ATC1116-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1116-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 50001-22-13-000-2023-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio el 17 de agosto de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Hernando Aguirre Casta\u00f1o promovi\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), la Oficina de Catastro y la Secretar\u00eda de Hacienda de Cumaribo, y citados los intervinientes en los procesos con radicados 997734089001 2018 00018 00, 997734089001 2019 00005 00, 997734089001 2015 00026 00 y 990013189001 2023 00033 00, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que los se\u00f1ores Fabio Cort\u00e9s Amaya y Luis Ar\u00edstides Garz\u00f3n promovieron en su contra demanda reivindicatoria, la que correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo – Vichada con radicado 2018-00018-00. <\/p>\n
Sostuvo que, por apoderado judicial formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito y promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, que admiti\u00f3 el Juzgado accionado en auto de 21 de noviembre de 2019 y, procedi\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite de un proceso verbal de primera instancia por ser de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que luego, en providencia de 17 de febrero de 2023, en ejercicio del control de legalidad, dej\u00f3 sin efecto todo lo actuado en el proceso de reconvenci\u00f3n y neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial en el inmueble objeto de usucapi\u00f3n, contrariando lo establecido en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, y se mantuvo inc\u00f3lume el 16 de marzo de 2023 y declar\u00f3 improcedente la apelaci\u00f3n, esta \u00faltima recurrida en reposici\u00f3n y queja. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el Juzgado accionado no era el competente para conocer de la acci\u00f3n de pertenencia por falta de competencia funcional porque el valor real del inmueble superaba los 150 SMLMV, de manera que deb\u00eda tramitarse como un asunto de mayor cuant\u00eda. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 i) decretar la nulidad de las providencias de 17 de febrero y 16 de marzo de 2023, proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo en el proceso reivindicatorio y de pertenencia en reconvenci\u00f3n y, ii) \u00abSe decrete que el juzgado promiscuo del circuito de Cumaribo \u2013 Vichada, no tiene competencia funcional por el factor cuant\u00eda, para seguir conociendo de este proceso, habida cuenta que el inmueble trabado en esta Litis tiene un aval\u00fao superior a los 150 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, raz\u00f3n por la cual se deber fijar como un proceso de mayor cuant\u00eda, en ese entendido el despacho judicial competente debe ser el juzgado promiscuo del circuito de Puerto Carre\u00f1o, por lo cual esta Litis debe ser remitida a la agencia judicial del circuito\u00bb (sic). <\/p>\n
3. La presente acci\u00f3n constitucional fue repartida a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, autoridad que en auto del 4 de agosto de 2023 la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, ordenando la notificaci\u00f3n del Juzgado accionado y la vinculaci\u00f3n del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, entre otros. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite y se\u00f1al\u00f3 que las pretensiones del amparo van encaminadas a obtener el decreto de nulidad de las providencias de 17 de febrero de 2023 y de 16 de marzo de 2023, ambas proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo \u2013Vichada, as\u00ed como lograr que por v\u00eda tutela, el proceso en el cual es demandado el accionante Hernando Aguirre Casta\u00f1o, mute de una \u00fanica instancia a un proceso civil de primera instancia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la oportunidad procesal para que el accionante pudiera oponerse a la admisi\u00f3n de la demanda en raz\u00f3n a la cuant\u00eda en el proceso 97734089001-2018-00018-00 ya feneci\u00f3, y no puede pretender convertir la tutela en una tercera instancia a la que este pueda acudir en aras de sobreponer sus intereses sobre el ordenamiento jur\u00eddico ya establecido. <\/p>\n
Mediante sentencia de 17 de agosto de 2023, el Tribunal Superior neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras considerar que, en las providencias cuestionadas no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), luce razonable, y ajustada a lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, que fue el que aplic\u00f3. <\/p>\n
4. Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 aduciendo que el a quo incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1ctico, procedimental y violaci\u00f3n directa a la constituci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien la tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, porque, como de vieja data lo ha explicado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
En tal raz\u00f3n, el factor de competencia de esta especial justicia se encuentra previsto en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., numeral 5\u00b0 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 numeral 5\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, seg\u00fan el cual \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb <\/p>\n
En ese orden, el incumplimiento de tales criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el inciso final del 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Pues bien, de la revisi\u00f3n del expediente se desprende la falta de competencia Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio para definir el amparo reclamado en primera instancia, por cuanto, la censura se encuentra dirigida \u00fanicamente contra las decisiones proferidas en el proceso reivindicatorio 2018-00018-00, actuaci\u00f3n que se encuentra en cabeza del Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo, tal como qued\u00f3 evidenciado en las piezas digitales allegadas a las presentes diligencias. <\/p>\n
Y es que si bien, el Tribunal de Villavicencio, declar\u00f3 la nulidad del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, al considerar que deb\u00eda ser vinculado porque en ese despacho se adelanta un proceso de pertenencia formulado por el aqu\u00ed accionante sobre el bien que es debatido en el juicio reivindicatorio, lo cierto es que la convocatoria a estas diligencias del citado despacho resulta apenas aparente, en tanto que, las pretensiones se dirigieron exclusivamente contra el tr\u00e1mite impartido al proceso reivindicatorio que adelanta el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo, y m\u00e1s all\u00e1, de que exista una menci\u00f3n del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la inconformidad aqu\u00ed planteada. Sobre tal tema, esta Sala ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los hechos descritos en la solicitud de tutela son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (STC-6613-2021, citado en ATC099-2022). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone declarar la falta de competencia del Tribunal Superior de Villavicencio para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n de tutela y, en consecuencia, como se ha proferido sentencia se decretar\u00e1 su nulidad, y se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, por ser el competente para conocer del amparo en primera instancia. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab (\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb, en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 ibidem. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, esta Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar, <\/p>\n
(\u2026) Respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primera instancia y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, para que asuma el conocimiento de este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Por lo anterior, ordena remitir las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o, para que asuma el conocimiento de este mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Tribunal de origen y a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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ATC1116-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC1116-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 50001-22-13-000-2023-00149-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[],"class_list":["post-75986","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75986\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}