AC2792-2023 (2023-03551-00)<\/p>\n
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AC2792-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03551-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga -Santander- y Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso verbal de expropiaci\u00f3n promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en contra de Jorge Eliecer Amaya Gonz\u00e1lez y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, present\u00f3 demanda en contra de Jorge Eliecer Amaya Gonz\u00e1lez y otros ante los jueces civiles del circuito de Bucaramanga, en la que solicit\u00f3 decretar la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social de un \u00e1rea de terreno del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-355058 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad. <\/p>\n
Indic\u00f3 que dichos funcionarios ten\u00edan competencia para tramitar el asunto atendiendo a la ubicaci\u00f3n del predio objeto de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante auto de 10 de julio de 2023 rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia territorial. Para el efecto, sostuvo que el conocimiento del asunto correspond\u00eda de forma privativa a los jueces del lugar de domicilio de la entidad demandante, motivo por el que dispuso la remisi\u00f3n del tr\u00e1mite a la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
3.- Recibida la actuaci\u00f3n por el Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 mediante providencia del pasado 3 de agosto, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento y promovi\u00f3 conflicto negativo de competencia. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, en los procesos de expropiaci\u00f3n, ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes de conformidad con el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando una \u00abdemanda de expropiaci\u00f3n solo puede ser interpuesta por una entidad p\u00fablica, nunca por un particular, luego no puede pretenderse que la competencia de las expropiaciones sea exclusivamente de los Juzgados ubicados en el Distrito Capital, eso implica una carga desproporcional e innecesaria que se suma a la congesti\u00f3n que ya tienen los Juzgados de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Atendiendo que el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte ata\u00f1e dirimirlo como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de diversos factores de competencia, tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
Con respecto al factor territorial, la ley, al establecer los criterios que regulan la competencia, ha atendido al inter\u00e9s de las partes y, en especial, al del demandado, el cual, en muchas ocasiones, se halla en condiciones menos favorables que la parte actora. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, la regla general que determina la competencia territorial es el lugar de domicilio del demandado, con el denominado fuero general; sin embargo, el legislador tambi\u00e9n cre\u00f3 disposiciones especiales dependiendo la clase de proceso, las cuales permiten radicar la demanda en otras circunscripciones territoriales, como por ejemplo, el fuero contractual, lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones; fuero social, domicilio de la persona jur\u00eddica involucrada en el litigio; y, fuero sucesoral o hereditario, \u00faltimo domicilio del causante. <\/p>\n
A su vez, estos pueden ser i) concurrentes o ii) excluyentes; en los primeros, el actor puede iniciar la causa atendiendo a varios fueros a su elecci\u00f3n, como ser\u00edan los enunciados anteriormente. <\/p>\n
Por su parte, en los segundos, la competencia se atribuye por mandato de la ley, lo cual excluye la posibilidad de elecci\u00f3n del interesado, esto ocurre con los procesos en donde una de las partes o las dos son de naturaleza p\u00fablica- fuero personal o subjetivo- contemplado en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso; cuando se involucra un menor de edad- sujeto de especial protecci\u00f3n- expuesto en el numeral 2\u00b0 ib\u00eddem; al ejercer judicialmente un derecho real, numeral 7\u00b0 de la misma norma-fuero real- o cuando existe un proceso concursal y de insolvencia, numeral 8\u00b0 ejusdem. <\/p>\n
3.- Descendiendo al caso en concreto, en los procesos de expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra una \u00abcompetencia privativa\u00bb, que atiende el fuero real, dado que prev\u00e9 que, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 10\u00ba del mencionado art\u00edculo contempla una \u00abcompetencia privativa\u00bb en atenci\u00f3n al fuero personal, porque dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, cuando se pretende la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado, puede entenderse que es competente de manera privativa, tanto el juez del domicilio de la entidad como el del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble. Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros, la Sala resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 ejusdem reconoce al fuero personal. <\/p>\n
En dicha providencia, reiterada entre otras en AC527-2022, y AC4063-2022, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
4.- De conformidad con las anteriores premisas, el juez competente para tramitar el asunto en referencia, considerando la prevalencia del fuero subjetivo sobre el real, es el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dado que corresponde al lugar del domicilio de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-. <\/p>\n
Para el efecto, se tiene en cuenta que, de la informaci\u00f3n allegada y la publicada en internet1, la demandante corresponde a \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, con domicilio o asiento principal en este Distrito Capital. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico la integran, entre otros, el sector descentralizado por servicios del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumir la competencia en la pauta d\u00e9cima del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 29 ejusdem. <\/p>\n
De esa manera, no asiste raz\u00f3n al juzgado de esta ciudad al rehusar el conocimiento del asunto, porque si bien existe una competencia privativa descrita en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que la fija en el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble esta Sala ha indicado que el criterio que debe prevalecer es el subjetivo, esto es el domicilio de la parte demandante por tratarse de una entidad p\u00fablica, y entender algo diferente, implicar\u00eda contrariar reglas de car\u00e1cter p\u00fablico (AC3409-2021, AC1045-2022, AC2732-2021, AC1756-2021, AC1228-2021, AC1153-2021 y AC894-2021). <\/p>\n
5.- Cabe precisar que la prevalencia que se otorga al fuero subjetivo de las entidades p\u00fablicas sobre el real en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, no es una prerrogativa de la cual pueda a voluntad hacerse ejercicio o renunciarse, debido a que su observancia es insoslayable, por tratarse de una disposici\u00f3n de orden p\u00fablico. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la renuncia al fuero subjetivo, en AC140-2020, reiterado entre otras en AC527-2022 y AC4063-2022, se explic\u00f3 que, <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que (\u2026) No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d\u00bb (CSJ AC3545-2020, 14 dic. 2020, rad 2020-02912).2 <\/p>\n
6.- Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer del plenario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho, para que proceda de conformidad. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta providencia al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga -Santander- as\u00ed como a la parte actora. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n