ATC1126-2023 <\/p>\n
ATC1126-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 66001-22-13-000-2023-00312-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Corresponder\u00eda tramitar la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 1\u00ba de septiembre de 2023, en la tutela que Orlando Amaya Santib\u00e1\u00f1ez formul\u00f3 contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, si no fuera porque se advirti\u00f3 un defecto que configur\u00f3 la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas dentro del proceso ejecutivo hipotecario que inici\u00f3 contra Julio Guillermo Hern\u00e1ndez Salazar, radicado bajo el N\u00ba 2010-00881. <\/p>\n
2. Para sustentar su reproche, sostuvo que dentro del proceso criticado obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones el 21 de marzo de 2012, mediante la cual se dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n propuesta y el respectivo remate del predio hipotecado, lo que a\u00fan no se ha realizado. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, si bien se decret\u00f3 el embargo y secuestro del predio objeto de hipoteca, s\u00f3lo se materializ\u00f3 la primera medida cautelar, pues la segunda se ha intentado sin \u00e9xito desde el 28 de abril de 2011, toda vez que, seg\u00fan indic\u00f3 el primer comisionado, esto es, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Circasia \u2013Quind\u00edo- no se \u00abpudo encontrar el lote 25 [materia del gravamen] a pesar de que el apoderado aport\u00f3 la escritura de hipoteca, plano del condominio La Arboleda, certificado de tradici\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el comisorio fue devuelto y, luego, asignado al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Circasia \u2013Quind\u00edo-, pero a pesar del transcurso de m\u00e1s de 13 a\u00f1os, no ha logrado la realizaci\u00f3n del secuestro, ya que, seg\u00fan se le indic\u00f3, el \u00ablote 25\u00bb hipotecado, no coincid\u00eda con el \u00e1rea y linderos del bien embargado, toda vez que, al parecer, se trataba del \u00ablote 3\u00bb, lo que gener\u00f3 que se decretara un dictamen, sin embargo, el mismo no se practic\u00f3 porque el top\u00f3grafo no pudo tomar las medidas \u00absobre el lote 25, 26 y el 3, este \u00faltimo de propiedad del se\u00f1or Ernesto Arango Botero[, quien] (\u2026) construy\u00f3 un hotel campestre que cubre casi la totalidad de estos tres lotes, circunstancia que le impidi\u00f3 al profesional medir el lote en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, \u00aben vista del silencio\u00bb del Juzgado Sexto Municipal de Pereira sobre las anteriores circunstancias, le pidi\u00f3 que se ordenara el secuestro respecto de la porci\u00f3n de terreno ocupada por Ernesto Arango Botero, esto con el fin de \u00abenderezar el proceso contra dicho se\u00f1or (art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil\u00bb; sin embargo, su reclamo fue negado el 16 de septiembre de 2022, con sustento en que para acceder a su solicitud el asunto ejecutivo deb\u00eda seguirse frente a Arango Botero, decisi\u00f3n que apel\u00f3, pero fue confirmada el 31 de marzo de 2023, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en su criterio, las anteriores actuaciones, \u00abtanto de los dos Jueces Promiscuos de Circasia y el Juez Civil Municipal de Pereira y la Juez Quinto Civil del Circuito, refleja una clara violaci\u00f3n al debido proceso por la morosidad en su tr\u00e1mite, la errada aplicaci\u00f3n de la ley y la jurisprudencia lo mismo se puede decir del director del Instituto Geogr\u00e1fico de Agust\u00edn Codazzi (I.G.A.C), a quien considero un funcionario de mala fe, y quien no ha dado un trato igualitario al demandante en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que tanto el IGAC como los \u00abjueces Promiscuos Municipales de Circasia, (\u2026) han incurrido en los delitos de fraude procesal o prevaricato o abuso de autoridad\u00bb al omitir tomar decisiones sobre la situaci\u00f3n expuesta. <\/p>\n
3. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, en s\u00edntesis, \u00abenderezar la acci\u00f3n hipotecaria iniciada contra el se\u00f1or Julio Guillermo Hern\u00e1ndez Salazar, contra el actual poseedor se\u00f1or Ernesto Arango Botero, conforme lo dispone la ley y la Jurisprudencia\u00bb y disponer la continuaci\u00f3n del asunto \u00abhasta el pago de la obligaci\u00f3n o el remate del bien secuestrado, contra el se\u00f1or Ernesto Arango Botero\u00bb <\/p>\n
4. La presente acci\u00f3n de tutela correspondi\u00f3 por reparto a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, quien, previo requerimiento al accionante, la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el 28 de agosto de 2023, ordenando la notificaci\u00f3n de las autoridades judiciales accionadas y la vinculaci\u00f3n de H\u00e9ctor Gustavo Gonz\u00e1lez, Julio Guillermo Hern\u00e1ndez Salazar, Ernesto Arango Botero y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
5. El a quo neg\u00f3 el amparo tras considerar que las decisiones emitidas por los Juzgados accionados sobre la petici\u00f3n del actor de \u00abenderezar el proceso\u00bb, vinculando al actual ocupante el predio hipotecado, resultaban razonables, ya que \u00abajustaron sus decisiones a una intelecci\u00f3n plausible de las normas aplicables (Arts.68-3\u00ba y 468, CGP y 2452, CC), en s\u00edntesis, que es inviable la sustituci\u00f3n procesal porque el poseedor en manera alguna es propietario del bien gravado con hipoteca, y \u00fanica y exclusivamente, el due\u00f1o es quien debe enfrentar la ejecuci\u00f3n, por ende, carece de legitimaci\u00f3n; la situaci\u00f3n no se subsume en las hip\u00f3tesis normativas prescritas en el art\u00edculo 68, CGP\u00bb. <\/p>\n
6. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3 con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que se deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa por pasiva. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, el accionante reprocha las actuaciones de los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal, ambos de Pereira, las presuntas omisiones del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC-, y la actividad de los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos Municipales de Circasia \u2013Quind\u00edo-, estos \u00faltimos, con ocasi\u00f3n del despacho comisorio librado en el tr\u00e1mite reprochado para surtir el secuestro del inmueble hipotecado. <\/p>\n
3. Revisado el expediente constitucional, se evidencia la falta de vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de los mencionados Juzgados Primero y Segundo Promiscuos Municipales de Circasia \u2013Quind\u00edo-, pues al admitirse el asunto, el a quo constitucional omiti\u00f3 disponer su convocatoria, esto, a pesar de evidenciarse censuras claras, directas y expresas frente a la actividad de esas autoridades en el asunto ejecutivo materia de queja. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como resulta necesaria la comparecencia de los Despachos antes mencionados a estas diligencias, ya que su participaci\u00f3n puede incidir en la resoluci\u00f3n de este amparo y en aras de garantizar sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa, se ordenar\u00e1 la reelaboraci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, con la convocatoria de las rese\u00f1adas autoridades. <\/p>\n
4. La informalidad de la que est\u00e1 dotada la tutela no puede implicar el quebrantamiento de la aludida prerrogativa, a la que por expreso mandato constitucional est\u00e1n sometidas todas las actuaciones administrativas y judiciales [Art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica] de manera que, el juez que la conoce, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas- enterar debidamente a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n ius fundamental denunciada y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva y como desde ab initio se anunci\u00f3, se impone declarar la nulidad de lo actuado, para ordenar que, por el a quo, se rehaga el tr\u00e1mite y se vincule y notifique en debida forma a los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos Municipales de Circasia \u2013Quind\u00edo-, previas las constancias de rigor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
La actuaci\u00f3n deber\u00e1 ser renovada con ese exclusivo prop\u00f3sito, permaneciendo inc\u00f3lume la validez de las pruebas practicadas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: En oportunidad devu\u00e9lvase el expediente al lugar de origen. <\/p>\n
Tercero: Enterar a las partes, la anterior decisi\u00f3n. <\/p>\n
C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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