AC2876-2023 (2018-00166-01)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-31-03-001-2018-00166-01 <\/p>\n
AC2876-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-31-03-001-2018-00166-01 <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
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Se decide sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto en nombre de Centro de Imagenolog\u00eda Castulo Ropain S.A.S., frente a la sentencia del 14 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso que promovi\u00f3 contra Pedro Pablo y Mar\u00eda Jos\u00e9 Ropain Olarte, y personas indeterminadas. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Seg\u00fan el libelo genitor del proceso, la demandante solicit\u00f3 que se declare que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, el dominio del inmueble ubicado en la calle 16 n.\u00b0 15-51, Consultorio 1, de Valledupar, con la consecuente inscripci\u00f3n en el registro de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
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3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar emiti\u00f3 fallo oral el 24 de noviembre de 2020, en el que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
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4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el 14 de febrero del presente a\u00f1o, desat\u00f3 el remedio vertical formulado por la promotora, confirmando la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
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5. La promotora interpuso recurso de casaci\u00f3n el 22 de noviembre del mismo a\u00f1o, en fundamento de lo cual aport\u00f3 el aval\u00fao comercial del bien pretendido en pertenencia. <\/p>\n
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6. El magistrado ponente concedi\u00f3 el remedio extraordinario por auto del 31 de julio que avanza, bajo la apreciaci\u00f3n de que se satisface el inter\u00e9s para recurrir, en tanto el precio comercial del fundo sobrepasada el monto de 1000 smlmv. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. El recurso de casaci\u00f3n tiene la condici\u00f3n de extraordinario, pues no pretende la revisi\u00f3n del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano y la reparaci\u00f3n del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, seg\u00fan el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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Por esta naturaleza, la normatividad estableci\u00f3 requisitos rigurosos para su admisi\u00f3n, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo que la misma ley lo autorice. <\/p>\n
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La decisi\u00f3n de admisi\u00f3n, en este contexto, entra\u00f1a una cuidadosa labor de verificaci\u00f3n, sin que la Corte pueda obviar el an\u00e1lisis de alguno de tales requisitos bajo el pretexto de que el juzgador de instancia emiti\u00f3 una decisi\u00f3n previa, en tanto le corresponde constatar que la concesi\u00f3n del remedio extraordinario se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico y, de desconocerlo, advertir la situaci\u00f3n al funcionario competente por medio de la devoluci\u00f3n del expediente, para que \u00e9ste reexamine su decisi\u00f3n (cfr. AC, 4 jul. 2013, rad. n.\u00b0 2010-00109-01, entre muchas otros). <\/p>\n
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2. En punto al inter\u00e9s para recurrir, el art\u00edculo 338 del actual estatuto adjetivo dispone que podr\u00e1 acudirse en casaci\u00f3n cuando \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb, lo cual deber\u00e1 revisar el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el actor anexe dictamen pericial, si lo considera conveniente, como lo establece el art\u00edculo 339 ibidem. <\/p>\n
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En este punto, el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem prescribe que \u00ab[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb, estableciendo as\u00ed una restricci\u00f3n a la actividad del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
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Sin embargo, esta \u00faltima regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia del quantum de la afectaci\u00f3n a los intereses patrimoniales del actor, pues tal hermen\u00e9utica vaciar\u00eda de contenido y finalidad el acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia del inter\u00e9s para recurrir, que simplemente se soslayar\u00eda en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio acopiado en el plenario, con la consecuente afectaci\u00f3n del principio de la legalidad. <\/p>\n
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Para evitar tal posibilidad, es necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita darle val\u00eda a la norma, por encima de la que le resta, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que esto qued\u00f3 exclusivamente en manos de los sentenciadores de segundo grado. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que revisen su propia decisi\u00f3n, con la indicaci\u00f3n de las razones que soportan el pedimento (cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01; entre muchas otras). <\/p>\n
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3. Realizadas estas precisiones procede anticipar que, en el caso bajo estudio, el ad quem al conceder el recurso de casaci\u00f3n actu\u00f3 presurosamente en la definici\u00f3n del inter\u00e9s patrimonial para recurrir, como se explica en lo subsiguiente. <\/p>\n
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3.1. Es cierto, en l\u00ednea de principio, que trat\u00e1ndose de reclamos sobre bienes muebles o inmuebles, como sucede en juicios de pertenencia o reivindicatorios, el valor comercial de \u00e9stos es un factor esencial para la cuantificaci\u00f3n del dem\u00e9rito que provoc\u00f3 el veredicto de segundo grado en el recurrente (cfr. AC3910, 13 jul. 2015, rad. n.\u00b0 2014-00218-01). <\/p>\n
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Total, como ha definido la jurisprudencia: <\/p>\n
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3.2. En el presente caso, por tratarse de una discusi\u00f3n sobre el dominio de un predio urbano, es acertado que el juzgador de alzada tuviera como punto central de su decisi\u00f3n el valor comercial del activo reclamado. <\/p>\n
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Sin embargo, como en este proceder se circunscribi\u00f3 a reproducir la conclusi\u00f3n del aval\u00fao aportado por la demandante, sin hacer ninguna labor de ponderaci\u00f3n o valoraci\u00f3n suasoria, se tiene que este labor\u00edo fue exiguo y merecedor de reexamen. <\/p>\n
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De forma literal el Tribunal expres\u00f3: <\/p>\n
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\u2026para determinar la cuant\u00eda como inter\u00e9s para recurrir, se toma como base el Avalu\u00f3 Comercial adjuntado con fecha de expedici\u00f3n de 20 de febrero de 2023 y vencimiento 21 de febrero de 2024, de conformidad con lo estipulado en el Art\u00edculo 339 del C.G.P. El valuador es el Arq. Helcias Rodolfo Castilla Valera, miembro de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz del Cesar R.A.A. No. AVAL 15241902, quien estimo un valor de mil trecientos ocho millones ciento once mil docientos (sic) cincuenta y cuatro pesos ($1.308\u2019111.254.00), sobre el bien objeto de litigo, identificado con No. de matr\u00edcula Inmobiliaria 190-43690. <\/p>\n
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Refulge de la transcripci\u00f3n que el ad quem simplemente tom\u00f3 como axioma lo aseverado por el experto, como si de un fedatario p\u00fablico se tratara, omitiendo adentrarse en su fundamentaci\u00f3n, con el fin de establecer su asertividad o poder demostrativo. <\/p>\n
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De esta forma pas\u00f3 por alto el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l juez apreciar\u00e1 el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
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Refiri\u00e9ndose a esta materia la Sala tiene dicho: <\/p>\n
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[E]l art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (I) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (II) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (III) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (IV) incluir los datos de contacto del perito; (V) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (VI) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (VII) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que todo dictamen pericial debe observar tales requerimientos especiales, so pena de que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la concesi\u00f3n (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01)\u2026 (AC876, 8 mar. 2022, rad. n.\u00b0 2019-00077-01). <\/p>\n
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Advi\u00e9rtase que el an\u00e1lisis echado de menos no se suple con la simple afirmaci\u00f3n de que el avaluador est\u00e1 inscrito en una entidad gremial, pues esta calidad nada dice sobre los fundamentos de su estudio, o sobre la claridad, precisi\u00f3n, calidad o exhaustividad de sus conclusiones. <\/p>\n
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Revisi\u00f3n que era imprescindible dentro del contexto de la experticia aportada, pues su contenido descubre ciertos vac\u00edos que minan su capacidad suasoria, a saber: <\/p>\n
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(I) Como el bien pretendido en usucapi\u00f3n est\u00e1 destinado a la prestaci\u00f3n de servicios de salud, falt\u00f3 explicar el por qu\u00e9 su valor de mercado pod\u00eda establecerse a partir del precio de venta de activos de otra naturaleza, como \u00aboficina dentro de la ciudad\u00bb, \u00aboficina edificio\u00bb o \u00abconsultorio\u00bb, como se plante\u00f3 en el aval\u00fao; <\/p>\n
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(II) En atenci\u00f3n a que el inmueble a usucapir es el consultorio n.\u00b0 1, con un \u00e1rea total de 322 m2, falt\u00f3 dilucidar la raz\u00f3n para agregar lo tocante a las \u00ab\u00e1reas comunes\u00bb, equivalente a 265.37 m2. <\/p>\n
<\/p>\n
Pr\u00e1ctica que, por su singularidad, debe ser explicada a la luz de criterios t\u00e9cnicos, as\u00ed como correlacionada con las fuentes empleadas para establecer los precios de referencia del metro cuadrado de un inmueble destinado al desarrollo de una actividad econ\u00f3mica de forma exclusiva y con exclusi\u00f3n de terceros; <\/p>\n
<\/p>\n
(III) Por la ausencia de los anexos obligatorios a que se refiere el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, debi\u00f3 puntualizarse la forma en que se estableci\u00f3 la idoneidad e independencia del experto avaluador. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo expuesto permite arribar al colof\u00f3n de que el juzgador de segundo grado actu\u00f3 de forma apresurada al conceder el recurso extraordinario, en desmedro del canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso, haci\u00e9ndose necesario retornarle el expediente para que eval\u00fae si realmente existe o no inter\u00e9s para impugnar por parte del demandante inicial, de acuerdo con los razonamientos realizados en precedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Finalmente se invita al magistrado ponente para que, de conceder el remedio casacional, cumpla con la obligaci\u00f3n se\u00f1alada inciso tercero del art\u00edculo 341 del C.G.P., esto es, \u00ab[e]n caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse\u2026, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocer\u00e1 tal car\u00e1cter y ordenar\u00e1 la expedici\u00f3n de las copias necesarias para su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto por cuanto en el veredicto de primer grado, a la postre confirmado en la apelaci\u00f3n, se orden\u00f3, entre otras cosas, \u00abrestit[uir] el bien identificado en el numeral anterior a los se\u00f1ores Pedro Pablo Ropain Olarte, Mar\u00eda Jos\u00e9 Ropain Olarte, demandantes en reconvenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, al conceder el recurso extraordinario, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen, para que proceda como le compete. <\/p>\n
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Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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