ATC1087-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1087-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03479-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Coper (Boyac\u00e1) y Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernel Ricardo Mej\u00eda Le\u00f3n contra la Agencia Nacional de Miner\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Mej\u00eda Le\u00f3n formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el prop\u00f3sito de lograr la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, igualdad y seguridad jur\u00eddica, por la presunta mora en resolver el derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 ante la Agencia Nacional de Miner\u00eda el 29 de julio de 2023 de radicado No. PCJ-10391 y relacionado con la propuesta de un contrato de concesi\u00f3n minera. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Coper, Boyac\u00e1, al que inicialmente le correspondi\u00f3 el asunto por reparto, en auto de 1\u00ba de septiembre de 2023, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela porque consider\u00f3 competentes a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, por ser esa ciudad el lugar de ocurrencia de los hechos relacionados en el escrito de tutela y, por dirigirse contra una autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n a esta Corte para la definici\u00f3n del conflicto planteado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Toda vez que el presente conflicto de competencia comprende despachos de distintos Distritos Judiciales, esto es, Tunja y Bogot\u00e1, corresponde a esta Sala definirlo a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009, en concordancia con los c\u00e1nones 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite constitucional, de acuerdo con el art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 1992.<\/p>\n
2. Conforme a lo establecido en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, precepto reiterado en el art\u00edculo 1\u00b0, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se agreg\u00f3 \u00abo donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Sobre tal norma, esta Sala, reiteradamente, ha se\u00f1alado como su finalidad, la siguiente, <\/p>\n
(\u2026) Facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos (CSJ. ATC158-2021 y, ATC 095-2022 entre muchos). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Adicional a lo anterior, la regla 2\u00aa, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, dispone que \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En este asunto, se constata que, aunque el solicitante eligi\u00f3 el Municipio de Coper para radicar la demanda constitucional que dirigi\u00f3 frente la Agencia Nacional de Miner\u00eda, del escrito de tutela y pruebas aportadas, se desprende que es Bogot\u00e1 el lugar donde la entidad tiene su domicilio, recibe notificaciones y ocurrieron los hechos materia de debate, y como adem\u00e1s su conocimiento corresponde a los Juzgados del Circuito, en ese sentido, la competencia radica en los Jueces del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Asimismo, se se\u00f1ala que la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, ha indicado, <\/p>\n
\u00abRespecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01, citado entre otros en STC6613-2021 y ATC562-2022). <\/p>\n
6. Con apoyo en lo descrito y sin m\u00e1s reflexiones innecesarias, se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que suscit\u00f3 el conflicto negativo de competencia para conocer la petici\u00f3n, para que le imparta el tr\u00e1mite correspondiente y la decida con fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernel Ricardo Mej\u00eda Le\u00f3n contra la Agencia Nacional de Miner\u00eda. <\/p>\n
Segundo: Rem\u00edtase el expediente al Juzgado mencionado, previa comunicaci\u00f3n de lo as\u00ed decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Coper. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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