ATC1113-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1113-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00718-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 13 de julio, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Jairo Augusto Ord\u00f3\u00f1ez Pe\u00f1aranda, Juez Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante de C\u00facuta, contra el Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la pronta protecci\u00f3n de su prerrogativa esenciales al \u00abpermiso remunerado por causa justificada\u00bb y a \u00abla salud en conexidad con la vida digna\u00bb, presuntamente conculcadas por el estamento repelido. <\/p>\n
En concreto, pidi\u00f3 que se ordene \u00aba la presidencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, proceda a conceder el permiso remunerado por causa justificada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 144 de la Ley 270 de 1996, para los d\u00edas 18 y 19 de julio de 2023, con el fin de asistir a controles m\u00e9dicos\u00bb y adem\u00e1s que \u00abse abstenga de realizar la misma conducta de entorpecer los controles m\u00e9dicos del [actor y] ajuste la circular a la sentencia constitucional 37 de 1996 y al art\u00edculo 144 de la Ley 270 (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento adujo, grosso modo, que tiene 67 a\u00f1os de edad y se desempe\u00f1a como Juez Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Ambulante de C\u00facuta, y debido a complicaciones de salud por la diabetes, hipotiroidismo, hipertensi\u00f3n y obesidad tipo I que padece, debe asistir dos veces al a\u00f1o a controles m\u00e9dicos en la ciudad de Bogot\u00e1, para lo cual pide permiso a la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, no obstante, el 2 de junio del presente a\u00f1o pidi\u00f3 permiso para los d\u00edas 18 y 19 de julio de 2023, pero dicha autoridad lo requiri\u00f3 para que aportada los soportes de su petici\u00f3n, socapa de la Circular 02 de 15 de marzo de 2023. <\/p>\n
Sostiene el actor que dicha conducta del Tribunal, en la pr\u00e1ctica, le neg\u00f3 arbitrariamente el permiso para atender sus dolencias, desconoce el principio de la buena fe y el Concepto 86171 de 2019 del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, sin embargo, reiter\u00f3 la petici\u00f3n el 8 de junio siguiente y en respuesta se le reiter\u00f3 que no era procedente. <\/p>\n
3. El asunto fue repartido a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tras surtir el tr\u00e1mite de rigor decidi\u00f3 el 13 de julio de 2023 negar la protecci\u00f3n solicitada, por hallar razonable la decisi\u00f3n tomada por la presidencia de la Colegiatura accionada, ya que fue la desatenci\u00f3n al requerimiento para aportar los soportes de la ausencia, lo que llev\u00f3 a la decisi\u00f3n de 5 de junio de 2023 de estimar improcedente el permiso, acorde con el art\u00edculo 144 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996 y la Circular 002 de 15 de marzo de 2023 de la Presidencia de ese mismo Tribunal, decisi\u00f3n que se reiter\u00f3 el 9 de junio siguiente ante la insistencia del actor en no allegar los soportes para el permiso, sin que la exigencia del respaldo del permiso pueda considerarse como una invasi\u00f3n de la intimidad del peticionario. <\/p>\n
4. Impugn\u00f3 el convocante, insistiendo en similares argumentos a los que expuso en el escrito inicial, con \u00e9nfasis en que disiente de lo fallado como \u00abmanifestaci\u00f3n de [su] dignidad y conciencia\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados con el mismo se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n
El reproche del promotor se encuentra dirigido contra el tr\u00e1mite y la respuesta que emiti\u00f3 la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, frente a la solicitud para que le fuera concedido un permiso para atender unos temas de salud fuera de la ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo anteriormente esgrimido impide a esta Sala de Casaci\u00f3n desatar v\u00e1lidamente la presente impugnaci\u00f3n, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), preconiza que \u00ab(\u2026) las actuaciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden (\u2026) departamental (\u2026), ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia a los Jueces Municipales\u2026\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Ello en la medida en que lo cuestionado es una decisi\u00f3n netamente administrativa, que no jurisdiccional, lo que excluye la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba de la norma en cita, seg\u00fan la cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al sub judice, esta Corte indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 3. En este asunto es palpable que a quien correspond\u00eda conocer en primera instancia de la presente queja era a los jueces con categor\u00eda de municipales, en tanto que, el accionante cuestiona en esencia las actuaciones administrativas de la Jueza Quinta de Familia de Bucaramanga, en el tr\u00e1mite de la \u00absolicitud de permiso sindical remunerado, con el prop\u00f3sito tambi\u00e9n de disponer del tiempo suficiente y necesario para desarrollar y cumplir adecuadamente la gesti\u00f3n o misi\u00f3n a [\u00e9l] encomendada\u00bb <\/p>\n
Es de resaltar, que al fungir el operador cuestionado como autoridad \u00abadministrativa\u00bb, en torno a las decisiones adoptadas durante el proceso, se genera inaplicable la regla de competencia contemplada en el inciso primero del numeral 2 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, reservada para los eventos en que el debate gire alrededor del actuar de un funcionario en el \u00e1mbito jurisdiccional. <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala ha precisado: <\/p>\n
[N]o se aplica la regla 2\u00aa del art\u00edculo 1\u00b0 del precitado decreto [1382 de 2000], seg\u00fan la cual la acci\u00f3n de tutela promovida contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado, porque \u00e9sta se predica del ejercicio de su actividad jurisdiccional, pues en trat\u00e1ndose de su gesti\u00f3n administrativa queda regulada por los criterios de reparto consagrados en la regla 1\u00aa (CSJ ATC, 6 may. 2010, rad. 2010-00234-01; reiterado, entre otras, en CSJ ATC, 10 may. 2012, rad. 2012-00593-01; y CSJ ATC, 23 oct. 2012, rad. 2012-00442-01; CSJ ATC, 30 abr. 2013, rad. 2013-00102-01; y CSJ ATC, 5 feb. 2014, rad. 2013-00346-01). (CSJ ATC671-2016; reiterado en: ATC921-2018)1. <\/p>\n
Frente al tema, en tr\u00e1mite de primera instancia, esta Sala acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026.) [se] interpone la queja constitucional del ep\u00edgrafe contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, criticando que no se ha dado tr\u00e1mite a la petici\u00f3n que elev\u00f3, con la finalidad de obtener una certificaci\u00f3n en la que conste \u00abdesde qu\u00e9 fecha\u2026 Vel\u00e1squez Mendoza, se viene desempe\u00f1ando como Juez promiscuo del circuito del municipio de Paz de Ariporo\u00bb. <\/p>\n
Luego, esta Corporaci\u00f3n carece de competencia para conocer del asunto de la referencia, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), establece que \u00ablas actuaciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia a los Jueces Municipales\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Ello en la medida en que la omisi\u00f3n que reprocha el gestor del amparo es una cuesti\u00f3n netamente administrativa, no jurisdiccional, lo que excluye la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba de la norma en cita, seg\u00fan la cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb (negrillas ajenas al texto). (1\u00b0 sep. 2021, rad. n.\u00ba 2021-03137-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este plenario por la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. Por lo consignado en precedencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles Municipales de C\u00facuta, a fin de que sea asignada en primera instancia, de acuerdo con el reparto, el reclamo constitucional de marras. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, dispone: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato las diligencias al reparto de los juzgados civiles municipales de C\u00facuta que tramiten el asunto. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A pesar que en el precedente citado se hace referencia al decreto 1382 de 2000, se considera que el criterio all\u00ed establecido no perdi\u00f3 vigencia, con la expedici\u00f3n de los decretos 1069 de 2015 y 1983 de 2017, toda vez que \u00e9stos \u00faltimos conservaron id\u00e9ntica orientaci\u00f3n, en la cuesti\u00f3n debatida. <\/p>\n
2\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
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