia para su conocimiento corresponde al juez del lugar del domicilio de esta \u00faltima, en atenci\u00f3n al numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 29 \u00eddem, ya que dicho fuero subjetivo adquiere la calidad de privativo, preferente y prevalente. <\/p>\n
4.- En el asunto en referencia, la demandante es Codensa- hoy Enel Colombia S.A. E.S.P., sin embargo, revisado el expediente, no existe ning\u00fan elemento de convicci\u00f3n que acredite su actual naturaleza jur\u00eddica, concretamente, si es de car\u00e1cter p\u00fablico o privado. Obs\u00e9rvese que con la demanda solo se adjunt\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de dicha entidad, del cual no se deduce la procedencia de los recursos referentes a la participaci\u00f3n accionaria de la sociedad. <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, en principio, el argumento esgrimido por el despacho que propuso la colisi\u00f3n negativa de competencia, no est\u00e1 acreditado en las diligencias, pues asegur\u00f3 que la entidad tiene la condici\u00f3n de p\u00fablica y como fundamento se\u00f1al\u00f3 el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998; sin embargo, no se encuentra un estudio de la aplicaci\u00f3n concreta de dicha norma sobre la empresa demandante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque es cierto que el art\u00edculo 38 ib\u00eddem, est\u00e1 vigente y ya fue sometido a control constitucional, para la aplicaci\u00f3n de la norma, en primer lugar, se debe estudiar la situaci\u00f3n actual en la que se encuentra Enel Colombia, es decir, confirmar si esta sociedad es de naturaleza p\u00fablica o privada, lo cual, como ya se dijo, en el estado de estas diligencias no es posible comprobar con los documentos obrantes en el expediente y se echa de menos actividad de los juzgadores para obtener e incorporar la informaci\u00f3n requerida para el efecto. <\/p>\n
En esas condiciones, por falta de acreditaci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos que permitan corroborar la tesis del funcionario judicial que promovi\u00f3 el conflicto, el mismo se torna prematuro y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia. En consecuencia, sin otro tr\u00e1mite, devu\u00e9lvase el expediente a su remitente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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