ATC1095-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1095-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2023-00147-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
1. Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Villavicencio el 14 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Nel, Arqu\u00edmedes, Carlos, Aldemar y Luz Mila Cruz Barbosa contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Granada Meta, de no ser porque se advierte que quien interpuso carece de legitimaci\u00f3n, lo que torna inviable su procedencia y le resta competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Al respecto, frente a la legitimaci\u00f3n en la causa, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos\u00bb. Y precisa que \u00ab[t]ambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. (se subraya). <\/p>\n
3. De lo anotado se extrae que para ejercer la acci\u00f3n de tutela o asumir la defensa de una persona a trav\u00e9s de otra, es necesario demostrar que act\u00faa como representante legal o agente oficioso. Y si lo hace a trav\u00e9s de \u00ababogado titulado\u00bb, se le exige acreditar tal calidad profesional y \u00abpoder o mandato expreso\u00bb (CC T-550\/93 y T-878\/07). En el punto, se enfatiza que \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). (Se destaca). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver entre otras, STC, 2 ago. 1996, rad. 3224; STC 4 feb. 2011, rad. n\u00ba 2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar., rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte Constitucional ha enfatizado en que: <\/p>\n
debe desecharse la hip\u00f3tesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al prop\u00f3sito de intentar la acci\u00f3n de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un car\u00e1cter informal, tambi\u00e9n lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se present\u00f3 y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro y a t\u00edtulo profesional\u00bb (CC T-526\/98). <\/p>\n
En adici\u00f3n, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
el hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [seguido ante el juez ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona (CSJ STC, 4 feb. 2011, rad. 2010-00573-01, citada en ATC2123-2018, 13 nov., rad. 02435-01 y ATC285-2019, 28 feb., rad. 00002-01). <\/p>\n
4. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, se observa que quien impugna el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Villavicencio el 14 de agosto de 2023, es el abogado Sergio Ortiz Cruz, el cual manifiesta ser el \u00ababogado, ya identificado en el proceso, en calidad de apoderado de la se\u00f1ora Elsy Mora Montealegre\u00bb, sin que para tal fin allegara poder especial, ni acreditara su reconocimiento en este tr\u00e1mite como mandatario judicial de quien manifiesta inconformidad con la decisi\u00f3n rebatida. Esto desemboca en la carencia de postulaci\u00f3n para actuar al interior de la presente solicitud de amparo. <\/p>\n
(\u2026) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener \u00ab…la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes…\u00bb, ya que este mecanismo es un proceso judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. 20000965 y 200010813) (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01, y STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01). <\/p>\n
Por lo expuesto, resultaba perentorio que el abogado que impugn\u00f3 el fallo demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, omisi\u00f3n que impide dar tr\u00e1mite al recurso. Sumado a que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb (CSJ STC 14 dic. 2010, rad. 00008-02, citada en ATC1445-2019, 17 sep. 2019, rad. 00424-01), y como en el caso analizado no se cumplen a cabalidad tales condiciones, la admisi\u00f3n del mecanismo deviene impr\u00f3spera. <\/p>\n
6. Finalmente, se advierte que la presente decisi\u00f3n se adopta mediante auto, manteniendo el criterio que en tal sentido se\u00f1al\u00f3 esta Sala con prove\u00eddo del 16 de abril 2008 (rad. 2007-00272-01), reiterado en ATC1047-2020, 4 nov., rad. 00043-01; ATC549-2022, 27 abr., rad. 00241-01; ATC1396-2022, 20 sep., rad. 00225-01; ATC318-2023, 27 mar., rad. 00062-01, reiterado recientemente en CSJ ATC448-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia inicialmente referida. <\/p>\n
Segundo: Previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al fallador a quo, se ordena la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para que se surta el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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