ATC1045-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1045-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00672-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la consulta del auto del pasado 1\u00ba de septiembre, por medio del cual la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda resolvi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Rodolfo Miguel Bar\u00f3n Doria, en el que result\u00f3 sancionada la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo -como representante de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional-; si no fuese porque aflora una causal de nulidad que debe ser declarada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante el fallo emitido el 8 de noviembre de 2017, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda ampar\u00f3 los derechos a la salud, vida, dignidad humana e integridad personal de Rodolfo Miguel Bar\u00f3n Doria, por lo que orden\u00f3 a \u00abSanidad de la Polic\u00eda Nacional\u2026 que en el t\u00e9rmino de\u2026 (48) horas contad[a]s a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] providencia, autorice el suministro del medicamento PYCNOGENO\/TOXERUTINA SOBRES DE 4 GRAMOS LACORYL IT POR 3 MESES, ordenado por el m\u00e9dico tratante, adem\u00e1s del tratamiento integral que requiera para contrarrestar la patolog\u00eda que lo agobia\u00bb. <\/p>\n
2. El beneficiario de tal veredicto inform\u00f3 el incumplimiento de la mentada orden porque desde el 23 de mayo de 2022 dej\u00f3 de suministr\u00e1rsele el aludido medicamento. <\/p>\n
3. El Tribunal, por medio de auto del pasado 22 de agosto, requiri\u00f3 al Brigadier General Nicol\u00e1s Alejandro Zapata Restrepo -o quien haga las veces de Jefe Nacional de Desarrollo Humano de la Polic\u00eda Nacional-, para que hiciera cumplir la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2017; y abri\u00f3 \u00abincidente de desacato contra la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, o quien haga las veces de Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, a quien orden\u00f3 dar traslado para que explicara \u00ablas razones o motivos por los cu[\u00e1]les no ha dado cumplimiento al mentado fallo tutelar\u00bb. <\/p>\n
4. En respuesta al citado requerimiento, el Mayor V\u00edctor Marcial Cueto Mendoza, como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud de C\u00f3rdoba y \u00absiguiendo instrucciones de la Direcci\u00f3n de Sanidad\u00bb, deprec\u00f3 \u00abNEGAR el\u2026 Incidente de Desacato y proceder a su ARCHIVO, toda vez que la oficina de Gesti\u00f3n Farmac\u00e9utica de [esa] Unidad\u2026 realiz\u00f3 el tr\u00e1mite pertinente para llevar a cabo la AUTORIZACI\u00d3N de los medicamentos PYCNOGENO\/TOXERUTINA SOBRES DE 4 GRAMOS LACORYL IT, para el usuario del Subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional\u2026, lo cual fue informado al abonado N\u00ba 302*******, contestado el se\u00f1or\u2026 BAR\u00d3N DORIA, donde se le inform\u00f3 que debe acercarse a [esa] oficina\u2026, con el fin de que se le entregue autorizaci\u00f3n de f\u00f3rmula m\u00e9dica, para que realice reclamaci\u00f3n del medicamento\u2026 y \u00e9stos sean reclamados en el nuevo operador de medicamentos \u00c9TICOS, ubicado en el segundo piso de [esa] Unidad\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 la naturaleza particular de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, la que se halla \u00abestructurada mediante la Resoluci\u00f3n N\u00b0 0267 del 25 de enero de 2023, en donde se consagra la desconcentraci\u00f3n y delegaci\u00f3n de funciones\u00bb, estableci\u00e9ndose en su art\u00edculo 61 \u00ablas funciones de las Unidades Prestadoras de Salud Tipo B, dentro de las cuales se encuentra [esa] Unidad Prestadora de Salud C\u00f3rdoba\u00bb, encargada de atender el fallo constitucional g\u00e9nesis de este tr\u00e1mite incidental y \u00abliderada por el mayor V\u00edctor Marcial Cueto Mendoza\u00bb. <\/p>\n
5. Finalmente, el pasado 1\u00ba de septiembre el juez constitucional de primer grado sancion\u00f3 por desacato, \u00abcon\u2026 (3) d\u00edas de arresto y multa de\u2026 (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u00bb, \u00aba la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, quien funge como representante de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, al concluir, en lo medular, que: <\/p>\n
\u2026el Jefe de la Unidad Prestadora de Salud – C\u00f3rdoba, expuso que la oficina de Gesti\u00f3n Farmac\u00e9utica Prestadora de Salud – C\u00f3rdoba, despleg\u00f3 lo necesario, para autorizar el mencionado medicamento\u2026 <\/p>\n
Empero, no se condujo a este tr\u00e1mite, material suasorio que evidenciara la entrega efectiva de \u00e9ste al Sr. Bar\u00f3n Doria. <\/p>\n
Ahora bien, habi\u00e9ndose tomado este 28 de agosto hoga\u00f1o, contacto con el impulsor, mediante el abonado telef\u00f3nico proporcionado en el escrito inaugural, se tiene que el mismo manifest\u00f3, que, en efecto, se le hab\u00eda hecho entrega de la autorizaci\u00f3n para la dotaci\u00f3n del referenciado medicamento, pero que al remitirse al dispensario la entrega no se hizo efectiva, por el motivo de que no se ten\u00eda el f\u00e1rmaco en la presentaci\u00f3n recetada por el galeno tratante -sobres disolventes-, sino en c[\u00e1]psulas, rehus\u00e1ndose el farmac\u00e9utico, seg\u00fan su dicho, a la entrega de las \u00faltimas en tanto que era necesario permiso de facultativo que orden\u00f3 el tratamiento, en consideraci\u00f3n a los efectos que pod\u00eda suponer en el cuerpo del Sr. Bar\u00f3n. <\/p>\n
No puede dejar de indicarse por cuenta de la Judicatura, que, por comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica subsiguiente -del 29 de agosto- el incidentante inform\u00f3 que el ente compulsado hab\u00eda iniciado gestiones para que \u00e9ste se viera con el m\u00e9dico tratante en orden a determinar si era del caso que se le proporcionara el tratamiento en la presentaci\u00f3n disponible, esto es, en c[\u00e1]psula, ello, para el 31 de agosto del presente a\u00f1o. <\/p>\n
Dirigi\u00e9ndose nuevamente a esta Magistratura y por el mismo canal, es[e] d\u00eda, es decir, el pasado 31 de agosto, se\u00f1alando que se le hab\u00eda cambiado el medicamento -aunque no especific\u00f3 por cual- pero que yendo al dispensario se le neg\u00f3 la entrega del mismo, a sus voces, porque su fallo de tutela cubr\u00eda solo el f\u00e1rmaco denominado \u00abLACORYL IT SOBRES DE 4 GRAMOS PYCNOGENO\/TOXERUTINA\u00bb y no un tratamiento integral. <\/p>\n
De lo anterior, en efecto, no yergue prueba alguna del acatamiento de lo ordenado por esta Agencia Judicial en el asunto de la especie, esto es, de la entrega del medicamento\u2026 ni de cualquier sustituto en orden al tratamiento integral que le concede el fallo de tutela seg\u00fan lo citado ut supra. <\/p>\n
Por lo que a la orden de ese escenario f\u00e1ctico, no queda m\u00e1s que imponer sanci\u00f3n\u2026, conforme lo predispone el art\u00edculo 52 del Dcto. 2591 de 1991\u2026 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00e1bese que siendo el proceso una serie de actos coordinados y sucesivos al interior del cual se discuten la pretensi\u00f3n y la oposici\u00f3n correlativa, \u00e9ste ha de estar sometido a una serie de formalidades que garanticen el derecho individual y permitan el cumplimiento de los principios constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
El desconocimiento o inobservancia de las formas legalmente constituidas para el regular desenvolvimiento de la relaci\u00f3n procesal entra\u00f1a anomal\u00edas de las que se deriva nocividad capaz de conculcar los derechos de las partes y cuya ocurrencia ha sido prevista teleol\u00f3gicamente por el legislador, precisamente para evitar que \u00e9stas atenten contra el derecho de defensa de los litigantes. A tal fin, el C\u00f3digo General del Proceso reglament\u00f3 los sucesos que ostentan el car\u00e1cter de nulidad y atribuy\u00f3, en consecuencia, la calidad de irregularidades de menor entidad y, por ende, saneables, a trav\u00e9s de otros medios de impugnaci\u00f3n, a las dem\u00e1s falencias all\u00ed no contempladas. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, cuando en el transcurso del rito se presenten situaciones t\u00edpicas que vulneren el derecho de defensa, a efectos de salvaguardarlo, fueron consagrados por el estatuto adjetivo, en forma taxativa, los hechos que pueden configurar nulidad procedimental con el fin de preservar la garant\u00eda constitucional del debido proceso. <\/p>\n
La tutela, a pesar de que entra\u00f1a un procedimiento breve y sumario no puede desconocer derechos fundamentales, destacando que la celeridad que es propia de su naturaleza no puede dar al traste con el derecho de defensa de las personas. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el Tribunal Constitucional incurri\u00f3 en las causales de nulidad previstas en los numerales 5\u00ba y 8\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del precepto 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
3. En efecto, en el sub-examine observa el Despacho, revisada la actuaci\u00f3n, que el 8 de noviembre de 2017 la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda profiri\u00f3 fallo de tutela en el cual, a favor del accionante, orden\u00f3 a \u00abSanidad de la Polic\u00eda Nacional\u2026 que en el t\u00e9rmino de\u2026 (48) horas contad[a]s a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] providencia, autorice el suministro del medicamento PYCNOGENO\/TOXERUTINA SOBRES DE 4 GRAMOS LACORYL IT POR 3 MESES, ordenado por el m\u00e9dico tratante, adem\u00e1s del tratamiento integral que requiera para contrarrestar la patolog\u00eda que lo agobia\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con ocasi\u00f3n de ello, el Mayor V\u00edctor Marcial Cueto Mendoza, como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud de C\u00f3rdoba, tras aducir haber acatado tal orden constitucional, enfatiz\u00f3 que esa dependencia era la encargada de satisfacer el fallo constitucional denunciado como desatendido. <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, sin mediar etapa probatoria alguna y a pesar de lo mentado a espacio, con auto del pasado 1\u00ba de septiembre se sancion\u00f3 por el incumplimiento de la mentada orden constitucional, \u00abcon\u2026 (3) d\u00edas de arresto y multa de\u2026 (5) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes\u00bb, \u00fanicamente, \u00aba la Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, quien funge como representante de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional\u00bb. <\/p>\n
4. De lo anterior, advierte este despacho, de un lado, que en el incidente de que se trata se desconoci\u00f3 el rito que le era inherente, pues el a-quo constitucional amonest\u00f3 a la citada Brigadier General sin haber agotado, previamente, el requerimiento y el debate demostrativo a que aluden los preceptos 127 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que, se destaca, no existi\u00f3 etapa probatoria alguna; y de otra parte, tal decurso no fue adelantado y resuelto contra todas las personas responsables de acatar la sentencia de tutela proferida el 8 de noviembre de 2017, acorde con sus competencias legales; lo que gener\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en los vicios de nulidad ya se\u00f1alados. <\/p>\n
4.1. En cuanto a lo primero, esto es, cuando se trasgrede la tramitaci\u00f3n propia del incidente de desacato, en un asunto con cierta simetr\u00eda con el de ahora, en vigencia del derogado estatuto procesal civil, pero aplicable de cara al nuevo c\u00f3digo de los procedimientos, esta Colegiatura dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026En el caso bajo estudio se advierte de entrada, que no se inici\u00f3 el tr\u00e1mite incidental como correspond\u00eda, pues t\u00e9ngase en cuenta que seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo a la apertura del mismo, debe mediar un requerimiento a efectos que se expliquen las razones por las que no se ha acatado el mandato constitucional, y, se individualice qui\u00e9n es el funcionario encargado de cumplir con la orden. <\/p>\n
Sin embargo, dicho procedimiento no fue agotado por el Tribunal, quien tal y como obra dentro el plenario\u2026, procedi\u00f3 directamente a dar apertura al tr\u00e1mite solicitado, y all\u00ed mismo requiri\u00f3 al superior jer\u00e1rquico del presuntamente llamado a responder, es decir, al Director General de la Polic\u00eda Nacional\u2026, para que hiciera cumplir la orden de tutela o informara el funcionario responsable de cumplirlo; de este modo, resolvi\u00f3 \u00abIMPR[\u00cd]MASE tr\u00e1mite incidental a la queja\u00bb, y a paso seguido requiri\u00f3 al superior jer\u00e1rquico del accionado para que verificara si \u00e9ste ha cumplido con lo ordenado. <\/p>\n
(\u2026) De otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que como el art\u00edculo 52 de la normativa citada prev\u00e9 que la sanci\u00f3n debe imponerse mediante tr\u00e1mite incidental, el Tribunal deb\u00eda acudir a las normas del estatuto procesal civil que regulan los incidentes, es decir, el art\u00edculo 137 de la ley adjetiva, que consagra lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026)Los incidentes se propondr\u00e1n y tramitar\u00e1n as\u00ed: 1. El escrito deber\u00e1 contener lo que se pide, los hechos en que se funden y la solicitud de las pruebas que se pretenda aducir, salvo que \u00e9stas figuren ya en el proceso (\u2026). <\/p>\n
2. Del escrito se dar\u00e1 traslado a la otra parte por tres d\u00edas, quien en la contestaci\u00f3n pedir\u00e1 las pruebas que pretenda hacer valer y acompa\u00f1ar\u00e1 los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no obren en el expediente. <\/p>\n
3. Vencido el t\u00e9rmino del traslado, el juez decretar\u00e1 la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas que se considere necesarias y de las que ordene de oficio, para lo cual se\u00f1alar\u00e1, seg\u00fan el caso, un t\u00e9rmino de diez d\u00edas o dentro de \u00e9l, la fecha y hora de la audiencia o diligencia; no habiendo pruebas qu\u00e9 practicar, decidir\u00e1 el incidente.\u00bb\u2026 <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, no cabe duda para esta Corporaci\u00f3n, que resultaba necesario que el Tribunal se pronunciara sobre la pertinencia, conducencia y relevancia de los medios probatorios existentes, antes de la emisi\u00f3n de la providencia sancionatoria, en cumplimiento del numeral 3\u00ba transcrito, o que de no ser necesario el decreto de pruebas, se motivara la determinaci\u00f3n de omitir su realizaci\u00f3n, lo que en este caso tampoco sucedi\u00f3\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ ATC2161-2018, 19 nov., rad. 2011-00294-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC1116-2021, 4 ag., rad. 2021-00158-02). <\/p>\n
4.2. Respecto a lo segundo, en efecto, la orden impartida en la salvaguarda se impuso a \u00abSanidad de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, siendo evidente que su acatamiento es exigible de cualquier dependencia que, siendo parte de esa instituci\u00f3n, sea competente para satisfacerla; y lo cierto es que, como ya se anot\u00f3, a pesar de las manifestaciones soportadas que hizo el Jefe de la Unidad de Prestaciones de Salud de C\u00f3rdoba, en punto a que era \u00e9sta la encargada de atender la orden de tutela en comento, el procedimiento sancionatorio del que da cuenta la foliatura fue dirigido, exclusivamente, contra \u00abla Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, o quien haga las veces de Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, quien, como qued\u00f3 visto, no era la \u00fanica competente para cumplir el fallo que concedi\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En cuanto al particular, en casos como el aqu\u00ed tratado, en los que en el tr\u00e1mite incidental no se determinan previa y claramente las personas competentes para acatar la orden constitucional, acorde con sus funciones, ha dejado sentado la Sala que \u00aben punto del incumplimiento de una orden de tutela, el desacato debe estar dirigido en concreto contra la persona natural, plenamente identificada, a quien se le imparti\u00f3 la misma o a quien compete acatarla en el evento de que no sea aquella\u00bb (se resalt\u00f3 – CSJ ATC6517-2016, 27 sep 2016, rad. 2016-00355-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC1004-2023, 25 ag., rad. 2015-00270-04). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es claro que de cara al acatamiento de un fallo supralegal, el tr\u00e1mite del desacato debe estar direccionado, expresamente, contra las personas naturales, claramente identificadas, a quienes se impuso la orden o a quienes compete acatarla en el evento de que no sean aqu\u00e9llas y, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso es necesario, entonces, determinar e individualizar los responsables de la conducta omisiva, notific\u00e1ndoles, tambi\u00e9n, el auto que inicia el incidente, y seguidamente agotar todas las etapas condignas de tal decurso; actuaciones que ac\u00e1 no fueron adecuadamente satisfechas. <\/p>\n
Luego, como se desconocieron esos presupuestos, necesarios para garantizar el debido proceso, se concluye que este rito est\u00e1 afectado por vicios que conducen a la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir del auto de 22 de agosto de 2023, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de primera instancia, para que renueve la actuaci\u00f3n viciada, conforme a lo atr\u00e1s considerado. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s misivas pertinentes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a ese estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
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