ATC1061-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1061-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00221-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 2 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Angie Carolina Ram\u00edrez Sol\u00f3rzano contra \u00abla Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 (T), Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 (T) y Oficina de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 (T)\u00bb; se advierte causal de nulidad que invalida lo actuado como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al m\u00ednimo vital y a la salud, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Refiere que le fue reconocida y pagada la prestaci\u00f3n correspondiente por concepto de licencia de maternidad; sin embargo, \u00abel \u00e1rea de talento humano me notific\u00f3 que se evidenci\u00f3 que antes de la fecha de nacimiento de mi hijo present\u00e9 213 d\u00edas de cotizaci\u00f3n es decir, que report\u00e9 solo 7 meses de cotizaci\u00f3n, y que por lo tanto, se procedi\u00f3 con la autorizaci\u00f3n proporcional del tiempo de cotizaci\u00f3n, lo cual equivale a que la EPS reconoci\u00f3 a la rama judicial 96 d\u00edas de mi licencia de maternidad, situaci\u00f3n [de la cual tuvo conocimiento] solo durante el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n por retiro (\u2026), [cuando le solicitaron] si pod\u00edan descontar ese mayor valor de mi liquidaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al no autorizar tal deducci\u00f3n, dice que fue enterada de \u00abla resoluci\u00f3n DESAJIBO23-827, [que] ordena el reintegro del pago del dinero por concepto de \u201clicencia de maternidad\u201d a favor de la Direcci\u00f3n Seccional de Ibagu\u00e9, por lo que se declara la obligaci\u00f3n y se indica que procede el recurso de reposici\u00f3n\u00bb, el cual si bien formul\u00f3 -con los argumentos que en esta sede expone-, no fue acogido. <\/p>\n
Finalmente, destaca que \u00abel 6 de julio de 2023, me notifican por correo electr\u00f3nico una Multa Y Cobro Persuasivo No. 73001129000020230007600 haciendo dem\u00e1s (sic) de eso cobro de intereses moratorios, e indicando la posibilidad de generar multa por impago\u00bb y que, por cuenta de ese cobro coactivo, se decretaron medidas cautelares que est\u00e1n afectando su m\u00ednimo vital y el de su beb\u00e9. <\/p>\n
En consecuencia, pretende que se ordene \u00abdejar sin efectos la declaraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n Por Valor De $3.037.358 y los Intereses y Multas generados (\u2026). Ordenar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de [Administraci\u00f3n] Judicial de Ibagu\u00e9, la terminaci\u00f3n y el archivo del proceso con radicaci\u00f3n No. 73001129000020230007600, por inexistencia de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido, [as\u00ed como] el desembargo de mi cuenta de ahorros (\u2026), devolver los dineros retenidos (\u2026). [Y] como pretensi\u00f3n subsidiaria, ordenar a Salud Total EPS, pagar (\u2026) el excedente o pago completo por concepto de licencia de maternidad que corresponda\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante fallo del 2 de agosto de 2023 el a quo neg\u00f3 el auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por la promotora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermina el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo se dirige contra \u00abla Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 (T), Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 (T) y Oficina de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 (T)\u00bb1. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional -como las aqu\u00ed involucradas- radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, que se\u00f1ala: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como en este caso resalta tambi\u00e9n la calidad del extremo activo de esta acci\u00f3n, que involucra evidentemente a quien fungi\u00f3 como empleada judicial perteneciente al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, que hace parte de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, es menester el estudio del inciso 2\u00b0 del numeral 8\u00b0 del mencionado precepto, que dispone \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
De suerte que, conforme a una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la normativa en cita y teniendo en cuenta el actual criterio de esta Sala2, el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, sino a los Jueces Administrativos de esa localidad. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia del tribunal a quo para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de los Juzgados Administrativos de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC075-2023, 1 feb.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Angie Carolina Ram\u00edrez Sol\u00f3rzano, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Jueces Administrativos de Ibagu\u00e9, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto admisorio de fecha 19 de julio de 2023 (archivo 04. AdmiteTutela.pdf, del expediente digital 73001221300020230022100Mag.ValenciaMu\u00f1ozTutela1Instancia). <\/p>\n
2\u0002 Es del caso destacar que esta Sala precis\u00f3 su postura en el sentido de que, si el reproche se dirige contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional y las Direcciones Ejecutivas Seccionales, la competencia corresponde a los jueces del circuito. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1061-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1061-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00221-01 (Aprobado en Sala de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}