AC2798-2023 (2023-02869-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC2798-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2023-02869-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto de Familia de Neiva-Huila- y Segundo de Familia de Florencia- Caquet\u00e1- dentro del proceso ejecutivo de alimentos presentado por Mar\u00eda, en nombre y representaci\u00f3n legal de su hijo Juanito, contra Jos\u00e91. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mar\u00eda, en su calidad de representante de Juanito, radic\u00f3 demanda ejecutiva ante los jueces de familia de Neiva con el fin de que se libre mandamiento de pago, por las cuotas alimentarias adeudadas por su padre. <\/p>\n
En cuanto a la competencia indic\u00f3 que la atribu\u00eda a dicha autoridad judicial en virtud del domicilio del menor. <\/p>\n
2.- El asunto fue asignado al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, que mediante auto de 6 de junio de 2023, rechaz\u00f3 la demanda por competencia y orden\u00f3 remitir el expediente al Juzgado Segundo de Familia de Florencia, con sustento en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.- Una vez cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, esta \u00faltima autoridad judicial, en prove\u00eddo del pasado 8 de junio, se rehus\u00f3 a asumir el asunto y, en su lugar, promovi\u00f3 conflicto negativo. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que debe aplicarse el fuero privativo del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues en el proceso est\u00e1 involucrado un menor de edad, de manera que la competencia debe asign\u00e1rsele al juez del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, esta Sala es la competente para dirimirlo por ser el superior funcional de ambos despachos, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, el numeral 1\u00ba constituye la regla general, consistente en que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, \u00abpor la cual se expide el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia\u00bb dispone que \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del pa\u00eds, ser\u00e1 competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su \u00faltima residencia dentro del territorio nacional\u00bb; regla que no se restringe a las autoridades administrativas y se extiende a las judiciales, tal como lo ha previsto esta Corporaci\u00f3n, al entender que, <\/p>\n
[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece el ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (CSJ AC, 19 jun. 2008, rad. 2008-00679-00, reiterado, entre otros, en AC1493-2021, AC3631-2022, AC387-2022). <\/p>\n
3.- Para el caso en concreto, la demandante acudi\u00f3 ab initio ante los jueces de Neiva, bajo la consideraci\u00f3n de ser all\u00ed el domicilio del menor, con fundamento en la prorrogativa contenida en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin embargo, el juez de dicho municipio al ver que el t\u00edtulo ejecutivo consist\u00eda en una sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Florencia, le remiti\u00f3 el proceso con fundamento en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del proceso, aduciendo que trae consigo un fuero de atracci\u00f3n, en virtud del cual, en los casos en que se pretenda la ejecuci\u00f3n de una sentencia que conden\u00f3 al pago de una suma de dinero \u00absin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia, ante el juez de conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente al anterior argumento, la Sala ha precisado que el fuero de cumplimiento de la sentencia debe ceder ante el del domicilio del menor, bajo el entendido de que <\/p>\n
La atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, en particular, para los procesos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. As\u00ed lo ha manifestado la Sala al analizar la norma en comento, frente al cobro de alimentos de un menor, al se\u00f1alar que \u2018la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u2019 (AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00). El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. (CSJ AC1982-2020 y AC802-2021. En el mismo sentido AC3405-2020, 4 de diciembre; AC2829-2019, 18 de julio, reiterado recientemente en AC 1531-2023) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se evidencia que la madre se encuentra domiciliada con su hijo menor de edad en Neiva, pues as\u00ed lo manifest\u00f3 en su escrito inicial y en el poder otorgado a su abogado, por consiguiente, la competencia para conocer de la ejecuci\u00f3n de alimentos se radic\u00f3 en el despacho de ese municipio. <\/p>\n
4.- La anterior conclusi\u00f3n comulga con la prevalencia de los derechos e intereses superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, comoquiera que les permite acceder a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar actual de su residencia, permitiendo materializar, entre otros, los mandatos contenidos en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, conforme al cual: <\/p>\n
\u00abEn todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
5.- Entonces, se colige que la competencia le corresponde al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva -, como autoridad del lugar de residencia del sujeto de especial protecci\u00f3n, en concordancia con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y con el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en garant\u00eda de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva-Huila- es el competente para conocer del asunto referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para notificaci\u00f3n <\/p>\n
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