AC2796-2023 (2023-01116-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2796-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01116-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelven los recursos de queja interpuestos por los apoderados judiciales de Lina Mar\u00eda, Rafael Giovanni, Silvia Margarita Meneses Vega y Flor de Mar\u00eda Vega Salgar frente al auto de 6 de diciembre de 2022, mediante el cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, no concedi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por ellos contra la sentencia de 23 de noviembre del 2022, dictada por esa Corporaci\u00f3n dentro del proceso declarativo de existencia de sociedad de hecho invocado por Irma del Carmen Pernett Jim\u00e9nez contra los recurrentes y los herederos indeterminados de Salom\u00f3n Meneses Rueda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La demandante solicit\u00f3 se declarar que entre ella y Salom\u00f3n Meneses Rueda existi\u00f3 una sociedad de hecho, durante el per\u00edodo comprendido entre el 12 de octubre de 1981 y el 21 de octubre de 2018, data de fallecimiento de su socio1. <\/p>\n
2.- Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2021, resolvi\u00f3: declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de los elementos constitutivos de la sociedad mercantil de hecho\u00bb formulada por la parte demandada y denegar las pretensiones invocadas2. <\/p>\n
3.- Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la demandante, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en fallo de 23 de noviembre de 2022, decidi\u00f3 revocar la sentencia de primer grado para en su lugar: <\/p>\n
– Declarar que entre la demandante y el fallecido Salom\u00f3n Meneses Rueda existi\u00f3 una sociedad de hecho entre el 1\u00ba de enero de 1982 y el 21 de octubre de 2018, \u00abdirigida a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de una tienda que se encontraba a nombre de la compa\u00f1era y los buses de transporte urbano que fueron adquiridos por el compa\u00f1ero e inscritos a nombre de \u00e9l en la Sociedad de Transportadores Urbanos del Atl\u00e1ntico S.A.\u00bb. <\/p>\n
– Declarar que esa sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n3. <\/p>\n
4.- Contra esta determinaci\u00f3n los demandados interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue negada mediante auto de 6 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Para fundamentar esa decisi\u00f3n, el tribunal estim\u00f3 que deb\u00edan analizarse las pruebas incorporadas en el expediente para cuantificar el inter\u00e9s para recurrir, toda vez que los demandados no aportaron un peritaje para cuantificarlo, y cit\u00f3 como apoyo de su criterio el auto AC2032-2022. De esta manera, explic\u00f3: <\/p>\n
– La parte demandante present\u00f3 en la demanda una relaci\u00f3n de nueve buses afiliados a Sobusa S.A., manifestando que pertenec\u00edan al se\u00f1or Salom\u00f3n Meneses Rueda y que estaban avaluados en $1.100.000.000,oo, pero no adoso los t\u00edtulos de propiedad y su aval\u00fao, pues en los certificados de la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito no aparece su aval\u00fao. <\/p>\n
– Em lo relacionado con los buses, el m\u00e1s antiguo data de 2005, por ende no es \u00fatil para cuantificar el inter\u00e9s para acudir a casaci\u00f3n, por cuanto fue comprado en 1986, seg\u00fan consta en contrato presentado por uno de los testigos, que no fue tenido como prueba dentro del proceso. <\/p>\n
– Tambi\u00e9n se aport\u00f3 una certificaci\u00f3n emitida por Sobusa S.A. el 9 de noviembre de 2018, en la cual se certifica que el difunto ten\u00eda a su nombre 56.605 acciones de la empresa, cada una por un valor nominal de $100, para un total de $5.660.550,oo que indexado a la fecha del auto arroja un valor de $7.066.257,07. <\/p>\n
– La demandada Lina Meneses Vega aport\u00f3 certificaci\u00f3n de Sobusa S.A. del 14 de marzo de 2016, donde se se\u00f1ala que siete buses de la empresa estaban a nombre del se\u00f1or Meneses Rueda pero no se menciona el aval\u00fao de estos. <\/p>\n
– Los demandados Flor de Mar\u00eda Vega Salgar, Giovanni Meneses Vega y Silvia Meneses Vega allegaron dos respuestas emitidas por Sobusa S.A. a peticiones presentadas por Lina Mar\u00eda Meneses Vega, en las cuales se aludi\u00f3 al \u00abmovimiento accionario\u00bb del difunto, sin referirse al monto de las transacciones. <\/p>\n
– En esos t\u00e9rminos, lo probado hasta el momento \u00absin que se descarte la existencia de uno mayor en otro escenario\u00bb, asciende cuando mucho a $7.066.257,07, que es muy inferior al monto que se exige para conceder la casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.- Inconformes los demandados, en escritos separados, interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja con miras a que se revoque el auto en comento y en su lugar se conceda el recurso extraordinario. Expusieron sus argumentos as\u00ed: <\/p>\n
Lina Mar\u00eda Meneses Vega <\/p>\n
5.1.- Explic\u00f3 que el inter\u00e9s para conceder el recurso fue configurado desde la demanda en $2.400.000.000, que corresponde a la estimaci\u00f3n juramentada del valor comercial de los bienes de Salom\u00f3n Meneses Rueda, la cual fue tomada en consideraci\u00f3n del inventario y aval\u00fao presentado en la sucesi\u00f3n notarial, acompa\u00f1ado del certificado de cada bien. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el expediente obran pruebas suficientes para determinar el inter\u00e9s econ\u00f3mico, como: (i) la declaraci\u00f3n de renta de Salom\u00f3n Meneses Rueda del a\u00f1o 2017, donde se incluyeron activos por $1.174.285.000; (ii) la certificaci\u00f3n expedida por la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla de 17 de diciembre de 2018, que precisa el importe de la masa sucesoral en $1.329.566.538; (iii) requerimiento de la Dian a los herederos para que cancelen el impuesto al patrimonio, debido a que superaba las 4.500 UVT para el a\u00f1o 2017, y este importe es superior al monto requerido para acudir a casaci\u00f3n 4. <\/p>\n
Flor De Mar\u00eda Vega Salgar, Rafael Giovanni y Silvia Margarita Meneses Vega <\/p>\n
5.2.- Adujeron que el inter\u00e9s fue demostrado con los documentos aportados por la demandante, en especial, los tra\u00eddos para soportar la petici\u00f3n de medidas cautelares sobre los bienes que, en su concepto, integraban el patrimonio de la sociedad de hecho cuya declaraci\u00f3n pretendi\u00f3. <\/p>\n
A\u00f1adieron que en el hecho d\u00e9cimo s\u00e9ptimo de la demanda, la actora se refiere a ocho inmuebles, cuyo valor comercial fue calculado en $1.200.000.000, utilizando la regla de incremento del aval\u00fao catastral para obtener el comercial, e incorpora una relaci\u00f3n de bienes muebles que fueron cuantificados en $1.200.000.000, para un total de $2.400.000.000. <\/p>\n
Expusieron que esa cantidad debe adicionarse con el importe de los buses de servicio p\u00fablico afiliados a Sobusa S.A., correspondiente a $1.100.000.000, y con el valor de las acciones del causante en esa empresa, Socodis S.A., Ecopetrol e Isagen, el cual asciende a $100.000.000. <\/p>\n
Con base en lo anterior, estiman que el inter\u00e9s para recurrir es de $3.500.000.000, que rebasa el monto determinado por el legislador para acudir en casaci\u00f3n 5, y expresaron que la estimaci\u00f3n de la demanda debe asimilarse a una confesi\u00f3n, m\u00e1xime cuando no fue objetada por los demandados. <\/p>\n
6.- El tribunal mantuvo el auto recurrido, y concedi\u00f3 la queja disponiendo su remisi\u00f3n a este Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
7.- La demandante descorri\u00f3 el traslado de la queja solicitando declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Seg\u00fan el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega de casaci\u00f3n, por consiguiente, la competencia de esta Corporaci\u00f3n se limita a estudiar si fue bien o mal concedida. <\/p>\n
2.- El art\u00edculo 334 ej\u00fasdem se\u00f1ala que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores: (i) en toda clase de proceso declarativos; (ii) en las acciones de grupo, cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; (iii) cuando el objeto del proceso sea liquidar una condena en concreto; y (iv) en los procesos que versan sobre el estado civil, en los tr\u00e1mites de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y en el de uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
A su vez el art\u00edculo 338 ej\u00fasdem, establece que, cuando las expectativas de la parte vencida son puramente econ\u00f3micas, el recurso \u00fanicamente procede cuando \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el canon 339 ibidem contempla que, \u00ab[c]uando sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, cuando la controversia es estrictamente patrimonial, el recurrente tiene dos maneras de acreditar el inter\u00e9s econ\u00f3mico: (i) La primera consiste en reconducirse a los elementos de juicio que obran en el expediente, que den cuenta de la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica irrogada el fallo judicial; y, (ii) la segunda consiste en que el censor aduzca un dictamen pericial. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha entendido que \u00ab[n]o de otra manera puede entenderse los vocablos \u2018podr\u00e1\u2019 y \u2018si lo considera necesario\u2019 que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines\u00bb (CSJ AC1923-2018, reiterado en AC409-2020); y, entendido que en consideraci\u00f3n de estas dos alternativas, \u00abde optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb (ib.) <\/p>\n
3.- Atendiendo estas premisas normativas, esta Sala de Casaci\u00f3n mantendr\u00e1 la determinaci\u00f3n cuestionada por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1.- Los recurrentes no hicieron uso de la facultad de aportar un dictamen pericial dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia acusada, omisi\u00f3n que debe entenderse como una renuncia a esa posibilidad, por ende, en principio, la determinaci\u00f3n del inter\u00e9s quedar\u00e1 librada al examen de las pruebas que reposan en el expediente 6. <\/p>\n
3.2.- En esa direcci\u00f3n, la certificaci\u00f3n de la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla, y la declaraci\u00f3n de renta de Salom\u00f3n Meneses Rueda del a\u00f1o 2017, no pueden ponderarse, pues fueron aportadas extempor\u00e1neamente, raz\u00f3n por la cual no integraron el conjunto probatorio que sirvi\u00f3 de base para la sentencia atacada, que como se explic\u00f3 funge como referente de tasaci\u00f3n del inter\u00e9s econ\u00f3mico para acceder a la sede extraordinaria. <\/p>\n
Al margen de la extemporaneidad en su aducci\u00f3n, las comentadas probanzas no son id\u00f3neas para determinar el inter\u00e9s debatido, por cuanto ambos documentos se reconducen a dar cuenta de aspectos ajenos al tema este contencioso, pues no aluden a la participaci\u00f3n del difunto Salom\u00f3n Meneses Rueda en la sociedad de hecho cuya declaraci\u00f3n reclam\u00f3 la demandante, sino de otros aspectos ajenos a esa discusi\u00f3n, como la informaci\u00f3n requerida por la administraci\u00f3n de impuestos para determinar el impuesto de renta a cargo de un contribuyente, y el valor de la masa sucesoral pendiente de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.- En el hecho d\u00e9cimo s\u00e9ptimo de la demanda, la actora expres\u00f3 que \u00abdurante la existencia de la sociedad de hechos que se solicita declarar, se construy\u00f3 un patrimonio social de por lo menos dos mil cuatrocientos millones de pesos\u00bb, discriminados as\u00ed: <\/p>\n
– \u00abInmuebles (localizados y escriturados en la Barranquilla) por valor de mil doscientos millones de pesos…\u00bb, de los cuales se refiri\u00f3 a siete predios a nombre de Salom\u00f3n Meneses Rueda que avalu\u00f3 en $1.000.000.000, y uno a nombre suyo que estim\u00f3 en $200.000.000; para realizar esas cuantificaciones se refiri\u00f3 a magnitudes que rotul\u00f3 como \u00abaval\u00fao catastral\u00bb y al \u00abaval\u00fao comercial\u00bb de cada bien. <\/p>\n
– \u00abMuebles a nombre de Salom\u00f3n Meneses Rueda por valor de mil doscientos millones de pesos\u00bb, discriminados en nueve veh\u00edculos que valor\u00f3 en $1.100.000.000; y acciones cuyo importe total estim\u00f3 en $100.000.000 en Sobusa S.A., Socodis S.A., Ecopetrol e Isagen. <\/p>\n
Sobre el particular, cumple anotar que esas afirmaciones apenas constituyen una cuantificaci\u00f3n econ\u00f3mica de las pretensiones involucradas en el proceso, lo que es distinto del agravio econ\u00f3mico que la sentencia le infringe a los recurrentes y su respectiva magnitud econ\u00f3mica. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cosa es examinar si las pretensiones del proceso son de naturaleza esencialmente econ\u00f3micas, lo cual sirve de gu\u00eda para determinar si en procesos diferentes a las acciones de grupo y las que versan sobre el estado civil, debe cuantificarse el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n; y otra muy diferente valorar el detrimento o lesi\u00f3n que efectivamente produce la sentencia al recurrente, donde a partir de las s\u00faplicas efectivamente acogidas o desestimadas, se mide el desmedro que la decisi\u00f3n produce a quien impugna, que para posibilitar la v\u00eda extraordinaria en menci\u00f3n, debe ser superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb (AC1344-2019, reiterado en AC2823-2019 y AC740-2022). <\/p>\n
Deviene inadmisible sostener que la referencia realizada en ese supuesto f\u00e1ctico de la demanda materialice una confesi\u00f3n sobre el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, pues la misma no es un hecho que produzca consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, cuesti\u00f3n que debe evaluarse en la sentencia o en otros eventos determinados por el legislador, Vg. Por la ausencia sin justificaci\u00f3n a la audiencia inicial, o como sanci\u00f3n por el comportamiento evasivo o reticente exteriorizado durante la pr\u00e1ctica del interrogatorio, etc. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el ordenamiento procesal no dispuso que pueda deducirse la confesi\u00f3n al momento de cuantificar el inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir en casaci\u00f3n; por el contrario, defini\u00f3 la manera de determinarlo, al establecer que debe partir de un dictamen pericial o de \u00ablos elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, lo cual excluye de este espectro los medios probatorios aducidos extempor\u00e1neamente o cuya deducci\u00f3n penda de valoraciones posteriores. <\/p>\n
3.3.- Ahora bien, abordando el an\u00e1lisis de los elementos obrantes en el expediente para determinar el monto del detrimento que le ocasiona a los recurrentes el pronunciamiento atacado al momento de interponer el recurso de casaci\u00f3n, se observa que no dan cuenta de la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s necesario para que se les conceda el recurso extraordinario. <\/p>\n
Al respecto, se observa que en el expediente obran los certificados de tradici\u00f3n de los veh\u00edculos adquiridos por Salom\u00f3n Meneses Rueda e inscritos en Sobusa S.A.7, sin embargo, su aval\u00fao actual no se demuestra con esos documentos, ni con otras pruebas obrantes en autos que, dicho sea de paso, tampoco soportan el valor de las pasivos, activos, rendimientos, utilidades o ganancias que han generado esos automotores. <\/p>\n
Id\u00e9ntica situaci\u00f3n sucede con la tienda del Barrio Abajo de Barranquilla, pues no se acredit\u00f3 el valor del establecimiento de comercio y\/o de los bienes que lo conforman, ni las utilidades y gastos que genera su explotaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como bien lo dedujo el ad quem, la certificaci\u00f3n expedida por Sobusa S.A., el 9 de noviembre de 2018, comprueba que Salom\u00f3n Meneses Rueda era titular de 56.605 acciones, cada una por valor de $100,00 cada una8. De ah\u00ed que la indexaci\u00f3n del valor nominal de esos t\u00edtulos – $5.660.500,oo \u2013 hasta el momento de interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n equivalga a $7.066.257,07. <\/p>\n
3.5.- Por dem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que en contenciosos orientados a la declaraci\u00f3n de sociedades de hecho, civiles o mercantiles, el inter\u00e9s para acudir a la sede extraordinaria se debe determinar en funci\u00f3n de la participaci\u00f3n del recurrente que fue reconocido como socio en la decisi\u00f3n cuestionada, en este caso del 50% del total (AC2254-2019 y AC740-2022); y con sujeci\u00f3n a esta pauta, se avista que en autos no obran elementos de convicci\u00f3n que den cuenta del valor del capital social, y por sustracci\u00f3n de materia tampoco los hay del valor de la respectiva al\u00edcuota. <\/p>\n
3.6.- Contemplado este panorama, la cantidad determinada por el tribunal resulta insuficiente para acudir en casaci\u00f3n pues los 1.000 s.m.l.m.v., que contempla el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, para noviembre de 2022 cuando se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia, equival\u00edan a $1000.000.000. <\/p>\n
4.- Como consecuencia de todo lo dicho, el recurso de queja deviene infundado. <\/p>\n
Se condenar\u00e1 en costas a los recurrentes, por cuanto la resoluci\u00f3n del recurso les fue desfavorable, y su adversario se opuso a su concesi\u00f3n, lo anterior de conformidad con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de noviembre del 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del presente asunto. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR en costas a los recurrentes, para su cuantificaci\u00f3n, la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho el equivalente de dos (2) S.M.L.M.V. <\/p>\n
TERCERO: DEVOLVER lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Archivo demanda y anexos del cuaderno principal de la primera instancia del expediente digital rad. 2019-00180. <\/p>\n
2\u0002 Archivo sentencia deniega pretensiones ib. <\/p>\n
3\u0002 Archivo sentencia revoca del cuaderno de segunda instancia del expediente digital rad. 2019-00180. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 20 \u201cRecursoReposici\u00f3nSubsidioQueja\u201d cuaderno de segunda instancia ib. <\/p>\n
5\u0002 Archivo 21 \u201cRecursoReposici\u00f3nYQueja2\u201d cuaderno de segunda instancia ib. <\/p>\n
6\u0002 AC4098-2021, AC4343-2021, AC5338-2021. <\/p>\n
7\u0002 Pdf 121 cuaderno 01DemandaAnexos exp. digital <\/p>\n
8\u0002 Pdf 75 ib. <\/p>\n
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