ATC1093-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1093-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2011-00294-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la consulta de la providencia proferida el 15 de agosto de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que sancion\u00f3 al hoy Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Tolima -Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional-, con multa de 1 s.m.l.m.v. y 1 d\u00eda de arresto domiciliario, por desacatar el fallo emitido por esa autoridad el 17 de agosto de 2011 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Claudia Cecilia, en nombre de su hijo menor de edad1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la sentencia referida fue concedido el amparo de los derechos del ni\u00f1o y se dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u2026se ordena a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, que un t\u00e9rmino de 48 horas, autorice, si es que no lo hubiese hecho ya en cumplimiento de la medida provisional concedida, la pr\u00e1ctica de la resonancia magn\u00e9tica cerebral con espectroscopia, y as\u00ed mismo, despliegue las gestiones necesarias para garantizarle al referido menor de edad, el suministro de una atenci\u00f3n m\u00e9dica integral que cubra todos los medicamentos, ex\u00e1menes, intervenciones y cualquier otro componente m\u00e9dico que prescriban los tratantes para la recuperaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n del paciente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 28 de junio de 2023, el neurocirujano le indic\u00f3 que no se hab\u00edan comprado los electrodos requeridos, por lo que no era posible darle continuidad al programa quir\u00fargico. Por tal motivo, en la historia cl\u00ednica consign\u00f3 que el paciente con epilepsia farmacorresistente ha presentado 50 crisis al d\u00eda, que a\u00fan estaba a la espera de las aprobaciones pertinentes y que era importante \u00abefectuar el procedimiento diagn\u00f3stico en forma prioritaria dada la alta frecuencia de crisis y el riesgo que ello implica para el paciente\u00bb4. A su vez, reiter\u00f3 la prescripci\u00f3n realizada el 14 de septiembre de 20225. <\/p>\n
Por su parte, en la especialidad de psiquiatr\u00eda, el 15 de marzo de 2023, se orden\u00f3 una prueba de inteligencia \u2013 Escala de Wechsler, la cual fue autorizada en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo6, pero tampoco se ha llevado a cabo, porque aducen que no hay disponibilidad de agenda y que no tienen convenios con otros centros m\u00e9dicos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la especialidad de neuropsicolog\u00eda, la tutelante inform\u00f3 que, el 7 de julio de 2022, le prescribieron 12 terapias, 2 semanales, que no se han realizado, bajo distintos argumentos, como que no hay disponibilidad o no hay contrato vigente7. <\/p>\n
3. Por lo anterior, el Magistrado sustanciador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 requiri\u00f3 al hoy Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, Jefe del \u00c1rea de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, y a su superior, Brigadier General Sandra Patricia Pinz\u00f3n Camargo, Directora de Sanidad, para que informaran sobre el cumplimiento del fallo de tutela. <\/p>\n
3.1. La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional inform\u00f3 que requiri\u00f3 a los responsables de gestionar lo reclamado, esto es, a la Unidad Prestadora de Salud Tolima, liderada por el Mayor Jos\u00e9 Fernando Le\u00f3n Agudelo, y la Regional de Aseguramiento en Salud 6, a cargo del hoy Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por fala de competencia. <\/p>\n
4. El 17 de julio posterior, se admiti\u00f3 el incidente de desacato contra las autoridades requeridas. <\/p>\n
4.1. En cumplimiento de lo anterior, el Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez inform\u00f3 que el video EGG de 192 horas con electrodos intracerebrales se realizar\u00eda en el Hospital Central de la Polic\u00eda Nacional, pero que era necesario contar con los electrodos, por lo que procedi\u00f3 a solicitar su contrataci\u00f3n, por tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de tutela, dado que no ten\u00edan contrato vigente, de manera que estaban realizando todos sus esfuerzos para adquirir esos elementos. En cuanto a la prueba de inteligencia indic\u00f3 que fue programada para el 9 de agosto del a\u00f1o en curso, en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo8, instituci\u00f3n en la cual tambi\u00e9n se realizar\u00edan las terapias neuropsicol\u00f3gicas. Adicionalmente, pidi\u00f3 conceder un t\u00e9rmino prudencial para reportar el agendamiento de la cita para el video EGG solicitado. <\/p>\n
4.2. La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el memorial anterior. <\/p>\n
5. El 28 de julio de 2023 se decretaron como pruebas las allegadas por las partes y se requiri\u00f3 informaci\u00f3n a la entidad incidentada. <\/p>\n
5.1. El 4 de agosto siguiente, el convocado inform\u00f3 las gestiones realizadas con posterioridad al memorial previo, as\u00ed: i) para el 15 de agosto siguiente se program\u00f3 el inicio de las terapias neuropsicol\u00f3gicas, con el servicio de transporte de ida y regreso para el paciente y un acompa\u00f1ante, lo cual se inform\u00f3 a la tutelante; ii) se autoriz\u00f3 el procedimiento video EGG de 192 horas en el Hospital Central de la Polic\u00eda Nacional, no obstante, la instituci\u00f3n inform\u00f3 que, finalizado el procedimiento anterior, era necesario realizar una video telemetr\u00eda, examen del que no ten\u00edan conocimiento, por lo que procedieron a realizar las gestiones administrativas para sufragar este servicio con m\u00e9dico particular, para dar cumplimiento a la orden de tutela, raz\u00f3n por lo cual pidi\u00f3 conceder 10 d\u00edas m\u00e1s, para alcanzar a gestionar la contrataci\u00f3n pertinente, seg\u00fan lo previsto en la Ley 80 de 1993. <\/p>\n
6. El 11 de agosto de 2023, se emiti\u00f3 constancia secretarial por parte del Tribunal, en la que se indica que se realiz\u00f3 una llamada con la tutelante, quien report\u00f3: i) que le autorizaron el video EGG de 192 horas y estaba a la espera de la fecha; ii) la Direcci\u00f3n de Sanidad le inform\u00f3 que ya adquiri\u00f3 los electrodos; iii) el 9 de agosto de 2023 realizaron la prueba de inteligencia, pero, en su concepto, \u00abqued\u00f3 mal hecha, por cuando deb\u00eda demorar 4 horas y se hizo en 40 minutos, elevando reclamo al respecto\u00bb; y iv) que no era cierto que se hubieran programado las terapias neuropsicol\u00f3gicas, porque lo agendado para el 15 de agosto era una evaluaci\u00f3n en alteraciones emocionales. <\/p>\n
II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA <\/p>\n
El a quo profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de consulta, destacando, si bien la prueba de inteligencia -escala Wechsler- fue realizada el 9 de agosto, como lo corrobor\u00f3 la incidentante, no ocurr\u00eda lo mismo con el procedimiento de video EGG de 192 horas con electrodos, pues, aunque se autoriz\u00f3, no se alleg\u00f3 prueba de la programaci\u00f3n, pese a que fue ordenado desde el 14 de septiembre de 2022. Tampoco se prob\u00f3 que se hubieran autorizado las terapias neuropsicol\u00f3gicas, pues el documento aportado no era accesible y la cita del 15 de agosto de 2023 no indicaba que tuviera ese fin, lo cual corrobor\u00f3 la tutelante, porque afirm\u00f3 que esa sesi\u00f3n tuvo otro objeto no solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. SOLICITUD DE INAPLICACI\u00d3N <\/p>\n
1. El 18 de agosto de 2023, el Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez pidi\u00f3 revocar la sanci\u00f3n impuesta en su contra, dado que se program\u00f3 para el 26 de septiembre, en el Hospital Central de la Polic\u00eda Nacional en Bogot\u00e1, el procedimiento de video EGG 192 horas con electrodos intracerebrales, fecha en la cual tambi\u00e9n se realizar\u00eda lo relativo a los 10 electrodos de estero electroencefalograf\u00eda de 15 contactos, en la entidad UNIPILEPSIAS de la misma ciudad. <\/p>\n
2. Mediante auto del 30 agosto siguiente, el Tribunal neg\u00f3 la petici\u00f3n anterior, porque lo afirmado no estaba soportado, aunado a que nada se dijo de las terapias de neuropsicolog\u00eda ordenadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha sido reiterativa la jurisprudencia al se\u00f1alar que, por la finalidad que tienen los fallos proferidos en una acci\u00f3n de tutela, su cumplimiento deviene forzoso, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial. <\/p>\n
Debido a ello, el juez del amparo estar\u00e1 compelido a propender por su cumplimiento y, de ser necesario, a imponer las sanciones previstas en la ley por su desacato. Para el efecto, deber\u00e1 constatar los aspectos relacionados con el contenido y alcance de la orden de protecci\u00f3n, su destinatario y el t\u00e9rmino concedido para su cumplimiento. <\/p>\n
En ese ejercicio valorativo es deber del funcionario examinar no solo el hecho objetivo del incumplimiento, sino las motivaciones de este, atendiendo los elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como son la culpa del obligado, su voluntariedad de no obedecer, cualquier causal de justificaci\u00f3n que pudiera presentarse y el nivel de inobservancia, si fuere total o parcial, con miras a definir las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho amparado. <\/p>\n
Ahora bien, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra raz\u00f3n semejante que revele la abierta falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
Por otra parte, si se encuentra, as\u00ed sea en forma posterior a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, que se ha dado cumplimiento a la orden impartida, la misma debe dejarse sin efecto, porque el fin del desacato no es la sanci\u00f3n sino la garant\u00eda de la orden constitucional y el amparo de los derechos. <\/p>\n
2. En el sub examine, se advierte que fue sancionado el Mayor Walter Tarazona Su\u00e1rez, como Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Tolima -Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional-, por desacatar el fallo emitido por esa autoridad el 17 de agosto de 2011, porque, si bien gestion\u00f3 lo relativo a la prueba de inteligencia -Escala Wechsler-, que fue realizada el 9 de agosto, no program\u00f3 el procedimiento de video EGG de 192 horas con electrodos, ni acredit\u00f3 la autorizaci\u00f3n de las terapias neuropsicol\u00f3gicas. <\/p>\n
2.1. En la fecha, la entidad incidentada alleg\u00f3 un alcance a la solicitud de inaplicaci\u00f3n radicada inicialmente en el Tribunal, con la que adjunt\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
* Frente a las terapias de neuropsicolog\u00eda, la parte incidentada, aunque no aport\u00f3 la autorizaci\u00f3n correspondiente, aduce que se hizo un agendamiento por parte de la IPS INTEGRAL SOMOS SALUD, lo cual se notific\u00f3 a la accionante. En soporte alleg\u00f3 el pantallazo de un correo electr\u00f3nico enviado por dicha instituci\u00f3n a la entidad, en la cual se aportaba la \u00abasignaci\u00f3n de citas de acuerdo a cotizaci\u00f3n\u00bb adjunta, para realizar terapia de rehabilitaci\u00f3n neuropsicol\u00f3gica el 22 de septiembre de 2023 a las 5:00 pm \/ 23 de septiembre siguiente a las 11:30 am y del mensaje enviado a la tutelante, en el que le remitieron la informaci\u00f3n de la asignaci\u00f3n de la cita cotizada para el 22 de septiembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.2. Las evidencias anteriores demuestran que la parte incidentada, adem\u00e1s de realizar la prueba de inteligencia -Escala Wechsler- el 9 de agosto del a\u00f1o en curso, efectu\u00f3 gestiones posteriores para cumplir la sentencia de tutela, pues realiz\u00f3 los tr\u00e1mites pertinentes para la autorizaci\u00f3n y programaci\u00f3n del procedimiento quir\u00fargico solicitado para el pr\u00f3ximo 11 de octubre en el Hospital Central de la Polic\u00eda Nacional, as\u00ed como la cotizaci\u00f3n del servicio de terapias de neuropsicolog\u00eda, con su agendamiento, remitiendo la informaci\u00f3n relacionada a la tutelante, gestiones que, si bien no acreditan la realizaci\u00f3n efectiva de tales servicios, descartan el elemento subjetivo necesario para mantener una sanci\u00f3n por desacato, dado que ello exige acreditar la negligencia, desidia y voluntariedad de no obedecer. <\/p>\n
En efecto, en ese sentido, en situaciones similares, esta Sala ha establecido que, como el tr\u00e1mite de desacato es eminentemente sancionatorio, es pertinente acreditar el dolo o la culpa, esto es, la determinaci\u00f3n manifiesta de no cumplir con la orden de tutela, pues si ello no se comprueba no hay lugar a emitir sanci\u00f3n, menos aun cuando se trata de obligaciones de tracto sucesivo y frente a las cuales se ha venido dando cumplimiento a lo largo del tiempo o se demuestra su acatamiento as\u00ed sea posterior al incidente o a la misma sanci\u00f3n (CSJ ATC1550-2022). En esos t\u00e9rminos, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
para resolver la consulta del presente desacato no puede perderse de vista que, acorde con la jurisprudencia constitucional, deben valorarse los factores objetivos, as\u00ed como los subjetivos, referidos al \u201c(dolo o culpa) del obligado\u201d, \u201csi existi\u00f3 allanamiento a las \u00f3rdenes\u201d y si el responsable \u201cdemostr\u00f3 acciones positivas orientadas al cumplimiento\u201d; de manera que, \u201csi no hay contumacia o negligencia comprobadas (\u2026) no puede presumirse la responsabilidad\u201d. Aunado a ello, se ha establecido que es procedente el levantamiento de las sanciones impuestas por desacato en los eventos en que se acredita el cumplimiento, as\u00ed sea extempor\u00e1neo (SU034-2018). <\/p>\n
En este caso, como se evidencia, se trata de una orden constitucional cuyo cumplimiento es de tracto sucesivo, de forma que no se extingue con un solo acto, por lo que se requiere del ejercicio de actividades peri\u00f3dicas\u2026 <\/p>\n
En ese sentido, en asuntos similares, se ha establecido que, cuando \u201cla incidentada ha realizado los tr\u00e1mites pertinentes para que se presten los servicios m\u00e9dicos reclamados, (\u2026) no resulta razonable para la Sala mantener la sanci\u00f3n impuesta, pues, con lo acreditado en esta instancia, no se vislumbra la negligencia o la intenci\u00f3n de no acatar la orden constitucional, por el contrario, se demuestra que se avanz\u00f3 y realizaron las gestiones correspondientes para su cumplimiento\u201d (ATC1747-2021, expediente 2016-00087-01). (Se subraya, CSJ ATC584-2022, CSJ ATC1550-2022). <\/p>\n
2.3. Aplicados los presupuestos anteriores al caso concreto, se observa que est\u00e1 desvirtuado el elemento subjetivo necesario para mantener la providencia sancionatoria objeto de consulta, pues las actuaciones desplegadas por la incidentada, en cuanto a la autorizaci\u00f3n y programaci\u00f3n del procedimiento quir\u00fargico necesario y las gestiones realizadas para contratar y agendar el inicio de las terapias de neuropsicolog\u00eda, permiten evidenciar que se avanz\u00f3 positivamente en el cumplimiento de la orden constitucional y, por tanto, se descarta su actuar caprichoso, negligente, incurioso y desidioso, as\u00ed como la falta de voluntad de acoger la orden constitucional. <\/p>\n
3. En consonancia con lo discurrido, la decisi\u00f3n consultada ser\u00e1 revocada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. REVOCAR la sanci\u00f3n impuesta el 15 de agosto de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el tr\u00e1mite del desacato de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y devu\u00e9lvase las presentes diligencias a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1 del archivo 3. HC y \u00d3rdenes Especialidad Neurocirug\u00eda. <\/p>\n
3\u0002 Folio 7 del archivo 3. HC y \u00d3rdenes Especialidad Neurocirug\u00eda. <\/p>\n
4\u0002 Folio 7 del archivo 3. HC y \u00d3rdenes Especialidad Neurocirug\u00eda. <\/p>\n
5\u0002 Folio 10 del archivo 3. HC y \u00d3rdenes Especialidad Neurocirug\u00eda. <\/p>\n
6\u0002 Autorizaci\u00f3n del 28 de marzo de 2023. 4. HC Especialidad Psiquiatr\u00eda. <\/p>\n
7\u0002 5. Orden M\u00e9dica NEUROPSICOLOG\u00cdA. <\/p>\n
8\u0002 En soporte alleg\u00f3 la autorizaci\u00f3n emitida el 19 de julio de 2023 y la constancia de env\u00edo de esta al correo de la tutelante en la misma fecha. <\/p>\n
<\/p>\n
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