ATC1083-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1083-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 73001-22-13-000-2023-00239-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 15 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Diateco SAS promovi\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo mixto N\u00b0 2014-00118-00, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y debida administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso ejecutivo mixto promovido por Jes\u00fas Antonio Guill\u00e9n Tabares contra de Alfredo Castillo Barreto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en auto del 16 de septiembre de 2014, decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n del proceso ejecutivo singular que esa sociedad hab\u00eda formulado frente al se\u00f1or Alfredo Castillo Barreto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en el aludido proceso se decret\u00f3 el embargo de los inmuebles con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 350-93374 y 350-84354 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9, propiedad del all\u00ed demandado y, que luego de adelantado el tr\u00e1mite procesal los referidos inmuebles fueron subastados el 2 de junio de 2015. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en auto del 16 de junio de 2015, el Juzgado accionado efectu\u00f3 control de legalidad del proceso y neg\u00f3 la orden de pago solicitada por el se\u00f1or Jes\u00fas Antonio Guill\u00e9n, tras determinar que la letra de cambio presentada para el cobro no reun\u00eda los requisitos del t\u00edtulo valor y, en ese orden, continu\u00f3 el proceso \u00fanicamente con la demanda ejecutiva acumulada, promovida por Diateco SAS. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, contra esa determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Guill\u00e9n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y, al ser negado el primero, se concedi\u00f3 el segundo, en el efecto devolutivo. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, dado el efecto devolutivo en que fue concedido el recurso de apelaci\u00f3n se\u00f1alado, el Juzgado accionado, en providencia de 17 de julio de 2015, orden\u00f3 la entrega del dinero recaudado con el remate de los bienes inmuebles propiedad del se\u00f1or Alfredo Castillo Barreto, a favor del \u00fanico ejecutante en ese momento, Diateco SAS. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en providencia de 8 de febrero de 2017, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 16 de junio de 2015 que neg\u00f3 la orden de pago en favor de Jes\u00fas Antonio Guill\u00e9n y, en su lugar, orden\u00f3 retomar el proceso en el estado en que se encontraba. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la autoridad judicial accionada en auto del 6 de julio de 2017 y providencias posteriores (10 de junio de 2021, 17 de marzo de 2022 y 19 de septiembre de 2022) requiri\u00f3 al abogado Iv\u00e1n Lorenzo Quintero Contreras, quien intervino como endosatario en procuraci\u00f3n para el cobro en representaci\u00f3n de la sociedad Diateco SAS, a fin de que devolviera los dineros que le fueron entregados en calidad de \u00fanico demandante. Mismo requerimiento que se dirigi\u00f3 en contra de la Sociedad Actora en auto del 23 de marzo de 2023. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado extralimit\u00f3 sus funciones, al ir contra lo ordenado por el Superior, toda vez que, ya se surtieron todas las etapas del proceso y en ese sentido, no procede la orden de devoluci\u00f3n de los dineros recibidos, as\u00ed mismo, destac\u00f3 que el abogado, no es parte en el proceso, toda vez que solo actu\u00f3 como endosatario en procuraci\u00f3n para el cobro. <\/p>\n
Argument\u00f3 que el accionado vulnera sus derechos fundamentales al actuar en contra del auto del 8 de febrero de 2017, proferido por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, y revivir un proceso concluido y al exigir a esa sociedad y al abogado la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales que fueron entregados conforme lo ordenado en la providencia del 16 de junio de 2015. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, i) proteger sus derechos fundamentales vulnerados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 con el requerimiento efectuado en auto del 15 de marzo de 2023 y, ii) ordenar al Juzgado accionado \u00abenmarcar su actuar \u00daNICAMENTE a lo resuelto en el Auto de fecha (08) de febrero de 2017, por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALA DE DECISI\u00d3N CIVIL – FAMILIA IBAGU\u00c9, Magistrado Sustanciador DIEGO OMAR P\u00c9REZ SALAS\u00bb. <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 por reparto al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, quien la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, ordenando la notificaci\u00f3n del accionado y vinculados. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente digital, inform\u00f3, para lo pertinente, que en el proceso ejecutivo objeto de queja, existen decisiones de segunda instancia proferidas por el magistrado Diego Omar P\u00e9rez Salas, magistrado integrante de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que la sociedad accionada no controvirti\u00f3 el auto de 15 de marzo de 2023 y en ese sentido, en la presente acci\u00f3n constitucional no se satisface el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que contrario a lo se\u00f1alado por la actora, sus decisiones han acatado las directrices de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, toda vez que esa Sala en providencia de 9 de junio de 2020, lo exhort\u00f3 para que, \u00aba fin de lograr la protecci\u00f3n de los derechos del acreedor con garant\u00eda real, adopte medidas m\u00e1s dr\u00e1sticas y determinantes para obtener el cumplimiento de la orden de reintegro de la suma de $310.436.593 por parte del Dr. Iv\u00e1n Lorenzo Quintero Contreras, quien funge como endosatario para el cobro judicial de la sociedad DIATECO SAS, dictada en auto de 06 de Julio de 2017\u00bb. <\/p>\n
El se\u00f1or Jes\u00fas Antonio Guillen Tabares, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que la misma no re\u00fane el requisito de la subsidiariedad, como tampoco satisface los requisitos generales para su procedencia en contra de providencia judiciales. Inform\u00f3 adem\u00e1s que en contra del abogado se iniciaron investigaciones penales y disciplinarias por no acatar la orden de reintegro de la suma de $310.436.593 en el proceso ejecutivo objeto de inconformidad. <\/p>\n
El curador del vinculado Alfredo Castillo Barreto, se\u00f1al\u00f3 que el accionante no recurri\u00f3 el auto objeto de inconformidad, lo que hace improcedente el amparo. <\/p>\n
Mediante sentencia de 15 de agosto de 2023, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 la improcedencia del amparo por ausencia de los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
Respecto a la subsidiariedad argument\u00f3 que la accionante guard\u00f3 silencio frente a la decisi\u00f3n motivo de inconformidad, proferida el 15 de marzo de 2023 y, en lo concerniente a la inmediatez, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n objeto de queja, reiter\u00f3 la orden proferida en el auto del 7 de julio de 2017, fecha desde la cual ha transcurrido un t\u00e9rmino que no puede calificarse como razonable. <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la accionante impugn\u00f3, argumentando que contrario a lo se\u00f1alado por el a quo, se satisfacen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Como sustento indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela fue presentada oportunamente, toda vez que, el 15 de marzo de 2023 se realiz\u00f3 el primer requerimiento del Despacho accionado a esa Sociedad y en las anteriores providencias, esa orden estuvo dirigida exclusivamente al abogado Iv\u00e1n Lorenzo Quintero Contreras. <\/p>\n
De igual forma, frente al requisito de la subsidiariedad, manifest\u00f3 que el auto del 15 de marzo de 2023, no mencion\u00f3 en su parte resolutiva los recursos que proced\u00edan, y en ese sentido en la sentencia de primera instancia, no pod\u00eda exig\u00edrsele su presentaci\u00f3n, soportando sus argumentos en la Sentencia T-317 de 2014 proferida por la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto, la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como de vieja data lo ha explicado la Corte Constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC. A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 5 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En este orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, de la revisi\u00f3n del expediente constitucional se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 para definir el amparo reclamado en primera instancia, por cuanto, conoci\u00f3 con antelaci\u00f3n del proceso ejecutivo, pues mediante providencia de 8 de febrero de 2017, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad de 16 de junio de 2015, que neg\u00f3 la orden de pago a favor de Jes\u00fas Antonio Guill\u00e9n y, en su lugar, orden\u00f3 retomar el proceso en el estado en que se encontraba. <\/p>\n
3. Ante tal panorama, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 carec\u00eda de competencia para conocer en primera instancia de la presente acci\u00f3n constitucional, en tanto que, el amparo se hac\u00eda extensivo a esa Corporaci\u00f3n, pues como qued\u00f3 expuesto en l\u00edneas precedentes, adopt\u00f3 una decisi\u00f3n en el proceso que se queja la aqu\u00ed accionante, raz\u00f3n por la que, indudablemente, debe ser vinculada al presente amparo. <\/p>\n
4. As\u00ed, le corresponde entonces a esta Sala de Casaci\u00f3n, la definici\u00f3n, en primera instancia, del amparo rese\u00f1ado. <\/p>\n
5. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00eda sus propias disposiciones. <\/p>\n
6. Con fundamento en lo expuesto, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda de esta Sala, realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar el conocimiento de este asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENA remitir el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil para que realice el reparto, tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Tribunal de origen y a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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