ATC1062-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1062-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-21-000-2023-00020-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 11 de agosto de 2023 que concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Cristina Porras Higuera contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander-Arauca y la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Seccional Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta-Arauca, se advierte causal de nulidad que invalida lo actuado como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y petici\u00f3n, supuestamente, vulneradas por las autoridades convocadas, en desarrollo del juicio coactivo n\u00ba 2019-02351-00 seguido en su contra. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que se enter\u00f3 del aludido proceso debido a que respecto de su cuenta de ahorros Bancolombia recae una cautela, precisando que esta fue \u00abbloqueada por la suma de 423.199.000,oo por el consejo superior de la Judicatura de fecha 12 de septiembre de 2.022\u00bb. <\/p>\n
Relata, que han retenido la suma de $159.593.693.oo, pero precisa que ese dinero no le pertenece, en tanto que corresponde al pago de las \u00abindemnizaciones\u00bb que son reconocidas a sus mandantes en virtud de los litigios en los que ella funge como mandataria judicial. <\/p>\n
Advierte, que \u00abel \u00f3rgano ejecutor no cumpli\u00f3 con lo ordenado legalmente para llevar los procesos de cobro de jurisdicci\u00f3n coactiva, no cumple el procedimiento consagrado en el Articulo 823 y siguientes del Estatuto Tributario y dem\u00e1s normas que lo complementan, en concordancia con el C\u00f3digo General del Proceso y el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
Enfatiza, que una vez tuvo conocimiento de lo anterior, (i) solicit\u00f3 el levantamiento de las cautelas; (ii) pidi\u00f3 el reembolso del dinero retenido, (iii) deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado y (iv) \u00abpresent\uf05b\u00f3\uf05d recursos\u00bb, no obstante, afirma que no se ha emitido alg\u00fan pronunciamiento. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se invalide lo actuado en el mencionado asunto. <\/p>\n
4. Mediante fallo del 11 de agosto de 2023 el a quo otorg\u00f3 el auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por la Direcci\u00f3n Seccional Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta-Arauca- Oficina de Cobro Coactivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermina el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que aunque el reclamo se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander-Arauca y la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Seccional Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de C\u00facuta-Arauca, finalmente, es esta \u00faltima entidad la responsable del tr\u00e1mite de cobro coactivo que se fustiga en la solicitud de amparo. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, considerando el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra una entidad, autoridad u organismo del orden nacional -como la aqu\u00ed involucrada- radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, que se\u00f1ala: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
De suerte que, el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, sino a los jueces del circuito de esa localidad. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida <\/p>\n
De conformidad con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia del tribunal a quo para conocer en primera instancia la presente salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de C\u00facuta. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se invalidar\u00e1 el tr\u00e1mite a partir de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n supralegal, para que el funcionario que deba asumir el conocimiento del asunto determine la procedencia o no de la misma, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC075-2023, 1 feb.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Mar\u00eda Cristina Porras Higuera, desde el auto admisorio del amparo. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Jueces Civiles del Circuito de C\u00facuta, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda, comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y expedir las comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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